IDEAL* : Al principio parecía una rabieta. Por un lado, el peculiar presidente del Granada 74, Carlos Marsá, presentó una denuncia en la Fiscalía del TSJA el 5 de septiembre de 2007 acompañada del famoso informe de los detectives de la 'operación Japón'. Antes, el 21 de febrero, un grupo de vecinos había registrado otra denuncia junto a un escrito con 45 firmas por un supuesto delito urbanístico en la construcción del vial y la rotonda de La Chana.
Nadie pensaba en el seno del gobierno municipal que ninguno de los dos casos llegase muy lejos.
Los dos varapalos han venido seguidos. El 22 de febrero el fiscal denunciaba en el juzgado al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otro alto funcionario de la Gerencia por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la rotonda de La Chana. Una semana después, el 3 de marzo, el fiscal hacía lo mismo con la denuncia de Marsá y que afectaba a los dos mismos funcionarios y al promotor José Julián Romero.
Pero hay otros ingredientes que nadie se esperaba. En el transcurso de las diligencias se han incorporado dos anónimos y nuevos escritos que han terminado con cuatro grandes operaciones urbanísticas en el juzgado. Lo que empezó con una rotonda y un viaje del Mundial de Baloncesto ha terminado con acusaciones por supuesta prevaricación en la firma de un convenio en el edificio Penta -el fiscal habla de un coste de 13 millones para el Ayuntamiento-; por la legalización de los 180 pisos en el viejo Los Cármenes -la multa inicial aún sin pagar fue de 795.000 euros-; otro convenio por la construcción de 72 viviendas en Félix Rodríguez de la Fuente que llevaba parejo la construcción de dos campos de fútbol; y otro acuerdo unido al vial de La Chana por el que la empresa tenía que costear obras en la ciudad por valor de 1,2 millones de euros. En total, más de 15 millones de euros que ahora están en litigio, porque además de la investigación penal están pendientes de contenciosos administrativos que siguen por otros juzgados. Sin embargo, parte de ese dinero supuestamente se ha gastado ya en obras sin que se haya dilucidado qué pasa con él.
Además de estas cuatro operaciones, el fiscal menciona en uno de sus decretos otras dos: el cambio de uso del centro comercial Neptuno para que se pudieran construir más metros de ocio; y otro convenio de 1996 por el que un promotor tenía que ceder al Ayuntamiento un solar de 200 metros y pisos valorados en 525.000 euros.
EL PENTA
13 millones por un parque
La propia concejala de Urbanismo ha admitido que fue un error «garrafal» que hunde sus raíces en el año 1998. Según el decreto del 3 de marzo del fiscal, el Ayuntamiento aprobó un convenio con José Julián Romero el 23 de mayo de 1998 por el que la inmobiliaria se comprometía a ceder al Consistorio 15.235 metros cuadrados a cambio de concentrar toda la edificabilidad en un mismo edificio y construir dos plantas más de las previstas. Sin embargo, José Julián había contado con 6.848 metros que no eran suyos. «No pudo llevarse a cabo la cesión de terrenos comprometida (...) toda vez que José Julián Romero no era el propietario de la totalidad de dichos terrenos. Ante dicha falta de verdad (...) el técnico no sólo no propició el inicio de acciones penales contra el mismo sino que en su informe vino a disculpar este extremo hablando de una cuestión de estricto carácter civil», resume el fiscal.
El decreto añade que pese a todo se concedió la licencia para levantar el edificio y se propuso una compensación de 182.842 euros por los 6.848 metros cuadrados de desfase. Pasó el tiempo y el Ayuntamiento contempló hacer en esa superficie algo así como un parque. El problema es que su propietario real -previo informe de la Comisión Provincial de Valoraciones- no se contenta con los 182.842 euros, sino que reclama la friolera de 13 millones -más de dos mil millones de pesetas-. El Ayuntamiento tiene presentado un contencioso pero ya calcula que cuando menos tendrá que soltar del orden de 700.000 euros por este convenio que el fiscal ha llevado una década después ante el juez.
LOS CÁRMENES
Ocho centímetros menos en los pisos
Los pisos construidos en el viejo Los Cármenes tienen el techo a 2,52 metros, cuando la normativa obliga a que esté a 2,60. Ocho centímetros de nada. Este desajuste provocó que el ex concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, bloqueara la licencia de primera ocupación cuando las viviendas estaban acabadas. Al poco tiempo el PP dejó a García-Royo fuera de sus listas y el alcalde tomó las riendas del Urbanismo por los meses que quedaban hasta las elecciones y se dedicó a enmendar algunas decisiones del todopoderoso concejal. Las casualidades malévolas se empeñaron en que a la vuelta de un viaje por Marraquech junto a un grupo de empresarios entre los que iba JJ, el alcalde desbloqueara la licencia de Los Cármenes. García-Royo se manifestó públicamente en contra: «Ese expediente de legalización, tal y como se está tramitando, es una torpeza», advirtió. Según relató el entonces concejal de Urbanismo en plena campaña electoral, los técnicos del área defendían que se hiciera de una forma y el alcalde, apoyado en la secretaria del Ayuntamiento, decidió que se llevara a cabo de otra. «Incoar un expediente desoyendo los informes de la Gerencia de Urbanismo, tramitarlo con una rapidez que no es frecuente... eso no era bueno», recordó.
La Gerencia de Urbanismo impuso a la empresa una multa de 795.000 euros, que después rebajó a 596.000. El fiscal solicitó en su investigación un informe a la secretaria del Ayuntamiento en el que se recoge que «el gerente de Urbanismo -Lorente- informó favorablemente a la aprobación inicial de la modificación y aprobación definitiva de la misma, en sendos informes de fechas 10 de abril y 12 de julio de 2007, (...) a pesar de que la altura de las plantas de los edificios construidos era inferior a las del proyecto, no conllevando dicha circunstancia sanción hasta el día 22 de mayo de 2007, que le fue impuesta a la constructora por importe de 794.579 euros, aminorada finalmente hasta la cantidad de 596.069 euros tras la estimación de un recurso, sin que conste -dice el fiscal- que todavía se haya pagado». Según la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, la multa no se ha abonado porque está recurrida.
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Dos campos de fútbol pendientes
Es el tercer expediente que el fiscal pide que se investigue en su decreto del 3 de marzo. Los protagonistas son los mismos. Según recoge el decreto, «el promotor (José Julián) se obliga a cambio de permisos a realizar en la zona obras de infraestructuras y urbanización y no vender las viviendas a precio superior al fijado por el Ayuntamiento; el gerente (Lorente) informa favorablemente la concesión de licencia de primera ocupación, en fecha 3 de noviembre de 2003, pese a reconocer no haber cumplido los compromisos adquiridos y pese a existir informe de fecha 11 de noviembre, emitido por la jefa de sección del área de Planificación Urbanística, sobre las diversas anomalías detectadas en la construcción».
En los informes se alerta de que se ha variado la superficie y forma del local que iba destinado a equipamiento público y se ha aumentado la longitud del edificio con una franja de unos 40 centímetros de ancho. La licencia también estaba condicionada a la construcción de dos campos de fútbol 7 que, según el grupo municipal socialista, no se han hecho.
VIAL DE LA CHANA
Costeó parte de las obras de Constitución
El fiscal ha denunciado un supuesto delito contra la ordenación del territorio en la construcción del vial y la rotonda de La Chana, levantados sobre el terreno que estaba destinado a un parque. Pero en su decreto la Fiscalía también avisa de que el convenio que dio pie a esta operación urbanística -donde están mezcladas dos empresas- podría «ser objeto de una investigación judicial». Entre los detalles sospechosos, al fiscal le llama la atención que un técnico de Urbanismo se «niegue» a dar información a una tercera empresa pese a que su oferta -de 2,7 millones de euros- era superior a la que se barajaba.
En el origen del convenio está una antigua gasolinera que a la postre acabó estando en suelo municipal. El Ayuntamiento se comprometía en el convenio a prorrogar la cesión durante 65 años y a cambio la sociedad tenía que construir la rotonda (575.450 euros) y costear el acondicionamiento de la avenida de la Constitución en el tramo de La Caleta (710.166 euros). El fiscal cifra las compensaciones pactadas al final en 1.982.511 euros, casi un millón menos de lo que ofrecía la tercera empresa.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 20 marzo 2008
Foto: ideal.es
Granada: El 'caso Urbanismo' abarca ya cuatro grandes operaciones con más de 15 millones en juego
Un joven debería cobrar un 132% más para poder comprarse una vivienda
EUROPAPRESS* : Un joven necesitaría tener unos ingresos mínimos anuales de 38.028,89 euros para poder comprar una vivienda libre en España "sin endeudarse excesivamente". Esto representa un 132,3% más del salario medio real actual, situado en 16.370,13 euros, según un informe elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) con datos del tercer trimestre de 2007.
La cifra hace referencia a la renta bruta que un joven debería recibir, de forma que la cuota mensual de su hipoteca no excediera del 30% del total. Por comunidades autónomas, las que registran una mayor diferencia entre ingresos reales e ingresos necesarios para comprar una casa son el País Vasco (186,6%), Baleares (183,8%) y la Comunidad de Madrid (182,3%). Mientras, Extremadura (42,3%), Navarra (70,6%) y Castilla y León (84,3%) registraron las menores desigualdades.
Asimismo, el estudio señala que el esfuerzo medio que una persona joven tiene que hacer para acceder a una vivienda representa el 69,7% de su salario, una situación que se agrava en los menores de 25 años, para los que la cifra asciende al 91,5%
Por comunidades autónomas, de nuevo los residentes en el País Vasco, Baleares y Madrid tienen que hacer los mayores esfuerzos, con porcentajes que alcanzan el 86%, 85,2% y 84,7%, respectivamente. Mientras, Extremadura (42,8%), Navarra (51,2%) y Melilla (53,6%) lograron las cifras más bajas.
El informe cifra en 43 metros cuadrados la superficie máxima tolerable
Por otro lado, el informe cifra en 43 metros cuadrados la superficie máxima tolerable, es decir, los metros cuadrados máximos que una vivienda libre debería tener para que su compra no superara el 30% de los ingresos de una persona, lo que se considera como "límite máximo de endeudamiento asumible".
La mitad de los jóvenes sigue en casas de sus padres
Según el estudio del CJE, la tasa de emancipación del tercer trimestre de 2007 alcanzó la cifra más alta de los últimos cuatro años, un 45,2%. Pese a ello, el dato indica que más de la mitad de los jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres.
La dependencia familiar se agravó en los menores de 25 años, donde sólo 13 de cada 100 lograron emanciparse
Por tramos de edad, la dependencia familiar se agravó en los menores de 25 años, donde sólo 13 de cada 100 lograron emanciparse. Por el contrario, casi 3 de cada 4 personas con más de 30 años pudieron independizarse. En cuanto al sexo, las mujeres registraron una tasa de emancipación del 50,3%, mientras que en los hombres la cifra fue del 40,4%.
Planes e Institutos Públicos de Vivienda
Con estas cifras, el CJE ha pedido que se promuevan planes de emancipación juvenil "que tengan como objetivo adecuar los precios de la vivienda en compra y alquiler al salario medio" de los jóvenes, y que se creen institutos públicos de vivienda para que gestionen las ayudas.
Ha solicitado que se proporcionen un número suficiente de viviendas 'asequibles para el nivel adquisitivo'
Asimismo, ha solicitado que se proporcionen un número suficiente de viviendas "asequibles para el nivel adquisitivo" de los jóvenes, de forma que su coste mensual no sea superior al 20% de sus ingresos, y que se garantice un cupo de viviendas para este grupo de población.
El CJE también ha demandado que se establezca un porcentaje obligatorio de reserva de vivienda de protección oficial para jóvenes en el suelo edificable, y que se promuevan ayudas directas a la juventud en la primera compra y rehabilitación de vivienda libre.
* El Mundo - EUROPA PRESS - 19/03/2008
El 'arrepentido' del 'caso Andratx' pacta con el fiscal cinco años de pena máxima
ELPAÍS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción negoció y pactó una posible pena máxima de cinco años de prisión para el acusado arrepentido del caso Andratx, el inspector celador de obras de ese Ayuntamiento balear y promotor inmobiliario Jaume Gibert, socio del principal implicado, el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo. El funcionario municipal se autoinculpa, destapa la trama y acusa.
Y por ello será juzgado con Hidalgo y otros imputados en mayo, en el primero de la serie de 70 posibles juicios de esta causa por corrupción urbanística destapada en noviembre de 2006. Al final de la causa, Hidalgo y Gibert podrían recibir peticiones de penas superiores a las dos decenas de años de cárcel cada uno, pero el pacto de arrepentimiento está escrito.
El arrepentido Gibert sabe lo que es estar entre rejas. Fue detenido con Hidalgo y ambos estuvieron presos preventivamente durante 66 días, en dos periodos. Gibert afronta en la primera vista una petición de seis años de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio. Seguramente acabará en prisión, pero se beneficiará de la atenuante de la muy calificada colaboración con la justicia. Gibert obtendrá la rebaja de dos grados en la pena que se le acabe imponiendo gracias a su declaración judicial de autoinculpación y confesión de supuestas complicidades con otros imputados.
En la primera semana de mayo de 2008, con Gibert e Hidalgo se sentarán en el banquillo Jaume Massot, el tercer hombre del caso (detenido pero sin pasar por la cárcel), que fue cerebro de Urbanismo como director general del Gobierno de Jaume Matas y funcionario de Andratx, así como el abogado municipal Ignacio Mir. Por sus informes irregulares, a Massot se le reclaman dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por un tiempo de 10 años, y para Mir, un año de prisión e inhabilitación durante 10 años.
Con la perspectiva de poder pasar años en la cárcel por la suma de posibles condenas, Gibert se implicó en la oferta de colaboración que le ofreció la Fiscalía Anticorrupción. En un relato bajo total secreto sumarial, asumió la culpabilidad: ser autor en una trama de corrupción sobre licencias ilegales y posibles negocios corruptos. Reconoció los hechos y señaló qué actuación tenían los otros imputados, en especial, el ex alcalde.
La formalización del arrepentimiento ocurrió antes de la campaña electoral y quedó fuera de la polémica política gracias al secreto judicial. Se celebraron semanas de negociaciones con los fiscales de Palma Juan Carrau, Pedro Horrach y Adrián Salazar, y el pacto se garantizó con la firma y el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.
Según la acusación de la fiscalía, Hidalgo, Gibert, Massot y otros "se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar las actuaciones fácticas y administrativas" irregulares. El celador estaba comprometido: era los ojos vigilantes de la normativa urbanística en uno de los municipios más caros -y más destrozados- de Mallorca; tiene yate y coches de lujos, casas con jardines, pisos en el casco de Palma y en la orilla del mar en Sa Ràpita. Gibert hacía negocios en Andratx con el alcalde Hidalgo y otros promotores, y tramitaba certificados para facilitar nuevas licencias "radicalmente contrarias" a la normativa, dice el fiscal.
Una de las obras ilegales Gibert la veía desde su despacho en el Ayuntamiento. Era la casa del alcalde, construida en un terreno de 3.000 metros cuadrados -cuando se requieren 50.000- gracias a un certificado falso de que allí se había levantado antes un establo. La fiscalía explica que Gibert, pese a saber y contemplar diariamente esas obras, "no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal, omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas".
La versión de Gibert ha revelado nuevos hechos supuestamente delictivos, por los que el juez instructor da decidido abrir dos nuevas causas. Una afecta a la ilegalidad de los sótanos del hotel de lujo Dorint de Camp de Mar, obra ya multada con 180.000 euros.
Un centenar de personas están implicadas en las causas del caso Andratx, el mayor escándalo político de Baleares, que acumula 70 piezas separadas o investigaciones diferentes. Las dos nuevas causas permanecen bajo secreto, en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que se ha quedado sin el juez titular.
Rafael Perera, defensor de Hidalgo, muestra su perplejidad ante el pacto secreto. "Es una situación anómala, inédita en mis 50 años de estar en el andamio judicial. Supongo que los dos nuevos expedientes afectan a mi cliente". "No hemos tenido ninguna relación conspirativa ni económica con Jaume Gibert y Jaume Massot", manifestó el abogado de éste, Miquel Capellà. "Por ello no nos preocupa lo que haya podido declarar, si se ajusta a la verdad, sobre Massot. Ignoramos los extremos de declaración. Debemos conocerla obligatoriamente antes del primer juicio, en el mes de mayo", concluyó.
Gibert ha destapado la trama interior sobre las supuestas ilegalidades en las concesiones de licencias en suelo prohibido y ha dado datos, cifras y fechas (su versión) sobre las maniobras presuntamente corruptas que se cometían en el seno del Ayuntamiento, en el departamento de Urbanismo. Su socio en operaciones sobre solares y construcciones en el mismo término fue el propio alcalde Hidalgo.
Las claves del escándalo en Baleares
- Andratx: municipio mallorquín con 10.800 habitantes. El actual alcalde, Xisco Femenias (PSOE), gobierna en coalición.
- El 'caso Andratx': es el mayor escándalo político vinculado a la corrupción urbanística en Baleares. Los delitos, cometidos entre 2003 y 2006, bajo mandato del PP, son prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio, cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y blanqueo. Hay 70 investigaciones separadas. El primer juicio será en mayo.
- Principales imputados: El ex alcalde, Eugenio Hidalgo, el funcionario y promotor inmobiliario Jaume Gibert y el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot. Hay decenas de encausados: abogados y arquitectos, constructores y propietarios de casas.
- El ex alcalde. Eugenio Hidalgo, alcalde entre 2001 y 2006, antes responsable de Urbanismo. Ex guardia civil. Promotor inmobiliario, se daba licencias a sí mismo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 20/03/2008
Foto: Andratx, cala Llamp - Reuters
Canarias, campeona en infracciones a la ordenación territorial
EFE* : Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil gestionó más infracciones por vulneración de las normativas de ordenación del territorio, al sumar 1.258 de este tipo, superadas sólo por Andalucía, donde se han cometido 1.775.
Tras Canarias figuran, a bastante distancia, Castilla-La Mancha, con 604 de esas infracciones, y Galicia, con 560, según informó este miércoles el Seprona, dependiente del Ministerio del Interior, en un comunicado.
En él se explica que dicho servicio de la Guardia Civil gestionó durante 2007 un total de 135.465 infracciones administrativas contra el medio ambiente en toda España, por las que se tramitaron 131.472 denuncias, casi el 3 por ciento de ellas por delitos medioambientales.
Detalla que, en 2007, el Seprona instruyó 3.993 diligencias por delitos y faltas, detuvo a 366 personas e imputó a otras 1.106.
El Seprona destaca que 632 de los implicados lo han sido por infracciones cometidas en materia de ordenación del territorio, 315 por incendios forestales, 148 en materia de caza, pesca y especies protegidas y seis por comercio ilegal de especies exóticas.
Respecto a las infracciones cometidas contra el medio ambiente, explica que la vulneración de las leyes de caza, pesca y tenencia de especies protegidas ha generado 29.576 denuncias por infracciones penales y administrativas.
Las infracciones relacionadas con residuos urbanos, peligrosos, radiactivos y sanitarios supusieron 26.780 denuncias, y por las que regulan la sanidad animal, vegetal y calidad alimentaria se han formulado un total de 20.384 denuncias.
También se detectaron 5.880 infracciones cometidas en materia de ordenación del territorio con motivo de obras y edificaciones.
La Guardia Civil ha formulado el año pasado un total de 928 denuncias por infracciones contra el medio ambiente en Parques Nacionales, de las que 923 fueron por infracciones administrativas y 5 por delitos.
El parque donde más intervenciones se han practicado es el de Doñana, con 418, seguido del de Sierra Nevada, con 316, y el del Teide y el de Ordesa y Monte Perdido, con 99 cada uno.
Durante el año 2007 en todo el territorio nacional, al amparo del Programa Anual de Control Integral de Actuaciones Pesqueras (Paciap), la Guardia Civil ha efectuado 1.336 actuaciones en las que se incautó de un total de 91.626 toneladas de mercancía y se tramitaron 278 denuncias.
Las especies más comunes intervenidas en estos controles son las coquinas, el pulpo, la merluza, las sardinas, las almejas, las gambas, las pijotas, los calamares, las chirlas, la pescadilla y la cañaílla.
El PACIAP contempla el establecimiento de controles para detectar posibles irregularidades en el transporte y comercio de especies de pesca que no reúnen las tallas reglamentarias para su comercialización.
En la protección de animales domésticos, la Guardia Civil ha formulado un total de 12.416 denuncias, de las que 479 han sido por ilícitos penales y 11.937 por infracciones administrativas, que han supuesto la detención de 105 personas y la elaboración de 1.539 informes.
Las actuaciones de la Guardia Civil en materia de especies protegidas han supuesto la recuperación de 8.659 animales, 4.360 aves, 977 mamíferos, 877 reptiles y 660 anfibios.
Por vulneración del Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), los ejemplares recuperados han ascendido a 1.908.
Las investigaciones de la Guardia Civil durante 2007 han permitido el esclarecimiento de 1.227 incendios forestales y la detención de 315 personas.
La nota de Interior explica que la causa más común de los incendios investigados ha sido la negligencia, con 617 casos, seguida de la intencionalidad, con 286, los accidentales, con 213, y las causas naturales, con 111.
Los incendios forestales investigados en 2007 han provocado 21 víctimas (2 fallecidas y 19 heridas) y la evacuación de 16.918 personas.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por las Unidades del Seprona en las distintas Comunidades Autónomas, destacan las 37.220 denuncias por distintas infracciones al medio ambiente instruidas en Andalucía, las 21.755 en Castilla y León y las 17.384 en Castilla-La Mancha.
Por lo que se refiere a la vulneración de las normativas de ordenación del territorio, en Andalucía se han cometido 1.775 infracciones; en las islas Canarias, 1.258; en Castilla-La Mancha, 604; y en Galicia, 560.
* La Provincia - EFE - 19 de marzo de 2008
Foto: Canarias, crecimiento urbanístico - Javier Melián, Acfi Press
El Campello vende suelo a un colegio de élite cuando faltan centros públicos
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ELPAÍS/Alicante* : A velocidad de crucero avanza la iniciativa de la institución San Estanislao de Koska de construir un complejo educacional privado de élite en el paraje de la loma de L'Amerador en El Campello (L'Alacantí). Para ello, el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha aprobado una modificación parcial del plan general urbano para reclasificar 55.000 metros cuadrados de terreno público, propiedad municipal, que han pasado de ser catalogados como suelo para campamento turístico a parcela de uso educativo privado.
El alcalde, Juan Ramón Varó, afirma que la iniciativa, que surgió de la propia empresa, "dará prestigio educativo" al municipio, que dispondrá de un centro de primaria, otro de secundaria e incluso de una oferta universitaria.
Ahora, el Ayuntamiento redactará el pliego de condiciones para la adjudicación pública de este proyecto, a la que podrán optar otras firmas. El Ayuntamiento estudia si vende directamente los terrenos a precio de mercado, los alquila a largo plazo o autoriza una permuta por su valor. "Será para el mejor postor y en condiciones ventajosas para el Ayuntamiento", asegura Varó. Pero el complejo no estará aislado, ya que está prevista también una urbanización con viviendas unifamiliares, según apuntan fuentes municipales.
La decisión ha levantado ampollas en esta localidad del área metropolitana de Alicante, que supera los 25.000 habitantes tras un fuerte crecimiento demográfico. Los vecinos demandan desde hace años centros educativos públicos. En El Campello hay cuatro colegios de primaria y dos institutos de secundaria, todos ellos saturados. Los niños no caben en las aulas y los profesores se las ingenian como pueden para hacer frente al goteo continuo de nuevos matriculados.
Según varios de los directores, los cuatro colegios públicos existentes en El Campello albergan en total diez unidades más de las que corresponden. "En algunos casos las bibliotecas y otras dependencias las hemos cerrado para convertirlas en aulas", aseguran. Uno de estos colegios, el Fabraquer, inaugurado hace sólo tres años, espera 100 alumnos más de los que caben para el próximo curso, y la única solución que se perfila consiste en instalar aulas prefabricadas. Francisco Martínez, director del colegio Pla de Barraques, lleva cinco años esperando que se construya un comedor escolar para 350 comensales "que ahora deben hacer dos turnos y medio cada día para comer". "El terreno está cedido y estamos en fase de licitación, pero las obras no empiezan", se lamenta Martínez.
En medio de este panorama, surge el acuerdo del PP en el Ayuntamiento de reclasificar la parcela de 55.000 metros cuadrados para un centro educativo privado de San Estanislao de Koska (SEK), institución cuyo primer colegio fue fundado en Madrid en 1892 y de la que se hicieron cargo a partir de 1935 Felipe Segovia Martínez y su familia, que en la actualidad dispone de media docena de colegios en España y de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.
Como reacción a la iniciativa municipal, se constituyó la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de El Campello, de la que forman parte las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), los sindicatos educativos, las asociaciones de vecinos, los partidos en la oposición y una asociación de estudiantes. "El prestigio debe ser para la escuela pública, que necesita medios y terrenos", asegura Carmen Parra, presidenta de la plataforma, en alusión a las declaraciones del alcalde de que la instalación de un colegio de SEK prestigiará el municipio. Parra exige con "urgencia" un quinto colegio, la ampliación de un instituto de secundaria y un tercer instituto. Los afectados están recogiendo firmas de protesta, preparan una manifestación y ultiman la redacción de un paquete de alegaciones contra el acuerdo del pleno. La Síndic de Greuges, Emilia Caballero, admitió la semana pasada a trámite una queja presentada por este colectivo, que teme que en el pliego de condiciones se ofrezca "una ganga para la empresa y se despatrimonialice el Ayuntamiento".
El alcalde hace frente a las críticas. Juan Ramón Varó asegura: "No regalaremos nada a nadie". Y descalifica a la plataforma, "que se creó en plena campaña para erosionar". El primer edil anuncia que en un próximo pleno se aprobará la cesión de una parcela de 10.000 metros a la consejería para construir un nuevo colegio y dentro de unos meses otros 16.000 metros para el nuevo instituto. "Además de ampliar tanto el Enric Valor como el Clot de l'Illot", añade Varó. Los padres no se fían y denuncian el "desinterés y la desidia" que el gobierno municipal del PP ha demostrado los último años. "Todo son promesas, sin papeles ni acuerdos concretos; buenas intenciones pero pocas realidades", exclaman los miembros de la plataforma.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 20/03/2008
Foto: El Campello (Alicante), puerto - elcampello.es
