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MarcelinoGUTIÉRREZ.- El Comercio* : "El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el plan urbanístico de Llanes por segunda vez en menos de diez años y a menos de dos meses de las elecciones. Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo consideran que la elaboración y aprobación del documento comportaron una «directa vulneración de la legalidad urbanística». El fallo señala que las notables modificaciones que introdujo la CUOTA deberían haber pasado a información pública. El tribunal cree injustificada la inclusión de nuevos núcleos urbanos y urbanizaciones de la norma derogada en 1997. El documento constituía el soporte legal para la construcción de cinco mil viviendas en el municipio.
El fallo supone la contundente respuesta al recurso presentado en 2002 por Andecha Astur. Esta formación política denunció la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de un Plan General de Ordenación Urbana que incluía las grandes áreas residenciales de las normas anuladas por la misma instancia judicial cinco años antes.
La resolución de la sala que preside Julio Luis Gallego incluye una amplia enumeración de las razones por las que el texto, que pretendía servir de soporte legal a la construcción de cinco mil viviendas, «no se ajusta al ordenamiento jurídico». Su principal argumento es la decisión del Principado de aprobar por unanimidad el texto el 10 de julio de 2002 con la condición de que la Administración local aceptase 16 de los 54 recursos presentados por los particulares e importantes limitaciones en las principales áreas de actuación. Con estos cambios, el equipo de gobierno de Llanes, del PSOE, presentó un texto refundido que fue ratificado en abril de 2003.
Según el criterio de los jueces, la propuesta municipal vulneraba la legalidad y la Administración regional no podía aprobarla en ningún caso. «Tendría que haber aplazado la aprobación hasta que se garantizara la participación de los ciudadanos».
El tribunal señala que las «deficiencias» corregidas por la CUOTA fueron tan importantes que deberían haber sido sometidas a alegaciones. Entre otros aspectos, pidió justificar de nuevo el carácter urbano de los suelos de Niembro, Barro, Nueva, Poo y Toró. También sometió a numerosas condiciones el desarrollo de las urbanizaciones previstas en Celorio, La Llavandera, Llanes y Posada, y reclamó la ampliación de los informes urbanísticos, históricos, etnográficos y económicos que sustentaban las propuestas del equipo redactor. Para subsanar estos errores, el Pleno de Llanes remitió al Principado una nueva propuesta acompañada de un informe del redactor del plan, otro del arquitecto municipal y un dictamen del secretario municipal.
Informes
A juicio del Superior de Justicia, las abundantes carencias aún estaban muy lejos de quedar solventadas por estos informes. «Y en definitiva, la Administración autonómica aprueba la clasificación como suelo urbano de unos terrenos que no se acredita que tengan tal carácter y sustrae relevantes elementos de juicio al debate en fase de información pública, que constituye una de las más importantes formas de control democrático del planeamiento», concluye la sentencia, que incluso reprocha a la Administración haber convertido «la participación ciudadana en una simple formalidad o apariencia».
Otro de los elementos que sustentan la decisión de los jueces es la inclusión de las urbanizaciones previstas en las normas subsidiarias anuladas en 1997. El fallo establece que este intento de «convalidación», defendido tanto por los técnicos que realizaron el plan como por el entonces alcalde de Llanes, Antonio Trevín, no respeta la exigencia de elaboración de planes parciales para cada una de las actuaciones.
Las cinco promociones más importantes de la ordenación derogada fueron 'legalizadas' con una única y somera referencia: «Se declaran vigentes los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este plan, cuyas determinaciones se ajusten al mismo y que son los siguientes: Plan Parcial de La Talá, Plan de La Huertona, La Llavandera, el Polígono Industrial de Posada y la Unidad de Actuación de El Sablón». Cada una estas actuaciones también debería haberse sometido a información pública de forma independiente.
De 'coste cero'
Ni siquiera la memoria inicial de la que parte el Plan General resulta bien librada. En este punto, el tribunal indica que es «forzoso reconocer» que estos criterios básicos, planteados ya al inicio de la tramitación «no son congruentes» con las soluciones adoptadas. Sobre este aspecto, destaca que no se recogen las fuentes de financiación con las que se pretenden acometer actuaciones de «coste cero», como dotaciones deportivas al aire libre en Celorio o en espacios libres de Pancar, Barro, Niembro o El Humedal. Aún más: «la capacidad inversora del Ayuntamiento no permite asegurar la viabilidad financiera del plan», a pesar de que la aportación municipal es sólo el 3,39%.
Este varapalo judicial fue recibido ayer con evidente preocupación por las administraciones responsables de su tramitación y los empresarios. En cambio, el PP ve en la decisión de los magistrados una de sus principales bazas electorales en Llanes. La norma hasta ayer considerada «ejemplar» por el Ayuntamiento y el Gobierno asturiano queda a expensas de un posible recurso ante el Tribunal Supremo. Y cinco mil viviendas, la base del desarrollo del municipio en los próximos quince años, se cobijan ahora bajo una absoluta incertidumbre legal. Igual que hace diez años. ANTONIO TREVÍN
*El Comercio - 12 de abril de 2007
Foto: LLANES. Zona Este de la villa, donde el Plan General de Ordenación Urbana autorizaba la construcción de quinientas viviendas. / DAVID ESPINOSA
El TSJA anula el plan urbanístico de Llanes por su «directa vulneración de la legalidad»
Los planes de la costa malagueña prevén urbanizar hasta el último metro del litoral
ABC.- Malaga* : "Braulio Asensio, biólogo y responsable de la presentación de conclusiones del «Congreso andaluz de sostenibilidad, urbanismo y turismo: binomio sostenible» que se celebra en Marbella, alertó ayer de que el 97% del litoral malagueño está construido y que todos los avances de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios presentan este fenómeno en su totalidad y proponen edificar «hasta el último centímetro del litoral que no está protegido».
Esta es una de las conclusiones al que han llegado los 150 especialistas participantes en este congreso, que subrayan que la saturación urbanística está generando la «degradación evidente de los elementos naturales que hacían atractivos estos destinos». Por ello, en un documento elaborado por un panel de expertos tres meses antes del encuentro, sugiere la «inevitable» necesidad de plantear una «desaceleración drástica» del proceso de ocupación del territorio.
Síntomas de saturación
Su diagnóstico refleja que el crecimiento actual de las zonas turísticas «es inestable y muestra síntomas de saturación» y advierten de la necesidad de buscar «urgentemente» alternativas. Por ello, recomiendan, entre otras cuestiones, construir ciudades más saludables.
Algunas de esas medidas las contempla el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, cuyo redactor, el arquitecto José Seguí, aseguró que el documento «establece unas reglas del juego» que permite que los municipios «crezcan de manera más controlada». En ese sentido, Seguí afirmó que con los planteamientos vigentes de los municipios de la Costa del Sol existe suelo disponible «para crecer en los próximos 15 o 20 años».
Para Seguí, la aprobación definitiva y entrada en vigor del POT «deja todavía un largo recorrido para esta costa a pesar de las enormes turbulencias que ha soportado».
También subrayó «la necesidad de que haya condiciones de infraestrucutra para que se construya con garantías» en cuestión de abastecimiento y viales, y abogó por un «crecimiento físico ordenado», ya que «después nos encontramos con demasiadas casas y pocos espacios públicos».
En su opinión, el POT «limita el crecimiento para que no siga produciéndose como antes, sin el control supramunicipal». Y destacó que «el turismo tiene otro tipo de crecimiento distinto al de una ciudad, basado en el medio natural».
Medidas contra la especulación
En términos similares se expresó también en este congreso el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, quien aseguró que el mantenimiento del urbanismo en la Costa del Sol «no es igual a crecimiento cero y a la paralización de la construcción», sino que pasa por «establecer medidas para frenar la especulación».
Marcos destacó, además, que con la aprobación del POTA por parte de la Junta «se prevé» que el desarrollo residencial sea proporcional al de equipamientos y servicios. En ese sentido, recordó que el crecimiento residencial «no ha respondido a necesidades demográficas», de forma que en toda la provincia de Málaga «existen 116.000 viviendas vacías a precios inalcanzables para jóvenes y familias medias».
*ABC - 12 de abril de 2007
Foto: Benalmádena - Torrequebrada (Malaga) /UrbPatasArriba
"Un empresario en España encarece el precio de la vivienda en más de un 30 %"
DavidCORRAL* : "El pocero de Fuenlabrada, que ha charlado con los lectores de ELPAIS.com, ha puesto en jaque el mercado inmobiliario al ofrecer viviendas cuatro veces más baratas. "El precio de una vivienda son diez millones de pesetas, y con eso ya está bien pagada", de forma rotunda y con lenguaje llano, el 'otro pocero' intenta explicar que su milagro es más mundano que divino. Para José Moreno la clave de la burbuja inmobiliaria comienza con la falta de terreno liberado por las comunidades autónomas y el porcentaje que cobran los empresarios, ya que hasta un 40% del precio de un piso acaba en sus bolsillos. "A mí me resulta abusivo el porcentaje del 3,6% que hemos cobrado, de hecho cuando nos den nuevas promociones lo bajaremos al 2,5%".
Entre pregunta y pregunta a Moreno le suena el teléfono. Los medios de comunicación le acosan. Nada más atender la llamada de otro medio, el móvil vuelve a sonar, esta vez al otro lado de la línea una señora que pregunta: "¿Es usted José Moreno el de los pisos baratos de Fuenlabrada?" Él afirma y acto seguido, la pregunta que se hace toda España: "¿Qué tengo que hacer para conseguir uno de sus pisos?".
Moreno, que atiende con amabilidad y paciencia a la desconocida, pregunta a su interlocutora si es de Fuenlabrada. Al obtener la respuesta negativa, responde un sentido "lo siento. Debe estar empadronada al menos tres años en Fuenlabrada y estar apuntada al Instituto de la Vivienda".
La charla con los internautas se reanuda y el constructor del milagro vuelve a la carga para defender la realidad de sus pisos de tres habitaciones, trastero y piscina por 84.000 euros. "Empecé en esto porque mi Asociación de Vecinos consideraba prioritario el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Por ello fundamos una cooperativa entre los vecinos. El precio de los terrenos obtenidos fue de 1.050 millones de pesetas". Moreno siempre se maneja en pesetas y recalca que el problema de que justo enfrente de su promoción los pisos cuesten 420.000 euros y los suyos 84.000 es que "el mercado inmobiliario en un 99% es privado", sumando la liberación de terrenos por parte de las comunidades y los beneficios del empresario.
"Mi fórmula se puede aplicar a promociones privadas"
El hecho de que sus promociones estén realizadas sobre terreno público no quita que su idea se pueda exportar al mercado privado. "Alguna vez he pensado en aplicar esta fórmula a promociones privadas. Se podría abaratar el coste de la vivienda por lo menos en un 30%, ese porcentaje se reduce de los beneficios del empresario". De ahí que Moreno ya haya escuchado algunos comentarios en el sector: "Están preocupados, nerviosos, me han comentado que me ande con cuidado".
Pero a Moreno no sólo le han llegado amenazas, también ofertas de otros ayuntamientos interesados en exportar su sistema. "En concreto el ayuntamiento de un pueblo de León, que pone incluso los terrenos gratis, y no tendríamos que pagar impuestos. Además gente de Ciudad Real, de Ávila..." La avalancha de peticiones ha sorprendido a Moreno: "Jamás pensé que además de Fuenlabrada hubiese tanta necesidad real en todos los pueblos".
Este extremeño de 57 años entiende las hipotecas como un receso "a la época de Espartaco, han vuelto las cadenas. Una hipoteca supone encadenar a los jóvenes durante 40 años", asegura, y no duda en citar siempre a su querida Fuenlabrada y los avances que ha alcanzado gracias a la cooperativa que el preside. "En Fuenlabrada se está construyendo hasta un 60% de vivienda pública, creo que ahora que hay elecciones hay que exigir a los candidatos que se comprometan a construir como mínimo un 50% de vivienda protegida. Que se comprometan ante notario y si no lo cumplen, sed su peor pesadilla".
¿Y si alquilamos?
Saúl: ¿Por qué cree que en España nos resistimos tanto a vivir de alquiler y preferimos 'atarnos' como usted dice durante 40 años a una hipoteca cuando por la mitad de dinero podríamos alquilar un piso?
José Moreno: Estamos en lo mismo, hay que diferenciar entre iniciativa privada y pública. Si son las viviendas de Fuenlabrada van a pagar una media de 300 o 400 euros al mes por compra. De alquiler en Fuenlabrada cuesta entre 750 y 1.100 euros. Como consecuencia lo suyo es luchar en el compromiso de los diferentes pueblos, que los concejales y alcaldes se comprometan ante notario por escrito a construir como mínimo el 50 % de vivienda pública. Así tanto en los Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid es por ley que el mínimo del 50% tiene que ser vivienda pública.
*ELPAIS.com - Madrid - 11/04/2007
El PE aprueba el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería
EUROPA PRESS* : "El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra.
El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".
El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano. Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".
Cashman destacó que "la aplicación de las leyes urbanísticas que rigen los derechos de las personas sobre sus propiedades legítimamente adquirida sigue siendo problemática en varias comunidades autónomas españolas". "Los residentes locales, sean o no españoles, son los más afectados por estos programas de urbanización y son los que tienen más que perder", señaló.
Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", prosiguió el coautor del informe, que señaló que precisamente los representantes de esta comunidad autónoma fueron los que recibieron a la misión de la Eurocámara "con más arrogancia y con menos explicaciones sobre los proyectos de urbanización que han llevado a la destrucción de muchas áreas costeras", y tuvo duras críticas contra el conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons por el desprecio mostrado hacia la delegación. También afirmó que llevará a los tribunales a los que repitan los insultos contra él.
ALMERÍA Y MADRID
Las críticas de Cashman se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana y fueron mucho más benévolas para Almería o Madrid. En el primer caso destacó que, aunque la visita de los parlamentarios coincidió con el día de Andalucía y era una jornada festiva, representantes del Gobierno regional en la provincia aceptaron reunirse con la delegación "para discutir las leyes urbanísticas andaluzas y su aplicación en varios municipios y el tema de la compra legal de edificios ilegalmente construidos".
Sobre su visita a Madrid, el eurodiputado destacó que fue recibido también por las autoridades regionales y que la misión visitó Torrelodones y Galapagar, localidades de las que habían llegado quejas al Parlamento. La misión expresó a las autoridades madrileñas su "preocupación" por el impacto de los programas de urbanización en los espacios protegidos por la red Natura 2000 en el río Guadarrama y por los problemas de tratamiento de aguas residuales.
RECOMENDACIONES
Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones en el que reclama a las autoridades españoles y a los Gobiernos regionales, especialmente el de la Comunidad Valenciana, que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida" y que definan de manera precisa el "interés general" que puede justificar una apropiación.
También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.
En el debate previo a la votación, la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines aseguró que la legislación española da excesivas competencias a los Ayuntamientos en materia de urbanismo. "Sólo un pacto entre todos los partidos políticos sería capaz de conseguir que la administración pública del Estado adquiriera mayores competencias que las que tiene actualmente", dijo.
Por su parte, el socialista Carlos Carnero expresó su "satisfacción" por el informe porque a su juicio ha tenido una "gran utilidad" en la Comunidad de Madrid por "impedir que culminaran planes de urbanismo salvaje particularmente en Galapagar y Torrelodones". Asimismo, explicó que, aunque el consejero de Presidencia, Francisco Granados, recibió a la delegación "con una sonrisa", tras su marcha la calificó de "espectáculo cómico-taurino".
El eurodiputado socialista Joan Calabuig lamentó "la actitud de las autoridades de la Comunidad Valenciana y en concreto del conseller González Pons, que hizo ruedas de prensa para atacar a la delegación, que se reunió de manera absolutamente absurda con los promotores inmobiliarios, cuando él tiene la obligación de defender el interés general y no sólo el de una parte".
El representante de Los Verdes, David Hammerstein, denunció que "la democracia local ha sido fagocitada por unos Ayuntamientos en la sombra de las constructoras". "El interés público se ha sustituido por la idea de que urbanizar por urbanizar siempre es bueno. No se defienden los derechos fundamentales, hay blanqueo de capitales de forma masiva, hay muchos casos de corrupción y especulación y esto es un asunto europeo", recalcó, al tiempo que pedía una intervención más decidida de la Comisión.
Finalmente, la verde danesa Margrete Auken negó que la comisión de Peticiones esté desprestigiando a la Comunidad Valenciana. "En Dinamarca sabemos, se hacen eco los medios de comunicación, de que una zona maravillosa ha sido destrozada debido a esa especulación", aseguró.
*EUROPA PRESS - BRUSELAS, 12 Abr.
Foto: Parlamento europeo /juntadeandalucia.es
