.jpg)
EFE* : "La Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares ha presentado una denuncia contra el Plan Territorial de Ibiza y Formentera, por indicios de delito en su redacción y aprobación, y contra los representantes del PP Estrella Matutes, Josep Sala, Joan Marí Tur y Antoni Marí Tur. Esta decisión es el resultado de las diligencias informativas abiertas y de las investigaciones realizadas a partir de una denuncia anterior, realizada por la asociación ecologista GEN-GOB de Ibiza. En un comunicado el GEN expone que dicha denuncia fue presentada por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, actividades prohibidas a autoridades y contra la ordenación del territorio en la elaboración y aprobación del Plan Territorial.
El documento presentado por la asociación ecologista ante los tribunales se basaba en la inclusión 'totalmente injustificada e irregular' de disposiciones que 'se ajustaban a proyectos urbanísticos que podían suponer grandes beneficios económicos para consellers implicados en su aprobación'.
Así, el GEN-GOB denunció a los consellers insulares del PP Estrella Matutes, Josep Sala y Joan Marí Tur, al que en la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se ha añadido al hermano de éste, Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni.
La asociación ecologista responsabiliza a Matutes, consellera insular de Economía, Hacienda, Vías y Obras e hija del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, de haber votado 'modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios, tanto propios como de su familia directa'.
Estas modificaciones, según el grupo ecologista, 'suponían un trato claramente diferenciado del resto de urbanizables en primera línea de mar'.
El GEN también acusa a Sala, conseller de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 'blindar mediante un convenio urbanístico ilegal, los negocios inmobiliarios de su compañera de filas (Estrella Matutes)'.
La denuncia de la asociación también responsabiliza al conseller de Patrimonio y portavoz de la institución insular, Joan Marí Tur, de haber votado 'el mantenimiento ilegal de la calificación de urbanizables' de unos terrenos propiedad suya y de su familia directa.
El GEN señala en su comunicado que Antoni Marí Tur, ex alcalde de Sant Antoni, votó en diversas ocasiones, como miembro de la Comisión Insular de Urbanismo, la imposibilidad de tramitación de terrenos en las mismas circunstancias que los que tenía en propiedad junto a su hermano Joan.
Además responsabiliza al ex alcalde de haber ayudado en un 'montaje', orquestado para evitar la normativa que hacía inviable el plan parcial del que se beneficiaban sus terrenos.
La asociación ecologista añade que prepara una ampliación de su denuncia, que presentará los próximos días a la Fiscalía.
* Terra Actualidad - 06-07-2007
Foto: Ibiza vila /Forbfruit (Wikipedia)
La Fiscalía denuncia el Plan Territorial de Ibiza y a cuatro consellers
Región Murciana -7 de julio: VI Marcha en defensa del Litoral
Un año más, la Coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende" organiza la manifestación en defensa del litoral. Protestaremos por la continua urbanización del territorio costero y la usurpación de zonas naturales y protegidas en favor de un modelo turístico-residencial destructivo, del que se benefician sólo unos pocos y que además se intenta lavar la cara con esta mentira: "En la Región de Murcia no se construye a menos de 500 metros del mar". (los que se acerquen a la costa este verano podrán comprobar como en muchos lugares esto no se cumple). ¿Cómo es posible que sabiendo, como sabemos, que la práctica totalidad del litoral mediterráneo español está urbanizado no se proteja lo poco que queda virgen?
La costa murciana es una joya de biodiversidad terrestre con muchas más especies vegetales y animales de las que imaginamos. Una joya de biodiversidad marina con extensas praderas de posidonia, planta de gran importancia tanto por su aportación de oxígeno como por la vida que alberga a su alrededor. Una joya paisajística y un hábitat único en Europa.
Desgraciadamente esta “joyica” se encuentra seriamente amenazada. La presión urbanística de la industria del ladrillo, la especulación, la avaricia y el blanqueo de capitales han puesto sus garras sobre ella. Frente a esta situación la postura de las administraciones regionales y locales deja mucho que desear, ya que mantienen una absoluta complicidad con intereses empresariales privados, haciendo dejación de su obligación de velar por el interés público y de conservar los valores naturales y culturales de esta tierra para que también puedan ser disfrutados por las futuras generaciones.
Aún podemos evitar este desastre ecológico y social, que a la larga será también económico; ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y defendamos esta tierra tan hermosa que nos acoge.
Como siempre, la protesta tendrá caracter pacífico y festivo, y culminará con la lectura del manifiesto en la Plaza de España de Águilas.
Posteriormente habrá una fiestecilla, para los que quieran quedarse un poco más por este pueblo costero.
Algunas personas de Murcia iremos por la mañana, a eso de las 12h, al lugar de salida, la playa del Hornillo, para comer allí y pasar un rato agradable. Está invitada toda persona a la que le apetezca echar un rato con nosotr@s, o que quiera pasar el día por la zona.
¡¡¡Anímate y participa junto a tu familia y/o amig@s!!!
Fecha: Sábado 7 de Julio de 2007
Hora: A las 18:00h
Lugar: Playa del Hornillo - Águilas
* Murcia no se Vende - 2 de julio de 2007
Apartado de la carrera un juez de Marbella por cohecho y prevaricación en el 'caso Malaya'
.jpg)
M.Martín/J.Cano.- SUR* : "El 'caso Malaya' hunde sus tentáculos en la judicatura. La trama de corrupción ha alcanzado a un juez, que, presuntamente, podría haber aceptado sobornos del entorno de Juan Antonio Roca a cambio de dictar ciertas resoluciones judiciales favorables. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, al que el Consejo General del Poder Judicial suspendió ayer cautelarmente de sus funciones. De Urquía está siendo investigado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por delitos de cohecho y prevaricación en relación al 'caso Malaya'. Francisco Javier de Urquía podría, presuntamente, haber percibido del entorno del ex gerente de Urbanismo «ciertos pagos para satisfacer gastos corrientes de tipo personal», según manifestaron fuentes cercanas al caso.
Otras fuentes precisaron que aquellos podrían estar relacionados con la vivienda del juez en Marbella. A cambio, el magistrado -conocido por haber instruido recientemente el 'caso Hidalgo', otra importante operación contra el blanqueo de capitales-, habría tomado decisiones para favorecer a determinados implicados en la trama de corrupción urbanística marbellí.
Implicación del compañero
Las diligencias penales abiertas por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA contra Francisco Javier de Urquía se producen a partir del informe remitido por el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, que recoge una investigación policial en la que su compañero aparece relacionado con los implicados de la trama de corrupción mediante supuestos sobornos. Al tener Francisco Javier de Urquía condición de aforado (por su cargo de magistrado), el juez Torres decidió remitir el documento policial al órgano competente, el TSJA, que finalmente ha abierto diligencias, que se mantienen secretas.
El juez De Urquía declarará en los próximos días como imputado en el TSJA en una comparecencia que podría producirse incluso hoy, según manifestaron fuentes jurídicas.
El juez suspendido es conocido fundamentalmente por ser el instructor del denominado 'caso Hidalgo', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete. Ha sido el caso más mediático, pero Francisco Javier de Urquía, al igual que otros jueces de Marbella, también ha instruido casos por delito urbanístico, en los que figuran Julián Muñoz, Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el edil Rafael Calleja como imputados. También recayó en su juzgado las presuntas irregularidades denunciadas por un sindicato en las oposiciones a subinspector de la Policía Local de Marbella, que la Audiencia de Málaga acabó finalmente archivando. El juez suspendido también procesó por un presunto delito de homicidio imprudente a un policía local por la muerte de un ciudadano belga al que trataba de reducir en la calle.
Precisamente, hace unos días, el TSJA, que ahora lo imputa por supuesta prevaricación, archivó la querella presentada por una notaria de Marbella contra Francisco Javier de Urquía por este mismo delito. La fedataria querellante, Amelia Berguillos, decana de los notarios de Marbella e imputada en el 'caso Hidalgo', entendía que la orden judicial de detención carecía de motivación y resultaba completamente arbitraria.
«Designio prevaricador»
En el auto de archivo, el TSJA afirmó a que las dudas sobre el modo más correcto de actuar respecto a la detención o no de la notaria imputada «no pueden motivar la apertura de una causa criminal contra el juez instructor (De Urquía)», en el que «no se advierte ningún designio prevaricador» y que sus decisiones se basaron «en la confianza sobre lo manifestado en los informes policiales». Paradójicamente ha tenido que ser ahora el TSJA el que abra una causa criminal contra el juez, pero por el 'caso Malaya'.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, explicó ayer que el acuerdo adoptado por unanimidad por su Comisión Permanente de suspender cautelarmente al juez De Urquía, se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había abierto diligencias penales contra el juez por delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció sobre el caso el pasado miércoles. López explicó que «se ha actuado como siempre, con la celeridad y la diligencia que estos casos aconsejan. Esto pone de manifiesto que nuestra Justicia aplica de una forma absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la ley».
Por otra parte, el TSJA comunicará hoy o mañana el sustituto de Francisco Javier de Urquía al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.
* Diario SUR - 6 Julio
Foto: COMPAÑEROS. Francisco Javier de Urquía, a la izquierda, junto a Miguel Ángel Torres, el instructor del 'caso Malaya'. /JOSELE-LANZA - diariosur.es
