20MINUTOS* : La Audiencia Provincial de Ávila ha estimado el recurso interpuesto contra el archivo de una denuncia en relación con la polémica urbanización de Candeleda, en la zona sur de la provincia, y encuentra indicios de delito en la tramitación del proyecto 'Candelas de Gredos', en el paraje de Navalpilón, por lo que cree "prematuro" el sobreseimiento de la causa ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro.
La denuncia de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la Sociedad Cooperativa de Caprino y la Asociación para la Protección de la Naturaleza Cinclus era relativa a las obras de canalización y suministro de agua para la urbanización "obviando la precisa evaluación de impacto ambiental", tal y como recoge la sentencia en los fundamentos de derecho.
Asimismo, se apuntaba a un desarrollo urbanístico mayor que lo previsto inicialmente y a la posibilidad de que Dávila Monteblanco, la promotora, utilizara información privilegiada en la compra de los terrenos, que se adquirieron a precio de suelo rústico.
En la sentencia, la Audiencia considera que debe proseguir la investigación "en esclarecimiento de los hechos y comprobación de su acomodo a la legalidad" porque de la documentación se desprende que "las irregularidades denunciadas no son descartables y han desembocado en un desarrollo urbanístico distinto y más amplio del que reflejaba el Plan Parcial inicial y fue objeto de la precisa información pública y Estudio de Impacto Ambiental", así como "la posible utilización de información privilegiada relativa a la recalificación de terrenos".
* 20 Minutos - EP. - 18.06.10
Foto: Candeleda VistaDelPueblo - wikipedia.org
La Audiencia de Ávila encuentra indicios de irregularidades en una urbanización de Candeleda
El ex alcalde del PP de Gondomar abandona la política tras ser inhabilitado por prevaricación
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FARODEVIGO* : La Audiencia Provincial de Pontevedra obligó ayer al ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, a apartarse de la política. La sala ratificó en parte su condena por prevaricación urbanística y le impuso una pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por conceder una licencia en enero de 2006 con el Plan Xeral del municipio anulado. El todavía ayer concejal de Economía y Hacienda y Personal del Concello gondomareño y diputado provincial con dedicación exclusiva –por la que percibía 75.000 euros anuales– presentó la dimisión de sus cargos horas después de conocer el fallo judicial y solicitó la baja voluntaria como militante del Partido Popular.
La sentencia impone la misma condena al antiguo regidor y a los cinco miembros de su junta de gobierno en el mandato entre 2003 y 2007: Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa. Sólo uno de ellos, Ángel Gregores, formaba parte hasta ayer del gobierno municipal actual como responsable de las áreas de Parques y Jardines y Educación. Al igual que Silva, este edil preparaba ayer su carta de dimisión para presentarla hoy mismo en el consistorio.
Ambos se ven forzados a dejar sus ocupaciones en el ayuntamiento por la inhabilitación, aunque el fallo judicial reduce la pena que en un principio había dictado el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo en diciembre de 2008, ya que estima en parte el recurso de los concejales condenados.
La condena inicial era de un año y medio de cárcel y ocho años de prohibición de ejercer cargo público por un delito continuado de prevaricación, puesto que el titular de aquel tribunal consideraba que habían concedido un total de 39 licencias de forma irregular entre diciembre de 2005 y enero de 2006.
El juzgado vigués consideraba probado que los integrantes de la junta de gobierno, además de emitir los permisos de obra con el Plan Xeral anulado, conocían un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de noviembre de 2005 que eliminaba un acuerdo plenario en el que el gobierno municipal corregía los defectos del Plan Xeral y pretendía dar por ejecutada la sentencia de anulación del Supremo. Pero los ponentes de la Audiencia Provincial no ven demostrado que los ediles tuviesen conocimiento de dicho auto hasta que se lo entregaron a la secretaria municipal, el 16 de enero de 2006. De este modo, sólo reconocen una licencia, concedida el 17 de enero, como ilegal, puesto que los miembros de la junta de gobierno la aprobaron pese a contar con un informe negativo de la secretaria. Así, la Audiencia les imputa un delito de "prevaricación específica agravada".
Los seis meses de privación de libertad que se imponen a los seis ediles no obligan a ninguno a ingresar en la cárcel, aunque el ex alcalde podría hacerlo en el futuro ya que este fallo le atribuye los antecedentes necesarios para hacerlo. Tiene pendiente otra sentencia por un delito de falsedad documental y el fiscal le pide dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Aunque tampoco irá a la cárcel, sí tiene causas pendientes otro de los condenados por la Audiencia, el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, juzgado hace dos semanas por tres delitos de cohecho y considerado culpable por un jurado popular.
* Faro de Vigo - 18.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es
Marbella.- Los cabos sueltos del jefe
MÁLAGAHOY* : Las corporaciones municipales que gobernaron Marbella tras la inhabilitación primero y el fallecimiento después de Jesús Gil actuaron de facto como "surbordinados" de Juan Antonio Roca. La Fiscalía Anticorrupción analiza el papel de esta figura central del régimen que gobernó Marbella entre 1991 y marzo de 2006 en el escrito de acusación que ayer elevó a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que tiene previsto juzgar el caso Malaya a partir del 27 de septiembre. Afirma que en el municipio se impuso un "urbanismo a la carta" y que el planeamiento se modificaba con la excusa de la revisión del PGOU o del plan de 1998, documentos que nunca tuvieron eficacia jurídica.
En el verano de 2003, apenas unos meses después de las elecciones municipales, Julián Muñoz se rebeló contra el jefe (Roca) y quiso "asumir el efectivo control del Ayuntamiento" poniendo control al poder que detentaba el poderoso asesor de urbanismo. Este hecho propició una moción de censura y la llegada de un nuevo gobierno presidido por Marisol Yagüe. El jefe volvía a tomar el mando.
A partir de ese momento, según Anticorrupción, el urbanismo regresó a las manos de Juan Antonio Roca que se servía "de su especial posición para beneficiar a determinados empresarios amigos a costa del patrimonio municipal: enajenación de inmuebles o venta de aprovechamientos por debajo de su valor real siempre a cambio de la pertinente comisión o dádiva".
Roca mantuvo todos los cabos amarrados cortos. Creó una organización sin fisuras basada fundamentalmente en lazos de fidelidad. Anticorrupción subraya que el único vínculo que le unía con el bufete madrileño que supustamente urdió el entramado societario en el que se le perdía el rastro a su patrimonio era la "confianza". Al tiempo, buscó otro abogado en Marbella, Juan Germán Hoffman, supuestamente para que le preparara una estructura en el exterior para darle salida a su imperio.
Sólo tuvo dos contables (Sergio Santana y Salvador Gardoqui), una red de testaferros fuertemente dependiente de él pero sin relaciones entre sí y, por si acaso, un jefe de seguridad, Jaime Hachuel, que presumiblemente se encargaba de proporcionarle teléfonos encriptados imposibles de intervenir y comprobaba las matrículas de los vehículos sospechosos.
Pero a este hombre que se define a sí mismo como "meticuloso" se le escaparon dos detalles aparentemente nimios. El descontento del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, que citado a declarar por el juez Miguel Ángel Torres por el caso Guadalpín contó al magistrado lo que supuestamente ocurría en el municipio y el control que ejercía Roca. El segundo detalle fue la contabilidad, ese fleco que tantos quebraderos de cabeza ha dado en tantas otras organizaciones.
El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calificó de "ganga" durante la vista oral de los recursos de apelación contra los procesamientos el hallazgo de los archivos contables en la sede de Maras Asesores. Se trata de listados de iniciales junto a los que aparecen cifras. Los investigadores sostienen que esas iniciales corresponden por una parte a una serie de empresarios y las cifras a las cantidades que pudieron haber pagado y, por otra parte, a los concejales del equipo de gobierno y a las comisiones que presumiblemente percibieron.
Son anotaciones en archivos informáticos y en papel que con toda probabilidad se convertirán en el centro de la batalla judicial que comenzará a librarse en la sala a partir del 27 de septiembre.
* Málaga Hoy - 18.04.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Asociación denuncia PGOM Lugo beneficia a familia política delegada de Urbanismo
ABC/EFE* : El presidente de la recientemente constituida Asociación Por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo, José Cabanas, aseguró hoy que en el PGOM, que se encuentra en fase de aprobación definitiva, resulta "beneficiada" la familia política de la concejal delegada de Urbanismo y también a "políticos y constructores". Esta asociación puso en conocimiento de la Fiscalía diversa documentación relacionada con este documento, -aprobado inicialmente con los votos de los grupos municipales del Partido Socialista y Partido Popular-, que ahora está pendiente de su traslado a un juzgado de instrucción, una vez que el representante del Ministerio público no decretó su archivo.
"Esto nos da ánimos, porque vemos que nuestras denuncias no caen en saco roto", apuntó el representante de esta plataforma, quien también aseguró que en el Plan aparecen suelos urbanizable en parroquias que favorecen a "políticos y constructores".
Aunque únicamente citó a la familia política de la delegada de Urbanismo, María Novo, el presidente de la Plataforma dijo que podría haber entre 6 y 7 políticos y constructores "con un beneficio muy sustancioso", que se podría cuantificar en 18 millones de euros si los suelos a los que se refieren se acabaran desarrollando.
"Hay aquí una serie de personas que tienen grandes propiedades que estaban en suelo rústico y lo que se ha hecho por medio del Plan General es delimitarlos como urbanizables y, casualmente, esos suelos tienen mucha más edificabilidad que el de la mayoría de los lucenses", subrayó.EFE asa/av
* ABC- EFE - 16.06.10
Foto: Lugo, plan general (archivo) - abc.es
Los dueños de 20 viviendas de Redondela han sido apercibidos por Urbanismo a que las tiren
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LAVOZDEGALICIA* : Los dueños de una veintena de viviendas de Redondela han sido apercibidos para que derriben sus casas total o parcialmente por ilegalidades que van desde haberse excedido en el volumen construido a estar emplazadas dentro del dominio público marítimo terrestre o no tener licencia. La zona más afectadas es la parroquia de Cesantes o Soutoxuste, aunque también hay advertencias a algún propietario de un ático de Chapela.
«Hay muchas viviendas en esta situación», apunta la portavoz del Partido Popular, Francisca Canal.
Los expedientes contra las ilegalidades urbanísticas parten de denuncias presentadas por el departamento municipal de urbanismo y que han sido trasladadas a la Xunta de Galicia.
La persecución de las viviendas ilegales se está intensificando en los últimos tiempos. Ayer prosiguió la demolición de la vivienda ilegal del Camiño Telleira.
«Falta de seguridad jurídica»
El concejal del Partido Popular de Redondela, Alberto Pazos, atribuye estos problemas a la «falta de seguridad jurídica» porque «falta por aprobar una plan general que lleva mucho tiempo demandado».
En las vísperas de las municipales del 2007 el Concello de Redondela anunció la aprobación inminente del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tres años después todavía no hay documento aprobado. Mientras tanto, el urbanismo de Redondela se rige por normas subsidiarias de planeamiento de Redondela que fueron aprobadas el 9 de febrero del año 1988 y modificadas el 25 de marzo de ese año.
Las normas urbanísticas delimitan las zonas donde no se pueden construir viviendas cerca del mar. En la zona de Cesantes desde el año 1988 no se pueden levantar viviendas en un determinado perímetro. Sin embargo, hay muchas casas levantadas a pie de mar.
* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Los trabajos de demolición de la casa de Telleira prosiguieron ayer y el terreno quedara expedito mañana - lavozdegalicia.es
El fiscal pide 30 años de cárcel para Roca
ELPAÍS/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Juan Antonio Roca, el principal de los 95 procesados en el caso Malaya. El hombre que durante los años del gilismo controló la política y el urbanismo de Marbella (Málaga) y los manipuló en su propio beneficio, blanqueó supuestamente 245,1 millones de euros entre 1995 y 2006, la mayor parte de ellos mediante la adquisición de inmuebles de lujo, obras de arte y otros bienes suntuarios. El fiscal Juan Carlos López Caballero, que lleva investigando el caso desde noviembre de 2005, considera a Roca, de 56 años, "jefe" de una "empresa criminal" que recibió al menos 33 millones de euros en sobornos de promotores con intereses en Marbella, al tiempo que negociaba en su provecho con el rico patrimonio de suelo de la ciudad. Estos chanchullos con los promotores amigos -que tomaban la forma de convenio urbanístico- supusieron un perjuicio a las arcas públicas de al menos 48,9 millones.
El ex asesor urbanístico y hombre de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Además de las tres décadas de prisión, el fiscal solicita para él 810,78 millones de multa y 51 años de inhabilitación. Roca es el único de los imputados en la trama, cuya investigación inició el magistrado Miguel Ángel Torres, que permanece en la cárcel. Aunque expiró el plazo máximo de prisión preventiva, cumple una sentencia firme de seis años por el llamado caso Saqueo.
Los 585 folios que componen el escrito acusatorio contemplan penas que suman 557 años de cárcel y multas por valor de más de 4.000 millones de euros. Entre los principales personajes que se sentarán junto a Roca en el banquillo, a partir del 27 de septiembre, figuran la ex alcaldesa Marisol Yagüe, para quien se piden 20 años de cárcel; el mediático ex regidor Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, en cuyo domicilio la policía halló 376.000 euros pagados supuestamente por Roca, y que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel. También figura el ex teniente de alcalde Pedro Román.Para quien era considerado la cara amable del régimen gilista se piden 21 años de prisión.
El ex asesor urbanístico mantenía engrasada la máquina corrupta pagando a los políticos que tenían que dar el visto bueno a las licencias con parte del dinero que recaudaba entre los promotores. Según el escrito del fiscal, de los 33,4 millones recaudados entre los empresarios, Roca destinó al menos 5,3 a sobornar a ediles y funcionarios clave del Ayuntamiento, como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes o el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo.
Los empresarios que tienen un futuro judicial más complicado son Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, ya que supuestamente no solo pagaron a su amigo Roca sino que participaron en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.
El escrito sigue en buena parte las tesis del auto de procesamiento con el que el juez Torres se apartó del caso. López Caballero afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.
En el siguiente escalón estaban los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles de su jefe, como los hoteles de El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. En este grupo figuran Salvador Gardoqui o Montserrat Corulla, a la que el hoy ministro Miguel Sebastián utilizó como arma electoral contra Alberto Ruiz-Gallardón en su lucha por la alcaldía de Madrid en 2007. El fiscal pide para ella cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por blanqueo.
Para el también abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, al que ayudó a introducir en España entre ocho y 10 millones de euros, el fiscal pide penas de 10 años de cárcel y multas de 103 millones de euros.
En el último escalón del blanqueo se sitúan una miriada de personas que ayudaron puntualmente a Roca a camuflar su riqueza ilícita. Entre ellos se encuentran los marchantes de arte Jean Fournets y Beto Pedronzo, que le vendieron piezas por más de 26 millones de euros, o el joyero Sabino Falconieri, al que compró joyas y relojes por 1,5 millones. También está acusada la ciudadana sueca Karin Mattsonn, que proporcionó a Roca y su familia seis billetes de lotería premiados con los que poder justificar mínimamente su inmensa fortuna de origen ilegal. El ex asesor tenía una capacidad de gasto de 170 millones de euros, pero la renta disponible anual de su familia apenas superaba los 50.000 euros.
Roca, un individuo tan astuto como desconfiado, cuidaba mucho su seguridad. Contaba para ello con la colaboración de un ex militar, Jaime Hachuel, que no solo protegía sus bienes, sino que le advertía, gracias a sus contactos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la Policía Local, de si estaba siendo objeto de seguimiento. Entre teléfonos encriptados, microcámaras y demás artilugios de contravigilancia gastó 39.000 euros, según el fiscal.
Las acusaciones de los principales implicados Isabel García Marcos Marisol Yagüe Juan Antonio Roca
- Juan Antonio roca, Los 96 procesados del caso Malaya se enfrentan a peticiones de 557 años de cárcel y multas de más de 4.000 millones de euros. Sobre Roca recaen las más altas: 30 años de prisión y 810 millones en sanciones por delitos de blanqueo, inducción a la prevaricación y malversación, fraude y cohecho pasivo.
- Julián Muñoz, El regidor destronado por la moción de censura de 2003 merece, según el Ministerio Público, una condena de diez años de cárcel por cohecho, malversación y prevaricación.
- Isabel García Marcos, La ex edil socialista, que llegó a primera teniente de alcalde, se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por delitos de cohecho, alteración de precios y prevaricación.
- Marisol Yagüe, El fiscal pide que la antigua regidora marbellí ingrese 20 años en prisión por cohecho continuado, malversación, alteración del precio en concurso y subasta, y fraude.
* ELPAIS.com - 18.01.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad
Vídeo 3 de 3. Vídeos 1 y 2: "Salamanca, el pelotazo de La Trinidad" y "Salamanca, el parque perdido de La Trinidad". Las consecuencias del edificio son evidentes y nefastas. El Ayuntamiento favorece los intereses del constructor frente a los derechos de los vecinos. Ha sido, y es, una operación especulativa en un terreno que debería haber tenido un uso social, no lucrativo. Los vecinos están masacrados, condenados a vivir en guetos. Con dejarles vivir, ya pueden estar agradecidos. Como dice el texto: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Con tal de que no trascienda, aquí todo vale.
* YouTube - jcre1961 - mayo 2009
