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ELPAÍS/Valencia* : La vía penal destapa la ineficaz disciplina urbanística del Consell. La burbuja inmobiliaria, alimentada por el urbanismo salvaje, ha sido el caldo de cultivo ideal para las tramas de corrupción política y empresarial vinculadas a la construcción ilegal. La estela de este entramado corrupto se extiende a lo largo de la Comunidad Valencia, apenas dos años después del parón del ladrillo.
El denominador común de todos casos, léase Catral, Bigastro, Zarra, Llíber, o Montroi, es que se trata de pequeñas poblaciones, cuyos alcaldes, en connivencia con funcionarios y profesionales (abogados, ingenieros, promotores y notarios), han sacado tajada a la autonomía de la que gozan los municipios en materia urbanística y han engordado las arcas municipales y, de paso, sus bolsillos haciendo la vista gorda a cambio de sobornos millonarios sobre las miles de casas levantadas en suelo rústico.
El arresto del ex alcalde del PP de Montroi por autorizar 77 chalés en suelo rústico es la última muesca de la corrupción urbanística que, en algunos casos, ha igualado las sangrientas cotas del hampa: en Polop la justicia investiga si el concejal de Urbanismo, Juan Cano, contrató a dos pistoleros para ejecutar a su alcalde, Alejandro Ponsoda, y poder así manejar el urbanismo municipal a su antojo. La inoperancia de la disciplina urbanística municipal, agravada por la ineficacia del agente supervisor superior, es decir, el Consell, ha provocado la irrupción de la policía y jueces para poner coto, por la vía penal, a la bicha de la corrupción. Expertos consultados por este periódico abogan por enterrar el depredador modelo urbanístico de los noventa y, en paralelo, expulsar de las listas, a los cargos afectados. Los políticos implicados en las tramas urbanísticas saben que la corrupción, hasta ahora, no pierde elecciones.
Las víctimas han sido los compradores europeos, mayoritariamente la poderosa colonia de jubilados ingleses y alemanes, que animados por su boyante economía compraron casi a ojos cerrados viviendas ilegales. A la consumación de la estafa ayudó la falta de ética de los agentes autóctonos sabedores de la ilegalidad de las operaciones. Cuando el engaño ha saltado a la opinión pública reclaman la legalización de sus viviendas y las correspondientes indemnizaciones.
Las primeras alarmas sobre la inseguridad jurídica que envolvía el urbanismo valenciano saltaron en las postrimerías del boom de la construcción de la mano del colectivo Abusos Urbanísticos No. Enrique Climent, presidente del colectivo, resalta que el aluvión de casos de corrupción que ha florecido en el último trienio es, en parte, fruto de su denuncia. "No hay que olvidar que la Justicia en España es lenta", precisa. Para Climent, el origen de este problema está en la normativa urbanística valenciana. "El problema parte de la Ley Reguladora de la Actividad urbanística (LRAU), una ley sin criterio ni lógica que permitió a unos señores [los agentes urbanizadores] actuar como cuatreros y apropiarse del suelo de los particulares", explica. "Un partido [el PSPV] la aprobó, y otro [el PP] la aplicó durante 11 años sin reglamentos", añade.
La entidad ha trasladado desde 2002 y hasta la actualidad más de 20.000 quejas (el 80% de residentes en la Comunidad Valenciana) al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Otro efecto de la actividad del colectivo, fueron las tres visitas (2004, 2005 y 2007) de una delegación del mencionado organismo europeo a la Comunidad Valenciana para verificar sobre el terreno las denuncias de afectados por supuestos abusos urbanísticos.
La conclusión de este trabajo fue el denominado informe Auken, un demoledor documento que explicó a toda Europa las "trampas" que encerraba el urbanismo valenciano. El informe fue aprobado por el Parlamento Europeo, y sólo un cambio de actitud a última hora del PSOE evitó que los eurodiputados aprobaran una propuesta a favor de una moratoria urbanística.
La actitud del Consell ante las visitas del Comité Peticiones fue siempre displicente. A la primera delegación ni tan siquiera la recibió el entonces consejero del ramo, Rafael Blasco. "Dijeron que los supuestos abusos urbanísticos eran aislados, simples ovejas negras", comenta Climent. "El tiempo nos ha dado la razón, y el rebaño no parece tan blanco", añade.
Climent resalta la buena fe con la que actuaron los compradores, sobre todo los ingleses: "Compraron porque su economía se lo permitía, pero fiaron todo en la operación, y vendieron sus casas en sus países de origen a cambio de una vivienda ilegal en España. Han sido engañados, y como ejemplo, un ciudadano inglés afectado por la trama de Montroi. Este señor firmó dos contratos, uno en inglés y otro en español, pero no sólo la lengua era distinta, sino también el contenido de las cláusulas".Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) apunta a la filosofía del modelo de construcción como origen del problema. "Todo ha sido una consecuencia del modelo de construcción, basado en hacer negocio a corto plazo que aboca indefectiblemente a la especulación y la corrupción", añade. Para el académico, otro factor clave ha sido la complicidad de la sociedad. "Complicidad que ha llegado hasta las cúpulas de los partidos, sobre todo del PP. No se ha hecho ningún esfuerzo por la regeneración y la ética política. El PP ha erigido su imperio político sobre la opacidad", explica. Alcaraz aboga por el veto en las listas a los políticos corruptos en las listas. El profesor apuesta por un cambio de la legislación: "Por ejemplo, hay que introducir el tipo delictivo de enriquecimiento ilícito. No es normal que cargos públicos con sueldos de 3.000 euros exhiban esos rutilantes trenes de vida", razona.
El controlador ausente
Alcaraz destaca como clave de este generalizado fenómeno de la corrupción urbanística la quiebra de los mecanismos de control, primero los departamentos de disciplina urbanística de los municipios y, segundo, la acción supervisora del Consell. En esta tesis abunda el ecologista y experto en temas urbanísticos Carlos Arribas. "La proliferación de casas ilegales en suelo rústico sólo tiene un origen la pasividad del Consell a la hora de aplicar sus competencias recogidas en la ley de suelo no urbanizable de 1994", explica. "Esa norma incluye suficientes mecanismos, como las Declaraciones de Interés Comunitario y los agentes medioambientales para haber frenado las edificaciones ilegales", asevera el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. "Pero no se ha hecho nada, sólo la intervención del planeamiento de Catral, que al final resultó un brindis al sol", añade. La crítica del ecologista alude a la iniciativa del entonces consejero de urbanismo, Esteban González Pons, de intervenir el planeamiento urbano de Catral para evitar la proliferación de casas en la huerta. El decreto, se produjo dos años después de una investigación judicial en curso, cuando ya había levantadas 1.200 casas y un día antes del debate de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps, el 4 de octubre de 2006.
La desregulación de la norma urbanística, la ausencia del control por parte del Consell y la connivencia de funcionarios (aparejadores, secretarios, arquitectos) y profesionales del sector, son las causas de la corrupción urbanística para otro experto en la materia, Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), que denunció ante los tribunales la situación de las casas ilegales de Catral, asegura: "Montroi, Llíber, todo es más de lo mismo y como consecuencia de la sucesiva desregulación de la norma urbanística que comenzó con el Gobierno de Aznar, y que se trasladó a la Comunidad Valenciana, con la permisiva LRAU, que se aplicó sin reglamentos hasta 2005", explica.
Cooperantes necesarios
Fernández subraya la "necesaria cooperación" de otros profesionales para que las tramas materializaran las estafas. "Sin ellos: arquitectos y aparejadores municipales, más preocupados en cómo saltarse la ley para dar luz verde a PAI antes que aplicar la disciplina urbanística, no hubiera sido posible. Y el resultado lo han pagado los compradores, que viven un doble drama, una casa ilegal y sin servicios".
Uno de los colectivos profesionales aludidos en este apartado de la cooperación necesaria, se explica. César Belda, decano de los notarios de Valencia, expresa su preocupación por el escenario de corrupción urbanística. Defiende la actuación de los notarios, porque "a pesar de lo que se conoce y del impacto que tiene, son excepciones". Según el decano de los notarios, el Colegio está colaborando en la prevención de este tipo de delitos. ¿Cómo? Fomentando la formación continua de los notarios sobre las modificaciones legislativas nacionales y autonómicas en materia de urbanismo, colaborando estrechamente con la Guardia Civil, con la Fiscalía y con los jueces, y aumentando el celo en la detección de las ilegalidades. Es contundente, "sí hay un notario implicado, que conocía las ilegalidades, debemos, yo el primero, actuar contra él. Porque la gran mayoría cumple su obligación". "Nuestro trabajo es precisamente velar por la legalidad", añade.
Los expertos consultados reconocen el cambio en ámbito judicial para perseguir las tramas, aunque reclaman mayor contundencia para restituir la legalidad urbanística, mediante demoliciones. La cruzada por la protección del entorno mediante el derecho penal la lidera el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El empeño de Vercher fue apuntalado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que apuesta por la vía penal "ante la inoperancia de la disciplina administrativa". El ministerio público valenciano secunda la propuesta de Vercher, sobre todo en el apartado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable. Pero resalta la falta de colaboración de los Ayuntamientos y el Consell. La Fiscalía señala que ha reclamado en varias veces información al Consell sin éxito.
* ELPAIS.com - 7.02.10
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Corrupción y urbanismo salvaje
Cantabria: El TSJC desoye el Plan de Actuación del Gobierno y ordena demoler las viviendas
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria para las viviendas con sentencia de derribo, sobre el que descansaban muchas de las expectativas de los afectados, se ha convertido en 'papel mojado'. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha resuelto que el documento no sirve para detener el proceso de derribo y que, por tanto, «no debe ser tenido en cuenta».
Este pronunciamiento, primero que tiene lugar desde que el Plan fuera registrado en el TSJC el pasado 8 de julio, implicaría que la demolición es la única solución que contenplan los tribunales para las 575 viviendas de Argoños, Arnuero, Piélagos, Miengo y Escalante afectadas por sentencia firme.
Según la Sala, en el Plan de Actuación «no se contiene medida de ejecución de la sentencia», por lo que no puede ser considerado «ni obstáculo ni óbice para ninguno de los actos procesales tendentes al cumplimiento del auto dictado el 29 de mayo de 2009».
La valoración que hace la Sala aparece recogida en una providencia dictada el pasado 21 de enero, en la que se desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Argoños contra el auto por el que se le ordenaba iniciar el proceso de derribo de las 78 viviendas de Pueblo del Mar I en un plazo no superior a quince días.
Apercibimiento al alcalde
A lo largo de la pasada primavera, el Ayuntamiento de Argoños fue advertido por el TSJC en diversas ocasiones, en relación con urbanizaciones diferentes. Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC se ratifica en su postura, al requerir de nuevo a Juan José Barruetabeña, su alcalde, para que «en el término de quince días proceda a dar cumplimiento a la ejecución específica de lo ordenado, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, se procederá a la ejecución de los apercibimientos ya acordados».
Frente a esta providencia, el Ayuntamiento de Argoños puede presentar un nuevo recurso de súplica en el plazo de cinco días a partir de su notificación, tal y como sucedió en su día con el auto de 29 de mayo de 2009. De hacerlo, utilizaría este procedimiento como una simple táctica para ganar tiempo, puesto que el órgano encargado de estudiarlo es precisamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y el criterio de los jueces que la componen ha quedado manifiestamente claro en los autos dictados durante la pasada primavera y, en último término, en la providencia del pasado 21 de enero de 2010.
Siete meses de espera
El TSJC ha tardado siete meses en pronunciarse acerca del contenido del Plan de Actuación elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, pero, cuando lo ha hecho, ha dejado claro que no está dispuesto a estudiar moratorias ni a posponer la ejecución de los derribos.
Legalizar 420 viviendas y establecer compensaciones previas para los propietarios de las 154 restantes, tal y como pretendían el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados, no será posible. Al menos, no por esta vía.
* El Diario Montañés - 7.02.10
Foto: Afectados por las sentencias de derribo de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II, en una reciente manifestación celebrada el 31 de enero pasado. :: DANIEL PEDRIZA, eldiariomontanes.es
Cáceres: Los disparates del ladrillo
HOY : Tan importante es crecer como saber crecer. Si se hace de forma descontrolada, enseguida estallan los conflictos y en este Cáceres estamos demasiado acostumbrados a la expansión urbanística irresponsable, disparatada e incluso ilegal (en el caso del Residencial Universidad). Esa falta de control y planificación de las instituciones públicas ha consistido en lo siguiente: primero se autoriza una urbanización y luego ya veremos cuándo ponemos lo que falta, es decir lo básico, como colegios, centros de salud, viales, parques, autobús urbano, etcétera.
En las ciudades modélicas, y hay muchas, al mismo tiempo que se ven las grúas de los pisos en construcción se ven al lado las grúas de los colegios, centros de salud o centros sociales en construcción. En Cáceres no ha sido así.
Cuando una ciudad crece bajo el imperio del ladrillo y no bajo el imperio de la ley (sí, el imperio de la ley, pues el Residencial Universidad ha sido declarado ilegal por los tribunales, con sentencia firme del Supremo) y de la sensatez urbanística, nos encontramos enseguida con vecinos protestando y reclamando sus derechos y al Ayuntamiento o la Junta en el brete de tener que hacer importantes inversiones no planificadas para cumplir con la obligación de que todos los ciudadanos disfruten de los mismos servicios básicos, como la educación, el transporte público, el esparcimiento.
El último informe del padrón municipal conocido esta semana confirma un hecho histórico: por primer vez los barrios, las urbanizaciones de la periferia superan en población al gran centro urbano moderno, el eje que va de Cánovas al Perú-Fratres-Moctezuma y del Rodeo a Virgen de Guadalupe.
Solo en la Mejostilla residen 11.500 personas, pero este barrio ha sido paradigma de esa falta de previsión de los gobernantes ya que su crecimiento urbanístico ha ido a la par del crecimiento de las reivindicaciones vecinales en demanda de servicios y dotaciones.
Con el tiempo se han ido satisfaciendo y esta zona de la ciudad, afortunadamente, ya cuenta con dos colegios, uno público y otro concertado, y está comprometido otro centro más.
Hace unos días se conocía también la localización del instituto adjudicado al barrio, junto a Induyco, una reivindicación razonable, por su necesaria proximidad, a pesar de los lamentos del centro educativo de la Universidad Laboral.
Pero la Mejostilla mantiene otro contencioso que es exponente de esa misma falta de previsión. Son los dos mil vecinos de Cáceres el Viejo, que llevan varios años viviendo en una urbanización literalmente aislada, sin viales de conexión con el resto de residenciales aledaños o la Ronda Norte.
Otro déficit de previsión lo muestra el caso de las nuevos barrios de Casa Plata y Maltravieso, que tienen ya 800 vecinos, pero no disponen de autobús urbano, igual que Montesol II. Extender el servicio allí costará a las arcas municipales 300.000 euros. Es mucho, pero se debe cumplir con ello.
La lista de ejemplos es interminable y en ella se incluye, con la nota más alta al disparate urbanístico, el Residencial Universidad, que bate todos los récords: primero se edifica y luego se legaliza, primero el ladrillo, ¿y después, qué?
Insólita
El PGM lo consolida ahora como núcleo urbano, pero pesa sobre sus 500 vecinos la ejecución de una sentencia pedida por los propietarios de la Montaña, que, como se sabe, no son ecologistas ya que denunciaron porque querían hacer lo mismo. Ahora sólo cabe confiar en que un disparate urbanístico no sea reparado con un disparate judicial, es decir con el derribo de las 500 casas habitadas.
Y para seguir con los despropósitos, la semana ha finalizado con la propuesta insólita del PP para que el Plan de Urbanismo, que parecía contar con todos los parabienes, sea expuesto al público por enésima vez, lo que confirmaría no ya que se hace un urbanismo a la carta, sino a la carta más alta.
* Hoy.es - 7.02.10
Foto: Una vista desde el Paseo Alto, en la que se ve Montesol y otras urbanizaciones de la la Mejostilla, donde viven ya 11.500 vecinos . ::CHENCHO, hoy.es
Madrid se traga el carril-bici
ELPAÍS* : Madrid vive una transformación urbana sin precedentes. No hay duda. Pero con un obstinado olvido. El Ayuntamiento ha dejado de lado el carril-bici, tan cacareado como poco desarrollado hasta la fecha. El último ejemplo está en la remodelación parcial del eje Prado-Recoletos. El Consistorio acaba de gastarse unos 15 millones de euros en reformar el tramo que va de Colón a Cibeles, la glorieta de Atocha y la plaza de las Cortes. Pero en ninguno de ellos hay un carril-bici, aunque era un compromiso incluido en el proyecto y estaba en el Plan Director Ciclista.
Pero no hay ni rastro de una vía especial para bicicletas. Y nadie sabe nada. La Concejalía de Urbanismo, encargada del desarrollo del proyecto, asegura que Movilidad lo paralizó porque estaba estudiando ubicaciones en el Plan Director Ciclista que podían solaparse con dicha ruta. Por su parte, la concejalía de la que depende dicho plan asegura que no sabe de qué está hablando Urbanismo e insiste en que son "ellos quienes diseñan y deciden lo que se incorpora o no al proyecto".
Un centenar de ciudadanos, entre los que hay actores, músicos, abogados o arquitectos, ha escrito una carta al Ayuntamiento para protestar por la situación. Forman parte del grupo que realiza el 0,4% de desplazamientos diarios en bici, según los borrosos datos municipales, que carece de un recuento oficial de ciclistas. Están lejos del 36% de Copenhague o el 10% de Berlín. Algunos participan en las marchas de Bici Crítica que cada último jueves de mes revolucionan el centro con miles de bicicletas invadiendo juntas la calzada. Todos esperan los 575 kilómetros de carriles prometidos por el Ayuntamiento para 2016. Pero no llegan.
La respuesta que han recibido por el descuido de Recoletos es más precisa que la de este periódico, pero igualmente inquietante. El Ayuntamiento prefiere esperar a que esté toda la reforma del eje Prado-Recoletos terminada (la Comunidad todavía tiene que autorizarla, y puede ir para largo). Pero reservar un espacio y señalizar un carril-bici habría sido menos costoso (en tiempo y dinero) en pleno proceso de obras que cuando haya que volver a levantar el suelo.
Además, la idea, dicen, es que el tramo de carril-bici de Cibeles a Colón sea una vía mixta. Es decir, que se utilice una de las vías de servicio del paseo para que la compartan automóviles y bicis.
Las últimas reformas que han convertido importantes calles en zonas peatonales tampoco incluyen en la práctica carril-bici. Por ejemplo, el nuevo eje para viandantes que va desde la plaza de Canalejas hasta Ópera (pasando por Sol y Arenal) carece de dicha vía especial. Y eso a pesar de que estaba proyectada en el Plan Director Ciclista.
Para eso, el Ayuntamiento tiene otra respuesta que lanza con una nueva concejalía que se suma a este embrollo. "Son zonas eminentemente peatonales, por eso no se ha hecho el carril. Además, todo el mallado del plan va desde fuera de la ciudad hacia el centro. Entonces se van haciendo los ramales y todavía está en progresión hasta el interior", explica una portavoz de Obras y Espacios Públicos, la tercera concejalía en discordia.
"Hay una actitud un poco esquizofrénica. La gente responsable de las obras ignora totalmente el plan, y por otro lado sacan el proyecto de Mybici o proyectan carriles en los nuevos ejes que luego no están", reflexiona la cantante Christina Rosenvinge, firmante de la carta. Ella defiende la bicicleta como medio alternativo, como el ingeniero Juan Rey o el mensajero Iván Lapausa, que lleva media vida subido a una bici. Todos, incluidos la arquitecta Belén Moneo, entonan una suerte de "Yes we can" de la bici. Pero los que mandan, creen, tienen que quererlo.
* ELPAIS.com - 7.02.10
Foto: Madrid, obras carril bici Universidad - espormadrid.es
Un momentito, por favor
JAVIER NAVAS/Málaga* : La Junta debió haber dicho en Carratraca que no valían excepciones, que si le pasaba la mano se la tendría que pasar a todo el mundo. Pero la carne, incluso la institucional, es débil, más que el cemento, y tuvo un acceso de misericordia. Consintió en demorar los expedientes urbanísticos del municipio, al menos hasta inventariar las viviendas y escribir un PGOU. Se trataba de evitar que un diligente bulldozer dejase aquello como una excavación arqueológica. Una casa por otra ¿cuántas no temblarían sobre sus cimientos cuando la competente autoridad les pidiera los papeles? La administración autonómica se sentía, con razón, parcialmente responsable y en absoluto libre de pecado como para tirar piedras.
Quizá la Junta esperaba que ante tan pía prórroga nadie osaría piar. Narices. El PP exige ampliar la paralización a toda la comarca. Supone que tras el destape de Carratraca muchos otros pueblos se verán en el mismo plan, hasta que un plan diferente -General de Ordenación Urbana- aclare la situación. Por supuesto, el aclarado más eficaz consiste en despejar con demoliciones, pero son deseables métodos no tan ruidosos. La Axarquía es ahora el lugar más soliviantado; allí se quejan alcaldes benignos y reacios a aplicar la ley a la que, antes que al pueblo, representan. Son los campeones de sus vecinos, el san Jorge -incluso cuando se llama Óscar- que se interpone entre el dragón con pala y la princesa votante o consanguínea. Y ¿qué pasará cuando en otros territorios aparezcan manadas de viviendas que nunca debieron salir del proyecto? ¿Más prórrogas? Y después de las prórrogas, ¿los indultos, la amnistía, el aprobado general?
Detrás de la petición del PP hay algo más que benevolencia. Forzando a la Junta a ser consecuente con tal medida de gracia podría hacer que tropezara con sus propias patas. Aplicar severamente la legislación, que en último término es la suya, promete dejar algunos asentamientos como si hubiesen pasado los sioux; y con la táctica de la manga ancha cualquier alcalde con instinto de supervivencia buscará llevarse el brazo. Todo habría sido más fácil si el Gobierno andaluz se hubiese tomado la aplicación de las políticas de urbanismo con seriedad, ya que de los alcaldes, entre los que abundan los humoristas, no ha de esperarse disposición para el papel de sieso.
Dicen que para las elecciones autonómicas que vienen hay otro campeón apuntando maneras. Mal momento para que los de Griñán acometan una política poco simpática. Pero, ¿y si dieran la sorpresa y decidieran que ya de perdidos, al río? Medidas impopulares y normas razonables para el urbanismo que vendrá. Una despedida ejemplar, aunque luego hubiese pueblos con pintorescas vistas que deberían abstenerse de contemplar un tiempito. Lo que pasa es que la Junta no está para dar sorpresas y los dueños de tantas casas no están para llevarse sustos.
* Málaga Hoy - Opinión - 7.02.10
Vigo: El Puerto inicia el derribo de la antigua nave de cableros y el Concello ordena su paralización
FARODEVIGO* : La antigua nave que servía de base para los buques cableros que operaban en el puerto vigués pasará a la historia en cuestión de horas. Ayer, desde primera hora de la mañana, tres excavadoras procedían a la demolición de las instalaciones, ubicadas en el lado oeste del muelle de cruceros, entre el edificio de la Estación Marítima y el inmueble de sesiones de la Autoridad Portuaria.
Un lugar para el que la presidenta del Puerto, Corina Porro, mantiene el proyecto de ubicar una fuente cibernética aprovechando los silos ya obsoletos de la instalación. Sin embargo el gobierno local sigue con su oposición al mismo y, tras la sorpresa inicial cuando conoció el inicio de la demolición –a media mañana decidió cursar una orden de paralización de las obras, otorgando un plazo de 24 horas para que se retire toda la maquinaria o, de lo contrario, procederá al precinto de la zona.
Un amasijo de vigas, trozos de cubierta, paredes a medio caer y revestimientos se agolpaban en el espacio de la nave y causaba sorpresa a cuantos automovilistas o viandantes pasaban por la calle Cánovas del Castillo o se dirigían al centro comercial A Laxe.
Los trabajos previos a la demolición ya se habían iniciado el viernes por la tarde, cuando se trasladó a la zona la maquinaria que se iba a utilizar en la ejecución de los trabajos. Los operarios de la empresa concesionaria del futuro proyecto de la fuente cibernética trabajaron durante todo el día, en horario de mañana y tarde, aunque está previsto que descansen en el día de hoy.
Todo eso ocurría antes de que el departamento de Urbanismo cursase el escrito de parar la obra. Según el concejal responsable del departamento, José Mariño, "se ha comunicado tanto a la empresa que realiza los trabajos como a la Autoridad Portuaria; si en un plazo de 24 horas no retiran toda la maquinaria procederemos a precintar la zona, de la misma forma que se hace con el resto de las obras ilegales que se detectan en la ciudad".
La decisión de Urbanismo se produjo después de consultar con los asesores jurídicos del departamento y con el propio alcalde, Abel Caballero, que autorizó el escrito. El plazo municipal concluirá esta misma tarde.
Legalidad
La presidenta del Puerto, Corina Porro, había visitado las obras a última hora de la mañana en compañía del director de la Autoridad Portuaria, Luis Lara. Con anterioridad manifestó que "los trabajos se han iniciado con todos los informes de los técnicos favorables a la legalidad, entre los que se incluye el del abogado del Estado. Todo es legal, se han cumplido todos los trámites y voy a seguir adelante". estas afirmaciones de Porro se realizaban horas antes de que el Concello enviase el requerimiento de paralización de las obras.
El plan de trabajo que fijó la Autoridad Portuaria con la empresa adjudicataria de los trabajos consistía en realizar el derribo y la limpieza del terreno para, a continuación, llevar a cabo la instalación de las piscinas cibernéticas que aprovecharían los seis huecos cilíndricos que están a ras de suelo. Estos trabajos están estimados con un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que podrían abrirse en el mes de julio. Ahora el conflicto con el Concello puede retrasar esa previsión.
La instalación cibernética tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y fue adjudicada por el Puerto a la empresa especializada en fuentes artísticas Ghesa y a Construcciones Dios.
* Faro de Vigo - 7.02.10
Foto: Excavadoras y operarios, durante los trabajos de retirar la cubierta de la antigua nave de cableros. // Ricardo Grobas, farodevigo.es
