ELPAÍS* : Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.
"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.
Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.
En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.
Las instituciones 'contaminadas'
La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
* ELPAIS.com - F. M. - Madrid - 07/02/2009
Foto: registro. La puerta de la sede de Orange Market. Ayer había quitado el cartel que identifica a la empresa. daniel garcía-sala, levante-emv.com
"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"
Ibi: La sombra del urbanismo
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INFORMACIÓN/Alicante* : La guerra interna del PP valenciano ha encontrado en Ibi uno de sus campos de batalla. Sin embargo, la decisión de la alcaldesa Mayte Parra, de adscripción campista, de expulsar a la edil Felicidad Peñalver, miembro de le ejecutiva de Ripoll, va más allá de las simples disputas de partido. Como tema de fondo del cruce de acusaciones que se ha vivido esta semana, se sitúa una forma polémica de entender el urbanismo, que ha generado suspicacias y rechazo social.
Cuando la concejal del PP ibense Felicidad Peñalver renunció a todas sus competencias, el pasado octubre, el argumento oficial de la sobrecarga de trabajo sembró dudas entre parte de la población. Sin embargo, difícilmente se podía aventurar que lo que aparentemente no eran más que diferencias internas de partido iban a derivar en sólo unos meses en una guerra declarada y abierta, con múltiples acusaciones cruzadas en las que un mismo tema siempre está presente: el desarrollo urbanístico.
En los últimos años, coincidiendo con el auge del sector de la construcción, el urbanismo ha generado diversas polémicas en Ibi. Todas las actuaciones, incluso las más controvertidas, se han ceñido al PGOU, aprobado en el año 2000 casi por unanimidad -apoyado por el entonces equipo de gobierno del PSOE y EU, así como por el PP, y con la sola excepción del único edil del Bloc-. Además, en su mayoría se trataba de desarrollos de no mucha envergadura. Sin embargo, han despertado suspicacias por su tramitación, o incluso por la idoneidad de llevar a cabo estos proyectos.
La expansión del casco urbano hacia el oeste, en las inmediaciones de la finca l'Alamí, ha sido el caso más destacado, al haber llegado hasta los tribunales. Sin embargo, no ha sido el único tema espinoso: el sector de Barberá, la construcción de viviendas en el cerro de Santa Lucía y la ampliación del polígono industrial son otros ejemplos. Algunos de ellos han tenido una fuerte contestación social, como el de las viviendas de Santa Lucía. En él, la arrolladora mayoría absoluta del PP -13 concejales de 21- tuvo que achantarse ante la encendida protesta de la oposición en bloque y de buena parte de los vecinos, indignados por el impacto visual que tendrían las casas sobre el cerro y la ermita que lo corona. Una imagen característica e incluso emblemática de Ibi, cuyo patrimonio arquitectónico ya resultó muy maltrecho por el fulgurante crecimiento que el municipio experimentó entre 1955 y 1980.
Pero la pretensión de levantar aquellas viviendas no sólo topó con el orgullo patrio de muchos ibenses. La oposición destapó presuntas irregularidades en la concesión de la licencia que permitía la ejecución de las obras, algo que ni se siguió investigando ni tuvo consecuencia alguna al paralizarse la actuación. No obstante, sí supuso que, a partir de entonces, la gestión urbanística del equipo de gobierno quedara en el entredicho.
Esto mismo ocurrió con el desarrollo frustrado del sector de Barberá. Estos terrenos, situados en torno a la masía del mismo nombre, a unos seis kilómetros de Ibi y en plena montaña, fueron catalogados como urbanizables en el PGOU. Una calificación que, ante la creciente especulación inmobiliaria, hacía a esta zona apetecible para edificar viviendas. Aún pueden verse desde la autovía dos rótulos deteriorados que hablan de una próxima promoción que, por ahora, no se va a ejecutar. Aquí, la polémica se desató al concederse a la empresa la condición de agente urbanizador por silencio administrativo positivo, para después retirársela.
La controversia urbanística ha estado también de alguna forma presente en los vuelcos políticos que ha conocido Ibi en las últimas elecciones. Ya se hablaba de ella en 2003, cuando el PSOE pasó de gobernar con mayoría absoluta a tener seis concejales. Entonces, la formación independiente ADIi fue la gran sorpresa, al cosechar 3.000 votos y lograr cinco ediles. Una masa electoral que, en gran medida, había apoyado hasta entonces al socialista Vicent Garcia y que, cuatro años después, volvió a cambiar sus preferencias para dar la mayoría absoluta a Mayte Parra.
Ante esta situación, todos los grupos políticos actuales en el Ayuntamiento son conscientes de que la crisis que se vive estos días puede influir sobre los comicios de 2011, pese a lo lejos que aún quedan en el tiempo. El PP defiende su gestión y asegura que "la transparencia de los últimos años es la deseable frente al oscurantismo del PSOE", en palabras del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera. "Todo se hace mirando el interés general", prosigue, "guiados por el criterio del PGOU". A él alude en los casos de Santa Lucía y Barberá, donde "los socialistas dieron la edificabilidad". Agüera alega que el PP apoyó ese planeamiento "con muchas discrepancias", y "porque en un PGOU hay muchas cosas".
El portavoz socialista, Antonio Martos, en cambio, critica "el proceder del PP" amparándose en que el Plan General lo aprobó el PSOE, ya que "es un instrumento vivo" que se hubiera podido modificar. Por ello, actuaciones como la de Barberá "no tienen pies ni cabeza". Los líderes de ADIi y EU, Nicolás Martínez y José Vicente Verdú, respectivamente, también insisten en la cuestión urbanística. El primero señala que "la alcaldesa ha adjudicado todo lo que ha podido a empresas de fuera, pasando por encima de los derechos de propietarios", mientras que el segundo alude a "escándalos" como Santa Lucía y a cómo el equipo de gobierno "esquilma y despatrimonializa Ibi", dejando bienes públicos en manos privadas.
Hay que señalar, finalmente, que la gestión del Ayuntamiento de Ibi en los últimos años ha estado marcada por importantes sobrecostes en determinadas obras, como la reforma del Teatro Río o la piscina climatizada. En este último caso, se creó una comisión de investigación, que apoyó la gestión del gobierno popular.
* Información - A. TERUEL - 8.02.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
El Seprona denunció 437 infracciones urbanísticas en 2008 en toda Extremadura
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HOY* : El chalet de la esposa del alcalde de Villanueva es el más conocido, pero no el único. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), tramitó en 2008 nada menos que 437 denuncias por infracciones urbanísticas en la región. Se trata en su mayoría de actuaciones en zonas rústicas o protegidas que no cumplen la legislación.
En la provincia de Badajoz, donde la Guardia Civil acumuló 168 denuncias, la zona más afectada es la del entorno del embalse de Orellana, con el 95% de los casos, donde se encuentra el chalet de la mujer de Miguel Ángel Gallardo. Estas denuncias ya han sido enviadas a la Fiscalía y a los juzgados de Villanueva de la Serena, que están instruyendo medio centenar. Todavía no se sabe cuándo se podría celebrar el juicio.
El criterio de la Fiscalía en toda España es el de pedir no sólo que se condene a cárcel y multas a los autores de los delitos, sino que se demuelan las construcciones ilegales y se restaure la zona afectada. Pero la última palabra la tienen los jueces, que son los que determinan si se aplica el apartado del Código Penal que contempla la demolición de las construcciones ilegales. Las penas que se establecen para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación.
Detenciones en Coria
Pero no sólo en Orellana hay denuncias por casas ilegales. Uno de los casos más sonados en Extremadura se produjo en Coria hace casi dos años, cuando la Guardia Civil detuvo a nueve personas por construir en terrenos que están en la zona inundable del río Alagón. Estas denuncias no se han juzgado todavía.
No obstante, el asunto de más entidad, por el número de afectados, es el del embalse de Orellana. La fiebre por construirse un chalet junto al agua subió en los últimos años. Tanto, que desbordó incluso al Ayuntamiento de Orellana de la Sierra, donde se encuentran la mayoría de estas segundas residencias. Orellanita, que tiene poco más de 300 habitantes, había concedido algunas licencias en los años 90, pero dejó de hacerlo entre otras razones porque las figuras de protección ambiental que tiene la zona se lo impiden. De hecho, el alcalde que concediera licencias de obra en lugares protegidos podría ser acusado de prevaricación medioambiental y condenado por ello.
Hay que tener en cuenta que el entorno del embalse, más de 42.000 hectáreas, está declarada Zona de Interés Regional (ZIR), Zona de protección de Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia Internacional. Pertenece también a la Red Natura 2000. Unas figuras de protección que la convierten en intocable. Al menos mientras no se modifique la ley y se apruebe el plan de uso, algo que reclaman los alcaldes y que permitiría una construcción ordenada en algunas zonas y restringiría otras. Para los alcaldes sería el modo de ordenar la presión urbanística y aprovechar el tirón turístico para impulsar el desarrollo comarcal.
¿Legalización sí?
El PSOE abrió una puerta el pasado miércoles a la posibilidad de legalizar las segundas viviendas construidas en zonas rústicas. Anunció una modificación de la Ley del Suelo, pero no ha concretado si en esa regularización entrarían viviendas como la de la esposa del alcalde villanovense. De momento, la maquinaria judicial sigue adelante. También la administrativa.
Conviene recordar que las denuncias que elabora el Seprona tras su visita a las parcelas donde se levantan viviendas o se abren pozos tienen varios destinatarios: si únicamente ven infracciones administrativas por falta de licencia de obras, la envían al ayuntamiento. Si la casa se construye en un paraje protegido la denuncia va también a Medio Ambiente, en la Junta; si estiman que hay infracciones a la Ley de Aguas también recibe una copia la Confederación del Guadiana. Por último, sólo si estiman que hay delito urbanístico se manda la denuncia a la Fiscalía. La denuncia a la esposa de Gallardo se envió a todas estas instituciones porque, a juicio del Seprona, podría infringir varias leyes y ser multada por ello, al margen de las consecuencias penales que tenga el asunto.
La Confederación del Guadiana ya ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador, que sigue su curso mientras el juzgado no ordene su paralización; el Ayuntamiento le ha enviado una notificación para que pare las obras; y la Junta también ha anunciado que le ha abierto expediente por tres infracciones diferentes: el movimiento de tierras, la vivienda y una caseta auxiliar.
El Gobierno extremeño anunció, no obstante, que estos expedientes se paralizan mientras está abierto el proceso judicial. Las multas de la Junta por infracciones graves, como en este caso, van desde 6.000 a 60.000 euros.
Medio Ambiente no ha informado de cuántos expedientes tiene abiertos por construcciones ilegales, ni cuántos se han solventado con multas. Sí lo ha hecho la CHG, que ha fijado en 110 el número de expedientes abiertos y enviados a los juzgados referentes a la zona de Orellana.
El delito prescribe
Este número, junto a las 168 denuncias del SEPRONA, puede ser indicativo de las actuaciones urbanísticas irregulares en la zona. No obstante, ninguna administración ha aclarado cuántas viviendas, legales o ilegales, existen en el entorno del pantano.
Las cifras son tan diversas que van desde los que apuntan el número de 200 a quienes lo elevan a más de 400. Algunas disponen de licencia, como las citadas por HOY el pasado viernes, y otras, por su antigüedad, no podrían ser perseguidas, al menos penalmente.
El delito urbanístico prescribe a los cinco años, siempre que no se hayan iniciado actuaciones contra la construcción presuntamente ilegal.
* Hoy - M.M. - 8.02.09
Foto: Vista del paraje de Los Tercios, con viviendas cosntruidas en el entorno del emabalse de Orellana, dentro del término de Orellana de la Sierra./ALFONSO, hoy.es
Los ciudadanos podrán consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet
TERRA* : La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a través de la entidad pública red.es, y el Ministerio de Vivienda han suscrito hoy un convenio marco de colaboración para el desarrollo del Programa de Impulso al Urbanismo en Red, que permitirá a los ciudadanos consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet. De esta forma, el programa 'Urbanismo en Red' permitirá a la ciudadanía acceder, a través de Internet, a toda la información urbanística de su municipio de manera fácil, intuitiva e inmediata, así como consultar información sobre parcelas o áreas de su interés, clasificación, categorías del planeamiento y calificación del suelo.
El usuario también podrá descargar la ficha urbanística completa.
Cualquier ciudadano podrá acceder a toda esta información de dos formas: pinchando directamente sobre el mapa en la zona que desee consultar o introduciendo datos concretos referidos al planeamiento de su interés, tales como distrito postal, referencia catastral, código urbanístico, coordenadas físicas o nombre de la zona a consultar.
Además, 'Urbanismo en Red' servirá como palanca para la incorporación de empresas del sector urbanístico a la Sociedad de la Información.
El convenio suscrito nace con tres objetivos fundamentales. Por un lado, convertir el planeamiento urbanístico en información digital en todo su ciclo de vida, desde su redacción hasta su aplicación, introduciendo herramientas que faciliten su explotación y mejoren la eficiencia de gestión, y por otro lado, garantizar el acceso transparente por medios electrónicos (a través de Internet) por parte de ciudadanos y profesionales al planeamiento urbanístico actualizado.
Asimismo, el convenio pretende fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes a través de servicios electrónicos que coloquen a la información urbanística en disposición de ser utilizada eficientemente por los diferentes interesados.
Para la consecución de estos objetivos, el convenio de colaboración prevé el desarrollo coordinado de distintas actuaciones para extender el Programa Urbanismo en Red al mayor número posible de entidades locales.
En virtud de este convenio, la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas colaborará tanto en la difusión como en la ejecución del Programa Urbanismo en Red para asegurar el máximo apoyo institucional y elaborará las herramientas informáticas que permitan la integración en el sistema de la información urbanística de forma telemática, periódica y estandarizada.
Por su parte, red.es será la entidad ejecutora del Programa Urbanismo en Red desarrollando las distintas actuaciones previstas en las entidades locales que se adhieran al programa.
Para ello, Urbanismo en Red (2009-2013) contempla una inversión de 57 millones de euros para cuatro años de ejecución, de los que red.es aportará el 70%. El resto será aportado por ayuntamientos y/o comunidades autónomas que se sumen al programa.
Los entes locales que participen en 'Urbanismo en Red' deberán suscribir un protocolo de adhesión que fijará sus derechos y obligaciones particulares en relación con el programa, que podrá articularse en torno a convocatorias públicas anuales. Estas convocatorias consistirán en la puesta en marcha de actuaciones específicas a llevar a cabo en las entidades locales.
Además, otras administraciones, organismos o asociaciones públicas podrán participar en el programa mediante la suscripción de adendas específicas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 5.02.09
