ELPAÍS/Madrid* : El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13 concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad para testificar como supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid. La supuesta prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente Cisneros, en la zona sur de la localidad.
Según varios informes jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón, la modificación del plan parcial de esta zona consiente un aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de viviendas -y de población-.
Otro punto en el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas. "Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de centros sociales de carácter público", según un informe firmado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300 metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la segunda parcela.
Uno de los mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en marzo de 2003 su aprobación.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes municipales.
Ante todas estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas (1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras obtener las licencias de edificación y de primera ocupación concedidas por el Consistorio.
Toda la documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la apertura de diligencias previas.
* El País - 10.12.10
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org
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ELPAÍS/Ourense* : La Administración autónoma se ha saltado la Ley y ha reformado un bajo incluido en el complejo hospitalario ourensano (CHOU) sin solicitar la obligatoria licencia municipal y haciendo caso omiso de los apercibimientos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno local decidió ayer abrir expediente sancionador al hospital por infracción urbanística después de que el pasado 9 de febrero la Concejalía de Urbanismo emitiera un decreto suspendiendo las obras ilegales y abriera expediente de reposición de la legalidad. Un mes después, el 10 de marzo, la inspección de obras constató que la reforma continuaba su curso sin la licencia, por lo que impuso ya entonces al complejo hospitalario una multa de 600 euros, al tiempo que requirió un proyecto técnico para su legalización, que nueve meses después no se ha realizado.
El director de Recursos Económicos del CHOU presentó fuera de plazo el recurso de reposición que, por este motivo y considerando que la Ley del Suelo de Galicia exige "la necesidad" de licencia urbanística, fue rechazado ayer por la junta de gobierno del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal ha dado ahora tres meses a la dirección del hospital para que legalice las obras -un trámite y el pago de unos 600 euros-. En caso de que el CHOU persista en mantener la reforma sin licencia, el Ayuntamiento procedería a su demolición.
* El País - 11.12.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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ELCORREODEANDALUCÍA* : Más de una veintena de ciudades europeas tienen restricciones de tráfico en el Centro. El tráfico y la conservación de los centros históricos no casan en Europa desde hace mucho tiempo, así que Sevilla no está implantando nada nuevo con la regulación en el Centro. Es más, en muchas ciudades españolas ya se veta la entrada de los coches en los cascos antiguos, sean del color político que sean. Otra cuestión es si el transporte público de esas ciudades se puede comparar o no con el de Sevilla, con uno de los cascos históricos más grandes. En España se pueden encontrar ejemplos muy claros de cómo restringir el paso del vehículo para proteger el patrimonio. Oviedo y León son un botón de muestra. En el primer caso, los únicos coches que pueden acceder al corazón de la ciudad son los que tienen un garaje allí. Nada más. Y en Oviedo gobierna Gabino de Lorenzo, del Partido Popular. Su equipo asegura que la medida "revitalizó" el Centro.
Sin embargo, en Sevilla, los populares llevaron a los tribunales el plan para la regulación del tráfico en el casco histórico, pidiendo -sin éxito- su paralización.
Granada es el ejemplo andaluz y también está gobernada por el PP. Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento granadino se informa de que "los ciudadanos están concienciados".
Los barrios del Realejo, Albaicín Alto y Bajo, el Centro y Recogidas se controlan a través de un sistema de cámaras, mientras que en calles estrechas aún se mantienen algunas pilonas o bolardos. "Y la gente ya está acostumbrada, sobre todo porque el plan lleva en marcha 15 años, si bien las cámaras no se instalaron hasta hace seis", aseguran desde el Consistorio, cuyos responsables apuntan que la peatonalización se fue implantando "en paralelo" a la restricción del tráfico.
En Barcelona, zonas como el barrio Gótico está libre de coches, al igual que el Centro de Málaga, Córdoba, Vitoria, Valencia, Murcia, Santiago de Compostela...
En Madrid, algunos barrios tienen restricciones: hay tres Áreas de Prioridad Residencial (Embajadores, Letras y Cortes) y el propio Alberto Ruiz Gallardón anunció la pasada semana en una entrevista que restringirá el tráfico en el Centro si es reelegido. El alcalde del PP apuesta por "un uso restrictivo para los residentes y solamente ocasional para los no residentes".
Si miramos al resto de Europa, la peatonalización de los centros históricos es una moda. Por el momento, 19 ciudades (Toulouse, La Rochelle, Génova, Nantes, Stuttgart, Venecia, Bolonia, Zagreb, Winchester, Bristol, Bremen, Berlín...) llevan a cabo iniciativas Civitas, encaminadas a extender los espacios para el peatón, los ciclistas y el transporte público.
En Londres, desde 2003, se paga por circular por el Centro. En concreto, 8 libras (9,5 euros) si se abona la llamada congestion charge el mismo día y 10 (11,9 euros) si se paga al día siguiente. Además, Oslo, Bergen, Trodheim, Estocolmo y Singapur, por ejemplo, han copiado este impuesto por circular por el Centro.
En el caso londinense, todo lo que se recauda por la congestion charge se destina al transporte público. Algo que no copiará Sevilla. Todo lo que se recaude por las infracciones del Plan del Centro irá a la caja única del Ayuntamiento, según informó ayer el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, quien defendió que el objetivo es recaudar cero, es decir, que nadie entre en el casco antiguo sin permiso.
En Roma, la circulación por el Centro está cerrada al tráfico no autorizado y en otras zonas se suele aplicar por las noches o los fines de semana; también está extendido el sistema de matrículas alternas. El control electrónico está implantado en una zona con 130.000 habitantes y los resultados son buenos: se redujo un 25% el tráfico y un 20% la contaminación. En el Centro histórico de Florencia, el tráfico de vehículos está prohibido a los no residentes de 7.00 a 19.00 horas.
Manuel Calvo, consultor medioambiental, asegura que no hay ejemplo de "liberación" de coches en un Centro histórico que no haya tenido éxito. "Y no hay que hablar en negativo, porque no es un cierre, sino una liberación del espacio para el peatón", puntualiza. A su juicio, en Sevilla, sería un acierto que lo que se recaudase se destinase a Tussam.
* El Correo de Andalucía - 10.12.10
Foto: Granada es una de las ciudades en las que sólo los residentes y autorizados pueden circular por el Centro. - El Correo
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EPA* : Uno de cada dos latinoamericanos considera que la corrupción ha arreciado en los últimos tres años en su país a causa de la crisis financiera mundial, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). Suramérica destaca no obstante como una de las regiones donde menos ciudadanos consideran que estos delitos han aumentado desde 2008, junto a la región Asia-Pacífico y las repúblicas ex soviéticas, apunta esta encuesta mundial. Además, un 37 por ciento de los encuestados en América Latina manifiesta que la corrupción no ha cambiado y un 11 por ciento advierte una disminución. En comparación, el promedio global de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus respectivas naciones se sitúa en el 56 por ciento, y en Europa y Norteamérica un 73 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente, considera que este tipo de delitos económicos ha repuntado.
"La crisis financiera continúa afectando a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica", aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado.
Los países latinoamericanos donde más se ha extendido la corrupción en los últimos años a ojos de su ciudadanía son Venezuela, donde un 86 por ciento responden que ha aumentado, Perú (79 por ciento), México (75), Brasil (64) y Argentina (62).
Las naciones sudamericanas mejor situadas en este estudio son Bolivia, donde un 46 por ciento apuntan que la corrupción ha crecido, El Salvador (48 por ciento), Chile (53) y Colombia (56).
En el ámbito internacional, los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado son Senegal (88 por ciento), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal (83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77).
En el extremo contrario, las naciones y territorios que más han avanzado hacia la transparencia, según sus propios ciudadanos e independientemente de su posición de partida, son Georgia (donde un 78 por ciento considera que ha caído la corrupción), Palestina (59 por ciento), Fiji y Sierra Leona (53) y Kenia (48).
En España, un 73 por ciento de los encuestados considera que la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24 por ciento que mantiene que sigue constante y el escaso 3 por ciento que cree que se ha reducido.
Este estudio, distinto al Índice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático y que en esta edición se centra en la percepción ciudadana sobre la transparencia de las instituciones públicas.
La ONG alemana tacha de "triste" que a nivel global ocho de cada diez encuestados consideren que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el funcionariado y los órganos legislativos nacionales.
En el conjunto de América Latina, las instituciones percibidas como más corruptas son los partidos, con un 4,0 sobre un máximo de cinco puntos, el sistema judicial (3,8), el parlamento y los funcionarios (3,7), el sector privado (3,5) y la policía (3,3).
No obstante, destaca que la fuerte percepción de corrupción que pesa sobre los partidos políticos en El Salvador (4,4), la justicia peruana (4,4), la policía venezolana (4,4) y la policía y los políticos mexicanos (4,4).
Además, un 32 por ciento de los latinoamericanos encuestados considera que la acción gubernamental contra la corrupción es "inefectiva" -frente al 50 por ciento a nivel global- y un 40 por ciento la califica de "efectiva".
No obstante, siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50 por ciento en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo.
"El mensaje de este Barómetro de 2010 es que la corrupción es insidiosa. Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar", aseguró Labelle.
Para poner coto a la corrupción, la presidenta de TI apostó por mejorar la protección de los ciudadanos que se atreven a denunciar, por implicar a la población y por ampliar la información a la que puede acceder la ciudadanía.
Asimismo, Labelle abogó por que los gobiernos de todo el mundo "muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza" de sus ciudadanos en las instituciones públicas.
TI destacó que este Barómetro Global de la Corrupción es el mayor en cobertura de los realizados por la organización hasta la fecha, al incluir las respuestas de más de 91.000 personas de 86 países (8.500 encuestados de nueve países latinoamericanos).
Juan Palop
* European Press Photo - EFE - 9.12.10
Foto: México, proyecto urbanización en reserva golfo California - greenpeace.org
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ELPAÍS/Madrid* : Los ciudadanos tienen derecho a criticar a su alcalde por escrito. Sobre todo si se trata de un asunto relacionado con la gestión municipal que afecte a los vecinos. Esta es la conclusión que se desprende de una novedosa y reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula otras dos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal nº25 de Madrid. En ambas se condenaba a Félix Martín Badiola, propietario del restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, a una multa de 3.000 euros "por injurias graves" con publicidad contra el alcalde de su ciudad, Pablo Guerrero (PP). El Constitucional revoca las condenas y ampara a Martín, que colgó en 2002 en las paredes de su establecimiento opiniones sobre la gestión urbanística de Guerrero. El regidor desoyó una y otra vez sus denuncias y permitió a otro vecino levantar un edificio junto a su establecimiento, con exceso de altura, y colocar el tejado de tal forma que cuando llueve el agua cae sobre su local con el consiguiente perjuicio.
Martín, que está pendiente de que una juez de Colmenar ejecute por fin el derribo del citado tejado ordenado hace años por la Audiencia de Madrid, estaba muy enfadado con la inacción del alcalde. Por eso exhibió varios mensajes escritos en los que aseguraba que el alcalde "se burla de la justicia", destacaba que había concedido "licencias urbanísticas irregulares" y criticaba que el regidor hubiese colocado "a un amigo" de recaudador municipal. El alto tribunal certifica que la condena a Martín vulnera el derecho a la libertad de expresión y difusión libre de pensamientos que tiene todo ciudadano, y, más aún, si la crítica recae sobre un cargo público. Considera también que las opiniones de Martín se enmarcan en el ámbito del juicio de valor y forman parte del derecho fundamental de expresión.Desde que fue condenado, Martín (conocido en Navacerrada como Félix El Segoviano) ha tenido que ir pagando al alcalde 100 euros cada mes. Ya le había entregado cerca de 3.000 euros. El alcalde, con quien este periódico intentó ayer hablar sin éxito, tendrá ahora que devolverle todo el dinero.
El Constitucional es taxativo en su resolución al afirmar, no ya solo el derecho de crítica de los ciudadanos respecto de sus cargos electos, sino la obligación que tienen estos de aceptarla y más aun cuando en esa censura no subyacen términos vejatorios ni la crítica es "gratuita".
Los magistrados destacan que se equivocó la Audiencia al ratificar la condena impuesta a Martín por el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid, puesto que no ponderó adecuadamente en este asunto la preeminencia del derecho a la libertad de expresión. También enmienda la plana al juez de lo penal, que "incumplió" su obligación de dar prevalencia a un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión. "El juez penal ha de atenerse a esta amplitud de la protección constitucional para no correr el riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que resulta indeseable en un Estado democrático". Las opiniones contra cargos electos solo están limitadas por la ausencia de expresiones vejatorias e impertinentes, que en este caso no se produjeron.
* El País - 9.12.10
Foto: Félix Martín Badiola, en su restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, en el que colgó sus opiniones sobre el alcalde.- elpais
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ELPAÍS/Alicante* : La instrucción del sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) avanza. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Alicante, Gordiano Casas, interrogó a una funcionaria de la Delegación de Hacienda, que ha sido imputada en una de las 20 piezas separadas del sumario general por supuesta revelación de secretos fiscales. El beneficiario de los datos que habría filtrado esta funcionaria sería el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de trama corrupta, según la investigación. La empleada de Hacienda, con la categoría de auxiliar, negó la acusación ante el juez. No obstante, la fiscalía, según fuentes oficiales, aseguró que la causa sigue abierta y que ampliará la lista de imputados por estos hechos. Esas fuentes declinaron revelar quiénes serán los nuevos acusados, aunque descartaron que se trate de otros funcionarios de la Agencia Tributaria de Alicante.
"La responsabilidad de Hacienda en estos hechos se limita a la funcionaria imputada", señalaron. Esas fuentes no precisaron si la empleada recibió supuestamente alguna contrapartida por facilitar datos secretos al cabecilla de la trama.
De esta forma, los nuevos imputados en esta causa serían los intermediarios de los que se valió Fenoll para conseguir información privilegiada, según los informes policiales y el escrito inicial del fiscal Anticorrupción. Entre esos intermediarios, la policía incluye al asesor fiscal Jorge Sanz y al empresario de la automoción Rafael Gregori. El primero está considerado por la investigación como "el falsificador de empresas" tapadera de la trama, y el segundo, como el intermediario clave de los negocios de la supuesta red corrupta.
Las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso Brugal recogen conversaciones entre la funcionaria de Hacienda y el asesor Jorge Sanz. Los informes policiales también recogen vídeos de encuentros mantenidos entre ambos fuera del ámbito de la Delegación de Hacienda. Otro informe policial, también recogido en el sumario, relata que un empleado de Gregori falleció en un accidente de tráfico cuando supuestamente se dirigía a sobornar a funcionarios de Hacienda. La policía halló en el interior del coche de la víctima un sobre con 17.000 euros que presuntamente le había entregado Fenoll para "gratificar" a los funcionarios de Hacienda. En esa operación también actuaba como intermediario Jorge Sanz.
La funcionaria, según manifestó ayer su abogado, Rafael Mira, negó al juez todas las acusaciones. El letrado señaló que la funcionaria se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal porque ya ha "presentado un escrito solicitando la nulidad de las escuchas" y porque creen "que el delito ha prescrito", explicó. El letrado hizo hincapié en que su cliente no podía tener acceso a información privilegiada "por su categoría laboral, la más baja de la cadena". La acusada, a través de su abogado, admitió conocer al asesor Jorge Sanz, "pero como otros asesores que recalan en el departamento de discrepancias de rentas donde desempeña su función en los últimos 20 años, sin que se le haya abierto ningún expediente sancionador", puntualizó.
La fiscalía también anunció que se opondrá a la petición de prescripción y nulidad solicitada por la defensa de la funcionaria.
Por otro lado, el magistrado Carlos San Martín, que dirige la investigación principal del caso Brugal, entregó ayer a las partes el DVD reconstruido con las diligencias sobre las que ha levantado el secreto. El juez remitió ese material hace un mes, aunque a los pocos días ordenó su devolución. El DVD contenía diligencias aún secretas, entre ellas las relacionadas con la pieza que investiga trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento de Alicante.
* El País - 11.12.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
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