LADRILLOS* : "Unos 150 jóvenes han constituido en Madrid la Plataforma Derecho a Techo para exigir a las diferentes administraciones el derecho a acceder a una vivienda digna y crear un movimiento de respuesta ciudadana ante la especulación urbanística, que tendrá su primer acto el próximo viernes, día 23, con una concentración en la Ciudad Universitaria.
El portavoz de la plataforma, Antonio Cartier, explicó que el objetivo de la organización es denunciar que los jóvenes están ‘hartos’ de que el precio de la vivienda ‘no pare de subir’ y no se adopten las soluciones necesarias para evitarlo.
Cartier indicó que los miembros de la Plataforma Derecho a Techo se han ‘cansado’ de esperar y han apostado por ‘movilizarse’ para reclamar a las administraciones que inviertan más en viviendas para jóvenes. En este sentido, explicó que las competencias en esta materia en Madrid son del Gobierno regional, por lo que la ‘presión’ de la entidad se centrará en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
‘No se trata de que todos los jóvenes quieran comprar una vivienda, es que los precios por compartir una habitación ya llegan a los 400 y 500 euros al mes y esta situación no puede continuar’, afirmó Cartier, quien precisó que la plataforma está abierta a ‘cualquier joven o no tan joven que esté harto de no poder acceder a una vivienda’.
Finalmente, el portavoz de la organización juvenil indicó que la protesta, que se desarrollará el próximo viernes en la explanada junto a la estación de metro de Ciudad Universitaria, entre las facultades de Medicina, Enfermería y Odontología, tiene por objeto dar a conocer la Plataforma Derecho a Techo y que se escuchen sus reivindicaciones.
*LADRILLOS, 19.02.07
Se constituye en Madrid la Plataforma Derecho a Techo
El 'boom' urbanístico devora el 10 por ciento de la costa canaria
EUROPAPRESS* : "El 'boom' urbanístico del último decenio ha devorado el 10 por ciento de la costa canaria. La Comunidad Autónoma es la quinta región española con una mayor proporción de suelo construido. El desenfrenado desarrollo de la cultura del cemento, manifestada con contundencia en el Mediterráneo, empieza ahora a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico. En 2005, Canarias fue la novena autonomía con mayor volumen de edificación residencial.
El turismo de calidad se encuadra entre las nuevas amenazas de los sectores estratégicos económicos por la elevada construcción y destrucción de valores más demandados por los turistas, entre ellos, la calidad ambiental y el compromiso por la sostenibilidad de unas islas en las que la emisión de gases contaminantes es cinco veces mayor de lo permitido en el Protocolo de Kioto.
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) ha analizado la ocupación del suelo en todo el Estado en el año 2000 y su evolución entre 1987 y 2000 interpretando los datos obtenidos vía satélite, científicos y estadísticos de diversas instituciones públicas. Las conclusiones asombran por sobrecogedoras.
El sorprendente crecimiento económico español de los últimos 20 años ya ha desvelado su lado negativo mediante la invasión del ladrillo en la costa, el aumento de regadíos artificiales como los campos de golf y la disminución de zonas forestales, agrícolas y humedales. Todos estos datos están recogidos en una publicación, denominada 'Cambios en la ocupación del suelo en España'.
Una décima parte del litoral canario está devorado, en su primer kilómetro costero, por la construcción. Aunque este porcentaje es el segundo más bajo de todas las autonomías costeras, leyes como la moratoria tienen más sentido que nunca salvo que se pretendan alcanzar los niveles de Andalucía y el Mediterráneo.
Un tercio del litoral de las islas Baleares está colonizado por el ladrillo. Este porcentaje aumenta al 47 por ciento en provincias como la de Málaga. En la actualidad, las tres áreas referidas tienen un denominador común como es la investigación judicial de presuntos casos de corrupción urbanística.
El estudio evidencia que el gris cemento se impone por toda la geografía española. En el periodo 2000 a 2005, según este trabajo, las superficies artificiales han aumentado entre un 20 y un 30 por ciento. Estas áreas artificiales son identificadas como los suelos ocupados por instalaciones deportivas y recreativas, zonas verdes urbanas, en construcción, vertederos y escombreras, aeropuertos, puertos, autopistas, zonas industriales y comerciales y el tejido urbano continuo, entre los principales.
Canarias es la quinta autonomía de España donde el hormigón se ha comido más terreno. En las islas, el 4,6 por ciento de su superficie ha sido construida. Le siguen, en sentido creciente, Cataluña, la Comunidad Valenciana (5 por ciento), Baleares (6,2 por ciento) y Madrid (11,9 por ciento).
La tasa de viviendas por mil habitantes por año se ha disparado hasta colocar a España (44 millones de residentes) a la cabeza de Europa, y muy por encima de países como Alemania (82 millones de habitantes), Francia (63 millones de residentes) y Reino Unido (60 millones de habitantes). Por autonomías, el Archipiélago aparece como la novena región con un mayor volumen de edificación residencial en 2005.
La expansión de las urbanizaciones genera a su vez la necesidad de generar nuevas infraestructuras. Entre 1987 y 2000, las zonas comerciales, industriales y de transportes son las que más aumentaron en Canarias en término relativos (28,9 por ciento). Las dos primeras doblaron el porcentaje de ocupación llegando a ocupar 2.715,6 hectáreas.
En el año 2000, las superficies artificiales corresponden en su mayor parte a zonas urbanas (76,4 por ciento). El segundo grupo corresponde a las zonas en construcción, vertederos y minas (9,9 por ciento) seguido de las zonas industriales y comarcales (8 por ciento).
El crecimiento de superficies artificiales se produce casi exclusivamente a partir de tierras de labor y cultivos permanentes (54,5 por ciento) y espacios de vegetación arbustiva (39,2 por ciento).
La pérdida mayoritaria de las zonas agrícolas se atribuye al proceso de urbanización y el resto corresponde a las zonas industriales e infraestructuras y, en menor medida, al aumento de los vertederos y la construcción. Pero estas pérdidas se han compensado con la incorporación de nuevas tierras de cultivo procedentes de zonas de matorrales.
Canarias presenta el porcentaje más elevado de España en zonas forestales, con vegetación natural y espacios abiertos, el 72,6 por ciento. En su mayor parte se trata de áreas desaborladas y espacios con nula vegetación como las grandes rocas verticales, playas y dunas. Las pérdidas de zonas forestales están originadas, en más del 50 por ciento, por su transformación en zonas agrícolas, destinadas mayoritariamente a cultivos de secano (la viña), regadíos y frutales. El resto de la superficie forestal se reparte entre nuevas zonas urbanas y la suma de zonas industriales, redes de transporte e infraestructuras.
El estudio también destaca el mantenimiento de los embalses, las salinas y las lagunas costeras, el incremento de las superficies urbanas bajo criterios de sostenibilidad e integración en Lanzarote y la existencia de una superficie protegida muy por encima del resto de las autonomías.
CANARIAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS)
La Ley de Suelo entrará en vigor después de las elecciones municipales
AGENCIAS-JF.LEAL* : "La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso ha aprobado el texto preliminar de la Ley del Suelo, que con toda probabilidad será sometido a votación en el próximo pleno del Congreso.
La Ley, presentada por el Gobierno en septiembre de 2006, incorpora una batería de enmiendas parciales acordadas por el PSOE y la mayoría de grupos parlamentarios -CiU e IU-ICV, principalmente- encaminadas a combatir la especulación urbanística y precisar aspectos competenciales. Sólo el PP -a quien la Comisión aceptó apenas dos enmiendas- votó en contra del dictamen la futura norma.
Una de las principales novedades que incorpora el texto, que será votado en el congreso antes de final de mes, es el porcentaje mínimo de terreno urbanizable que tendrá que ser dedicado a vivienda protegida, que pasa del 25% inicial al 30%, a partir de una enmienda presentada por Izquierda Unida.
La Comisión dio luz verde por unanimidad a una enmienda que obliga a que cuando haya una recalificación o un incremento de edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante los cinco años anteriores.
Esta novedad supone que "cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación".
Además, la enmienda persigue, según explicó el portavoz de CiU, Jordi Jané, una mayor transparencia y "evitar los pelotazos urbanísticos". A esta propuesta, se añade en el mismo marco "la obligación de que las permutas y los convenios pasen por los plenos de los ayuntamientos".
Mayor transparencia
En este contexto, Jané recordó en el transcurso de la comisión que CiU ya presentó en una enmienda parcial al proyecto de Ley para la creación de un Pacto de Estado para luchar contra la corrupción urbanística y que, a partir de esta propuesta, acordó con el PSOE otra en la que se incluyen medidas contra la corrupción urbanística, de "mayor transparencia y mayor control de los cargos locales".
En concreto, mencionó la enmienda que obliga a que se identifiquen los beneficiarios de recalificaciones de terrenos o de incremento de edificabilidad o la que obliga a todos los ayuntamientos a tener copias completas y a disposición de los ciudadanos de los diversos planes, convenios e instrumentos de gestión urbanística.
Otro de los puntos destacados del texto exige a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deban "tener y exponer por publicidad telemática todo el plan vigente, anuncios de información pública, anuncios de información pública y otros trámites relevantes".
Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)
Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)
Descontento popular
Tras la emisión del dictamen de la Comisión, el Partido Popular ha mostrado su disconformidad con el texto, aunque, como reconoce su portavoz en la Comisión, Pablo Matos, “ha habido un desplazamiento en la redacción del texto y donde antes se notaba la pluma de IU y ERC ahora se aprecian más las ideas liberales de CiU”.
Según Matos, “el texto sigue manteniendo el sistema de calificación de la ley vigente –urbano, urbanizable y no urbanizable-, de forma que lo único de importante que debería incorporar la ley no cambia en absoluto”.
La única modificación en este apartado es la que se establece para las expropiaciones, donde sí se diferencia entre terreno rural y urbano, “una medida que abarata las expropiaciones, puesto que, el propietario recibirá un dinero por un terreno que se va a utilizar para un fin que reportará muchísimo más dinero, señala Matos.
Para CiU, la Ley del Suelo aún "vulnera de manera directa el Estatuto de Catalunya e incluye en todo caso la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda a pesar de haber mejorado muchos aspectos competenciales", señala Jané.
A partir del 1 de julio
Según un pacto alcanzado entre el PSOE y los nacionalistas catalanes, entrará en vigor el próximo 1 de julio, después de las elecciones municipales y de la creación de las nuevas corporaciones locales.
Además, la Comisión aprobó la obligación de establecer "un precio máximo de venta y alquiler", ya que algunas comunidades autónomas "desvirtúan el concepto de Vivienda Protegida" según indicó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.
*(elmundo.es) 21/02/2007
Bruselas pide al gobierno español que facilite el acceso a la vivienda
Agencias* : "La Comisión Europea pidió hoy al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario alertó de que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea.
El gasto social en España en porcentaje del producto interior bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%).
En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España "el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento". Añade que "los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda", y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, "especialmente los recién llegados".
Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, Bruselas reclama al Gobierno "promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo". También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para "reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo".
La Comisión aconseja además a España recortar la elevada tasa de abandono escolar, que se situó en 2005 en el 30,8% para jóvenes entre 18 y 24 años, más del doble de la media comunitaria, ya que considera que así se logrará "romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza". La nueva ley de Educación "se propone abordar esta cuestión", admite Bruselas, pero añade que la consecución de los objetivos previstos "requerirá esfuerzos continuados y globales".
SANIDAD.
El informe sobre protección social dedica un apartado a la sanidad, en el que se recoge que el gasto de España en este capítulo se ha mantenido estable en los últimos años en torno al 7,8% del PIB frente al 8,87% de media comunitaria. Aunque la atención es gratuita, Bruselas señala que el gasto privado, especialmente el que se desembolsa en metálico, es alto (23,3% del gasto total en 2004), lo que "puede suponer una carga financiera para los grupos más vulnerables".
También apunta que la descentralización "ha generado diferencias regionales en el contenido de las prestaciones" que el Gobierno trata ahora de resolver estableciendo una cartera de servicios comunes, y que las listas de espera son una de las principales preocupaciones de los pacientes y se deben a que el número de camas hospitalarias es uno de los más bajos de la UE -358 por 100.000 habitantes- y a que se recurre mucho a la asistencia hospitalaria, dado el bajo número de médicos generales.
La recomendación de Bruselas al Gobierno en este caso es "abordar las diferencias regionales en la prestación, reducir las listas de espera y fomentar la prestación de cuidados de larga duración, y mejorar la eficacia, especialmente estimulando el uso y la implantación de la Atención Primaria de Salud y una utilización racional de los servicios, la tecnología y los medicamentos".
RIESGO ENTRE LOS MAYORES.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que los mayores de 65 años son las personas con mayor riesgo de caer en una situación de pobreza (29%, frente al 19% en la UE). El gasto público en pensiones se incrementará en los próximos años del 8,6% al 15,7% del PIB, muy por encima de la media comunitaria, aunque el riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas es medio gracias al superávit presupuestario, de manera que no se esperan problemas hasta 2020. Bruselas cree que el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales en 2006 "mejorará la futura sostenibilidad y adecuación", aunque "queda por ver si se necesitarán nuevas medidas para alcanzar incrementos suficientes en la tasa de empleo de los trabajadores mayores".
En este sentido, la Comisión apuesta por "facilitar un mayor nivel de participación, especialmente de las mujeres y los trabajadores mayores, en el mercado laboral, lo que contribuiría a asegurar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones".
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
*Rebelion.org, 21-02-2007
La Costa cada vez más privatizada
*Ecologistas en Acción presenta un informe que prueba el incumplimiento sistemático por parte de las Comunidades Autónomas de la Ley de Costas, y señala cómo la privatización del dominio público marítimo terrestre y la destrucción de los ecosistemas litorales son cada vez más frecuentes.
El informe demuestra que las administraciones autonómicas y locales, con el consentimiento en ocasiones de la Dirección General de Costas están privatizando el Dominio Público Marítimo terrestre (DPMT), no solo por la indebida ocupación o invasión de esta zona, si no por la recalificación de las zonas de servidumbre.
Ello está provocando el incumplimiento de las zonas de tránsito e impidiendo cada vez mas el acceso al mar, encontrándose dichas zona cerradas o modificadas en la mayor parte de los casos por zonas residenciales o complejos turísticos.
La privatización del dominio público marítimo terrestre, es ya el principal problema que están sufriendo, en algunos territorios de forma generalizada, las costas del Estado español. Un ejemplo claro lo constituye el Hotel Barceló situado en Cala Vinyes, en Baleares, el cuál con sus reformas invade el Dominio Público Marítimo Terrestre, en un claro intento de privatizar la zona de la playa.
Otro intento de privatización del litoral lo constituye el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), documento que, al mismo tiempo que protege los primeros 500 metros de las edificaciones, permite en esa misma franja la instalación de campos de golf, actuando de “efecto llamada” de las promotoras urbanísticas para instalar en los metros contiguos todo el modelo residencial, hotelero y de servicios.
Además, el informe demuestra que se está produciendo una ocupación constante de la servidumbre de transición y protección, debido a la construcción de macro-infraestructuras como complejos turísticos o residenciales, en numerosas ocasiones acompañados por campos de golf. Esta práctica de incivismo por parte de las administraciones se observa a lo largo de todo el litoral español, debiéndose destacar el descarado proyecto de construcción de 2 torres de 21 plantas a pie de mar en el Rincón de Loix (Benidorm) a tan solo 60 cm de la línea de costa, y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.
Otro grave problema de nuestras costas es que los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección están catalogados como zonas de especial protección, donde las construcciones pueden ser de una altura máxima de 1 metro. Sin embargo, la realidad es que se construyen instalaciones de más de 30 metros que constituyen auténticas fachadas arquitectónicas. La franja levantina es el lugar donde el problema del efecto pantalla que plantea la Ley de Costas se reproduce en mayor número. Siendo la zona de Benidorm y la Manga del Mar Menor sus máximos representantes.
Este modelo se ha exportado a lugares donde no estaba prácticamente representado como la Playa de la Casería, en San Fernando (Cádiz), donde se han instalado 7 torres de 16 plantas de altura a escasos metros del mar y situándose en terrenos colindantes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y ejerciendo un efecto pantalla sobre toda la Bahía de Cádiz. La Administración Autonómica es la encargada de gestionar este espacio.
Si analizamos el cumplimiento de la Servidumbre de Tránsito y de Acceso, vemos que aunque esta zona conlleva la obligación quedar permanentemente libre al paso público peatonal y tan sólo vehículos rodados de vigilancia y salvamento. Vemos que ésto se incumple de forma sistemática, siendo costa levantina y la costa del sol, los máximos exponentes de este incumplimiento.
Un caso descarado y muy reprochable, es la gestión tanto de la Administración Regional de Murcia como la de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena que nos han legado una situación casi de colapso en la Manga del Mar Menor e impidiendo el libre acceso a gran cantidad de playas de esta barra litoral. Quedando muchas de éstas casi en uso privado.
Otro caso destacado se representa en la Ensenada de Portio, en Liencres (Cantabria) donde hay que llamar la atención sobre la permanencia de incontables vallas y cierres que impiden la utilización de la servidumbre de paso.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción denuncia la nula voluntad de la mayoría de las Comunidades Autónomas de garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas y asegurar la conservación de los ecosistemas litorales, y solicita al Ministerio de Medio Ambiente, concretamente a la Dirección General de Costas, que se adopten medidas que permitan solucionar estos problemas. Ecologistas en Acción considera especialmente importante que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones competentes para garantizar una adecuada gestión del litoral.
*Ecologistas en acción, MAR 20/02/2007
