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LAOPINIÓN/Almería* : La federación almeriense de Ecologistas en Acción exigió ayer a los nuevos gobiernos central y autonómico que salgan elegidos tras el próximo 9 de marzo que adopten "medidas definitivas" para llevar a cabo la demolición "total" del hotel construido en el paraje El Algarrobico de Carboneras (Almería).
Así lo reveló a Europa Press la coordinadora provincial del colectivo, Montserrat Severiano, quien, ante el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que procederá al "derribo inmediato" de la parte del hotel que invade los 100 metros de servidumbre marítimo-terrestre si la Audiencia Nacional (AN) desestima el recurso de la promotora contra el deslinde, criticó que la Consejería de Medio Ambiente "ya anunció hace dos años", con motivo de la paralización de las obras, el derribo del inmueble.
Severiano aseguró que los ecologistas no se conforman con el derribo parcial del edificio, sino que reclaman el derribo completo de un hotel que es ilegal y que supone "el mayor símbolo" de la "destrucción del litoral" en España.
Primera sentencia. Narbona indicó el domingo que existe ya una primera sentencia de la AN que confirma que una parte del Algarrobico está situada en la servidumbre de protección conforme con la Ley de Costas, por lo que añadió que una segunda sentencia en este sentido supondría el derribo inmediato de las instalaciones.
La ministra anunció asimismo que su departamento y la Consejería de Medio Ambiente presentarán mañana una oferta conjunta y definitiva a Azata del Sol, promotora del hotel, sobre el justiprecio por la expropiación de los terrenos, que la empresa fija en 300 millones de euros frente a los entre 30 y 40 ofrecidos en un primer momento por el Ministerio.
Respecto a este asunto, la organización ecologista Greenpeace consideró ayer "bochornoso" que Gobierno central y Junta se reúnan con la promotora precisamente ahora, cuando sólo queda una semana para las elecciones.
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, calificó de "electoralismo" el acuerdo que pretenden firmar la Junta y el Gobierno con la constructora. Para Arenas, lo importante en lo ocurrido con este hotel no es el derribo, sino "haber permitido que se construyera de forma ilegal".
También el candidato de IU, Diego Valderas, denunció que la "ineficacia e irresponsabilidad" del Gobierno andaluz hagan que esta construcción ilegal la tengan que pagar todos los andaluces. Por último, el aspirante de CA, Julián Álvarez, criticó que el Ejecutivo autonómico pretenda negociar el derribo "el último día".
* La Opinión de Málaga - 04 de marzo de 2008
Foto: Polémica. El hotel se construyó en la localidad de Carboneras, dentro del parque natural Cabo de Gata. Efe
Exigen medidas definitivas para la demolición total del hotel en El Algarrobico
La crisis inmobiliaria frustra el 'pelotazo' en Agua Amarga
ELPAÍS/Alicante* : La crisis de la construcción ha afectado de plano a una de las operaciones urbanísticas de más calado en Alicante, la incorporación al patrimonio público del humedal de Agua Amarga -1,8 hectáreas de terreno al sur de Alicante, propiedad de la empresa zapatera Kelme-, a cambio de más edificabilidad para los promotores.
El cambio de expectativas en el sector inmobiliario, unido a la ambigüedad de los plazos del convenio urbanístico, ha llevado a los promotores a aparcar cualquier acuerdo con la Administración.
En síntesis, la propuesta de convenio urbanístico recogía que el Ayuntamiento ofrecía a los promotores aumentar la edificabilidad prevista en algunos planes urbanísticos. El valor de este exceso de obra autorizada iría directamente a Kelme. Finalmente, la firma cedería al Consistorio la propiedad de Agua Amarga. Pero el freno de la construcción ha llevado a los promotores a endurecer sus condiciones hasta el extremo de hacer inviable el pelotazo.
La operación impulsada a tres bandas por el Consell, el Ayuntamiento de Alicante y la familia Quiles, propietaria del terreno y fundadora de la firma zapatera ilicitina Kelme, es la clave para aplicar el plan de saneamiento de la empresa. La operación se negocia desde mediados de 2007, cuando el Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que tutela la factoría desde 2002, pactó la salida de la familia Quiles del accionariado de Kelme a cambio de seis millones de euros.
El acuerdo incluía la venta de los terrenos de Agua Amarga, que están en su mayoría, salvo 600.000 metros cuadrados, en el término de Alicante. Esta venta es necesaria para afrontar la deuda de 50 millones de euros acumulada por la empresa. El convenio, según aseguró ayer José Quiles, portavoz de la familia, expiró el pasado 31 de diciembre sin que el Ayuntamiento ni el Consell hayan logrado acuerdo alguno con los promotores.
José Quiles puntualizó ayer que el Ayuntamiento ha estado negociando sin éxito con al menos tres promotores, cuya identidad declinó desvelar. "Está claro que la crisis inmobiliaria ha impedido la firma de la permuta", explicó el portavoz de la familia, todavía propietaria de la industria zapatera. Quiles anunció, además, que hoy se reunirá con los responsables del IVF para replantear los términos de la negociación: "Vamos a presentar tres nuevas alternativas. Nuestra intención es recuperar la gestión de la empresa, porque así nos no han pedido los trabajadores".El Consell y el Ayuntamiento comenzaron las gestiones en pos de un convenio urbanístico con el que rentabilizar la compra de los terrenos de Agua Amarga a mediados del año pasado. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, había hecho con anterioridad una oferta en firme a Kelme por la compra en efectivo del saladar. La iniciativa del Gobierno se enmarcaba en su estrategia para recuperar y preservar zonas del litoral amenazadas por la piqueta. No obstante, la firma zapatera rechazó la propuesta del Ejecutivo ante la irrupción en el proceso del Ayuntamiento y la Generalitat valenciana con una oferta más ventajosa para la empresa (la cesión de edificabilidad en otros puntos del término). De esta manera, el Ayuntamiento y la Generalitat no realizaban ningún desembolso, a cambio de desprenderse de patrimonio público, en este caso derechos de edificabilidad. El saladar de Agua Amarga es un espacio incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.
La pretensión de la familia Quiles de recuperar las riendas del negocio se produce seis años después de que el IVF asumiera la tutela. Desde 2002 los Quiles están apartados de las funciones ejecutivas y Benjamín Clarí, ex ejecutivo de Adidas, que llegó a Kelme en 2006, ocupa la presidencia desde el año pasado. Este paso adelante se produce mientras el IVF sigue trabajando para cerrar el plan diseñado para sanear la empresa y que prevé la entrada de un nuevo propietario. El fondo de capital riesgo Tirant, impulsado por el IVF pero que cuenta con más de una decena de partícipes, entre ellos Bancaja y la CAM, ha puesto sobre la mesa una propuesta sobre la que se negocia y que supondría la separación de la actividad industrial y patrimonial. Tirant asumiría la propiedad y también la deuda industrial, con el compromiso de invertir en el negocio. Mientras, los terrenos de Agua Amarga quedarían en una sociedad ajena a Kelme y participada por los acreedores, principalmente Bancaja y la CAM, y los Quiles.
Kelme, mientras, espera una solución. Los trabajadores cobraron la nómina de enero en tres partes, según fuentes sindicales. Las mismas fuentes denuncian falta de información por parte de la dirección. La tensión ha llevado incluso a la dimisión a un directivo de ventas, muy critico con la dirección.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - Alicante - 04/03/2008
Foto: Alicante, zona de Agua Amarga - mma.es
La agonía de la perla azul
PÚBLICO/Marruecos* : El ladrillo ha desembarcado en las playas vírgenes de Marruecos. Los ecologistas acusan a la inmobiliaria española Martinsa-Fadesa de causar un «desastre natural» en un arenal.
Saidía, la perla azul del Mediterráneo. Así llamaban los marroquíes a esta playa: 10 kilómetros de arena blanca frente a las costas almerienses, flanqueados por una joya ecológica, un bosque endémico de enebro rojo, único en Marruecos.
Este ecosistema cobijaba a especies protegidas, como la tortuga griega, reptiles rarísimos (como los eslizones), camaleones y aves migratorias. Pero esta descripción forma ya parte del recuerdo. Muchos indignados habitantes de Saidía sienten que les han arrebatado un patrimonio que debían legar a sus hijos.
Su indignación tiene nombre español: el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, a la que acusan de haber transformado un paraíso natural en un panorama de cemento y grúas.
Para ellos, la playa vio su destino sellado cuando esta compañía ganó en 2003 la licitación para construir, a través de su filial en Marruecos, un gran complejo turístico. Éste consiste en una urbanización que abarca 700 hectáreas, con seis kilómetros de playa, hoteles, un puerto deportivo, 3.000 viviendas y tres campos de golf.
"Esta urbanización es un crimen en el que las autoridades marroquíes han sido cómplices”, denuncia tajante el ingeniero agrónomo Mohamed Benata, presidente del Espacio de Solidaridad y de Cooperación de la región Oriental (ESCO).
Antes incluso de que las excavadoras llegaran, este ecologista advirtió del “desastre” en ciernes. No sólo por lo ya irreparable; es decir, “la destrucción del bosque y las dunas, el saqueo de la arena y la masacre de tortugas, camaleones y otras especies”.
También porque el complejo se sitúa a las puertas del humedal más vasto de Marruecos y uno de los más importantes del Magreb, la desembocadura del río Mouluya, clasificado como Sitio de Interés Biológico.
El estuario de este río alberga 131 especies de aves migratorias, de las que dos terceras partes anidan allí, y 636 especies de fauna. Esta desembocadura está protegida por la Convención Internacional de Humedales de Importancia.
Este acuerdo se aplica a “ejemplos únicos de humedal”, en los que viven “especies en peligro o peligro crítico”.
Un humedal muy vulnerable
El proyecto debe proveer de agua a los turistas, los hoteles, y, sobre todo, a los tres campos de golf. Las necesidades de agua de la urbanización, que se prevén enormes, inquietan no sólo a Benata, quien teme que la urbanización “acabe con el humedal en tres años”, sino también a Najib Bachiri, presidente de la Asociación Hombre y Medio Ambiente.
Bachiri teme que el complejo cause una “catástrofe ecológica”. Ambos recuerdan que la empresa se había comprometido a regar los campos de golf con aguas residuales. En su lugar, denuncian, “están utilizando el agua del río y su zona protegida”.
Público se ha puesto en contacto con la compañía Martinsa-Fadesa para conocer su versión sobre estos hechos. La empresa reconoce, en un correo electrónico, estar regando “sólo un campo de golf” y admite que “provisionalmente” se abastece “con una estación de bombeo del río Mouluya”.
Sin embargo, en su correo de respuesta asegura que “el impacto se considera mínimo”, porque “sólo necesita regar 200 hectáreas”.
La empresa asegura estar aplicando “un plan de optimización del uso del agua” y afirma que, en cualquier caso, “la compañía ha implementado ya medidas de protección, recuperación y regenaración ambiental, más allá de lo que exige la ley”.
Y concluye: “Tenemos la preocupación de preservar el equilibrio natural de la región”.Benata discrepa de estas afirmaciones. Explica que “el ecosistema del humedal se basa en el equilibrio entre agua dulce y salada; si se extrae agua dulce, el agua del mar saliniza el río, lo que puede acabar con las especies que viven allí”.
Esta opinión es compartida por Manolo Soria, de la ONG española Ecologistas en Acción . La organización está dando su apoyo a ESCO y otros grupos que se han unido en una plataforma para salvar la biodiversidad del Mouluya.
“El uso del agua de los acuíferos y la utilización de pesticidas para los campos de golf serán nefastos”, deplora Soria. “Y ello en razón de un “modelo turístico caduco, el de los campos de golf”, añade.
Pero no sólo los ecologistas están alzando la voz. También lo hacen algunos políticos. La senadora franco-marroquí, Alima Boumediene-Thiery, respalda a la plataforma. En su opinión, la inmobiliaria española “se ha aprovechado de la falta de control del Gobierno [de Marruecos], que vende el país al mejor postor”.
La plataforma ecológica tiene además muchas dudas de que se haya cumplido con la obligación de efectuar un estudio de impacto medioambiental.
Martinsa-Fadesa no facilita una copia del estudio de impacto, aunque sostiene que el informe “se entregó en las bases del concurso”. Con respecto a la destrucción de las dunas, la compañía añade que solicitó “un informe de evaluación ambiental suplementario para el tratamiento dunar, que propone algunas medidas”. Pero estas medidas, reconoce, están “pendientes de desarrollar”.
La inmobiliaria recalca en su correo de respuesta que el proyecto prevé crear “8.000 empleos directos y 40.000 indirectos”. A Benata este argumento no le vale: “Los turistas vienen por la diversidad de esta naturaleza; si se destruye, a largo plazo, ya no habrá turistas”.
Una zona con riesgo de inundaciones
Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente del Ministerio marroquí del ramo, el litoral de Saidía es “muy vulnerable a las inundaciones” [como muestra el mapa adjunto, elaborado con los datos de este estudio].
El documento advierte de que “de conjugarse el cambio climático con fuertes marejadas”, el 69% de los complejos turísticos de la zona, incluido “el que está construyendo Martinsa-Fadesa”, podrían inundarse a partir de 2050.Según la inmobiliaria, “hay un compromiso por parte del Gobierno marroquí para constuir un canal de protección (financiado en parte por Fadesa Maroc) para evitar las inundaciones”.
La profesora Maria Snoussi, del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Mohamed V de Rabat y experta en cambio climático, asegura que la urbanización “tendrá un impacto ampliamente negativo en la biodiversidad de Saidía”.
Snoussi asegura que “al destruir el cordón de dunas y la vegetación que las fijaba, han acabado con un ecosistema que se autorregulaba y contribuía a evitar las inundaciones”.
Las necesidades de agua del proyecto, estima la profesora, pueden “desertificar aún más ” una región cuyos recursos hídricos están ya muy explotados por la agricultura.Martinsa-Fadesa ha prometido que “contribuirá” a la realización de una estación depuradora de agua “competencia del Gobierno marroquí”.
La empresa dice que la “localización” del complejo, “ya estaba asignada en el pliego de licitación del concurso”. El estudio citado detalla que, de sus 700 hectáreas, 354 estaban “clasificadas inicialmente como dominio forestal”.
Chilabas en un complejo de lujo
Saidía era la playa preferida de los emigrantes marroquíes cuando volvían a casa en verano. Sus bosques eran lugar de pastoreo. Ahora, dicen, su playa será “de los ricos” que compren las casas.
Martinsa-Fadesa dice que el acceso a la urbanización será libre. La senadora franco-marroquí Alima Boumediene se muestra escéptica: “¿Usted cree que a los marroquíes vestidos con chilaba les dejarán pasearse tranquilamente por este complejo de lujo?”.
* Público - TRINIDAD DEIRÓS - Madrid - 03/03/2008
Foto: Marruecos, proyecto urbanización Saidía - publico.es
40 propuestas por una vivienda digna y análisis comparativo de las propuestas electorales
CANALSOLIDARIO* : Fue uno de los lemas de las manifestaciones por el derecho a la vivienda y son reivindicaciones de la Plataforma por una Vivienda Digna, que compara sus propias proposiciones de política urbanística con los programas electorales... "El 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos deberían destinarse a vivienda protegida".
La Asociación Plataforma por una Vivienda Digna lanza 40 propuestas por una vivienda digna, defendiendo que se destine el 2% del PIB a su acceso, como en la mayoría de los países europeos, proposición que comparte Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La asociación aboga por el establecimiento de gravámenes fiscales a los propietarios de viviendas vacías, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), ERC y el Bloc Nacionalista Valencià, y la limitación de las hipotecas al 25% del salario, a 20 años.
El Partido Popular (PP), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria y Nafarroa Bai (Na-Bai), por su parte, se muestran contrarios a la propuesta de la organización, que desea la eliminación progresiva de las figuras fiscales que incentiven la inversión en vivienda, destinando este dinero a iniciativas que faciliten el alojamiento.
Poner fin a la especulación
Respecto a la política presupuestaria, la plataforma sugiere que se cree una oficina pública de tasación de vivienda a fin de evitar la especulación, y que la Agencia Tributaria destine más recursos para combatir el fraude fiscal en el sector inmobiliario.
La asociación también expone que el 80% de la nueva vivienda protegida ha de ser en régimen de alquiler vitalicio, coincidiendo con el programa electoral de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Ciudadanos y Na-Bai, y recomienda “la prohibición del sorteo como método de adjudicación”, además del consiguiente diseño de baremos que prioricen a las personas más necesitadas.
Acerca de la planificación urbana, la plataforma propone que “el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos” se destinen a “vivienda protegida”, así como IU-ICV y Na-Bai, prohibiendo que sea fuente de ingresos para las administraciones públicas.
En este sentido, Vivienda Digna manifiesta la necesidad de impedir las nuevas construcciones en aquellos municipios en los que el porcentaje de vivienda vacía y desocupada sea significativo.
La asociación también sugiere “la apertura de oficinas de inspección inmobiliaria” en las principales ciudades españolas, con el fin de “controlar el fraude”, velando por la calidad y seguridad del mercado inmobiliario.
“La reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos” debe ser prioritaria para asegurar “la desvinculación total con el sector inmobiliario”, según la plataforma y UPyD, haciendo hincapié en la necesidad de igualdad ante el derecho a la vivienda.
Aunque, según la Asociación Plataforma por una Vivienda Digna, varios partidos recogen “el derecho subjetivo a la vivienda en sus programas” y “la implementación de un pacto que involucre a todas las instancias del Estado implicadas en el desarrollo de una política de vivienda efectiva”, sus propuestas “siguen siendo insuficientes para atacar uno de los problemas que los ciudadanos perciben como principales”.
* Canal Solidario - 03/03/2008
Foto: Vivienda Digna, derecho a techo
Paisajistas internacionales elaboran un documento con intención de influir en las políticas urbanísticas europeas
LAVOZDELANZAROTE* : Convencidos como están de que el paisaje es un “asunto estratégico” para Europa y para las políticas globales y de que “los paisajes de mala calidad producen ciudadanos de mala calidad y, por tanto, democracias de mala calidad”, la Fundación César Manrique ha reunido a paisajistas internacionales que durante este viernes han participado en una jornada de trabajo, reflexionando sobre el patrimonio natural.
El objetivo, elaborar un “Documento Lanzarote del Paisaje” que repercuta e influya en las directivas europeas, entre ellas el Convenio europeo, ratificado por España, que entra en vigor este sábado.
Y es que se abren nuevos tiempos en la concepción del paisaje que, como ha destacado el director de Actividades Fundacionales de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, ha dejado de ser “aquello que se ve después de haber colocado un marco”. Ahora es un “elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones”, según especifica el Convenio Europeo del Paisaje, redactado en Florencia el 20 de octubre de 2000. Aparece con este, un nuevo instrumento dirigido a la “protección, gestión y ordenación" de los mismos”. Ahora el paisaje tiene una entidad jurídica y las intervenciones tienen que realizarse de forma reglada.
Pero, ¿qué es un paisajista? ¿Qué significa su figura en una intervención urbanística? César Manrique podría ser un ejemplo. El director de Actividades Fundacionales considera que fue un "pionero" en la medida en que sus actuaciones en Lanzarote responden a una armonización con el paisaje. De hecho, los paisajistas que están participando en el documento conocerán la obra de Manrique en un tour que ha organizado la FCM para la tarde del viernes.
Sin embargo, en España hay poca “tradición” y tan sólo en Barcelona se cuenta con la figura del paisajista en algunos proyectos urbanísticos y territoriales. “Estamos produciendo paisajes que son consecuencia de actuaciones muy dispersas”, critica Gómez Aguilera resaltando su importancia. Éste se ocuparía del proyecto de integración previo a la hora de hacer urbanismo. Ordenando el territorio a gran escapa, donde después intervienen profesionales muy diversos (arquitectos, jardineros, urbanistas…)
Meter Latz, Georges Descombes, Paolo Bürgi… nueve de los paisajistas, que han participado en la exposición de "Grandes paisajes de Europa, comisariado por Lorente Coen y organizado por la FCM", se han reunido en la mañana del viernes en la sede de Taro de Tahíche. Entre ellos, Pilles Climent que ha realizado un proyecto concreto para esta exposición, situado en Arrecife, y que se exhibe durante estos días en la Sala Saramago.
A por la el paisaje de Arrecife
A petición de la FCM, Clément ha elaborado un proyecto, que abarca el tramo entre Arrecife y El Cable. “En Lanzarote, tenemos necesidades en el entorno de la ciudad y le pedimos a Clément que fuera una intervención urbana”, explica Gómez Aguilera, que espera que la Administración tenga la sensibilidad suficiente para llevarlo a cabo. Por eso, le pidieron expresamente que no fuera un proyecto gravoso y ahora iniciarán negociaciones para tantear la posibilidad de hacerlo realidad.
“Queríamos contar con una propuesta concreta del mundo paisajístico”, justifica el director de la FCM, quien destaca la importancia de que Lanzarote cuente con la intervención de un paisajista tan significativo que ha realizado, entre otras cosas, los jardines del Museo de Quai Branly, junto a Jean Nouvel, en Paris. El proyecto busca recuperar las Salinas de La Bufona y contempla un jardín de Sal, bajo una propuesta autónoma de abastecimiento de energía.
* La Voz de Lanzarote - Laura Fernández Palomo • 29 de febrero de 2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org
¡Abajo las murallas!
JORDI BORJA* : El título corresponde al doctor Monlau, autor de la memoria manifiesto con el mismo título y uno de los principales representantes del movimiento ciudadano que forzó la demolición de las murallas en 1854. El Museo de Historia de la Ciudad realizó una magnífica exposición al cumplirse los 150 años de un hecho que permitió el posterior desarrollo orientado por uno de los proyectos fundacionales del urbanismo moderno, el Plan Cerdà. El año próximo se celebrará el 150º aniversario de este plan, que ha configurado a la ciudad actual.
Y este año recordaremos, supongo, los 70 años de los bombardeos sobre Barcelona. Por otra parte, en la agenda política reaparece la creación de un gobierno metropolitano, como declaró la semana pasada el alcalde después de una visita a la capital del Estado. Hay una lógica en este recordatorio y una oportunidad en el actual momento político. A menos que las elecciones generales provoquen un terremoto político. ¡Dios no lo quiera! Bastante le deben de irritar nuestros obispos, que se han echado al monte, como para premiarles con una victoria electoral. Si el poder divino existe y lo permitiera, como dice Woody Allen, le sería muy difícil darnos una explicación convincente.
Barcelona vive ahora también encerrada en sus murallas administrativas, murallas opresoras como los muros de antaño. Este encierro tiene un efecto perverso: la mayor potencia relativa de la ciudad central con relación a sus entornos la lleva a concentrar los equipamientos y servicios de excelencia, a tender a expulsar a los jóvenes y a los sectores populares, y al ombliguismo autosatisfecho. Y no olvidemos que la Barcelona municipio es en habitantes sólo la mitad de la ciudad compacta y un tercio de la región metropolitana. En consecuencia, contra lo que a veces se piensa, la inexistencia de un gobierno metropolitano y la debilidad o fragmentación de las políticas públicas en este ámbito perjudican mucho más al conjunto de Cataluña y especialmente a las periferias metropolitanas que a la ciudad central. La desconfianza atávica de los municipios del entorno frente al expansionismo barcelonés y de la Generalitat ante un poder metropolitano que podría representar a la mayoría de la población hoy nos parece que no estaría justificada. Y vamos a intentar explicarlo.
La ciudad se las arregla muy bien en su jaula dorada. Tiene capacidad para atraer inversiones y para externalizar problemas sociales y ambientales. La disolución de la Corporación Metropolitana en 1987 no impidió que la década siguiente fuera probablemente la más brillante de su historia moderna. Y ahora, en nombre de la equívoca proximidad su gobierno, tiende a un amable conservadurismo. Es cierto también que los municipios del entorno han afirmado su identidad, han multiplicado iniciativas transformadoras y han demostrado que es posible una ciudad metropolitana policéntrica. Pero su independencia es muy relativa. Las infraestructuras (la condición principal para el funcionamiento de la ciudad metropolitana) y los grandes proyectos urbanos son casi siempre plurimunicipales, afectan a competencias y requieren recursos de la Generalitat o del Estado, y en sus decisiones la ciudad de Barcelona, lógicamente, tiene mucha más capacidad de influencia que los otros municipios. El resultado de esta fragmentación política de la ciudad metropolitana es que se favorece un desarrollo excluyente en las áreas centrales e insostenible en las periferias menos densas. Los municipios entran en una competición de suma negativa en vez de una relación cooperativa y caen fácilmente en la tentación del nuevo rico, del urbanismo ostentoso cuyo ejemplo más reciente es la plaza de Europa: entre Barcelona y el aeropuerto se nos ofrece esta mala imitación de la Isla de Pascua en cemento.
Paradójicamente, cuanto más débil es la política metropolitana, más se multiplican los organismos supramunicipales.¿Para qué? A la treintena de municipios que componen la ciudad compacta (que, no lo olviden, ocupa una superficie inferior a la del municipio de Madrid) se añaden los perfectamente inútiles consejos comarcales, las opacas entidades metropolitanas de servicios (transportes, residuos, agua, etcétera), la casi clandestina mancomunidad, la silenciosa Autoridad Metropolitana del Transporte (¿oyeron su voz a lo largo de la crisis de cercanías?), el inactivo Consorcio Metropolitano de la Vivienda, etcétera. Incluso una iniciativa interesante y en la que hay una participación activa de la sociedad civil como es el Plan Estratégico Metropolitano no tiene quien recoja sus propuestas al estar huérfano de liderazgo político. Y un organismo técnicamente potente como Barcelona Regional no puede impedir la degradación del urbanismo fragmentado. Un gobierno metropolitano político, es decir, electivo (directa o indirectamente por parte de los consejos municipales), permitiría suprimir lo superfluo y dar sentido a lo necesario, redistribuir ingresos y promover proyectos articulados y coherentes. No solo daría más fuerza y eficacia al conjunto, sino también a cada uno de los municipios. Éstos tendrían una presencia igual o superior a la de la ciudad capital puesto que representarían a la mitad o más de la población. No abordamos ahora la cuestión de la veguería, un ámbito más propio de la Generalitat y de su relación con los municipios y que requiere resolver otro tema pendiente, el de las diputaciones provinciales.
Es frecuente oír que la Barcelona posolímpica se ha quedado sin proyecto. Es cierto, pero es que no puede tenerlo encerrada en sus murallas administrativas. La Barcelona ciudad solamente puede tener un proyecto si su gobierno corresponde a la realidad social y territorial. Entonces no sólo podrá tener un proyecto integrador, sino ejercer la capitalidad entendida como motor y emblema de Cataluña, buque insignia no solamente en sus relaciones con el resto de España, sino también en su proyección europea. Hoy toca construir la eurorregión y ésta se hará primero por medio de las ciudades, con Perpiñán, Montpellier y Toulouse, con Zaragoza y las capitales catalanas, con Valencia si quieren. Solamente una Barcelona liberada podrá impulsar este proyecto de futuro y por ende superar la fijación con Madrid. Un gobierno metropolitano no es hacer futurismo, sino pagar una deuda del pasado. El Plan Cerdà tenía ya como vocación recuperar el territorio del Consell de Cent, de Montgat a El Prat, suprimido después de 1714. Lo consiguió sólo en parte. El Plan Macià de 1932 tenía como referente este territorio. Las bombas de 1938 exigían una reconstrucción que era también una oportunidad que el plan comarcal de 1953 hubiera debido formalizar. La imperfecta Corporación Metropolitana tardó más de 20 años en crearse y fue disuelta en plena democracia, cuando hubiera debido perfeccionarse. Hoy nuevamente emerge la oportunidad. Esperemos que, superando egoísmos particularistas, los responsables políticos estén a la altura indispensable. La ciudad futura se construye en la periferia y ésta necesita poder.
* ELPAIS.com - Opinión - Cataluña - 03/03/2008
