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ELPAÍS/Alicante* : Cerca de 2.000 viviendas de la zona turística del cabo de la Nau de Xàbia sumaron ayer un nuevo día sin agua potable después del reventón en la red sufrido en la tarde del jueves y que ha tenido mucho que ver con la presión urbanística que sufre el entorno. De hecho, el Ayuntamiento estudia denunciar al propietario de la zona que se aprovechó de una licencia de ampliación de su chalé para construir sin permiso un garaje que acabó por aplastar la conducción, que era ya demasiado antigua.
No es un caso aislado: en la zona, repleta de urbanizaciones e inmuebles de lujo, se ha construido de forma masiva aprovechando unas infraestructuras hídricas instaladas hace treinta años.
Esta circunstancia complica la reparación de la avería mientras los vecinos siguen abasteciéndose con garrafas de camiones-cubas en puntos estratégicos de las cinco partidas afectadas. Los técnicos que reparan el tramo de conducción dañada, de 360 metros, se han visto con la dificultad añadida de tener que realizar un by-pass que esquive la construcción ilegal. Es muy probable que no haya agua hasta el fin de semana a menos que funcione una tubería provisional que tenía previsto instalar ayer Amjasa, concesionaria del servicio. El Ayuntamiento llamó a la solidaridad para que las urbanizaciones aún con agua dejen de regar jardines y abastecer sus piscinas, para no perder más caudales.
La desesperación cundía entre los afectados, que ayer buscaban los camiones cisterna para ducharse "porque ya estamos hartos de utilizar el agua salada del mar", denunciaba una vecina. La avería ha lastrado la imagen de una población que llevaba años sin problemas de abastecimiento y ha acarreado pérdidas económicas para la boyante hostelería de la zona.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/09/2009
Foto: xabia (Alicante) - visitarvalencia.com
Una infracción urbanística provocó el reventón en la red de agua de Xàbia
Vivir despacio para vivir mejor
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ELPAÍS* : Hace ya una década, Paolo Saturnini, entonces alcalde del pueblo toscano de Greve in Chianti, a 30 kilómetros de Florencia, puso en marcha un movimiento que reclamaba un desarrollo basado en la calidad de vida de los ciudadanos. Para su filosofía resultaba más importante cocinar las hortalizas de las huertas del pueblo como lo hacía su abuela que comer una hamburguesa doble con queso, y un rato de charla en la plaza del pueblo, que un desarrollo acelerado que castigue el medio ambiente o impida pasear por las calles del centro urbano.
Así nació Cittaslow una red de ciudades lentas, que tomaron prestado el nombre de la corriente Slow Food, una asociación que nació en 1986 como respuesta a la invasión de la fast food y a la globalización de la oferta alimentaria. Entre las seis ciudades lentas que la organización reconoce en España se hallan Mungia y Lekeitio.
La red conecta un total de 116 ciudades que comparten la filosofía fundacional. Más de la mitad se encuentran en Italia, pero ya se han extendido hasta Corea del Sur o Nueva Zelanda. Para empezar, deben tener menos de 50.000 habitantes y cumplir una serie de requisitos relacionados con la conservación del medio ambiente y el respeto al patrimonio. Junto a las dos localidades vizcaínas forman la red española los municipios gerundenses de Begur y Pals, Rubielos de Mora (Teruel) y Bigastro (Alicante).
Ni Mungia ni Lekeitio presumen de su caracter de ciudad lenta. El símbolo de la red es un caracol con casas de colores sobre su concha, inspirado en el que distingue a Slow Food, que no se encuentra en los espacios públicos de ambas localidades vascos. Ni siquiera figuran referencias a la vida slow en sus respectivos sitios de Internet, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las webs de Begur o Bigastro.
¿En que se nota que son ciudades lentas? El alcalde de Lekeitio, el peneuvista José María Cazalis, resalta que sus conciudadanos "viven de forma lenta" sin caer en la cuenta de las etiquetas. "La gente compra el pescado recién descargado en el puerto, los niños pueden ir en bicicleta a la playa, se potencia el comercio de los productos locales y la gastronomía tradicional, se intenta mantener un urbanismo sostenible", enumera Cazalis. En pocas palabras resume que la vida lenta sigue aprovechando lo bueno de la vida tradicional, atenta a los pequeños detalles, pero sin renunciar a las ventajas de lo nuevo, como las tecnologías.
Fomentar los productos locales supone un aspecto fundamental en la filosofía Cittaslow, por sus beneficios para los productores, que mejoran la rentabilidad de las explotaciones en un mercado cercano, y para los consumidores, que tienen a su alcance las mercancías de temporada en el momento que marca el calendario. Cada viernes, el mercado de Mungia lo pone en práctica. En pleno verano, los tomates bien maduros destacan entre las cestas de pimientos, lechugas y vainas. También se venden embutidos y dulces artesanos. Los huevos se presentan acompañados de la fotografía de las gallinas que los pusieron, picoteando el grano en libertad.
Los baserritarras que venden en el mercado de Mungia ofrecen buen género y tienen una clientela fiel. Vendedores y consumidores siguen con sus costumbres ajenos a que el pueblo forma parte de la red de ciudades lentas. La familia de Ainhoa Olazar lleva más de 30 años vendiendo en la plaza las hortalizas de su caserío y nunca había oído hablar de que fuese una actividad acorde con esa filosofía de la lentitud urbana ni de que Mungia estuviese integrada en la red internacional. "Suena bien; miraré en Internet", anuncia Ainhoa. En Lekeitio tampoco es popular.
* ELPAIS.com - EVA LARRAURI - Bilbao - 30/08/2009
Foto: Varias clientas compran en el mercado municipal de Mungia, una de las dos localidades vascas integradas en la red de ciudades lentas.- F. DOMINGO-ALDAMA, elpais.com
Verano, crisis...
Viñeta de Forges - ELPAIS.com - 26.08.09
Derechos humanos frente a la corrupción
JESÚS LÓPEZ-MEDEL* : España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en cuanto a efectividad gubernamental y lucha contra la corrupción. Así resulta de un informe sobre Indicadores de Buen Gobierno elaborado recientemente por el Banco Mundial. Sólo nos hacen malos (y no pésimos) Chipre, Grecia y la querida Italia cuyo nivelazo es inigualable. Los demás países ofrecen mejores resultados. Particularmente en la lucha contra la corrupción, se afirma que España no ha hecho progresos desde 2003.
Días antes, la Fundación Alternativas, publicaba su interesante Informe sobre la Democracia en España. En él se afirma que la calidad de ésta ha bajado respecto el año anterior, pasando de un 6,2 a un 6. Se expresa literalmente que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".
En las mismas fechas otra prestigiosa institución como Transparencia Internacional ha emitido su Informe anual resaltando la percepción de los españoles de que existe un alto grado de corrupción, considerando la empresa privada (29%) y los partidos políticos (27%) como los sectores sociales más implicados, y estimando el 44% de los españoles (frente al 25%) que la actuación del Gobierno en esta materia es ineficaz.
Hasta aquí los datos. Reflexionar sobre la corrupción, aunque los parámetros fuesen bajos, es fundamental. Admitir resignadamente que en toda sociedad existe un porcentaje asumible de corrupción es algo que debe ser (acaso utópicamente) rechazado. Lo que diferencia los sistemas democráticos de los totalitarios es la existencia de mecanismos básicos de control y unas pautas mínimas de transparencia. Del nivel de ello y del funcionamiento adecuado de las instancias administrativas, políticas y judiciales depende la calidad de la democracia.
Por muy democrático que sea un país si los ciudadanos tienen una percepción que la ley no trata por igual a todos o existe impunidad para diversos jerarcas económicos o de otro tipo o que muy diversos políticos tienen negocios o relaciones peligrosas con auténticos corruptos, deben encenderse luces rojas. La aceptación resignada de todo ello acontece en nuestra cercana Italia. Pero pensemos también en nosotros.
Es fundamental valorar nuestras democracias. Éstas se cualifican por el equilibrio de poderes y contrapoderes y la sujeción de todos por igual a la Ley. Pero también por el grado de desarrollo de los derechos humanos. Aquí debe destacarse que junto a los clásicos y fundamentales derechos y libertades, han surgido otros que algunos llaman de tercera generación y que inciden en materias que los textos constitucionales antes no trataban y de los que apenas se hablaba. Son los derechos sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuevas tecnologías y avances científicos, el derecho al medio ambiente y a disponer de agua, los derechos de enfermos y pacientes... Todos tienen reflejo en las últimas normas jurídicas.
Uno es el llamado "derecho a una buena Administración". Lo recogen todos los Estatutos de Autonomía últimamente modificados: Comunidad Valenciana (artículo 9), Cataluña (artículo 30), Andalucía (artículo 30) Castilla y León (artículo 12), etcétera. Y, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de diciembre de 2007, cuyo artículo 41 lleva ese título por rúbrica. Ésta no se refiere sólo al reduccionismo del derecho individual a acceder a los servicios públicos. Ejes como la imparcialidad, la sujeción a la ley, la transparencia, igualdad, objetividad no es algo sólo exigible por los sujetos individuales sino que es un derecho colectivo, acertando el Estatuto de Aragón al expresar que "los poderes públicos están vinculados por estos derechos".
Esas nuevas referencias normativas contrastan con el silencio del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno aprobó en diciembre tras larga gestación. Aunque es dudosa su efectividad, su mera existencia es ya positiva y tiene aspectos interesantes aunque parece un extenso catálogo de ideas sobre democracia, derechos y libertades. Sin embargo, no contiene ni una mención a algo relacionado con lo que estamos exponiendo. Sorprende que mientras otras libertades muy consolidadas vengan recogidas enfáticamente, no exista una sola referencia a algo que los indicadores expuestos al principio evidencian fallos sobre lo que significa transparencia, control, igualdad ante la ley, ausencia de impunidad, etcétera. Parece una descoordinación más entre la clase política y las percepciones de la ciudadanía ante el retroceso en nuestra calidad democrática.
No toda responsabilidad es del Gobierno o los Gobiernos autonómicos y locales que tienen mucho que decir (o callar, según se mire). En numerosas zonas costeras, el olor no es sólo de salitre. También instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o los medios de comunicación mucho deberían reflexionar. Y qué decir de los dirigentes que arrinconan códigos éticos y no son nada contundentes a la hora de limpiar su propia porquería y en cambio están siempre dispuestos para ver la viga en el ojo ajeno. Sobra cinismo e incoherencia. Falta valentía, sentido de Estado y responsabilidad. Y reflexión...
*Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE.
* ELPAIS.com - Tribuna - 23.08.09
