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A.Rubio/EFE/Murcia* : "Una delegación judicial se personó ayer en el Ayuntamiento de Fuente Álamo para recoger documentación de planes parciales sobre suelo industrial tramitados en este municipio. El requerimiento partió de la titular del Juzgado número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno, la misma que ordenó el 19 de junio pasado la incautación de casi 200 expedientes sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento de Torre Pacheco entre los años 2004 y 2006, de los que poco después devolvió dos terceras partes. En concreto, han recogido unas cinco cajas de documentación sobre varias empresas que trabajan con el Ayuntamiento, así como sobre planes parciales que afectan a suelo industrial.
La alcaldesa, María Antonia Conesa, explicó que confía en la actuación judicial y espera que se esclarezca de forma rápida y correcta para evitar incertidumbres y rumores. Conesa se mostró tranquila y aseguró estar «dispuesta a colaborar» con la justicia en este caso.
La alcaldesa explicó ayer que la delegación que realizó la acción estaba encabezada por un secretario judicial, quien informó de que se trata de un requerimiento de entrega de documentos ordenado por Moreno.
Fuentes de la investigación señalaron que los agentes pidieron una relación de empresas que trabajan con el ayuntamiento de Fuente Álamo, y entre ellas los expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, ex propietario del grupo urbanístico Polaris World.
«Estricta legalidad»
Según la alcaldesa los cinco expedientes «son varias carpetas, que caben en una caja», pero los funcionarios recogieron varias cajas, que cargaron en un monovolumen. Conesa desmintió que se produjera un despliegue policial «como ocurrió en Torre Pacheco», en referencia a la operación ordenada por la misma juez en el ayuntamiento de esa localidad el pasado 19 de junio, En este caso sólo estaban el secretario, un auxiliar, y otras dos o tres agentes, todos de paisano.
Hace tan sólo unos días, cuando se incautaron documentos al Ayuntamiento de Torre Pacheco, la alcaldesa aseguraba no le podían acusar de cobrar comisiones ilegales al consistorio fuentealamero, porque «las adjudicaciones de obras siempre se han hecho de acuerdo a los informes técnicos y a la más estricta legalidad». Según Conesa «los expedientes son públicos y «cualquier vecino o autoridad que desee verlos están a su entera disposición, nunca ha habido comisiones ilegales, ni tratos de favor».
Los expedientes incautados ayer se suman a los documentos sobre planes parciales del Ayuntamiento de Torre Pacheco de los que, a pesar de haber devuelto la mayoría, aún hay unos 60 en poder de la Fiscalía. Y es que forma parte de las investigaciones del Juzgado número 4 de San Javier, que, de momento, se encuentran bajo secreto sumarial.
María Antonia Conesa, que a la llegada de los agentes judiciales no se encontraba en el consistorio, se enteró de la operación sobre las 11.30 horas cuando llegó a la sede, y afirmó que el secretario judicial la había requerido información sobre varios planes parciales que afectan a suelo industrial.
Aránzazu Moreno ha decretado el secreto sumarial de este caso, que se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
* La Verdad - 4 de julio de 2007
Foto: Fuente Álamo (Murcia) /ayto-fuentealamo.es
La juez se lleva cinco cajas con documentos urbanísticos del Ayuntamiento de Fuente Álamo
El PGOU de Marbella lo legaliza todo: desde la mansión de Antonio Banderas al Hipercor de Puerto Banús
F.Martín.- ElConfidencial* : "Los VIP’s con mansión, negocio o terreno irregular en Marbella, tal que Antonio Banderas, Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Luis Portillo (Colonial), están de enhorabuena. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación inicial ya ha entregado la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, lo legaliza casi todo. Pero la normalización no será gratis: a cambio, los empresarios deberán ceder suelo al Consistorio por cada edificación ilegal. Al menos, ése es el punto de partida del Plan. Sólo se queda fuera del mismo el Banana Beach de Ávila Rojas, cuya demolición se deja en manos de los tribunales. El constructor granadino es el gran perjudicado de esta ‘pax’ urbanística firmada entre Junta socialista, Ayuntamiento popular y empresariado.
En el ‘todo vale’ del Plan se incluyen hoteles NH, Guadalpines, Hipercor y Opencors, La Cañada de Tomás Olivo, el Senator de Hoteles Playa, todo tipo de promociones denunciadas, como Los Jardines del Príncipe, de Gaelco, o la Guadalmina de Fadesa, y mansiones con irregularidades, como la de Antonio Banderas en Los Monteros, o la de Amusátegui en Nagüeles.
La idea de los muñidores del plan, con el otrora prestigioso arquitecto andaluz Manuel Fustegueras y el director gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta, José María Ruiz Povedano a la cabeza, era normalizar los desmanes urbanísticos con un peaje muy concreto: la cesión de cien metros cuadrados por cada vivienda ilegal.
De ese trueque sale la legalización del Hotel Senator, propiedad de Hoteles Playa, mientras las 99 viviendas aledañas, propiedad de una sociedad participada por Luis Portillo, pasarán a ser de dominio público. Del mismo modo, la tercera fase del centro comercial La Cañada de Tomás Olivo será el precio a pagar por la regularización de las dos anteriores. Todo sea con tal de recuperar el antiguo esplendor de Marbella ahora que la Costa del Sol está plagada de carteles de ‘se vende’.
El gran perdedor de este plan inicial es José Ávila Rojas, cuyo Banana Beach se queda en el limbo. El edificio promete dar mucho juego, no ya porque esté habitado, sino porque entre sus propietarios se encuentran personajes como Yola Berrocal o Carmen Sevilla, quien en la reforma de su ático se cargó dos ascensores.
Dos años de negociaciones
Pero las rebajas no han terminado. Hasta su aprobación definitiva, al patrón del plan que regirá el urbanismo de Marbella de aquí en adelante le queda mucha tela que cortar. “Es un punto de partida”, reconocen tanto políticos como empresarios, que contarán con dos años para negociar las contrapartidas a sus irregularidades.
Pese a los esfuerzos, la aparente vuelta a la normalidad urbanística de Marbella no ha agradado a todo el mundo. Quienes llevan más de 15 años luchando contra los ‘giles’ y sus trapacerías destacan que las edificaciones que tienen sentencia de no deberían entrar en el plan. “La no demolición de las edificaciones irregulares supone una demolición del Estado de Derecho”, claman. Pero estos ‘aguafiestas’ son minoría. Más del 70% de los marbelleros se manifestaron contra las demoliciones tanto en encuestas como en las urnas.
* El Confidencial - 04/07/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
En el origen del urbanismo salvaje
J.MOTA.- El País/Crítica* : "Hay que excavar un poco entre la prosa a veces pedregosa, pero enseguida aparece el hilo conductor de La gallina de los huevos cemento. El ensayo toma como motivo la distorsión económico-política que, entre otros desmanes, ha pavimentado gran parte del litoral mediterráneo y ha empollado casos graves de corrupción municipal y autonómica. Martín Mateo dibuja con precisión las causas de tan descomunal despropósito, hoy ya muy conocidas, y lo hace sin dramatizar el alcance de la corrupción urbanística del litoral, aunque no se oculte la importancia del fenómeno. Salvo mejor interpretación, el hilo conductor mencionado que está en la raíz institucional del caos urbanístico empieza por el monopolio municipal de las decisiones de recalificación del suelo, fuente de inagotables plusvalías, continúa por la destrucción de la estructura funcionarial independiente de los ayuntamientos, sustituida por cuadrillas de políticos, y casi termina en la incapacidad de instancias políticas superiores para enfrentarse a la tumescencia del urbanismo salvaje. Las dos primeras causas parecen muy acertadas y cualquier autoridad dispuesta a contener la escalada imparable del cemento debería tenerlas en cuenta.
El mal, según esta tesis, radica en el modelo según el cual los municipios disponen de impunidad para calificar los destinos del suelo. Durante quinquenios los políticos electos en los municipios se han dedicado a neutralizar cualquier atisbo de control que pudiera imponérseles desde las, por otra parte, muy débiles barreras erigidas por secretarios e interventores de Ayuntamiento. No es que los cuerpos burocráticos hayan presentado gran resistencia al progreso de la corrupción, el soborno y la arbitrariedad de alcaldes y concejales. Pero cuando lo han hecho han recibido una sentencia fulminante. A este respecto se cita en el libro la espeluznante declaración del celebrado Jesús Gil, cuando anunció que iba a destituir al secretario de Marbella "porque está parando el Ayuntamiento".
Así que uno de los procedimientos para recuperar el buen orden urbanístico consiste en restaurar a toda prisa el poder de los funcionarios locales independientes. A todos los efectos la independencia debe entenderse en este caso como la imposibilidad de que los secretarios o los interventores sean destituidos por los gestores políticos del concejo. En apariencia, y por el momento es mejor dejarlo ahí, ese criterio de independencia debería implicar necesariamente que secretarios e interventores dependiesen de una instancia nacional. De esta forma, quedaría garantizado al menos un equilibrio nominal de poderes.
Ramón Martín Mateo, con indudable audacia, propone que los ciudadanos participen activamente en la definición del urbanismo de su localidad; y el procedimiento de participación que menciona es el referéndum. No es una mala idea, aunque pueda parecer liosa y segregue en los cuerpos de políticos encallecidos las consabidas protestas de desorden, carestía, alboroto o desinformación. La argumentación del autor es de peso; los votantes no encuentran los planes urbanísticos reales en los programas electorales. Así que la forma más segura de evitar las tropelías del cemento en forma de hechos consumados es la consulta popular. Es decir, que los políticos electos abandonen las cómodas exposiciones en círculos reducidos de profesionales del ramo y estén obligados a defender sus planes en el ágora, directamente ante los ciudadanos.
La lectura del ensayo tiene interés porque enumera sin pasión las causas legales y burocráticas del abuso del cemento y, por lo tanto, de la corrupción. Hay otras causas importantes que el texto sugiere, pero que son igualmente importantes y que deberían ser atajadas desde un cambio legal de cierta envergadura. Las más importantes son los imperfectos, por no decir desdichados, sistemas reconocidos de financiación de los ayuntamientos y de los partidos políticos. Los no reconocidos, por supuesto, lindan con el soborno y la corrupción descarada.
* ELPAIS.com - 01/07/2007
