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ELPAÍS/Santiago* : El plazo de alegaciones a la Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), cerrado ayer, ha ensanchado la brecha que separa a los ecologistas de la consellería que dirige Agustín Hernández. Al menos 18 organismos o instituciones han presentado sus observaciones al documento, considerado la hoja de ruta de la planificación territorial de Galicia para las próximas décadas. Las más severas le llegan al titular de Medio Ambiente por dejar de lado la prometida ampliación de la Red Natura y por haber hecho caso omiso del catálogo de especies amenazadas.
Los colectivos de defensa de la naturaleza han presentado alegaciones a través de Adega y la Federación Ecoloxista Galega (FEG), a falta de las que la Consellería de Medio Ambiente reciba en los próximos días y que hayan sido presentadas por correo dentro de plazo. Ambas organizaciones inciden en la "incongruencia" de un documento de planificación que no tiene en cuenta la propuesta de ampliación de la Red Natura. En 2007, la Xunta presentó un proyecto de extensión del patrimonio natural que no figura en las Directrices. Tampoco hay referencia alguna a la promesa realizada por el presidente Feijóo de ampliar la red, que en Galicia ocupa sólo el 11,7% del territorio, frente al 27,1% de media estatal.
Pero hay más. La Federación Ecoloxista Galega denuncia en una alegación que el documento de Medio Ambiente también obvia las especies de flora y fauna amenazadas en Galicia. En efecto, las DOT no han tenido en cuenta los instrumentos de planificación relativos a la conservación de las especies en peligro de extinción o vulnerables. Todas estas especies están catalogadas en un decreto del año 2007 que no figura en la normativa aplicable de las directrices. Tampoco aparecen los instrumentos de planificación, como planes de conservación, para las especies en peligro de extinción -entre ellas, el águila real-, a pesar de que la UE obliga a considerar estos instrumentos.
Otro olvido de las directrices, que la FEG considera intencionado, es el de los planes de ordenación de los recursos naturales, los llamados PORN, y los planes rectores de uso y gestión (PRUX). Son los instrumentos que desarrollan los parques naturales, que, sin ellos, se convierten en papel mojado. No aparecen entre la normativa aplicable de las Directrices.
Adega, uno de los colectivos integrados en la FEG, ha presentado otra alegación por separado en la que acusa a la Xunta de "renunciar a intervenir en las principales causas y consecuencias de la actual degradación del territorio". Además de la ampliación previa de la Red Natura, la organización ecologista demanda la previsión de corredores ecológicos y actuaciones que minoren el impacto de planes sectoriales como el eólico o el hidroeléctrico Galicia-Costa. Adega denuncia asimismo que las directrices "insinúan" que será la Administración, y no las empresas concesionarias, las que deban cargar a partir de ahora con la restauración ambiental de las zonas mineras abandonadas.
También ayer se conocieron las alegaciones de tres colectivos, entre ellos el de las comunidades de montes de la comarca, en contra de la desaparición del Espacio Natural Montes do Morrazo en la relación de espacios protegidos de las DOT. Las alegaciones se presentaron después de sucesivas reuniones a lo largo del fin de semana, ya que la coincidencia de la exposición pública con los meses de julio y agosto dificultó la elaboración de las observaciones al documento urbanístico.
Al cierre del plazo, la consellería sólo tenía conocimiento de hecho de 13 alegaciones. Se trata de las de los ayuntamientos de A Coruña, Foz, Marín, Carballeda de Valdeorras y Arteixo, Sindicato Labrego Galego, ENCE, Retegal, Engasa, Confederación de Empresarios de Galicia, Instituto Galego de Estatística, Colectivo Nacionalista de Marín y Asociación Defende o Monte Pituco.
* El País - 31.08.10
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
La nueva ordenación territorial de la Xunta levanta a los ecologistas
Plasencia.- Nace una plataforma ciudadana en defensa del monte Valcorchero
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HOY/Cáceres* : SOS Valcorchero es el nombre dado a la recién creada plataforma ciudadana nacida en defensa del monte público. Cuatro asociaciones la constituyeron formalmente en la primera reunión mantenida con este fin el pasado día 26. Ecologistas Plasencia, Sociedad Zoológica de Extremadura, Adenex y Sociedad Española de Ornitología son las cuatro entidades, además de particulares, que constituyen hasta la fecha la plataforma ciudadana SOS Valcorchero. «Nuestro fin único y primordial es la defensa del espacio natural protegido de Valcorchero», resumió ayer Juan Carlos González, responsable de Ecologistas Plasencia y miembro de SOS Valcorchero.
«Vamos a confeccionar una página web de adhesión, opinión, recogida de firmas... pero hasta que esté en servicio cualquier persona o asociación apolítica que quiera formar parte de la plataforma puede hacerlo a través de las asociaciones que la hemos puesto en marcha», agregó González.
La campaña de adhesión está en marcha y su fin es evitar que se construya en el monte público. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado día 16 una resolución de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente en la que se explica que el Ayuntamiento había solicitado que «se declare o reconozca» la descatalogación de 22,73 hectáreas del Monte de Utilidad Pública Valcorchero que se halla clasificado como suelo urbano o urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Plasencia de 1996. La descatalogación como monte público de 23 hectáreas del llamado PP-6 ha motivado el nacimiento de la plataforma.
«Ante la pretensión política de detraer parte de su superficie, desclasificándola y creando así las condiciones necesarias para la urbanización futura, esta plataforma nace con la intención de pedir que no se prive a los ciudadanos de un área, que desde muchos años, se ha constituido en un referente emocional de apego y respeto por parte de los placentinos, por todo lo que este paraje representa para gran parte de ellos», argumenta SOS Valcorchero.
La nueva plataforma considera que no debería ser el monte público el lugar elegido para la ampliación del núcleo urbano, en caso de que realmente se necesitara. «Existen estudios e informes de distinta procedencia recomendando a anteriores gobernantes y también al actual la idoneidad de no alterar los espacios naturales y orientar el crecimiento urbano en otra dirección geográfica».
Nueva protección
SOS Valcorchero solicita al Gobierno local una declaración institucional en la que se comunique la renuncia expresa a la segregación/desclasificación de las 23 hectáreas del PP-6 y la petición oportuna para que la totalidad del espacio protegido vuelva a ser considerada, reforzando así la protección de la que parecía gozar hasta hace pocas semanas.
Más allá de las cuatro asociaciones que conforman la plataforma y de los particulares que se hayan inscrito, también los vecinos de Ciudad Jardín, urbanización anexa al PP-6, han expresado su malestar por la descatalogación y han indicado su intención de recurrir la resolución de la Junta de Extremadura. En el Ayuntamiento, la concejala de UPEX, delegada de Urbanismo y socia de gobierno, Victoria Domínguez, ha manifestado públicamente su disconformidad con que se pueda construir en esas 23 hectáreas de monte público, su rechazo a la tramitación que ha llevado a cabo la alcaldesa para lograrlo y su intención de continuar trabajando para que ese terreno vuelva a ser monte público y, por tanto, siga protegido. Victoria Domínguez ha declarado al respecto que la protección no mermaría la propiedad municipal, porque la edificabilidad que le corresponde al Ayuntamiento se pasaría a la parte baja del residencial de Ciudad Jardín.
* Hoy - 1.09.10
Foto: Terreno del monte público de Valcorchero que quiere proteger la nueva plataforma - hoy.es
Una chapuza urbanística en Parla
ALBERTO CANALES MENDOZA/ Madrid* : Con ocasión de la construcción del carril-bici que recorrerá parte de la avenida Juan Carlos I de Parla se está procediendo a realizar una remodelación de la avenida. En su tramo desde el Museo del Bonsai hasta su finalización, es una avenida no residencial donde se ubican varios colegios, juzgados y el polideportivo, y por lo tanto el tránsito es ocasional pero intenso a intervalos, siendo también un lugar de paseo habitual y muy frecuentado. El pavimento, muy deteriorado, databa ya de hace varias décadas y los desalineados árboles de enorme porte hacían urgente una remodelación. Cuando comenzaron las obras creí que el resultado iba a ser positivo puesto que técnicamente no existía complejidad aparente: eliminar los enormes árboles totalmente desalineados y el resto de obstáculos (postes y cableados antiguos), pues con el carril-bici el espacio de la acera se reduce prácticamente a la mitad, y para las nuevas dimensiones es necesario que el tramo de acerado resultante fuese diáfano. He pasado por la avenida y juro que no me creía lo que estaba viendo. El resultado es un monumento a los horrores urbanísticos más despiadados realizados con nocturnidad, sigilo y alevosía.
Al no eliminar ni árboles ni postes la acera ha quedado reducida a proporciones minúculas de uno o dos palmos laterales en muchos tramos, obligando a la permanente invasión del carril-bici por los peatones en una especie de slalom o de sorteo de obstáculos.
En vez de eliminar los árboles se ha procedido a realizarles el correspondiente alcorque. Lo que podía haber sido un agradable paseo lineal se ha convertido en un monumento a la infamia urbanística y a la incompetencia. ¿Qué clase de calle es esa que ni dos personas caminando en línea pueden ir a la par, obligándolas a esquivar continuamente troncos y postes? Si se hubieran querido conservar los árboles con transplantar árbol en cepellón en otro lugar hubiera sido suficiente, y en todo caso estos árboles llevan casi cuarenta años plantados, cuando era las afueras de Parla, y han cumplido con creces su función.
Que el alcalde de Parla no venga con la hipócrita cantinela de amor a la naturaleza ni milongas similares, que en ese caso se hubieran trasplantado a otra zona. ¡Ni un becario es capaz de hacer esta obscenidad constructiva! ¿Qué quieren los políticos parleños, que ahora todo esto dé la vuelta al mundo en esas presentaciones difundidas por internet donde se recogen disparatadas construcciones del Tercer Mundo que son auténticas chapuzas? Le aseguro que si en cualquier otra ciudad de Holanda, Alemania, Francia, etc. se ejecuta esta “obra” ahora mismo la concejala de urbanismo y el arquitecto firmante de ese proyecto deberían dimitir y dar explicaciones. ¿Y al jefe de obra también le parece normal?.
Que se ejecute la responsabilidad civil pertinente y se repare esta aberración. ¿O se licitará dentro de unos años la obra por segunda vez para pagar dos veces la reforma de esas aceras? Parla parece el “pueblo de los malditos”, estigmatizado por un aura de falta de profesionalidad, ineficacia y vulgaridad donde se perpetran colosales chapuzas con toda impunidad.
* 20Minutos - Opinión - 31.08.10
¿Pero de quién es la playa?
DIARIODEMALLORCA* : El conflicto está en la arena: los hamaqueros se arrogan la explotación exclusiva de sus zonas, pero los bañistas las invaden sin rubor. Y con razón: según Costas, la sombra de la sombrilla es del hamaquero, pero la playa sobre la que se proyecta es de todos. Sigan la escena, que se las trae. Domingo, 15 de agosto. 15.30 horas. Abarrote en Cala Sa Nau, un privilegiado rincón arenoso de la costa mallorquina de Felanitx en el que el agua luce ese color azul intenso reservado para los folletos de las agencias de viaje. La gente toma el sol en la orilla. Toalla sobre toalla. La cabeza en los pies del vecino, y los pies propios a un palmo del cuello ajeno. Salvo en la zona de tumbonas.
Allí la imagen vuelve a ser de catálogo: grandes camas con dosel de madera y mimbre alojan a los que pueden permitírselo, que además de sombrilla de paja y tumbona acolchada tienen aire a su alrededor. Y arena. Bañistas de primera a un lado, juntatoallas de segunda al otro.
Hasta que una pareja de treintañeros se salta el apartheid playero. Como no hay hueco en segunda ni sombrilla disponible en primera, plantan el campamento en el desahogado espacio entre tumbona y tumbona. Nadie más lo ha hecho, pero visto el overbooking, la maniobra no parece extrañar a nadie. Salvo al hamaquero, que reacciona airado. Muy airado. En diez pasos se planta a los pies de la tumbona del que firma (un día es un día) y sin mediar saludo invita a la pareja invasora a abandonar su zona. Lo dice así: "Mi zona". "Esta parte es mi playa", insiste. "¿Tu playa?", se sorprende uno de los bañistas asaltados, que sin perder la calma ni elevar el tono se rebela: "La Ley de Costas garantiza que en este país las playas son públicas". El hamaquero frunce el ceño al levantisco. "No lo son. Esta es nuestra zona. Mi jefe paga una concesión y tenemos derecho exclusivo". Los playeros antiapartheid no se rinden: "Usted tiene la autorización para colocar sus tumbonas, no la propiedad de la playa. Pero da igual. No nos vamos a mover, aunque si alguno de sus clientes necesita cambiar de sitio la tumbona, nos haremos a un lado. Y no moleste usted más, que quiero echar la siesta". Al vigilante de las sombras y las siestas no le vale. "Tenéis que iros de aquí", repite, a falta de argumentos nuevos. La pareja pierde la paciencia: "Traiga usted a la policía y que nos lo digan ellos". Al hamaquero se le dibuja una sonrisa pícara en la tez morena y vuelve grupas.
Llega la policía en bañador
Reaparece un minuto después, para diversión del cronista (un día entero en la playa puede hacerse tedioso incluso en la paradisíaca y discotequera Cala Sa Nau). Le acompaña un hombre espigado que, encremado y vestido de chancla y bañador azul de flores blancas, se identifica como policía local de Felanitx. Es lo que pone en una tarjetita plastificada que muestra deprisa y guarda aún más rápido. "Buenas tardes. Soy policía local aquí y tienen ustedes que irse. Esta zona es su playa (señala con un pulgar al hamaquero, que ahora sí sonríe)". La pareja persevera. Le toca a ella afilar el verbo: "No entiendo por qué me tengo que ir. Según la ley la playa es pública. No hay sitio en la zona fuera de las tumbonas. Tampoco hay ninguna tumbona disponible, así que me pongo aquí porque tengo derecho y no me queda más remedio". El policía duda. Piensa. Y vuelve a la carga. "Por educación (¿?) y por ética (¿?) deberían irse. Ellos pagan una concesión y ustedes la están invadiendo". A la pareja le da la risa y, tras un intercambio de argumentos de varios minutos, él suelta al borde de la carcajada la pregunta clave: "¿Y si no me voy me puede usted multar o detener o mover a la fuerza?" Touché. El policía del bañador alegre pliega velas: "No está tipificado. No hay nada previsto. No puedo multarles".
Toma nota atento el cronista mudo, que ya tiene trabajo para el lunes que sigue al plácido domingo de tumbona y chiringuito: ¿De quién es la playa? ¿Del hamaquero y su jefe, como dicen? ¿Del Ayuntamiento y su policía en chanclas? ¿O de las decenas de playeros que la ocupan como pueden? Según el artículo 31.1 de la ley de costas, hay pocas dudas: la playa es siempre "pública y gratuita" para usos como "pasear, estar, bañarse...". Y de lo que se trata es de estar, así que problema resuelto. Pero no. Resulta que las leyes están sembradas de dobleces y recovecos, como el que en el artículo 31.2 fórmula la posibilidad de entregar autorizaciones y concesiones para la explotación de la arena. Así que la cuestión vuelve al punto inicial: ¿Quién es el dueño: hamaquero, ayuntamiento o ciudadano? ¿De todos, de uno o de ninguno? Responde en la Demarcación de Costas la funcionaria que se encarga de tramitar las autorizaciones para que el hamaquero plante sus bártulos y cobre por sombras y siestas mullidas "Los hamaqueros tienen una autorización no una concesión. Pueden poner sus tumbonas y sombrillas tras pagar un canon, pero la playa es de dominio público y gratuita. No es suya".
¿Cuestión zanjada? Que no: ¿Qué ocurre entonces en un caso como el de Cala Sa Nau, en el que los bañistas ponen la toalla en la zona de tumbonas por la que ha pagado el hamaquero? Coge el testigo en la explicación Celestí Alomar, ex conseller de Turismo y actual jefe de la Demarcación de Costas de Balears, que hace un hueco en sus vacaciones para poner los pies en la arena que mejor domina: la de la Ley de Costas. "Se puede dar autorización para poner hamacas en un máximo del 50% de playa, pero en ese espacio el uso público no se niega nunca. Puede haber choque de intereses, como es el caso, pero no es de recibo que ningún hamaquero ni nadie diga que la playa es suya. La playa es pública, ellos tienen autorización de uso pero en ningún caso la propiedad", apunta Alomar, que afirma que en casos como estos lo mejor es tirar de buena voluntad.
¿Queda esta vez claro? Pues tampoco. Porque las dobleces le siguen confiriendo a la ley el rango de castillo en el aire. Y cada uno le pone los cimientos que más le agradan. Sirve el ejemplo de los bañistas peleados con el hamaquero y el policía floreado, a los que dejamos enzarzados en un debate sin salida, en el que el hamaquero, acorralado en la falta de argumentos, se arroga poder legislativo y enuncia una nueva norma cuando le preguntan por los límites de su zona. "Pues un trozo hacia fuera. Unos metros. Bueno, dos", expresa inseguro. Le echa un cabo el policía encremado: "Puede ponerlas dónde quiera si no está a menos de quince metros del agua. Si ven una a menos de quince metros, avísenme". ¿Quince metros? ¿Y por qué no veinte? ¿O catorce? Preguntados al respecto, ni el delegado de Costas, ni los técnicos de su equipo ni los abogados especializados en las lagunas y vericuetos de la ley conocen tal límite.
¿Y de quién es la sombra?
Así que las dudas llegan al despacho de quien mejor puede resolverlas, según indican tanto Alomar como la funcionaria que da las autorizaciones para sembrar tumbonas, la jurista de la Demarcación de Costas, Blanca Morera. A ella se le plantea la madre de todas las dudas: porque hasta ahora está claro que la playa es pública y gratuita, y también que el hamaquero, previo pago de la autorización, puede poner sus tumbonas y sombrillas en un espacio limitado, pero ¿qué ocurre cuando unos y otros entran en conflicto? ¿Qué ocurre por ejemplo con la sombra de las sombrillas del hamaquero, que muchas veces cae sobre la arena? "Es un conflicto típico, porque encima la sombra se mueve durante el día –comenta amable Morera, habituada a estos berenjenales–. Hay que ver quién abusa de quién, pero lo que no puede decir el hamaquero es que la playa es suya. Y tampoco se puede desalojar a nadie, ni él ni el policía. Se analiza caso por caso, teniendo en cuenta por ejemplo si hay o no espacio suficiente para que la gente ponga su toalla, porque si están bien hechas las cosas no tendría que haber estos conflictos".
Pero los hay. ¿En que quedamos pues? "La playa es gratuita y de uso público", recalca la abogada como principio de partida, reflejado además con contundencia en el artículo 53 de la Ley de Costas: "En ningún caso las autorizaciones podrán desnaturalizar el principio de uso público de las playas". Así que la sombra que proyecta la sombrilla es del hamaquero, pero que la coja si puede: porque, les guste o no al guardatumbonas y al policía bañista, la arena es de todos. Con sombra o sin ella. Por ley.
* Diario de Mallorca - ALBERTO MAGRO - 28.08.10
Foto: La zona de tumbonas puede ocupar la mitad de la playa como máximo. Aunque este límite se incumple sistemáticamente. Salta a la vista el caso de Cala Sa Nau, en la que ayer se amontonaban los bañistas sin tumbona (en la imagen). Las sombrillas y camas les han dejado una estrecha franja, en la que además están instalados dos toldos de un negocio de masaje y otro en el que el chiringuito pone sus mesas. El resultado (bañistas hacinados) se repite en otras calas estrechas, como Portals Vells, El Mago o Llombards.- diariodemallorca.es
Granada.- Los vecinos de la Chana afirman sentirse "vejados" por el alcalde de la capital
IDEAL* : El presidente de la Asociación de Vecinos de La Chana, José Fernández, ha trasladado al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada que los residentes del barrio se sienten "vejados por el alcalde", José Torres Hurtado (PP), porque "no tiene en cuenta ni una de sus reivindicaciones", como la construcción de un bulevar prometido hace siete años. La portavoz del grupo socialista, Carmen García Raya, se hizo eco este martes del malestar vecinal existente a raíz de la elección de determinada calles elegidas para incluirlas en el plan asfáltico, y que, "en nada responder las necesidades reales de los vecinos".
La edil explicó que se va a mejorar el asfaltado de las calles Virgen de la Consolación y Parque San Lucas pese a que no eran una prioridad para los vecinos, mientras que zonas como el barrio de Las Angustias o la calle Ledaña, "donde vecinos insisten en que se acometa una intervención, no son tenidas en cuenta por el alcalde", insistió.
A este respecto, la concejala socialista opinó que la distribución de las calles del plan asfáltico que va a acometer el Ayuntamiento con cargo a los Fondos Proteja de la Junta de Andalucía "no responden a las necesidades de los ciudadanos" como a su entender queda evidenciado en el barrio de la Chana".
En este sentido, criticó que después de haberse gastado "ocho millones de euros en la reforma de Gran Vía", la entidad local incluya de nuevo esta vía en el citado plan, lo que a su juicio responde a fines electoralistas.
García Raya también insistió "en la dejadez en el mantenimiento" del barrio y denunció los problemas de insalubridad que se han registrado durante el verano por la presencia de plagas de cucarachas y ratas.
* Ideal - 31.08.10
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Los verdaderos costes económicos de incinerar residuos urbanos
PELLO ZUBIRIA CAMINO* : Recientemente la organización Greenpeace presentó en Donostia el documento «La incineración de residuos en cifras. Análisis socio-económico de la incineración de residuos municipales en España». Importante argumento el económico, que los «incineradores» intentan ocultar ofreciendo datos parciales revestidos de mentiras cuidadosamente seleccionadas. El dato fundamental que muestra el estudio de Greenpeace es que los costes económicos por tonelada incinerada que habitualmente ofrecen los dueños de las incineradoras y sus cómplices institucionales o periodísticos son fundamentalmente falsos por parciales: ocultan costes muy importantes que logran escabullir en sus contabilidades. Para empezar, las incineradoras cobran a los municipios una tasa por tonelada quemada, pero esa tasa no paga todos los costes del proceso, ni muchísimo menos. Entonces... ¿cómo es que la incineración resulta rentable para los industriales de basuras? Parte de la rentabilidad de las incineradoras reside en las subvenciones que la administración les concede por generar electricidad. En principio las subvenciones son para las energías renovables (eólica, fotovoltaica...), pero las administraciones han aceptado incluir en ese capítulo la energía obtenida de modo tan sucio y contaminante. Una aberración... pero que hasta ahora cuela.
Por cada tonelada de residuos que se ha incinerado en el Estado español, la Administración pagó como media 19 euros de ayuda en ese concepto. Si tenemos en cuenta que la media de tasas cobradas por los incineradores a cada ayuntamiento es de 65 por tonelada, 19 euros de subvención no es moco de pavo.
Pero resulta, además, que incinerar residuos urbanos acarrea unos costes ambientales muy importantes... que nuestros incineradores logran que no se paguen. Emisiones atmosféricas contaminantes, emisiones de líquidos, cenizas, escorias y otros residuos, el impacto visual y sonoro, etc. Existen modos de cuantificarlos en costes económicos. Greenpeace se hace eco de dos metodologías de análisis que llegan a cifras no muy distintas; en el caso del Estado español estos costes ambientales suponen como media otros 44 euros más por tonelada llevada a quemar.
Existe una directiva de la Unión Europea que obliga a las administraciones a hacer frente a dichos costes ambientales, al menos en parte. En casi toda Europa los estados penalizan cada tonelada incinerada y con el dinero de esas penalizaciones priman a los que gestionan mejor sus residuos. En Catalunya cada tonelada incinerada es gravada con entre cinco y 15 euros de «impuesto verde», con 7,43 euros en Flandes, y en Dinamarca con 44,32 euros. ¿Cuántos euros se cargarán -porque en breve va a ser obligatorio- a cada tonelada incinerada en Zabalgarbi-Bizkaia? ¿Y a las que se desean quemar en Zubieta?
Un tercer grupo de costes que los incineradores disimulan son las costosísimas inversiones iniciales. En el caso de Zabalgarbi, Greenpeace habla de 312 euros por habitante de Bizkaia. ¿Cuánto nos puede salir la «broma» de construir una incineradora en Zubieta a cada uno de los 700.000 gipuzcoanos?
Greenpeace resalta en su estudio más aspectos importantes. Por ejemplo, el hecho de que los ayuntamientos que gestionan sus residuos con incineración gastan en ese capítulo hasta un 29% más que los no incineradores, y también que las tasas por basuras cobradas a los ciudadanos son en los ayuntamientos incineradores entre un 14,2% y un 29,6% más elevadas que en los otros.
Mención especial merece la dimensión social-laboral de la opción incineradora: como media las plantas incineradoras emplean a 25 trabajadores por 100.000 toneladas quemadas, mientras que si se gestionan los residuos con otros sistemas alternativos como el basado en el puerta a puerta, se logra crear entre siete y 39 veces más empleos. Tema este más importante aún si cabe en el contexto actual de crisis.
Si los datos económicos hablan así de claro, nos podemos preguntar: ¿dónde está la madre del cordero de la opción incineradora? El gran robo funciona sobre la base de que los ciudadanos no se enteren de que pagan todos los costes, tanto los reconocidos (las tasas municipales por recogida de basuras) como los disimulados, que desvela Greenpeace.
Los 19 euros de prima por electricidad pseudo-limpia los pagaremos vía factura eléctrica o vía subvenciones salidas también de nuestros impuestos. Entre todos pagaremos la no penalización del impacto ambiental. Por un lado, se roba a los ciudadanos de localidades como Hernani, Oiartzun y Usurbil (próximamente Antzuola...) que con el puerta a puerta obtienen muy buenos resultados; a municipios que en toda Europa obtendrían primas y serían reconocidos como ejemplos a seguir por todos. Por otro lado, lo pagaremos todos los ciudadanos en costes sanitarios y de calidad de vida.
¿Y los más de 400 millones previstos para la planta de Zubieta? Los intereses y amortizaciones de los créditos los pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos, y también saldrán de nuestros bolsillos las subvenciones declaradas o encubiertas que vayan a lograr para esa fábrica de quemar residuos.
Existen importantes motivos de índole sanitaria que afectan a la salud, nuestra y de nuestros descendientes, para oponernos a que los residuos urbanos sean incinerados. También son notorios los impactos negativos en relación con la calidad de nuestro medio ambiente. Pero es que, además, incluso por cuestiones de eficacia y de justicia económica debemos rechazar un sistema de gestión despilfarrador de recursos y que supone un robo del dinero público de todos, que se lo quieren embolsar algunos grandes empresarios con la complicidad de responsables políticos y grandes medios de comunicación.
* Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20100830/218066/es/Los-verdaderos-costes-economicos-incinerar-residuos-urbanos
* Rebelión - Gara - Opinión - 31.08.10
