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PÚBLICO/Madrid* : En junio de 2002, Villaviciosa de Odón, municipio madrileño que entonces tenía 21.000 habitantes, registró un brote agudo de simpatía conservadora. De la noche a la mañana, 78 ciudadanos decidieron afiliarse al PP local y apoyar la elección como presidenta local de la alcaldesa Nieves García, una militante sensible hacia el desarrollo inmobiliario y a quien disputaba el cargo un rival de su propio partido, Eusebio Martín, cuya sensibilidad se presumía más dudosa o infiel.
Una docena de los 78 afiliados pertenecía a la familia de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez, promotores con intereses en Villaviciosa. La entonces presidenta local del PP, alcaldesa hasta 1999 y ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, denunció el pucherazo ante la dirección regional del PP. Pero la operación quedó impune.
Cinco años más tarde, un juez de Móstoles consideró veraces las informaciones sobre el pucherazo publicadas por una revista de Villaviciosa ligada a un sector del PP: el magistrado desestimó la demanda de protección del honor planteada por Bravo y Vázquez, pero el pucherazo quedó impune. La intervención de Pilar Martínez, que declaró como testigo en aquel juicio, evidenció lo siguiente, según la sentencia: "Una serie de irregularidades que afloran en los documentos anteriormente referenciados [varias cartas dirigidas por la ex alcaldesa a la dirección regional del PP] y que han sido ratificadas" por la propia Martínez. En junio de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia.
Ahora, otro juez, este de Madrid y de la jurisdicción penal, ha condenado a dos periodistas de la Cadena SER a un año y nueve meses de prisión por publicar la lista de los 78 ciudadanos que afianzaron el rumbo de las políticas que García, hoy diputada aguirrista en la Asamblea de Madrid, aplicaba en Villaviciosa. Difundir sus nombres y sus domicilios que en distintos casos coincidía con el de una empresa de Bravo atentó contra el derecho a la intimidad y constituyó un delito de revelación de secretos, según el juez.
El supuesto secreto revelado no era otro que el de su militancia. En la sentencia, el magistrado considera que la protección constitucional de la libertad de información no ampara las noticias difundidas a través de Internet. Y se transmuta en profesor para indicar cómo se debía haber publicado la historia: sin nombres ni datos personales. La Fiscalía considera excesiva la pena, pero mantiene su petición de cárcel cinco meses, en este caso en su recurso ante la Audiencia madrileña.
En junio de 2003, un año después del pucherazo, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez pasaron la noche del día 10 en un hotel madrileño. Habían protagonizado una jornada histórica al ausentarse de la votación de la que el candidato de su partido, Rafael Simancas, debía salir investido presidente. Su deliberado plantón abrió la puerta al triunfo de Esperanza Aguirre. Por la noche, ambos abrían otra puerta: la de las habitaciones 209 y 309 del hotel AC Los Vascos. Las había reservado el promotor Francisco Bravo, cuyo nombre figuraba en la lista de los 78.
Aquella noche se esfumó el fantasma que recorría no Europa la alianza PSOE-IU pero sí distintos sectores empresariales de Madrid. En la pesadilla aparecía Simancas con sus socios comunistas parando el avance del ladrillo, como un guardia de tráfico decidido a tocar el silbato por un quítame allá esa zona verde. O por un Quitapesares, nombre del polígono de Villaviciosa donde el ayuntamiento que dirigía García vendió a una empresa de Bravo suelo a bajo precio en el año 2000. En la junta de compensación de Quitapesares, formada por los propietarios del terreno para promover su desarrollo urbanístico, Bravo coincidió con Tamayo.
Nunca se sabrá qué habría ocurrido si, en el verano de 2002, el PP de la capital hubiera frenado la afiliación de esos 78 ciudadanos, entre los que figuraba Bravo. Pilar Martínez, escribió cinco cartas dirigidas a varios responsables del PP de Madrid, incluído Ricardo Romero de Tejada, por entonces secretario general del PP madrileño. Romero de Tejada reconoció que, tras la espantada de Tamayo y Sáez, había recibido a Francisco Bravo en la sede central del PP.
En su querella por el tamayazo, el PSOE citaba ese episodio: "No es, en absoluto, intrascendente una reunión promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido, que tiene intereses inmobiliarios muy específicos, con el coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid, para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del PSOE". Como la querella cayó en saco roto, el secreto del tamayazo sigue intacto, impune como el pucherazo de Villaviciosa.
* Público - 18.01.10
Foto: Villaviciosa de Odón (Madrid), ayuntamiento - villaviciosa616.org
Una corruptela gratis, una verdad muy cara
Ex alcalde de Guillena, inhabilitado para cargo municipal y urbanístico
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ELMUNDO/Sevilla* : El ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) ha aceptado este lunes una condena de inhabilitación para ejercer de alcalde, concejal y para todo cargo público que tenga que ver con la concesión de licencias urbanísticas, por lo que se ha suspendido el juicio contra él previsto para el martes.
Fuentes del caso han informado de que Padilla ha comparecido hoy ante la juez de lo Penal 12 de Sevilla, ante la que ha aceptado una condena por prevaricación por permitir la construcción de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano.
Padilla presentó su dimisión en mayo de 2009, después de 30 años ocupando el cargo, en una decisión que, según dijo entonces a Efe, tenía meditada desde que se presentó a las últimas elecciones y no guarda relación con las dos causas judiciales que tiene abiertas.
La Fiscalía de Sevilla ha retirado su anterior petición de un año de cárcel para el ex alcalde y únicamente ha mantenido la inhabilitación para cargo municipal y para empleo público relacionado con la concesión de licencias.
A la vista de la conformidad, el juzgado ha suspendido el juicio previsto para mañana, en el que estaban citados como testigos varios propietarios de Lagos del Serrano.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo imputó a Padilla por no impedir la construcción de chalés, cobrar las tasas municipales y permitir la electrificación de la zona.
Otra causa judicial pendiente
Éste era uno de los dos juicios pendientes del ex alcalde, pues en otra causa aún no señalada para juicio el fiscal pide para él 45 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para todo cargo público por dar licencia para construir unas naves en el polígono El Cerro de la localidad.
Las actuales diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía tras recibir la denuncia de varias decenas de parcelistas, contrariados porque la Asociación de Propietarios les reclamaba 2.100 euros a cada uno para los trabajos de electrificación, prohibidos tras la declaración del paraje como no urbanizable.
Un informe de la Policía Autonómica elevado al Juzgado en 2004 indicó que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en ellas se podrían haber hecho pozos ciegos que "podrían estar contaminando con aguas fecales los acuíferos subterráneos y las aguas del embalse de Cala", que abastece a la mayor parte de la provincia.
* El Mundo - EFE - 18.01.10
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
Los otros cabanyales, vecinos contra el expolio
PÚBLICO* : El proceso se repite en cada ciudad con un patrón calcado. El histórico barrio se empobrece al mismo ritmo que crecen los solares y los edificios vacíos. El ayuntamiento de turno no lo evita y cuando el nivel de vida roza el suburbio más degradado y parece improbable la resistencia vecinal aparece un plan para "rehabilitar" o "sanear" la zona. La operación suele ser incompatible con la conservación del patrimonio cultural o histórico.
La defensa del barrio marinero de El Cabanyal en Valencia ensalza el valor del tesón de los ciudadanos que se agarran a la defensa de su identidad cultural. La justicia, la historia y el Ministerio de Cultura abogan por su conservación, pero el Ayuntamiento de Rita Baberá insiste en la demolición de gran parte del entramado urbano donde vivió Vicente Blasco Ibáñez. Similares luchas se han reproducido en las grandes ciudades españolas con casi siempre goleada a favor de los Ayuntamientos.
Los arquitectos hace tiempo que tomaron partido por los vecinos. Los informes de los colegiados de Madrid a favor del mantenimiento de la cúpula de la cárcel de Carabanchel no sirvieron para evitar que los carabancheleros escucharan su derrumbe desde una acampada de protesta. "Muchas veces el valor del patrimonio no es artístico, sino histórico, por eso se cambiaron las denominaciones de protección. Ahora se dice patrimonio histórico-artístico", explica el arquitecto Antón Capitel.
Este estudioso de la arquitectura madrileña cree que no existe ningún caso en la capital o en otras grandes ciudades españoles que se pueda equiparar al expolio de El Cabanyal. "Es algo propio de las ciudades europeas de finales del siglo XIX, cuando los nuevos barrios obligaban a modificar la ciudad. Por un lado, es lógico que una avenida se prolongue hasta el mar, y por otro, también es normal que se proteja un entorno de valor cultural. Una vez que los jueces del Supremo han decidido, no hay duda. El decreto de la Generalitat para continuar con el proyecto es un delito", sentencia Capitel.
El juego virguero de los políticos valencianos para sacar adelante a toda costa su plan urbanístico revela la ineficacia de las protecciones con las que cuenta la Administración para proteger el patrimonio. "El problema es que el poder ejecutivo es juez y parte en estos conflictos", reflexiona el arquitecto de la plataforma Apudepa (Acción para la defensa del patrimonio aragonés) Carlos Bitrián. Las declaraciones BIC (Bien de Interés Cultural ) son declaradas, mantenidas, limitadas e incluso retiradas por los propios Ayuntamientos. "Siempre podrán acudir a un supuesto interés público o social para retirar la declaración BIC", añade Capitel.
"Existe poca experiencia en conflictos culturales y urbanos en la justicia española aunque cada vez hay más abogados especializados", lamenta Bitrián. Su experiencia en los recursos judiciales para proteger entornos como el del balneario de Panticosa o el casco histórico de El Tubo en Zaragoza revela que "es más útil" alegar que un proyecto urbanístico perjudica a los vecinos que al patrimonio. "Hemos tenido éxito cuando hemos denunciado que se perjudicaban las necesidades de la población. Al final los BIC no impiden que el espacio sea tratado como una mercancía para obtener plusvalías", sentencia Bitrián.
El ejemplo de los vecinos de El Cabanyal ha inyectado ánimo a las miles de plataformas de salvación del patrimonio en toda España. En Valencia, la destrucción de la huerta histórica de la ciudad, el abandono de las alquerías o la comercialización oscura de edificios valiosos como el de la antigua Tabacalera ha propiciado un movimiento de resistencia vecinal que amenaza con enfrentarse a las excavadoras.
Los seis casos
1. Un minivaticano en los jardines
El entorno de San Francisco el Grande en Madrid es un paisaje que aparece inalterable desde las pinturas de Goya hasta hoy. Un plan compartido entre el Arzobispado de Madrid y el ayuntamiento prevé construir edificios sobre el jardín.
"Enfrentar a la Iglesia es duro pero queremos salvar el jardín"
María Ruiz de Gauna lidera a los vecinos contra el plan de arzobispado
La cerca de Felipe IV que rodea la antigua ciudad de Madrid puede contemplarse en los jardines donde Antonio María Rouco y Alberto Ruiz-Gallardón han planeado crear un conjunto de edificios que van desde la Casa de la Iglesia a una residencia de ancianos.
“Tememos que acaben con un legado histórico que se remonta al siglo XVI”, reclama, María Ruiz de Gauna, portavoz de la plataforma del entorno de San Francisco de El Grande, que, al igual que el barrio de El Cabanyal tiene la protección de Bien de Interés Cultural. Los vecinos han recurrido a la justicia porque el proyecto elimina 15.000 metros cuadrados de zonas verdes y crea 20.000 metros de superficie de edificios.
El Colegio de Arquitectos de Madrid ha avalado el valor histórico de los jardines cedidos por Ruiz-Gallardón al Arzobispado, que pretende construir sobre el parque un aparcamiento y una residencia para curas. “Enfrentarse a la Iglesia es duro pero los vecinos sólo queremos salvar un jardín”, defiende Ruiz.
2. Huertas bajo el asfalto
La Punta es uno de los traumas urbanísticos de Valencia. Entre 2002 y 2003 fueron arrasadas 70 hectáreas de huerta protegida para construir un almacén de contenedores del puerto. La medida acabó con construcciones históricas y la deportación de las familias.
"Fue una masacre, un auténtico abuso de poder"
Rosa Quilis, vecina de La Punta, conservó su casa pero no su histórica huerta
Un gran solar con un barraca moribunda. Es lo que queda de las obras que hace casi diez años destruyeron parte de la pedanía valenciana de La Punta. Unas tierras intocables hasta que en 1999 una modificación del Plan General las devaluó a suelo urbanizable. Un año antes habían sido sentenciadas por el Ayuntamiento y el Gobierno a ser engullidas por la ZAL (Zona de Actividades Logísticas del Puerto).
La resistencia de los vecinos, en torno a las asociaciones La Unificadora y Defensem La Punta, se convirtió en un ejemplo todavía vivo para Salvem el Cabanyal. Entre 1994 y el 2003 se presentaron ocho recursos en los tribunales y se ocuparon numerosas alquerías abandonadas. Sus pobladores siempre sintieron la sombra de la especulación. Muchos todavía no han recibido indemnizaciones. Los más “afortunados” disponen de una de las casas que se construyeron para realojos, junto a las grúas del puerto, en un territorio tomado por el tráfico de drogas y la prostitución. SERGI TARÍN
3. Modernidad sin identidad
El moderno distrito 22@, presentado como una garantía de Barcelona para afrontar su futuro económico, ha colisionado con la marcada identidad industrial y popular del barrio del Poble Nou, que se conocía como el ‘Manchester catalán’.
"Ya luchamos por salvar las migajas de lo que fuimos"
Tere Bou fue la primera mujer miembro de la junta de l'Aliança del Poblenou
La conflictividad vecinal baja en Barcelona, y el Poble Nou no es la excepción. No son pocos los vecinos que aún lamentan el proyecto del 22@, el distrito que alberga cada día más empresas del sector tecnológico o de los medios de comunicación. Pero se les oye menos. Mucho menos. Hacerlo realidad ha replanteado el barrio y le ha hecho perder “toda su identidad y trama social, además del patrimonio”. Es lo que opina Tere Bou, una mujer activa y del barrio “de toda la vida”, que lamenta que incluso se esté perdiendo un nombre centenario para potenciar “eso de 22@”. Tere, miembro de la asociación de vecinos, lamenta que la lucha sea sólo por salvar las migajas de lo que fue, “como el barrio de pescadores y la Plaça Prim, de lo poco que sigue en pie”. Critica que muchas de las promesas, como las de convertir viejas fábricas modernistas en talleres de creación artística, se incumplan o se hagan a medias. “Del viejo Poble Nou y su sabor familiar ya no nos queda apenas nada”, concluye. FERRAN CASAS
4. Una ciudad del s. XIII en peligro
La presión vecinal ha obligado al Gobierno de Murcia a frenar su plan de trasladar los restos del yacimiento mozárabe de San Esteban para hacer un parking. Ecologistas en Acción denuncia que los restos encontrados no están siendo protegidos.
"Tememos que se lleven los restos piedra a piedra"
Rubén Vivas, de Ecologistas en Acción, defiende el yacimiento
La polémica por el yacimiento mozárabe de San Esteban, en la ciudad de Murcia, tiene 20 años. El Ayuntamiento preveía cambiar el parque por un aparcamiento hasta que el movimiento de tierra dejó al descubierto un enorme yacimiento de una ciudad mozárabe del siglo XIII. El Gobierno de Murcia ha rechazado el plan original ante la presión vecinal y ahora debate cómo garantizar su conservación.
“Protestamos porque encargaron la obra a una empresa afín al PP que pretendía trasladar la ciudad piedra a piedra, aunque sea de barro”, lamenta Rubén Vives, de Ecologistas en Acción. “Ahora, el problema es que con la lluvia que ha caído durante los últimos días se va a deshacer el yacimiento y el único remedio que ha puesto el ayuntamiento son unos retales de plástico”. El conjunto de San Esteban que ha quedado al descubierto permite observar dos hectáreas de una ciudad subterránea que podría permanecer oculta en las céntricas manzanas de Murcia.
5. Hotel de lujo sobre una joya
La estación de Canfranc permanece abandonada desde 1970. Un estado que propició su ruina hasta que un decreto la declaró Bien de Interés Cultural en 2002. Una asociación paró en los tribunales un proyecto que pretendía convertirla en hotel de lujo.
"En cada pequeño pueblo, encuentras un Cabanyal"
La asociación de Carlos Bitrián consiguió que un juez parara el destrozo
Apudepa (Acción para la defensa del patrimonio aragonés) engloba a vecinos, arquitectos y amantes de la cultura aragonesa. Su actividad exitosa en los tribunales ha traspasado su comunidad autónoma y reciben denuncias urbanísticas de toda España. El arquitecto Carlos Bitrián pone como ejemplo de expolio cultural el proyecto en Canfranc (Huesca), que pretendía construir una urbanización y un hotel de lujo sobre la antigua estación, protegida como BIC desde 2002. Un juez determinó que el proyecto que pretendía la “rehabilitación” del edificio alteraba su “fisionomía original”. El objetivo era construir una planta más sobre las naves de la estación.
“Al final, cada pueblo de 5.000 habitantes tiene su Cabanyal”, denuncia Bitrián. Otros colectivos defensores del ferrocarril piden la rehabilitación de la línea de ferroviaria que pasaba por la estación antes de que en 1970 se inhabilitara la inmensa infraestructura. Piden a Fomento la vuelta de la línea fronteriza entre Canfranc y Olorón (Francia).
6. Roma bajo Las Monjas
La Plaza de Las Monjas esconde en sus entrañas una edificación romana que los arqueólogos sitúan en el siglo I. Unas obras de remodelación provocaron el hallazgo pero la prisa por terminarlas hizo que los restos volvieran a quedar sepultados.
"La Administración no se implica con el patrimonio"
Jesús de Haro, defiende la protección arqueológica de un yacimiento del siglo I
La Plaza de las Monjas, a la que dio nombre un convento colindante, es el corazón de Huelva. Cuando se anunció su remodelación, la noticia corrió como la pólvora. Con lo que no se contó entonces fue con lo que esconde en sus entrañas, o lo que puede esconder. Los restos hallados fueron identificados por los arqueólogos como una edificación romana del siglo I. Creen que puede ser parte de una ciudad sepultada. Pero las prisas por terminar la obra hicieron que el Ayuntamiento (PP) cubriera los restos hasta la realización de una prospección geofísica.
“Las administraciones públicas no se implican con el patrimonio”, critica Jesús de Haro, presidente de la Asociación Profesional de Arqueólogos de Huelva. El estudio, que se hizo en noviembre, y el resultado, que aún no ha trascendido, serán trasladados a la Junta de Andalucía. Cabe, por tanto, la posibilidad de que el georradar dé la razón a los expertos y la mítica plaza deba ser de nuevo agujereada. RAFAEL ADAMUZ
* Público - 17.01.10
Foto: Una protesta contra el minivaticano en Madrid. - REYES SEDANO, publico.es
Presión popular en el Maresme para ‘salvar’ a Puig i Cadafalch
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Mataró y Argentona se movilizan para recuperar las casas donde vivió el artista. En el Maresme, donde las huellas del Modernismo resultan clave tanto para el patrimonio artístico de la comarca como para el sector turístico, existe preocupación porque algunos de los elementos más emblemáticos tienden a caer en el olvido. Es el caso de Josep Puig i Cadafalch.
La degradación de la casa de veraneo del genial arquitecto modernista en Argentona provoca indignación popular, mientras que en Mataró, su ciudad natal, miles de firmas avalan la conservación de la casa donde nació.
El caso de Argentona reviste mayor gravedad, ya que la villa del que fue segundo presidente de la Mancomunitat catalana, catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional, se halla en un preocupante estado de degradación, agravado por los últimos temporales que provocaron desperfectos «al ceder almenas de azulejos» de la fachada, como denuncia un portavoz del Centre d’Estudis Argentonins, Enric Subinyà. Al conocerse la noticia, técnicos de la Direcció General de Patrimoni Cultural se desplazaron al lugar para evaluar el estado de la casona y analizar las necesidades de intervención urgente que eviten más su degradación e incluso su fatal hundimiento.
El Ayuntamiento de Mataró, por su parte, no olvida la importancia de Puig i Cadafalch, pero la petición –avalada por miles de firmas– de que la vivienda del arquitecto sea adquirida por el ayuntamiento es difícil de afrontar para las arcas municipales. «Resulta inviable», lamenta Sergi Penedès, concejal de Cultura, quien anunció que su departamento proyecta integrar la casa en «un plan más global» para difundir las facetas del polifacético arquitecto, para lo que negocia pactos con mecenas y fundaciones privadas.
ALIANZAS / En Argentona ya se han materializado las primeras alianzas para impulsar un centro de interpretación de la obra de Puig i Cadafalch, que gestionaría un consorcio participado por el Institut d’Estudis Catalans (IEC). Según Ferran Armengol, concejal de Cultura y Patrimonio, «solo la rehabilitación de la casa cuesta 3,5 millones», de los que no disponen las entidades públicas, «por lo que deberemos arañar subvenciones de todo tipo».
El concejal de Cultura de Argentona admite que las negociaciones para adquirir la casa, propiedad de la biznieta del arquitecto, «no han fructificado», aunque tampoco dispone de fondos para su conservación. La finca lleva más de seis años deshabitada, presa de la humedad y con los espacios interiores agrietados. Los forjados están oxidados y las vigas y los elementos de madera, podridos. Más dañado aún está el tejado, con agujeros debido a la caída de piedras.
* !8.01.10
Foto: Aspecto que presenta la casa de veraneo del arquitecto en Argentona. - ANNA MAS, elperiodico.com
Sevilla: La Fiscalía investiga a 16 alcaldes de la provincia por delitos urbanísticos
DIARIODESEVILLA* : Dieciséis alcaldes de la provincia bajo sospecha. Pertenecen a distintos partidos políticos, algunos han sido procesados después de haber abandonado sus responsabilidades políticas, y los hay que acumulan hasta varias causas judiciales por hechos distintos. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha investigado en los últimos años a más de dieciséis responsables municipales por delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y el Medio Ambiente, estos últimos por vertidos ilegales a los ríos y arroyos.
Estas investigaciones del Ministerio Público han dado lugar a la apertura de diligencias judiciales que, en algunos casos, ya han concluido con la presentación de cargos contra los responsables municipales, a los que el fiscal ha pedido penas de prisión que en algunos supuestos, en caso de condena, conllevarían su ingreso en la cárcel al superar los dos años. Varios regidores han sido ya condenados, otros están a la espera de que se celebre el juicio, y en el resto de los casos la investigación judicial aún no ha concluido.
La persona que acumula más procedimientos abiertos es el ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE), con tres causas. En una de ellas, el fiscal le ha pedido 45 meses de prisión por conceder varias licencias de obra para construir naves en el polígono industrial El Cerro, cuando el suelo todavía estaba calificado como zona verde. Padilla también se enfrenta a una petición de un año de prisión por permitir la construcción de chalés ilegales en la zona de Lagos del Serrano, y tiene otro proceso sub iudice por delito contra el Medio Ambiente, en relación con los vertidos de aguas residuales al río Rivera de Huelva, donde se produjo a finales de 2007 una mortandad de peces.
El alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), y el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), están inmersos cada uno en dos causas judiciales. Así, la Fiscalía ha pedido una condena de 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para Manuel Morilla y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por haber autorizado presuntamente el ejercicio de actividades industriales en suelos catalogados como rústicos, en los que no se puede construir. Manuel Morilla también está siendo investigado por otro juzgado, en relación con los vertidos de la industria aceitunera a la red de alcantarillado público que afectó a la calidad de las aguas del río Guadaíra.
En el caso de Manuel Ruiz Lucas, la Fiscalía presentó una querella contra él por no haber evitado la proliferación de las construcciones ilegales en suelos no urbanizables como el paraje de Las Minas, lo que llevó al Ministerio Público a presentar 300 querellas contra particulares que habían realizado obras en pequeñas parcelas. La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación por estos hechos para el ex regidor de Castilblanco, al que también denunció por el cobro irregular del IBI en las urbanizaciones ilegales.
Por su parte, el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), fue investigado por un delito contra el patrimonio histórico, por la presunta ocultación de restos arqueológicos, una denuncia que se archivó por falta de pruebas. El fiscal también denunció a Pereira y a los concejales socialistas de la localidad por votar a favor de una licencia de obras para una vivienda del casco urbano, una investigación que se tramita en un jugado de Instrucción.
La Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación a la alcaldesa socialista de El Madroño, María Josefa Rubiano, por un delito continuado de prevaricación urbanística al conceder dos licencias para construir viviendas en suelo rústico.
Otros responsables políticos, como el ex alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), han sido ya condenados. En este caso, López ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber dado una licencia de obra que autorizaba una planta más en un edificio sin contar con los informes técnicos y sin esperar a que se aprobará la modificación del PGOU que había solicitado la promotora inmobiliaria. La lista de alcaldes o ex responsables políticos investigados sigue en los municipios de Castilleja de Guzmán, Aguadulce, Cazalla de la Sierra, Badolatosa, Lora de Estepa, El Viso del Alcor, Marchena, Sanlúcar la Mayor y La Campana.
* Diario De Sevilla - 17.01.10
Viñeta - diariodesevilla.es
100 victorias
JOSEP MARIA MONTANER* : La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) presenta hasta el 1 de febrero en la plaza del Rei 40 años de acción vecinal, el archivo de 100 acciones con resultado positivo, una exposición preparada en coordinación con otra exposición en Madrid, promovida por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Las bases sociales de dos ciudades, pretendidamente rivales, se han puesto de acuerdo para celebrar 40 años de luchas vecinales, visibilizando las hasta ahora ocultas aportaciones de las mujeres, e intentando que la vida en los barrios sea noticia.
En la región metropolitana de Barcelona, los movimientos sociales urbanos no sólo nutrieron de dirigentes a los ayuntamientos, sino que han sido la base del pacto urbano y social que ha articulado una sociedad democrática, fuerte y cohesionada.
Y dichos movimientos vecinales siguen vigentes, luchando contra la invasión de grandes infraestructuras, defendiendo lo público más que las mismas instituciones y actuando como zahoríes o vigías de irregularidades. Combatieron los abusos del Palau de la Música, que engañó a la Administración con la pretensión de hacer un hotel de lujo en zona de equipamientos, eliminando patrimonio; y la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam aglutina desde hace tiempo a grupos y centros descontentos con el que ha sido alcalde de Santa Coloma de Gramenet, encausado en el caso Pretoria, que promovía grandes obras especulativas en detrimento de atender a las necesidades sociales y mejorar la calidad de vida. En los dos casos de corrupción, por tanto, ya había habido ciudadanía con sentido común levantando la voz para decir que algo olía mal.
Un ulterior cometido de esta exposición es recordar que las acciones de dichos movimientos son imprescindibles para superar, con democracia auténtica y participativa, el abismo creciente entre unas instituciones aisladas y la realidad laboriosa y difícil de la vida cotidiana, que tiene que ver con la cultura de la experiencia y sin la cual no se construyen ciudades ni sociedades.
* Arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión Barcelona - 18.01.10
