Ambientum*: "Parques naturales y regiones protegidas de toda España están viéndose atacados por los planes de urbanismo que amenazan con irrumpir en estos parajes y llenarlos de hoteles, viviendas y campos de golf. Organizaciones ecologistas denuncian el fuerte impacto de estos proyectos de urbanismo, mientras que las Administraciones y empresas constructoras aseguran que de esta manera se acaba con la despoblación de muchas zonas rurales del país.
Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Beleares, Canarias, Cantabria, Andalucía… todas ellas tienen parques naturales amenazados por planes de urbanismo feroces que ponen en peligro la flora y la fauna de estos parajes, o aumentan la población de zonas rurales con turismo de alto nivel. Según denunció el diario El País, al menos diez de esos parques naturales están en peligro debido a la especulación urbanística.
Una de las comunidades más afectadas por el urbanismo es la valenciana. La provincia de Alicante, bastante conflictiva en cuanto a especulación, está viendo peligrar su zona de humedales en los parques del Hondo d’Elx y las lagunas de La Mata y Torrevieja, alrededor de cuyo perímetro proliferan las urbanizaciones, y está prevista la construcción de 10.000 nuevas viviendas. También en los alrededores del parque del Hondo, se proyecta la macro urbanización Dolores Golf, que cuenta con el visto bueno del ayuntamiento del PP de la localidad desde 2005.
Algo similar ocurre en Murcia, donde el Gobierno regional, del PP permitió, con una modificación a la ley socialista, la desprotección de 15.000 hectáreas anteriormente declaradas zona verde, para construir el complejo Marina de COPE, una nueva ciudad de vacaciones. También en Andalucía, especialmente en Almería, en los términos del Parque natural del Cabo de Gata se ha convertido en un símbolo de la especulación urbanística por las construcciones de hoteles a punto de ser expropiados.
Las islas también están en el punto de mira: en Baleares, el presidente popular Jaume Matas consideró ‘confiscaciones’ el Parque natural de Cala d’Hort en Ibiza y el de Llevant Mallorca. En La Gomera (Canarias) grupos ecologistas han denunciado la construcción de apartahoteles en el Parque natural de Majona, así como la extracción de materiales en una montaña del parque rural Valle Gran Rey.
Pero también en las zonas del interior crece la especulación sobre espacios protegidos. En Castilla La Mancha, la antigua pedanía de Los Heros en el Parque natural Barranco del río Dulce está a punto de alojar un complejo hotelero con servicios de spa y hostelería. También en Madrid, el encinar del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares, que formará parte de futuro Parque Nacional de Guadarrama, tiene previsto albergar 400 viviendas y un campo de golf impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Castilla León y Cantabria completan la lista de autonomías cuyas reservas naturales están amenazadas por la especulación urbanística. El parque palentino de Fuentes Carrionas albergará próximamente una estación de esquí a pesar de que, como denuncian los grupos ecologistas, la zona está habitada por osos pardos, una especie en peligro de extinción. En Cantabria, los ecologistas han ganado la batalla, y 400 chalets construidos en las inmediaciones del Alto del Cuco de Piélagos tendrán que ser derribadas.
Fuente: elplural.com
*Ambientum, 6 de marzo de 2007
Foto EA: Marina de Cope (Águilas-Lorca). El Gobierno Murciano del Sr. Valcárcel ha desprotegido 15.000 has. de espacios protegidos para que puedan ser urbanizados.
El urbanismo arrasa parques naturales
El Ayuntamiento de BCN expropiará pisos vacíos y con inquilinos para hacer VPO
J.SALIDO COBO* : "En pleno debate sobre el futuro proyecto de ley del derecho a la vivienda de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona llevará a cabo, antes de su aprobación, uno de sus puntos más polémicos: la expropiación de los pisos vacíos e incluso algunos con inquilinos. En total, el Consistorio embargará tres solares y siete edificios en el barrio Ciutat Vella para dedicarlos a la construcción de viviendas sociales.
La Comisión de Gobierno barcelonés dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para impulsar más de 350 pisos públicos en Ciutat Vella. Este proyecto urbanístico prevé el levantamiento de las casas en fincas de propiedad municipal, fincas traspasadas a cooperativas u otros promotores públicos y fincas privadas que han sido necesario expropiar. Punto este último donde hay un resquicio a la polémica.
"Se ha cambiado la calificación de estas superficies y bloques de tal modo que el Ayuntamiento puede ampararse en la ley", indican fuentes oficiales desde donde también se apunta que aún hay algunos inquilinos viviendo en estos pisos. "Se les realojará en viviendas de mejores condiciones y siempre respetándoles sus contratos de alquiler". Cabe hasta la posibilidad de que en un futuro a largo plaza regresen a las nuevas construcciones que ocuparán, aún no se sabe cuándo, sus actuales hogares.
Desde el distrito afectado por el embargo de las fincas y edificios se afirma que el Consistorio se escuda para efectuar la acción en una "normativa que está en vigor desde hace años y por la que tiene derecho a ejecutar la expropiación". En concreto, se ha tratado de tres solares que están abandonados desde hace años y siete construcciones degradadas. Cuatro de ellas con serios problemas de conservación. Además, de los siete bloques abandonados dos están catalogados como 'Bien cultural de interés local', por lo que deberán conservar la fachada original tras su rehabilitación.
[foto de la noticia]
Ampliar foto
Sus propietarios no han dado señales de vida en más dos años, justo desde que se les aconsejó adecuar las superficies requisadas. "Estos espacios crean situaciones de inseguridad y actividades marginales", se afirma desde el Ayuntamiento. Su portavoz, Juan Ignacio Cuervo advierte que esta situación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".
Desde CiU, su portavoz municipal en materia de vivienda, Eduardo García, cree que esta acción no es nada más que otro "acto para colgarse medallas" de cara a las próximas elecciones locales. "Además, lo han hecho muy bien porque los propietarios del edificio que se encuentra en el número 1 de la calle Caputxins, uno las construcciones emblemáticas afectadas y que está situado junto a la Iglesia Santa María del Mar, llevan solicitando permiso para su rehabilitación desde 2005 y el Consistorio no se lo ha concedido", declara García, que no entiende muy bien que se vayan a levantar pisos públicos en esa zona de la ciudad.
Eduardo García, de CiU, califica la acción como un simple acto para 'ponerse medallas'
En fin último de esta actuación no es otro que levantar 74 hogares protegidos en las mencionadas ubicaciones que los dueños tenían abandonadas en su inmensa mayoría. Según Cuervo, "se trata de herencias intestadas, de propietarios que viven fuera de Cataluña que no son conscientes de su posesión". Esto es sólo una parte de las intervenciones que se van a realizar en Ciutat Vella hasta la obtención de 350 pisos sociales. Una decisión que llega en pleno debate de la nueva ley de la vivienda y que prevé la expropiación de los pisos que lleven vacíos dos años.
*elmundo.es, viernes 09/03/2007
Foto: Vanessa Graell
Dimite el alcalde de Alhendín imputado por corrupción urbanística
EFE* : " El alcalde de Alhendín (Granada), José Guerrero (PP), ha presentado su dimisión tras haber sido imputado por el juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, y que llevó a la detención y posterior puesta en libertad bajo fianza del ex edil de Urbanismo.
Según confirmaron fuentes del PP, el hasta ahora alcalde comunicó anoche a la dirección del partido su decisión de dimitir de todos sus cargos, que argumentó en su pretensión de "defenderse" y de "no hacer daño" a la formación, que ya había ratificado la pretensión del alcalde de presentarse a la reelección a la alcaldía.
En su comunicación con el partido, agregaron las fuentes, Guerrero, que no citó su imputación en el caso (pudiera ser porque aún no tuviera conocimiento), manifestó a la dirección que tanto él como su familia se sentía "presionada" y que ese motivo también pesaba en su decisión.
El ex alcalde ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 23 por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), que le atribuye al menos la presunta autoría de los delitos de prevaricación y cohecho, dijeron fuentes del caso.
La alcaldía la asumirá temporalmente el presidente local del partido, Francisco Rodríguez, hasta que se designe a un nuevo candidato a las próximas elecciones municipales, según el PP, que aún no ha tomado una decisión al respecto.
Guerrero había asumido el jueves pasado las áreas de Urbanismo y Economía, que quedaron vacantes al dimitir Manuel Fernández tras ser puesto, dos días antes, en libertad bajo fianza de 18.000 euros por estar acusado de los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales, y alteración de los precios en concurso público.
Después de que el ex concejal de Urbanismo comunicara al partido su decisión de dimitir, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, informó en rueda de prensa de que mantendrían a Guerrero como candidato a la reelección, al no existir -hasta entonces- "ninguna imputación contra él".
Regalos inmobiliarios y comisiones
Según informa la prensa local tras haberse levantado el secreto de sumario, el juez sospecha que el ex concejal de Urbanismo recibió presuntamente un piso en la urbanización Vista Nevada de Armilla, propiedad de la empresa Frai, a cambio de favorecer la aprobación de un proyecto urbanístico para la construcción de más de mil viviendas pese a que incumplía aspectos urbanísticos.
Además del piso, que la empresa mantiene que fue arrendado, el ex edil recibió supuestamente una comisión del 1,5% por mediar para que el Ayuntamiento expropiara una parcela y la sociedad Parque Empresarial de Alhendín pudiera obtener la aprobación municipal para la reparcelación del polígono industrial Marchalendín.
La investigación judicial, en el marco de la cual se intervinieron escuchas telefónicas al ex concejal, se inició en mayo de 2006 a raíz de una denuncia anónima, si bien el PSOE también denunció ante la Fiscalía varias actuaciones presuntamente irregulares.
Entre otras, el PSOE acusaba al Ayuntamiento del PP de haber hecho que las arcas municipales perdieran 16 millones de euros al "malvender" por nueve los terrenos del polígono industrial de Marchalhendín, valorados por los técnicos en 24,25 millones, además de "obviar" la titularidad pública de los caminos que los atraviesan, valorados en 750.000 euros, para "dárselos de regalo al promotor de la obra".
*El Mundo, sábado 10/03/2007
Foto: Alhendín, idealdigital
La fiscalía del TSJA analiza los planes urbanísticos de Llanes y Castropol
MaríaALONSO* : "La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha abierto diligencias de investigación por supuestas irregularidades en los planes de urbanización de los municipios de Castropol y Llanes. La Asociación de Colectivos de Asturias (ACA) había denunciado ante los tribunales los planes urbanísticos de Llanes, Castropol y Ribadedeva. Por el momento, la fiscalía ha notificado a la asociación la apertura de diligencias para los casos de Llanes y Castropol.
Domingo Goñi Tirapu, presidente de la asociación, asegura que los tres municipios denunciados están desarrollando proyectos en la línea protegida de los 500 metros.
En el caso de Castropol, la asociación ha denunciado ante los tribunales un supuesto delito de prevaricación en la aprobación del Plan General de Ordenación del municipio, así como un posible delito de falsedad documental.
En Llanes la entidad ha denunciado las irregularidades que, a su juicio, se están produciendo en todo el urbanismo que se está realizando en el concejo. La denuncia pone como ejemplo especial lo que está sucediendo en las obras de urbanización del plan parcial de La Talá.
Domingo Goñi Tirapu señaló ayer que en el caso de Ribadedeva la mayor parte de las nuevas construcciones que se están proyectando se construyen en la línea protegida de los 500 metros. El presidente de la asociación aseguró que los distintos planes urbanísticos se están «saltando» la actual legislación y se están desarrollando en zonas de especial protección.
La Nueva España, Sábado, 10 de marzo de 2007
Foto: Urbanización La Llavandera en Llanes /E.C. - elcomerciodigital.com
Chiclana inicia el plan para regularizar 10.000 viviendas ilegales en cuatro años
PedroESPINOSA* : "Chiclana (Cádiz, 72.364 habitantes) podrá resolver sus problemas de viviendas ilegales en cinco años. Es el plazo que maneja el arquitecto y urbanista Manuel A. González Fustegueras para regularizar las alrededor de 10.000 viviendas ilegales que existen en este municipio.
Su empresa Territorio y Ciudad, junto a Urbe Óptima, se encargará de gestionar la oficina que ayudará a los propietarios de las casas a tramitar las solicitudes. González Fustegueras y el alcalde, José María Román, del PSOE, rubricaron ayer el contrato para poner en marcha este proceso.
La Gerencia de Urbanismo adjudicó en enero al consorcio Gestión Básica, formado por Territorio y Ciudad y Urbe Óptima, el contrato para impulsar la oficina que se encargará de ayudar a la legalización de las viviendas. "Nosotros seremos mediadores entre los propietarios y la administración local", explicó ayer Fustegueras. La adjudicataria, que será coordinada por funcionarios, realizará trabajos de "consultoría y asistencia técnica", según se establece en el acuerdo, cuyo valor económico asciende a 1'76 millones de euros.
En esa oficina trabajarán 32 personas, entre arquitectos, arquitectos técnicos, jefes de proyecto, licenciados en derecho, en ciencias ambientales, geografía, biología, ingenieros industriales, topógrafos y administrativos. La sede de esa oficina se ha ubicado en una antigua sede bancaria en la calle Huerta del Rosario.
El Plan General de Chiclana, elaborado por Fustegueras, ha dividido en nueve áreas de gestión básica los 17'4 kilómetros cuadrados (45% de suelo urbano) donde se ha detectado la proliferación de casas irregulares. Cada una de estas áreas se someterá a unas reglas particulares.
Según detalló ayer Fustegueras, la primera misión de la oficina, que abrirá en breve y estará a pleno rendimiento a principios de verano, será redactar un informe en el que se detallarán todas las actividades relacionadas con los expedientes de regularización, como el suministro de luz y agua, o las licencias necesarias. De ese informe saldrá un manual de procedimiento para simplificar los trámites. "Queremos que los propietarios no se encuentren con una burocracia que dificulte esta labor. Nuestra labor será facilitarles las cosas", explicó.
Los propietarios de las casas no tendrán que desplazarse hasta la oficina. "Nuestros técnicos visitarán las viviendas e informarán de las claves del proceso", detalló Fustegueras, quien adelantó que el coste para los propietarios será bajo. "Podemos decir que la diferencia entre los beneficios que obtendrán serán mayores que lo que gastarán", aseguró el arquitecto, quien prefirió no precisar una cantidad aproximada de lo que le costará a cada particular regularizar sus casas. "No se puede generalizar", aclaró. Unicaja, que ha anunciado préstamos preferenciales a bajo tipo y de larga duración para los que se sumen a este proceso, calculó recientemente que las legalizaciones moverán alrededor de 450 millones.
Tras la realización del manual de procedimiento, también se diseñarán un sistema de información geográfico, que permitirá el seguimiento continuo del proceso de legalización y las obras nuevas. La oficina creará una página web para ayudar a los particulares a realizar trámites, consultar expedientes y descargar documentos.
Cumplimiento de plazos
El consorcio Chiclana Gestión Básica también ha recibido el encargo de diseñar un plan de infraestructuras que acompañarán a las viviendas legalizadas. "Se trata de detectar todas las necesidades que tendrán estas casas que han ido apareciendo sin control", concretó Fustegueras. La oficina analizará las infraestructuras actuales, establecerá las inversiones necesarias para acometer el desarrollo urbanística y redactará una normativa para la ejecución de las obras. También creará una dirección integral de proyectos para las obras municipales y los trabajos que realicen los particulares.
El contrato tiene vigencia para un año. Aunque Fustegueras cree que el proceso de regularización no estará completamente listo hasta dentro de cuatro. Vaticina que la puesta a punto de la ciudad tardará un año o dos más. "Si se cumplen estos plazos, sería un hombre feliz", dijo.
*ELPAIS.com - Cádiz - 10/03/2007
Foto: Zona del Marquesado, en Chiclana, donde hay viviendas ilegales ( ROMÁN RÍOS )
