El alcalde de Manises cargó artículos de lujo a Emarsa, según el gerente

ELPAÍS/Valencia* : El exgerente de Emarsa, la sociedad dedicada a la depuración del agua de Valencia, declaró ayer ante el juez que el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, compraba artículos de lujo y le ordenaba que pasara a abonarlos por el establecimiento a cargo de la empresa pública. "En ocasiones venía con la factura y me decía que me acercara a tal sitio a pagar", afirmó ayer el exgerente, Esteban Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración.
La empresa pública, que fue disuelta por el Partido Popular con un agujero de 17 millones, gastó decenas de miles euros en comercios como Loewe y en marcas como Mont Blanc. En El Corte Inglés, la sociedad adquirió entre 2006 y 2009 relojes, accesorios de automóvil, artículos de fotografía, teléfonos y regalos de Navidad. Según afirmó ayer el exgerente, todas esas compras se realizaban por indicación del alcalde de Manises: "Tenía catálogos de las marcas y era él quien elegía los regalos".
La investigación del caso Emarsa, en el que están imputados tres directivos de la sociedad pública y seis empresarios por malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que la sociedad pública pagó supuestamente decenas de millones de euros por servicios inexistentes y por suministros que nunca llegaron a la planta de Pinedo que gestionaba.

Desde que el viernes empezó a declarar ante el juez, el exgerente ha apuntado a Crespo, que fue presidente de Emarsa desde 2004 hasta su disolución en 2010, como responsable de las supuestas irregularidades. El año pasado, en su declaración ante el fiscal, el alcalde de Manises afirmó que no conocía el día a día de la gestión de Emarsa. Ayer fue más contundente: "No me van a amedrentar las mentiras, calumnias y falsas acusaciones lanzadas por un imputado que probablemente utiliza la única estrategia de defensa que le es posible, basada en constantes y reiteradas faltas a la verdad que niego rotundamente".Frente a la relación formal que Crespo dijo al fiscal que mantenía con Cuesta, ceñida a las periódicas reuniones que se celebraban con motivo del consejo de administración de la sociedad, el exgerente dibujó ayer un panorama bien distinto. Las reuniones eran numerosas, unas seis al mes. Y eran muy flexibles. En ocasiones Crespo lo citaba en su despacho de la alcaldía de Manises; otras veces en su despacho de la Diputación de Valencia, y otras "en cualquier cafetería" de la ciudad.

Fue Crespo, siempre según Cuesta, quien le instó a contratar con Construcciones y Reformas Rocafort, Mantenimientos Valmasrk, Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática y Viajes Benimàmet, todas ellas investigadas ahora por haber facturado servicios y suministros inverosímiles a la sociedad pública. Y fue también Crespo quien le instó a contratar una caja de seguridad en Bankinter para guardar "importantes documentos".

El enfrentamiento entre el expresidente y el exgerente de Emarsa tiene algo de fratricida. Porque Cuesta, aunque con un peso mucho menor que Crespo, también forma parte del Partido Popular, y según las fuentes consultadas ayer sigue siendo presidente de la agrupación local del PP en Poblats del Oest, Valencia.

Según afirmó Cuesta ante el juez, Crespo no solo decidía con qué empresas había que firmar acuerdos, sino que también bajaba al detalle de señalar a qué personas contratar. Fue el alcalde de Manises por ejemplo, afirmó, quien decidió que había que requerir los servicios de Producciones Ageiron, que facturó a Emarsa 58.400 euros en dos años por suministrar bolígrafos, sacapuntas, bolsas y otros artículos con el logotipo de Emarsa.

Y que también contaban con el visto bueno de Crespo las decisiones de contratar con las empresas Arrima, que cobró 157.000 euros a la sociedad pública por dar cursos de formación que excedían, aparentemente, el número y perfil de la plantilla de Emarsa; y Mas Azafatas (118.000 euros), que básicamente proveía servicios de azafatas en las ferias a las que asistía la empresa. Arrima era administrada por el hermano del director financiero de Emarsa, Enrique Arnal (también imputado). Y Mas Azafatas, por la pareja del mismo director financiero.

El exgerente de Emarsa, enfermero de profesión, llegó al cargo de la sociedad pública por decisión política en un ámbito, el de la depuración del área metropolitana de Valencia, que lleva años controlado cómodamente por el PP y, especialmente, por el Ayuntamiento de Valencia que gobierna Rita Barberá, que dispone de casi el 50% de los votos en la Emshi, la sociedad pública de la que dependía Emarsa.

Cuesta reconoció ayer que cuando fue nombrado no tenía ninguna formación ni sabía cómo funcionaba una depuradora. Su paso por la gerencia de Emarsa coincidió, sin embargo, con una buena época económica. Entre 2005 y 2009, según reconoció ante el juez, hizo pequeños pero numerosos ingresos en efectivo en su cuenta que superaron los 251.000 euros. El exgerente lo atribuyó a la venta de un terreno, de un piso y a la devolución de dinero por parte de familiares.

Los números de Emarsa
- Empresas investigadas. Las seis empresas bajo sospecha por facturar a la sociedad pública servicios y suministros falsos cobraron 32 millones de euros en los seis años en los que Esteban Cuesta fue gerente y Enrique Crespo, presidente.

- Agujero. En el momento de su disolución, decidida cuando saltaron las sospechas sobre la gestión, la empresa pública de depuración de agua dejó un agujero de 17 millones de euros.

- Artículos de lujo y regalos. Emarsa gastó en tres años 12.000 euros en artículos de Loewe y 76.000 en compras de relojes, accesorios de automóvil, ordenadores personales...

- Órdenes. Según declaró ayer el exgerente, era el alcalde de Manises y presidente de Emarsa quien elegía los obsequios.


* El País - I. ZAFRA - Valencia - 11/10/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia

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Madrid.- Cutillas negocia la venta a REEFF del ladrillo portugués de Inmobiliaria Chamartín

ELCONFIDENCIAL* : Inmobiliaria Chamartín ultima la venta de su división portuguesa al fondo inmobiliario de Deutsche Bank (RREEF). En concreto, son los bancos acreedores de la compañía presidida por el riojano Carlos Cutillas los que llevan varios meses negociando en exclusividad, asesorados en diversas fases por Rothschild, las condiciones de la quita que estarían dispuestos a asumir para aceptar una oferta, según fuentes informadas del proceso. Sin embargo, el complejo entramado de sociedades y garantías que tienen los distintos niveles de deuda la compañía están dificultando el quórum necesario entre todas las partes.
La oferta de RREEF es exclusivamente por la antigua Amorim Inmobiliaria, la compañía propiedad del magnate luso Americo Amorim que adquirió Carlos Cutillas en octubre de 2006, en plena burbuja del ladrillo. Un año antes, el fondo del banco alemán, que cuenta con inversiones en Portugal (los complejos hoteleros de Penha Longa y Alfamar), estuvo a punto de hacerse con la cartera de 16 centros comerciales que ahora intenta comprar a Inmobiliaria Chamartín, aunque los interlocutores en la negociación son los bancos acreedores.

Inmobiliaria Chamartín tiene una deuda total de 1.700 millones, heredados sobre todo por la operación de Portugal. Hace cinco años, Cutillas desembolsó 500 millones por la inmobiliaria de Amorim, con un crédito en el que participaron diez entidades españolas (Banco Sabadell, Banco Popular, Banesto, CCM, Caja Burgos, Caja Canarias, NovaCaixa, Cajastur…), y además asumió la deuda de 800 millones que tenían los centros comerciales portugueses, que a su vez estaban como garantía con otros acreedores (ING, Eurohypo, Caixa Geral, BCP…).

Tras buscar sin éxito un socio industrial, Inmobiliaria Chamartín inició hace casi un año un data room entre los potenciales interesados. Acudieron más de doce fondos y al final del proceso quedó RREEF como candidato en exclusiva. Desde entonces, los acreedores negocian el importe de la quita, que tendría que ser sustancial para los bancos españoles del sindicato, que no tienen como aval los centros comerciales. En este punto es donde existen las fricciones, pues "todos quieren tener las mismas condiciones o las mejores posibles".

En total, la oferta aproximada de RREEF rondaría los 150 millones de euros, de los que una parte, cerca de 50 millones, estarían destinados a invertir en los propios centros comerciales. De acuerdo a estas magnitudes, en caso de cerrarse la operación los bancos españoles aceptarían una quita de casi el 90%. Este recorte tan importante tiene que ver mucho con la actual situación macro. "Portugal es un mercado casi ilíquido", explican desde otro fondo que estudió la operación. "Es casi imposible encontrar financiación para una inversión inmobiliaria allí".

A pesar del patrimonio en renta de Inmobiliaria Chamartín (200.000 metros cuadrados de oficinas) y de su diversificación geográfica (Portugal, Alemania y España), las rentas anuales de más de 100 millones de euros no son suficientes para amortizar los vencimientos del principal, con los que no está al corriente de pago. Ante esta situación, y tras ver como otras inmobiliarias con más deuda (Colonial, Metrovacesa o Reyal-Urbis) sí conseguían más tiempo con nuevas refinanciaciones, Carlos Cutillas ha cedido a la opción más drástica, pero quizá la que mejor representa su vocación de mantener la viabilidad de su proyecto en España.

Fruto del avance de la operación, Inmobiliaria Chamartín ha contratado recientemente los servicios de N+1 para que negocie con los bancos acreedores la situación de la deuda que no tiene contrapartida sobre los activos portugueses. El empresario riojano, junto a sus socios CCM y el fondo para situaciones especiales de Morgan Stanley, espera lograr un calendario más flexible que le permita seguir operativo, sobre todo si la operación de Portugal se culmina con éxito. En caso contrario, las alternativas posibles serían peores.


* El Confidencial - Carlos Hernanz - 10.10.11
Foto: Madrid, Chamartín Inmobiliaria

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Sevilla.- Más de 3.200 licencias para abrir negocios esperan en Urbanismo

ABC* : El Ayuntamiento de Sevilla anunció ayer la aprobación, el próximo mes de noviembre, de una ordenanza de concesión de licencias para actividades empresariales, mercantiles e industriales que agilice la normativa vigente, que ha dejado sin tramitar 3.214 expedientes, algunos incluso presentados en 2004.
De este modo, el Gobierno municipal busca adaptar la concesión de expedientes para apertura de negocios a la normativa europea —puesta en marcha en 2006— y a la estatal —en 2009—, que el gobierno de Monteseirín venía incumpliendo desde entonces, a pesar de que en julio de 2010 aprobó una ordenanza en la que facilitaba la apertura de ciertas actividades que tenían la categoría de «no calificadas», es decir, que no tuvieran repercusión en el medio ambiente.
Así, y tal y como señaló el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, con la nueva ordenanza que entrará en vigor «a principios de año», se solucionaría el «grave problema continuamente denunciado» para ejercer una licencia, cuyo plazo mínimo de concesión, hasta ahora, era de ocho meses —llegando incluso a los siete años— y que disminuirá para concederse a los tres meses de su solicitud, como lo obliga la legislación, «con el consiguiente perjuicio para el emprendedor que lo solicita».

Esta «desorganización» del servicio, según Vílchez, teniendo en cuenta el «panorama desolador de paro, donde el Ayuntamiento era una traba y obligaba a huir de Sevilla a muchos emprendedores», se ha reorganizado para resolver alrededor de trescientos expedientes en los tres meses de verano, es decir, el doble de lo que se venía haciendo.

El tiempo en conceder una licencia de apertura con la normativa vigente, y que el anterior Gobierno municipal no fue capaz de resolver, superaba lo establecido para el silencio administrativo —tres meses— y generaba que personas que alquilaban un local en la ciudad por 6.000 u 8.000 euros al mes, no podían abrir su negocio y éstos quebraban antes de ponerse en marcha, ya que el procedimiento obligaba a aportar los documentos, se ponían a la cola y, hasta que un funcionario no lo visaba, no se podía ejercer. Esto se solucionó a la mitad, con la normativa aprobada en julio de 2010, en la que las actividades «no calificadas» podían acogerse a la declaración responsable para obtener una licencia provisional. Sin embargo, el problema seguía existiendo con aquellas que sí tenían que pasar por Medio Ambiente, prueba de ello son las más de 3.200 que estaban a la cola sin resolverse.

Con las nuevas ordenanzas anunciadas por el Ayuntamiento, tanto las denominadas «no calificadas» como las «calificadas» —por ejemplo, un bar, un taller de vehículos...— podrán acogerse a esta declaración de responsabilidad para obtenerla en un plazo mucho más corto. El empresario presentará los documentos en un tipo de formato específico, con una declaración responsable de un técnico y, si cumple ese procedimiento, se analiza inmediatamente y se le concede una licencia provisional. En paralelo, y ya con el permiso para ejercer su actividad, se seguirá un proceso de control para recabar más datos y tendrá una mayor trascendencia el régimen sancionador. «Tenemos que potenciar el control de las actividades y, lógicamente, como contrapartida a esa confianza depositada en el profesional, la responsabilidad exigida será mayor que la que existía antes», afirmó el delegado. El objetivo del Ayuntamiento será «acortar el plazo, sin fijar uno exacto», aunque deberá ser menor de tres meses, intentando optimizarlo de tal forma que pueda llegarse a la situación de Madrid, donde se resuelven expedientes en 15 días.

Los arquitectos, a favor; el PSOE... no

El decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, valoró ayer la puesta en marcha de la nueva ordenanza como «más acorde con la realidad» que la actual. Díaz del Río calificó la última modificación de la ordenanza de 2010 como «malintencionada y no cubría los tramites administrativos establecidos» y que se llevó a cabo «sin consultar a las corporaciones y a las instituciones afectadas», que presentaron «más de un centenar de alegaciones y ninguna fue admitida». Ante esto, Díaz del Río celebra que «esa mala ordenanza, que se vendió con unas prebendas que jamás existieron, haya sido cambiada».

Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento criticó ayer la nueva normativa porque «no vale todo» y tiene que haber unos «límites claros», establecidos en la «seguridad, salubridad y el derecho al descanso ciudadano». En este sentido, indicó que será «bien recibido» cualquier ordenanza o modificación que agilice el proceso pero que «no todos los negocios pueden estar sujetos a esto por lo que responden los colegios profesionales, porque el responsable último es el Ayuntamiento».

El procedimiento de la nueva normativa
Declaración responsable. El emprendedor o profesional que quiera abrir un negocio deberá presentar los documentos en un formato específico, con una declaración responsable de un técnico. Así, se le concede una licencia provisional para poder ejercer.
Máximo tres meses. El Ayuntamiento facilitará un servicio telemático que, con el citado procedimiento, el expediente se tramitará en menos de tres meses, intentando acortar los plazos siguiendo el modelo de Madrid, donde la licencia se da a los 15 días de su presentación.
Régimen sancionador. Esa licencia provisional requerirá un proceso de control de las actividades y un régimen sancionador mayor que el que existía hasta ahora.


* ABC - Javier Macías - 11.10.11
Foto: Imagen habitual en Sevilla de ver un local cerrado «próximo» a abrir - abc

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Activistas y expertos proponen una auditoría ciudadana de la deuda

ECOLOGISTASENACCIÓN* : Ante la posibilidad de un rescate, expertos y activistas proponen una auditoría ciudadana de la deuda.
Las jornadas organizadas por la red por la abolición de la deuda externa ¿Quién debe a Quién? (1), celebradas el 7 y 8 de octubre en Madrid, han contado con la presencia de más de 300 personas. Durante la jornada, diversos activistas y expertos procedentes de Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal, Bélgica y el Estado español han analizado la situación de la deuda en sus países y la creciente crisis de la zona Euro, así como las alternativas que se proponen desde la sociedad civil i ámbitos de la economía crítica.
Las jornadas se iniciaron el viernes con una mesa en la que se trataron las diferentes caras de la crisis, evaluando los impactos a nivel general y en ámbitos concretos como el ambiental, el laboral o el financiero. Una de las intervenciones más celebradas fue la de Amaia Pérez Orozco, experta en economía feminista, que analizó los impactos de la crisis en las mujeres. Para Pérez Orozco “la crisis provoca recortes de las políticas de igualdad e incrementa la desigualdad y la deuda con las mujeres, que sostienen la vida a través de trabajos de cuidado y no remunerados”. En el debate sobre alternativas se insistió en que éstas vayan en la dirección de un nuevo modelo social y económico, basado en un nuevo sistema financiero y de producción que “no nos cueste el planeta”, en relaciones sociales y laborales justas y de igualdad que permitan garantizar una “vida digna que valga la pena ser vivida”.

El sábado 8 de octubre la jornada se inició con la intervención de Eric Toussaint presidente del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo en Bélgica (CATDM), miembro de la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador y asesor en temas de deuda pública de diversos gobiernos latinoamericanos, que afirmaba que “la deuda en Europa es ilegítima. Su aumento se debe en buena parte a políticas fiscales regresivas y rescates del sector financiero, ambas profundamente injustas. La deuda responde al chantaje de los mercados y impone el ajuste social y la violación de derechos humanos”. Toussaint analizó la situación de la deuda en los países del Sur, dibujando vínculos y similitudes entre los programas de ajuste impuestos en esos países durante los últimos 30 años y los que se imponen hoy en Europa.
Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización, analizó la situación de la deuda española, señalando la acumulación de deuda privada, y no pública, como problemática central. “Vivimos en nuestro país una dictadura financiera, que impone sobre la ciudadanía el peso de una deuda acumulada por el sector privado para financiar la especulación inmobiliaria y las exportaciones de nuestros acreedores, como Alemania” explicó Gómez-Olivé, “la respuesta es el repudio y salir a la calle para exigir nuestros derechos”.
Ante la posible suspensión de pagos de Grecia, Leonidas Vatikiotis, economista y periodista griego y asesor de contenidos del documental “Debtocracy”, comentaba las razones para no pagar la deuda así como para no aceptar las “soluciones” de reducción que plantea la UE. “Las propuestas de los acreedores pretenden convertir a Grecia en una Maquila, agudizar los recortes y las privatizaciones. Ante esto, nosotros decimos: no debemos y no pagamos, pero añadimos, no vendemos, nos oponemos al proceso de privatización mas grande de toda Europa”. Mientras que Luís Bernardo, de ATTAC Portugal, presentaba la problemática en su país como resultado de “la financiarización de la economía, que ha llevado a la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades en Portugal, dónde sólo 60 familias controlan el 40% de la riqueza y se benefician de paraísos fiscales como el de Madeira”.
Tanto ponentes como público coinciden en la necesidad de auditar la deuda para analizar qué hay detrás del proceso de endeudamiento, quién se ha beneficiado, quienes son los responsables y, sobretodo, si existen indicios de ilegitimidad. En este sentido, Andy Storey, profesor de Política Económica y Desarrollo en la Universidad de Dublín y portavoz de Action from Ireland, nos cuenta su experiencia en la reciente auditoría ciudadana de la deuda soberana irlandesa: “Hemos descubierto que dos terceras partes de la deuda pública se debe a la nacionalización de la deuda privada, al rescate de los bancos. Sabemos que el peso de esa deuda recae sobre la ciudadanía a través de los ajustes sociales, pero no hemos conseguido revelar a quién se debe”. Gunnar Skuli Armannsson, de ATTAC Islandia relataba como la presión ciudadana consiguió un rotundo “NO” al pago de la deuda a los bancos holandeses e ingleses en los referéndum celebrados en Islandia. Gunnar Skuli confesaba en su intervención que “el 15M ha sido inspirador para los islandeses”.
Entre las conclusiones de las jornadas destaca la revelación de que la deuda privada está en el centro del problema. La ciudadanía debería reconocer como ilegítimas las deudas soberanas que resulten del rescate bancario. La importancia de transformar el sistema financiero y de crédito se hizo evidente, con el objetivo de no producir más deuda. Esta transformación consistiría en recuperar la soberanía sobre la política monetaria, la nacionalización de los bancos y que el crédito responda al interés común y se ponga al servicio de lo público. Se evidencia también que, más allá de los impactos sociales, las medidas de ajuste y los recortes no están ayudando a salir de la crisis. Por todo ello, es necesaria la construcción de alternativas a la crisis desde la sociedad civil. En el centro de estas alternativas encontramos la Auditoria de la Deuda como proceso previo al repudio.
Durante la mañana del domingo ha tenido lugar una reunión, con la participación de más de 50 activistas pertenecientes a una veintena de organizaciones sociales y una decena de comisiones y asambleas locales del 15M de diferentes ciudades españolas, para evaluar la posibilidad de lanzar una campaña por la Auditoria del la Deuda en el Estado español. La reunión ha contado con la participación de Eric Toussaint (CADTM), Leonidas Vatikiotis (Comisión de Auditoria en Grecia) y Luis Bernardo (Attac Portugal) que han ilustrado a los participantes sobre las experiencias previas de Auditoria. A partir de esta reunión se inicia un proceso de debate sobre cómo y quién debería realizar la Auditoría, y qué se debería auditar.

Las jornadas tuvieron mucha repercusión en las redes sociales, especialmente a través de Twitter, donde la etiqueta #deudocracia se utilizó para narrar las intervenciones en las jornadas. En las próximas semanas la red ¿Quién debe a Quién? hará públicas en su página web las presentaciones de los ponentes de la jornada, así como resúmenes y material audiovisual recogido durante los dos días de formación y debate.

(1) ¿Quién debe a Quién? está formada por las siguientes organizaciones: ACSUR-Las Segovias / Africando / Agermanament Sense Fronteres / Àgora Nord – Sud / Alternativa Universitaria de Valladolid / Amarante-Setem Galicia / Amigos de la Tierra - España / ARA - l’Assemblea Revolucionària d’Artés / Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación y el Desarrollo (IFMSA-Spain) / ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz) Granada / Associació Castellví Solidari / Associació de Cooperació per la Pau / Associació per el Desenvolupapmnet i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIB- / ATTAC - Acordem / ATTAC- Catalunya / ATTAC - Galiza / ATTAC-Madrid / BALADRE - Coordinación estatal de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social / Comité de Suport al MST de Barcelona / Confederación General del Trabajo (CGT) / Cooperación Alternativa y Acción Solidària / Coordinadora d’ONGs de Tarragona / Coordinadora ONGD de Asturias / Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell / Cristianos de Base de Madrid / Derechos para Tod@s / Dones x Dones / Ecologistas en Acción / EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica) / Educació Sense Fronteres / Enginyeria sense Fronteres / Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos / Espacio Alternativo / Espacio Horizontal contra la Guerra / Federació catalana de ONG pel Desenvolupament (FCONGD) / Federación SETEM / Foro Social de Tomelloso / Fundación Sur / Icaria editorial- Ecología Política / IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) / Ingenieria sin Fronteras Aragon / Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) / Justícia i Pau Barcelona / Justicia y Paz / Mans Unides (Barcelona) / Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya / Mon3 / Observatori del Deute en la Globalització / Observatori DESC / Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad / OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) / ONU Veto NO / Patas Arriba (Valencia) / Paz Ahora / Plataforma 0,7 Estatal / Proyecto Cultura y Solidaridad / Red África-Europa, Fe y Justicia / Red Ciudadana Por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE/XCADE) / Rubi Solidari / SED (Solidaritat, Educació, Desenvolupament) / Servei Civil INTERNACIONAL - Catalunya / SETEM-Catalunya / Sitges Solidari / Verdegaia / Veterinarios Sin Fronteras



* ECologistas en Acción - 8.10.11

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Los desahucios alcanzan un nuevo récord con más de 16.400 ejecuciones judiciales

ELPAÍS* : Los procedimientos de desahucio solicitados ante los juzgados españoles alcanzaron un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre del año al ascender a 16.464, un 21,2 % más que en el mismo período del año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados hoy.
Estos procesos -que en muchas ocasiones son solicitados por las entidades financieras después de llevar a cabo una ejecución hipotecaria por el impago de la hipoteca y en otros casos se deben a la falta de abono de los alquileres- han registrado así su segundo récord trimestral consecutivo.
Entre enero y marzo, los juzgados españoles ya acogieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8 % más que en los tres primeros meses de 2010, lo que hace que los expertos prevean que estos procesos alcancen cotas históricas nuevamente este año. De hecho, en el primer semestre del año se han registrado casi tantos procedimientos como en todo 2009 (cuando se presentaron 33.918 peticiones de desahucio), que se elevaron al récord de 47.809 en 2010.

En cambio, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que es el principal órgano de gobierno de los jueces, muestran que las ejecuciones hipotecarias se han frenado desde que comenzó el ejercicio, tras los máximos alcanzados año tras año desde que estalló la crisis económica, en 2007.

En concreto, en el segundo trimestre las entidades financieras iniciaron 20.505 ejecuciones para quedarse con las viviendas por el impago de los préstamos hipotecarios, lo que supone una reducción del 16,4 % en relación con el mismo periodo de 2010.

En total, en el primer semestre se contabilizaron 42.242 ejecuciones, con un descenso del 18,96 % respecto a la primera mitad de 2010, que volvió a ser un año récord en este tipo de procesos al registrarse 93.636.

Por Comunidades Autónomas, la que mayor crecimiento registró en el número de desahucios entre abril y junio fue Murcia, con un incremento del 640 % en variación interanual, ya que los procesos presentados se situaron en 259, frente a los 35 del segundo trimestre de 2010.

A continuación figuró Extremadura, con un alza del 60,3 %, ya que en sus juzgados se solicitaron 117 desahucios, en comparación con los 73 del segundo trimestre del año pasado.

Por volumen, la Comunidad Valenciana siguió acogiendo una vez más el mayor número de procesos trimestrales (3.927 entre abril y junio, con un avance del 40,6 % en variación interanual), seguida de Andalucía (con 2.712 desahucios, el 48,1 % más) y de Madrid (con 2.688 procedimientos, un 10,8 % más).

Por lo que se refiere a las ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre, la mayor caída se produjo en Madrid, donde se registraron 2.026 procedimientos, con una bajada del 35,1 %.

En cuanto al número de ejecuciones, los juzgados de Andalucía contabilizaron el mayor volumen de procesos, 4.299 (un 2,8 % menos), mientras que la Comunidad Valenciana se situó a continuación, con 3.909 peticiones (un 14,5 % menos).


* El País - EFE - 7.10.11
Foto: Desahucio vivienda - publico

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