EL PAÍS* : "Los municipios salpicados por casos de corrupción encaran el nuevo mandato surgido de las elecciones del 27 de mayo con ansias de regresar a la normalidad. Algunos alcaldes y concejales implicados en escándalos urbanísticos siguen en el poder, otros han pasado a la oposición y hay quien ha desaparecido del mapa político tras someterse al dictamen de las urnas.
Alhaurín el Grande, Camas, Marbella, Andratx, Ciempozuelos...
ALHAURÍN EL GRANDE
La población malagueña, de 22.000 habitantes, vive días de convulsión tras la detención de 19 empresarios imputados por cohecho e inducción a la prevaricación. Supuestamente, habrían pagado comisiones al alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, del PP, a cambio de mejoras en licencias urbanísticas. Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en enero y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros. En el mapa político de la ciudad, sin embargo, nada ha cambiado. La lista del PP, encabezada por Martín Serón y con Gregorio Guerra como número 3 de la lista, arrasó. Con el 55,93% de los votos, los populares sumaron 12 concejales de un total de 21.
Parece que a Martín Serón le ha funcionado presentar las acusaciones contra él como una maniobra política del PSOE y el Gobierno, un argumento que repitió en el pleno de su investidura. Fue algo así como un intento de proclamar que el asunto quedaba cerrado con su triunfo en las urnas, ignorando que hay una investigación judicial en marcha que le apunta como tejedor de un entramado de cobro de comisiones, como indican los arrestos practicados tres días después.
CAMAS
Tampoco ha cambiado el panorama en Camas (Sevilla), donde IU y PP han reeditado el pacto de hace cuatro años que se encuentra bajo sospecha. Sí ha habido un cambio de alcalde: Agustín Pavón, para quien la fiscalía solicita año y medio de prisión y otro de inhabilitación por el supuesto soborno a una concejal del PP para que apoyara una operación urbanística, no se presentó a la sucesión. Le ha reemplazado su compañero en IU Juan Pazos, quien, tras tomar la vara de mando en la sesión de investidura, se la ofreció simbólicamente a Pavón en un claro gesto de que todo sigue igual.
MARBELLA
La nueva alcaldesa, Ángeles Muñoz, intenta abrir una nueva etapa en Marbella y sacar al Ayuntamiento de la ruina en la que la dejaron los saqueos de los gobiernos del GIL. Los ciudadanos han dado la espalda a los partidos independientes -que presentaron 14 listas, una de ellas encabezada por un ex concejal del GIL- y han confiado su futuro a los partidos nacionales (16 escaños para el PP, 10 para el PSOE y uno para IU).
ANDRATX
El nuevo alcalde socialista de Andratx (Mallorca), Xisco Femenias, quiere "un cambio de formas" y "recuperar el buen nombre e imagen del municipio". La antigua oposición (PSOE, UM y PSM) ha formado una mayoría de centro izquierda para intentar superar el escándalo urbanístico.
El PP quedó golpeado el 27 de noviembre de 2006, al ser detenido y encarcelado el que era su alcalde y candidato, Eugenio Hidalgo. Con éste cayeron el vigilante de obras y el ex jefe de Urbanismo, también imputados en una extensa trama en la que están implicados, supuestamente, técnicos y juristas que asesoraban al Ayuntamiento. El departamento de Urbanismo quedó sin estructura interna y fue bloqueado por los registros judiciales.
Femenias, policía municipal, repartirá el mandato con Isabel Alemany, abogada, de UM. Las arcas locales están vacías y con deudas a pequeños proveedores. Las licencias de obras, gran caudal financiero, quedaron ralentizadas. Sin celador de obras, las construcciones ilegales crecían. "Hemos contratado ya un celador y cubierto las vacantes", aclara el alcalde, que agrega: "La nueva mayoría no es un pacto de todos contra uno como dijo el PP, sino una consecuencia de su uno contra todos". El PSOE logró el 25,48% y 5 concejales; Unió Mallorquina (UM), el 16,51% y 3 ediles y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) el 11,09 % y 2 ediles. El grupo más votado, el PP, queda en la oposición, con el 38,05% de los votos y 7 concejales. Nadie quiso pactar con la derecha.
CIEMPOZUELOS
Pedro Torrejón, que fue alcalde socialista del municipio madrileño de Ciempozuelos (18.000 habitantes) hasta que se destapó su supuesta implicación en una trama de blanqueo de capitales, seguirá otros cuatro años en el Ayuntamiento. Con su nuevo partido, Ciudadanos por Ciempozuelos (CPC), ha logrado 812 votos y dos concejales. Pero Torrejón tendrá muy difícil mantener el protagonismo de antaño. Sus antiguos compañeros del PSOE ya han avanzado que echarán una mano a la nueva alcaldesa, la popular María Ángeles Herrera, en los ejes fundamentales de la política municipal.
Los seis concejales del PP, la fuerza más votada el 27-M, no alcanzan la mayoría absoluta de nueve, por lo que necesitará acuerdos puntuales con los cuatro ediles socialistas o los tres de IU para poder gobernar. Otro partido independiente, el PIC, ha obtenido dos representantes.
El PP no ha firmado ningún pacto con la izquierda para asegurarse su respaldo. Tampoco existe una voluntad explícita de mantener a raya a Torrejón. Pero los partidos de ámbito nacional parecen decididos a evitar que las grandes cuestiones, como los presupuestos, dependan de los votos de CPC. "Negociaremos con PSOE e IU", subrayan desde el gobierno local, que confía en que relegar a Torrejón a un papel secundario servirá para que Ciempozuelos mejore su imagen. El ahora líder de CPC y otro ex alcalde socialista, Joaquín Tejeiro, están imputados por depositar, presuntamente, más de un millón de euros en un banco de Andorra, y pactar con una inmobiliaria el pago de 40 millones a cambio de recalificaciones.
La candidata del PSOE, Susana León, ya avisó en el pleno de investidura de que no aceptaría los votos de CPC para ganar la alcaldía. Los socialistas han perdido tres ediles al recibir 946 votos menos que en 2003, una cifra cercana a los que obtuvo CPC.
Torrejón, que sigue defendiendo su inocencia, afirma no guardar ningún rencor hacia sus ex compañeros. Y niega ser el responsable del bajón socialista, porque en política, "que es una realidad poliédrica", las matemáticas no bastan para explicarlo todo.
* Información elaborada por Diego Narváez, Andreu Manresa y Llorenç Martínez.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/06/2007
Foto: Andratx, cala Llamp /Reuters
Sobrevivir a la corrupción urbanística
Burbuja que revienta
Camilo José Cela Conde* : "Durante años, hemos estado hablando y oyendo hablar de la burbuja inmobiliaria, entendida ésta como una operación especulativa en la que el precio de las viviendas subía y subía sin freno. Ya fuese por las ingentes cantidades de dinero negro que debían aflorar de forma inevitable por la puesta en marcha del euro, ya se tratara del deseo de media Europa de contar con una casa en el sur, o de la necesidad que tiene toda nueva familia de meterse en algún sitio, lo cierto es que la presión del mercado al alza llevó con rapidez los precios de solares, chalets, fincas y pisos hasta ponerlos a la altura de los rascacielos de diseño que toda ciudad postmoderna anhela lucir. Las consecuencias en términos de picaresca recalificando terrenos y obteniendo licencias de construcción tardaron mucho más en ser, no ya de dominio público (pocos ciudadanos ignoraban el origen de según qué repentinas fortunas) sino de intervención judicial.
Pero los policías, los fiscales y los jueces terminaron por cerrar las operaciones de mayor escándalo. Como por jugoso que sea un negocio llega siempre a tocar techo, las noticias acerca de tramas de delincuencia urbanística, destapadas sobre todo en las costas del Reino, coincidieron con los primeros signos de que la burbuja perdía aire. Desplomes en la Bolsa y campanadas de medianoche para algunos próceres a los que las carrozas se les volvían calabazas de golpe anticiparon lo que todo el mundo, de nuevo, veía venir: que las operaciones de multiplicación del capital en cuestión de meses siempre que se dedique éste a construir tienen sus días contados. Jamás dejarán de ser un espléndido negocio pero, al menos, volverán a sujetarse a las leyes no sólo del mercado sino de los códigos urbanísticos y penales.
En ésas estábamos cuando se ha hecho público que un alto funcionario de la ONU es autor de un informe en el que se alerta a España ante la aparición de una grave e inminente crisis inmobiliaria. Al leer los titulares de la noticia, pensé que se trataba de más de lo mismo: del susto ante un posible desplome súbito del negocio de la construcción. Pero no. De lo que nos advierte la institución internacional de mayor rango es acerca de la situación de asfixia de los españoles de a pie, de quienes han de pagar cerca del 40% de su salario en hipotecas. El relator de la ONU, que así se llama su cargo, Miloon Kothari no hace predicciones macroeconómicas -no sólo eso- sino que entra en lo más doloroso de la situación. En sus mismas palabras, la dificultad de acceso a la vivienda de muchos españoles puede impedirles el disfrute de derechos humanos como son los de educación, alimentación o vestido.
No se trata sólo, pues, de tener que resignarse a un verano sin vacaciones. Lo que el señor Kothari nos dice es que en este país de los milagros económicos, del crecimiento sostenido por encima del europeo y de la bonanza empresarial hay una cantidad inmensa de ciudadanos sobre quienes pende la amenaza de que el sueldo no les dé para educar a sus hijos, para comer con arreglo a lo deseable y para vestirse de manera adecuada.
A ver si van a ser ésas las verdaderas razones para el debate político y no la educación para la ciudadanía, el derecho a la autodeterminación de alguna esquina de la península, la memoria histórica o la manera como hay que tratar -de tú, de usted- a Fidel Castro.
* La Opinión de Málaga - VIERNES 29 JUNIO 2007
Informe Greenpeace 2007: ‘Destrucción a toda costa’
F.Martín.-ElConfidencial* : "Cada día se construye en el litoral español el equivalente a tres campos de fútbol, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció que los ayuntamientos costeros planean la construcción de tres millones de viviendas nuevas. Greenpeace presentó este martes simultáneamente en Madrid y Barcelona el informe Destrucción a toda costa, un estudio sobre la situación del litoral español que la organización ecologista elabora desde el año 2001. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, consideró que el "urbanismo desaforado" en el que están inmersos los ayuntamientos supone de hecho un "trasvase del patrimonio común a manos privadas", y aseguró que el mar ha comenzado ya a enviar signos de "saturación", y citó el caso de las medusas que proliferan por el aumento de la temperatura del agua y de los vertidos.
Uralde citó el caso de Marbella como paradigma de los escándalos judiciales ligados al urbanismo, el hotel del Algarrobico en Carboneras (Almería) como paradigma de los "atropellos" urbanísticos, y La Marina de Cope en Águilas (Murcia) como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para propiciar el avance de la construcción.
Según los datos facilitados por Greenpeace, el suelo urbanizable en la actualidad triplica la superficie de suelo ya construido, por lo que Uralde incidió en que la solución ya no pasa por frenar el urbanismo sino por desclasificar suelo urbanizable. El informe incide además en los impactos negativos asociados al urbanismo, entre ellos la construcción de más infraestructuras como puertos deportivos, el consumo masivo de recursos naturales como el agua o la multiplicación de los vertidos.
El director de Greenpeace consideró que la construcción de puertos deportivos supone "privatizar el mar", y denunció la proliferación de este tipo de instalaciones y de puntos de amarre para que los propietarios de los barcos utilicen éstos entre dos y tres días al año.
Casi un centenar de viviendas ilegales
Según los datos recopilados en el informe, el número de viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales roza los tres millones; se han detectado 99.519 viviendas ilegales; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (entre ellos varios alcaldes).
Apunta además que existen 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; y 350 municipios depuran mal las aguas o sus vertidos son ilegales. La autora del informe, María José Caballero, criticó el progresivo incremento del número de plazas hoteleras, sobre todo en Andalucía y en Murcia, a pesar de que la industria turística acumula un constante descenso de ingresos (del 2,8% el pasado año).
La construcción masiva de segundas residencias en la costa y la consecuente destrucción de la belleza del litoral son las principales causas de la mala racha del turismo, según Greenpeace, que ha insistido en que la protección del litoral está ligada al buen desarrollo del turismo.
Caballero advirtió además que los informes sobre impactos del cambio climático apuntan que en el año 2050 el mar habrá subido 35 centímetros en Galicia, Islas Canarias y el litoral cantábrico, y 20 centímetros en el mediterráneo, y que cada metro de subida supone un retroceso de un metro de la línea de costa, y consideró por ello "imprescindible" incorporar esas previsiones en todos los planeamientos.
Los responsables de Greenpeace fueron también críticos con los planes de Medio Ambiente en la costa, denunciaron los presupuestos "ridículamente bajos" y citaron varios ejemplos de obras insostenibles que a su juicio ponen de relieve la falta de voluntad real del Gobierno para proteger la costa. Entre estas obras, se refirieron la iniciativa del Ministerio de construir quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en "piscinas estancadas" de agua salada o la destrucción y privatización de un tramo de la marisma de Puerto Real (Cádiz).
* El Confidencial - 27/06/2007
Foto: Litoral /elconfidencial.com
La Fundación Alternativas traza el mapa de la corrupción urbanística
EUROPA PRESS* : " La Fundación Alternativas ha publicado un informe titulado 'Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción', en el que hace un exhaustivo análisis de 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia que se han publicado en medios españoles desde el año 2000, analiza las causas de este fenómeno y sus efectos en el sistema democrático, y propone un total de 54 medidas para acabar con él, entre otras la creación de un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas. El informe fue presentado hoy en el Congreso de los Diputados porque, según explicaron sus creadores, aspira a ser un revulsivo para que los legisladores tomen conciencia de este problema e impulsen la puesta en marcha de, al menos, algunas de las medidas que contiene.
El vicepresidente de la fundación, Nicolás Sartorius, quien alertó de que España está "al borde de una pandemia" de corrupción, fue el encargado de desgranar estas propuestas, entre las que destacó la necesidad de buscar fórmulas que aumenten el poder de intervención de la Administración General del Estado en materia urbanística.
AGENCIA ESTATAL DE SUPERVISIÓN.
En concreto, el informe aboga por crear agencias de disciplina urbanística en todas las comunidades autónomas, así como una agencia estatal de supervisión urbanística que haga un seguimiento de los planes urbanísticos e investigue denuncias.
También plantea que la Agencia Tributaria tenga conocimiento detallado de los grandes proyectos urbanísticos, que los equipamientos de los mismos se gestionen antes o al mismo tiempo en que se produce la edificación y gravar con impuestos la retención especulativa del suelo.
El catedrático Felipe Iglesias, director del informe, hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el papel de los secretarios de los ayuntamientos para que "no les tiemble el pulso" a la hora de frenar proyectos irregulares. A su juicio, hay que poner fin a la sensación que se ha instalado en la ciudadanía de que los delitos urbanísticos "salen gratis" y la mejor manera de hacerlo es demoler directamente todas las construcciones irregulares.
Asimismo, señaló que "no tiene sentido" que haya 17 normas autonómicas sobre esta materia y defendió la conveniencia de armonizar la legislación.
LA SOCIEDAD ES "COMPLICE".
José Juan Toharia, catedrático de Sociología, explicó que al no percibirse claramente a la víctima de este tipo de delitos, la sociedad considera incluso que la corrupción beneficia a la comunidad porque crea empleo y riqueza, se convierte en cómplice de la misma e incluso "persigue" al que denuncia.
Esta permisividad social, por un lado, y la percepción de que corromper sale gratis, por otro, son factores que influyen, según estos expertos, en los cada vez más altos niveles de abstención que se dan en España y en la reelección de políticos presuntamente implicados en tramas urbanísticas.
Para acabar con esta última situación, proponen prohibir por ley que los imputados puedan presentarse a los comicios y en la misma línea, reclaman medidas contra el transfuguismo como la "pérdida inmediata del acta de concejal de tránsfuga".
* Europa Press - 27 de Junio
