LEVANTE* : El fiscal solicita sendas penas de ocho años de inhabilitación para el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y otros cuatro procesados por un delito de prevaricación por las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte, según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso. La Fiscalía ha elevado el escrito de acusación una semana después de que el magistrado José Luis Albiñana procesara a Bellver y al secretario del Ayuntamiento de Valencia Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. Fuentes cercanas a Bellver aseguraron que la decisión de la Fiscalía "es papel mojado si la Audiencia lo archiva" y mostraron su extrañeza por "la rapidez con la que ha actuado el fiscal". Bellver mantiene la teoría de que la acusación responde a intereses políticos y electorales. El fiscal considera que el concejal y el resto de imputados podrían haber cometido un delito de prevaricación por autorizar las obras para construir el aparcamiento subterráneo existente bajo la calle Severo Ochoa sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.
El informe era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado como Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa.
La Fiscalía ha asumido prácticamente por completo los argumentos del magistrado Albiñana en su auto de procesamiento. José Luis Albiñana, que fue presidente del Consell preautonómico con el PSPV antes de la victoria de Lerma, apuntó en el auto que los imputados eran conscientes de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de prevaricación- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según la Fiscalía y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC. El expediente de las obras de la Quirón fue aprobado por Jorge Bellver un año antes que el del aparcamiento subterráneo y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio. Enrique Ortiz logró la adjudicación de la construcción del aparcamiento y la licencia es de 2004.
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación cultural Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reaccionó después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege el Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando necesidad de aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras del aparcamiento de la calle Severo Ochoa a envolver el garaje en un cajón de hormigón que provoca la acumulación de humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción del aparcamiento no se había pedido el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio e interpuso la denuncia contra el concejal de Urbanismo, que en su día firmó el proyecto como teniente de alcalde del área y no como edil de Circulación.
Jorge Bellver reconoció ante el juez que no se pidió el informe de Patrimonio. El concejal aseguró que se limitó a firmar un expediente que contaba con todos los avales técnicos necesarios.
El magistrado ya advirtió en su auto de que la conducta de los imputados "es merecedora de reproche penal" porque la decisión de autorizar las obras sin el informe no puede justificarse en el desconocimiento. Albiñana incidió en el auto en que las respuestas de los imputados estaban orquestadas y consideró "insólito" que Bellver se diera por enterado de la necesidad del informe de Patrimonio el día que compareció en el juzgado para declarar. El magistrado, al igual que el fiscal, entiende que los cinco procesados prevaricaron porque obviaron la intervención de la conselleria "a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras".
El magistrado puede decretar la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso que presentó Bellver contra el procesamiento.
El concejal está convencido del archivo
El caso está ahora pendiente del recurso que presentó Bellver contra la decisión del juez de procesarlo. Fuentes judiciales confirmaron que la Sección Segunda todavía no ha recibido el escrito con los argumentos del concejal de Urbanismo, que insiste en que es objeto de una persecución por parte de la Fiscalía y del magistrado instructor. Bellver ya denunció que "el ex presidente socialista de la Generalitat" y titular del juzgado de Instrucción número Uno actuaba al dictado del Ministerio Fiscal. Fuentes cercanas al concejal insistieron ayer en que está convencido de que la Audiencia acabará por archivar la causa.
* Levante - 19.01.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna
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DIARIOMONTAÑÉS* : El magistrado Luis Acayro Sánchez ha retomado la investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro Urdiales tras el parón navideño. Hoy tendrán que declarar como imputados, dentro del caso La Loma, (el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público) los administradores de Quinorsa; el administrador de Teconsa, José Luis Martínez; Javier Sainz, en representación de Norsur; los administradores de Sacyr Vallehermoso y el exconcejal de Obras, Pedro Olano. También tendrán que comparecer ante el instructor de este caso, aunque en su caso en calidad de testigos, la exgerente de Urbanismo, Alicia García; la tesorera municipal, el interventor y la secretaria municipal. El jueves testificarán los representantes de la Fundación Barquín; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Pedro Ángel Gómez Portilla; el exdirector general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre y la registradora de la propiedad.
En un providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro dice que el Ayuntamiento de Castro ha presentado diversa documentación «que no tiene nada que ver con los hechos investigados al estar fuera del Suelo Urbanizable No Programado» y que por tanto se ha devuelto a dependencias municipales.
Además, señala que la secretaria municipal ha presentado un certificado en el que indica que no consta en el Ayuntamiento expediente de adjudicación de las obras de urbanización de una promoción de chalés de La Loma.
Recurso
Las empresas que construyen en La Loma recurrieron hace unas semanas el auto en el que el juez, además de inhabilitar al alcalde Muguruza y el edil Rodríguez López, ordena la paralización de la edificación e incluso la retirada de toda la publicidad referente a la venta de chalés de 'Residencial San Pelayo', en Santullán. Las constructoras alegan que cuentan con la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento y que no han cometido ilegalidad alguna en la ejecución de sus promociones. Por ello, y ante el perjuicio económico que esta paralización les está ocasionando, solicitaron la revocación del auto.
* El Diario Montañés - 19.01.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
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ELMUNDO/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), para el secretario-interventor y para cuatro tenientes de alcalde de la corporación municipal por autorizar una licencia de obra para la reforma y ampliación de una vivienda pese al informe en contra del arquitecto municipal. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue el 10 de junio de 2008 cuando un particular presentó en el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para la reforma y ampliación de su vivienda localizada en una parcela de la urbanización 'Los Zarzalejos'. El 17 de junio del mismo año el arquitecto municipal "informó que procedía denegar" el otorgamiento de la licencia.
En este sentido, el arquitecto argumentó entonces que las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como suelo urbanizable sectorizado con la calificación de residencial ciudad jardín, y que al no haber sido aprobado ni el documento de planeamiento de ordenación del ámbito del Plan Parcial 5 (PP5) ni el proyecto de urbanización "no era posible comprobar que se cumplían los parámetros urbanísticos de la calificación aplicable".
Pues bien, la Fiscalía prosigue señalando que el secretario-interventor, Juan Alfonso Rubio, emitió un informe el 17 de junio de 2008 en el que contemplaba como "viable" la licencia, todo ello "siempre que se sometiera a la condición de la firma de una declaración por el propietario de aceptación y reconocimiento de que su parcela va a ser incluida en suelo urbano no consolidado en el PGOU, lo que le supondrá la obligación de contribuir a las cargas que el Ayuntamiento establezca a la hora de regularizar definitivamente dicha zona".
Previsiones futuras
Estas afirmaciones, agrega el Ministerio Público, "las realizaba" el acusado "basándose en previsiones futuras" y "siendo consciente" de que el documento de planeamiento (Plan Parcial 5) "no existía, argumentando a favor de otorgar la licencia razones fácticas y jurídicas ajenas a la legalidad vigente, y en la propia consolidación urbanística del enclave".
Pues bien, pone de manifiesto que, también el 17 de junio de 2008, el alcalde y los cuatro tenientes de alcalde acusados se reunieron en Junta de Gobierno Local y, "a pesar del informe desfavorable" del arquitecto, votaron "unánimemente" autorizar la licencia de obra, una autorización que "resultó claramente contraria" a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes, por cuanto la existencia de un planeamiento de desarrollo y un proyecto de urbanización "eran en todo punto ineludibles para su concesión, circunstancias éstas perfectamente conocidas por cada uno de los acusados en el momento de la votación, quienes de forma consciente fueron favorables a su concesión".
La Fiscalía entiende que todo ello supone un delito contra la ordenación del territorio y solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena; el secretario-interventor y para los actuales primer, segundo, tercero y cuarto tenientes de alcalde en el Ayuntamiento de Gerena, como son Margarita Gutiérrez Nogales, Álvaro Arias Nogales, Esther Pereira Benítez y Juan Márquez Barrero, respectivamente.
* El Mundo - ep. - 18.01.11
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
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NORTEDECASTILLA* : «Este territorio de frontera sueña con salir de la brecha de su aislamiento y traspasar el umbral de la modernidad». Eran las orgullosas palabras de la prensa salmantina en diciembre de 1887 cuando, tras innumerables esfuerzos, se daba por inaugurada la línea férrea entre Boadilla-La Fuente de San Esteban y la localidad portuguesa de Barca D'Alva. Un espectacular trazado que apenas un siglo después fue cerrado por falta de viabilidad económica y que, desde entonces, permanece en el olvido y el deterioro progresivo a la espera de que sustancie alguno de los muchos planes y proyectos para su recuperación con fines turísticos. Lo cierto es que estos días la línea férrea acaba de cumplir su primer cuarto de siglo como vía muerta. El Real Decreto aprobado en septiembre de 1984 condenaba al trazado desde los primeros días del año siguiente a entrar en un abandono, en apariencia irreversible, del que ni siquiera lo ha podido salvar por el momento la declaración en 2000 por parte del entonces Ministerio de Educación y Cultura como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Desde entonces, distintos proyectos han tratado de incluir la conocida como línea férrea de La Fregenda, ya que esta era la última estación antes de la frontera en el muelle de Vega Terrón, en algún plan de recuperación y dinamización turística de la zona
Primero, la Diputación de Salamanca contempló la posibilidad de una Vía Verde de senderismo, aprovechando las posibilidades del parque natural Arribes del Duero.
El desacuerdo social en la zona llevó a descartar esta solución y desde hace años el debate ya no se centra sobre el posible modelo de aprovechamiento de la infraestructura -solo se piensa ya en un tren turístico que use un convoy que se asemeje a los de principios del siglo XX-, sino en cómo financiarlo.
El problema, según destaca la asociación Caminos de Hierro, es que «la falta de mantenimiento de los puentes ha originado la corrosión de algunos elementos y la pérdida de barandillas y traviesas».
Es decir, para recuperar la transitabilidad de máquinas de tren sería necesaria una cuantiosa inversión. La Diputación salmantina cuenta con un proyecto que eleva a 20 millones la restauración solo del último tramo, 17 kilómetros en los que se encuentran los elementos arquitectónicos más singulares y la más espectacular secuencia de túneles y puentes en pleno Arribes.
Sin embargo, la Junta calcula que serían necesarios no menos de 80 millones para garantizar la recuperación de toda la vía hasta Portugal. Una ingente inversión para la que se piensa en «programas europeos de cooperación» sin concretar.
Permanece a la espera de este modo una auténtica catedral de piedra y hierro realizada en el siglo XIX y que todavía hoy asombra al permitir contemplar el prodigioso atrevimiento y el alarde de ingeniería que permitió superar siglos de recelos mutuos y comunicar España y Portugal con una empresa de dimensiones titánicas que fue abriendo balcones sobre los ríos Duero y Águeda y horadando el alma de las montañas.
Aunque todo ese esfuerzo permanece hoy aparentemente en el olvido, algunos de los valores distintivos de la vía -cuyo recorrido está prohibido expresamente por las autoridades ferroviarias ante el mal estado y el enorme peligro para el paseante-, continúan subrayando su condición de elemento arquitectónico de primer orden.
A lo largo de la vía, el paisaje muta de la dehesa charra a los escarpados Arribes, en un itinerario salpicado de pintorescas estaciones en su mayoría muy deterioradas. Sin embargo, es a partir de la estación de La Fregeneda donde comienza un descenso único con un trazado de 17 kilómetros jalonado de puentes y túneles, que da idea de las dificultades que debieron acometerse para finalizar las obras iniciadas en agosto de 1883 por la Sociedad Financiera de París en uno de los rincones más pobres de la Europa del momento.
Los trabajos contaron con un presupuesto desorbitado de 30,2 millones de pesetas y con una subvención oficial de 15.000 pesetas por kilómetro, y requirieron una cantidad ingente de mano de obra. Más de 3.000 personas se dejaron la piel en una obra que dejó un inédito testimonio de la revolución industrial y ferroviaria y que sigue esperando que su nombre sea por fin subrayado en las agendas oficiales que manejan los hilos del futuro.
* El Norte de Castilla - 17.01.11
Foto: Imagen de uno de los túneles de la línea férrea entre Boadilla y la localidad portuguesa Barca D'Alva - nortecastilla
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ELPAÍS/Málaga* : La preferencia de los poderes públicos por el desarrollo económico a ultranza les hace en ocasiones satisfacer intereses privados por encima de los objetivos de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, orillando incluso los condicionantes que imponen las leyes administrativas. Así cree el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) que ha ocurrido en el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos Norte en Ronda (Málaga), una urbanización con 783 viviendas de lujo, complejo hotelero, dos campos de golf y clubes hípico y de tenis, en un paraje de ocho millones de metros dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que "hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución".
El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. Critica, por ejemplo, que la juez de lo contencioso-administrativo Asunción Vallecillo primó el interés particular al negar la paralización cautelar de las obras de urbanización, en el recurso que puso la Junta contra el permiso concedido por el alcalde de Ronda, el socialista Antonio Marín Lara, que autorizó un movimiento del terreno superior al permitido en el Impacto Ambiental y cuando el proyecto tiene denegado el suministro de agua.
Por esta licencia hay abierto también un procedimiento penal tras una denuncia de Izquierda Unida. Las obras están paralizadas desde abril de 2008 pero por decisión voluntaria de la promotora ante la crisis económica.
Al Instituto de Criminología le llama la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos", y pone de ejemplo que cuando se denegó por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero subterráneo del paraje, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros.
El IAIC considera que ha habido una "maleabilidad" del procedimiento administrativo, con "trámites esenciales incumplidos" y decisiones "incoherentes" cuando no "contradictorias". Por ejemplo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1994 declaró Los Merinos suelo urbanizable y, por tanto, obligaba a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga aprobado en 1987 en el que era complejo serrano, y pese a que este se publicó 20 años después, en 2007, no se incluyó el cambio. O que se aprobara al Plan de Actuación Urbanística del paraje en 1992, dos años antes del PGOU, que es el documento general que le sirve de base (es como aprobar el reglamento de una ley antes que la ley).
La investigación no encuentra argumentos suficientemente justificados para que un paraje con las condiciones ambientales de Los Merinos, catalogado como complejo serrano y aislado, a 12 kilómetros del casco urbano, fuera considerado suelo urbanizable no programado en el PGOU de 1994. Algo así es imposible desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2003.
Curiosamente, el documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner, cuando ya Golf and Country Club Ronda había comprado el suelo de Los Merinos con el propósito de levantar una urbanización. Montaner, arquitecto de profesión, fue 15 años después coautor del plan de urbanización que tiene impugnado la Junta.
* El País - 16.01.11
Foto: El urbanismo bajo la lupa de Criminología - elpais
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DIARIOMONTAÑÉS* : La implantación de molinos-generadores de energía eólica en los valles del sur de Cantabria tendrá notables consecuencias en el territorio, según los arquitectos que ayer intervinieron en una mesa redonda celebrada en el Ateneo de Santander. Entre ellas, la imposibilidad de que la Unesco reconozca al Románico de Cantabria con la declaración de 'patrimonio de la humanidad'. Este dato lo aportó Miguel Ángel Pérez 'Peridis', presidente de la Fundación Santa María La Real y promotor de la serie de documentales sobre el románico en España, erigido en figura estelar del coloquio. Según Peridis, los molinos sólo pueden admitirse «donde caben, donde no estorban y donde no hay otra cosa», pero no en los valles del sur de Cantabria como Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible, porque «son únicos, vertebran la cordillera a ambos lados, son valles del románico, son merecedores de ser declarados patrimonio de la humanidad». «Una vez que estén los molinos, será imposible la declaración», añadió, advirtiendo de que aquella quedará reducida, en el mejor de los casos, a las comarcas situadas en el norte de Burgos y Palencia.
«En La Mancha hay páramos en los que los molinos no tienen por qué generar tanto impacto, porque siempre los ha habido. ¿Por qué hacerlos en nuestras zonas? Ancha es Castilla y territorios tiene España. ¿Por qué cada región tiene que aportar el sacrificio de su primogénito en el altar del desarrollo?», se preguntó.
Otros arquitectos
Las opiniones de Peridis en el Ateneo de Santander, en el marco de la mesa redonda organizada por el colectivo Cántabros por la Ordenación Regional del Desarrollo Eólico (Core), fueron muy aplaudidas por un público que llenaba el salón de actos. Entre los asistentes se encontraban Miguel Ángel García Guinea, José Luis Casado Soto, José Manuel Iglesias, Joaquín González Echegaray, Aurelio González de Riancho...
Peridis no habló sólo, por supuesto. Otro arquitecto, Clemente Lomba, recordó que «sabemos todo de los molinos con una precisión de centímetros, pero nada de su impacto sobre la base, sobre el territorio», en referencia a la falta de estudios sobre el impacto en la zona.
Fernando Porras opinó que «es muy poco inteligente establecer un campo eólico sobre un perfil ondulante, igual que sobre un desierto llano ¿Cómo es posible que el planteamiento de colonización eólica sea igual en Polientes que en Atacama?».
Domingo de la Lastra cuestionó el supuesto negocio para las poblaciones de la zona, porque «les va a llover del viento un recurso, pero eso va a perjudicar todos los otros recursos». «Cuando se hayan acabado las subvenciones a los molinos, solamente quedarán las consecuencias», añadió.
Previamente, y tras la presentación de Javier Ceruti, Miguel Martínez Postigo, de la Plataforma en Defensa de Campoo, había ofrecido algunos datos introductorios, como que, entre los tres valles analizados, se van a instalar 322 molinos -tantos como en todo el País Vasco-, con un impacto de 81 kilómetros lineales de aerogeneradores, 86 kilómetros de tendidos eléctricos, quince centros de transformación y una ocupación de 1,25 millones de metros cuadrados. «No son molinos, son gigantes, aseguró.
* El Diario Montañés - 18.01.11
Foto: Molinos eólicos - tecnosfera.org
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ANDRÉS PRECEDO LEDO* : Cuando utilizamos el ladrillo como sinónimo de exceso constructivo lo referimos a los promotores privados y nos olvidamos que existe también un ladrillazo del sector público. Durante muchos años las instituciones llenaron el territorio de edificios; unas veces porque la demanda de entonces lo requería y otras porque el ladrillo es muy agradecido electoralmente. Nos encontramos con la situación actual de edificios en desuso. No es más que una reproducción de la cultura de lo nuevo frente a la cultura rehabilitadora. Lo vemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros hospitales: centros de investigación de nuevo cuño vacíos porque no hay investigadores, hospitales vacíos porque nunca se pensó si era necesario construir otro nuevo o reutilizar y ampliar el existente. Es un mal generalizado en todo lo que se hace con dinero público. Y esto tiene que cambiar. Tal vez sea uno de los ámbitos donde las crisis nos devuelva el sentido común. Es necesario para ello romper los esquemas al uso, asumir una nueva cultura del desarrollo, y aprender a gestionar un dinero que por ser de todos parece que no es de nadie.
Se precisa también una buena dosis de imaginación y un pensamiento abierto al futuro, que necesita ser reinventado. Pero tal vez para hacerlo fuera necesario un recambio político, porque la propia cultura de partido, que termina por encerrar a la clase política en una burbuja, ha terminado por llevar esa política a un cementerio de ideas. El paradigma de nuevas construcciones, de más y mayores equipamientos, de nuevas viviendas debería dar paso a un pensamiento más racional que en lugar de seguir instalado en el más, pensara como reutilizar lo ya construido.
* La Voz de Galicia - Opinión - 17.01.11
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