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20MINUTOS* : Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos. En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.
La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».
Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.
Más delitos en El Arahal
En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.
Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.
También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.
Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).
También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.
Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.
También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.
* 20 Minutos - JORGE GARCIA. 05.07.2009
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
Los delitos urbanísticos en Sevilla suben casi un 30% en un año
El palacio de Boadilla enfrenta a los vecinos con la Sociedad de Autores
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ELPAÍS/Madrid* : "No hay por dónde cogerlo". La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte no está de acuerdo con el proyecto que la SGAE tiene para el edificio y ayer concentró a cerca de 300 vecinos para demostrarlo. Durante la concentración, exigieron la anulación del convenio por el que el palacio pasa a ser de la Sociedad de Autores y pidieron que "se restaure como bien de uso cultural y político".
El palacio del infante don Luis, obra neoclásica de Ventura Rodríguez, pasó a manos de la SGAE en noviembre de 2006 con un contrato de cesión por 75 años. La Sociedad de Autores se comprometió a rehabilitarlo, conservarlo y mantenerlo, con un proyecto de 30 millones de euros. Pero este proyecto no convence a los Amigos del Palacio, que llevan un mes recogiendo firmas en contra. Tienen más de 3.000, y han solicitado también la ayuda del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.
"Se olvidan de que el palacio y todo su entorno son un Bien de Interés Cultural", se lamenta la presidenta de la asociación, Paloma Olmedo. "Por eso no pueden segregar espacios ni añadir nuevas construcciones". Olmedo denuncia que "el proyecto añade cubos de cristal en los jardines y otras barbaridades. Hay que preservar la estética del conjunto". La asociación, creada en 2002, no descarta acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto. Los socialistas de Boadilla se unieron también a la protesta en la explanada del palacio. "Es un convenio muy cerrado que no hace accesible el palacio para los ciudadanos", opina el portavoz socialista, Pablo Nieto.
* ELPAIS.com - B. JIMÉNEZ - Madrid - 06/07/2009
Foto: Imagen del Palacio de Boadilla. (Diego Sinova), elmundo.es
Cultura salvó una ciudad visigoda de un plan urbanístico como el del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Cultura, al que el Tribunal Supremo ha ordenado que emita informes sobre el posible expolio en el conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal, no suele terciar en planificación urbanística. Las competencias que la ley de Patrimonio Histórico le otorga en materia de expolio las ha llevado por el terreno de la dispersión de obras de arte y por el rescate del patrimonio documental o de los tesoros submarinos (como el caso del Odissey).
Una de las raras y recientes excepciones en materia urbanística apuntadas a este diario por el Ministerio de Cultura es el plan de la Vega Baja. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, preveía la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un complejo comercial sobre las ruinas de una ciudad visigoda amparada por la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.
La presión de organismos internacionales como la Unesco y de las plataformas cívicas y culturales, entre ellas, la Real Fundación de Toledo liderada por Gregorio Marañón, forzaron en 2006 al Gobierno de Castilla-la Mancha a paralizarle al ayuntamiento el proyecto al que inicialmente había dado el visto bueno por su componente social -se construirían viviendas baratas- y condicionándolo a las catas arqueológicas.
El Ministerio de Cultura, aunque tarde, acudió al rescate de la ciudad visigoda y la entonces ministra Carmen Calvo -quien advirtió de que de no haber intervenido el Gobierno Regional lo hubiera hecho el Gobierno- impulsó un convenio para crear un centro de interpretación y un museo donde antes se habían proyectado torres de edificios. El proyecto a día de hoy no termina de cuajar pero las ruinas están intactas y se han declarado Bien de Interés Cultural.
Al barrio de arquitectura popular modernista del Cabanyal esa misma figura de protección le ha servido de poco ante el plan de reforma interior que incluye la polémica prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto ha sido ratificado hasta en diez ocasiones por los tribunales. Pese a todo la plataforma Salvem el Cabanyal sigue invocando a la tutela superior del Estado para frenar el derribo de 1.600 casas. El Ministerio de Cultura, de momento, da la callada por respuesta. Sólo apunta que su potestad es "muy limitada" porque "las competencias están transferidas". Más de veinte días después de la sentencia del Supremo, el ministerio no aclara en qué punto se encuentran los informes. Mientras, los derribos en el BIC siguen. El intento del PSPV de forzar en el último pleno a Rita Barberá a parar los derribos entretanto llega el informe de Cultura fracasó.
Interés social o valor patrimonial
El plan de ordenación municipal (POM) Vega Baja se remonta al año 2000. Dos años antes se aprobó el plan especial (Pepri) de Cabanyal. Ambos afectan a entornos protegidos y se presentaron con el aval del interés social y la construcción de vivienda pública. En Toledo, los socialistas, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, no quisieron descolgarse de un proyecto bien recibido por la población. Sólo Izquierda Unida, partido se opuso desde el principio. En Valencia, el plan del Cabanyal siempre ha tenido en contra a la oposición (PSPV e IU -ahora sin representación en el ayuntamiento-) que cuando tuvo ocasión de solucionar la conexión de Blasco Ibáñez con el mar en el PGOU de 1989 optó por dejarla "diferida".
De proyecto público a mixto
El proyecto de la Vega Baja nació público y se convirtió en mixto por la entrada de socios privados relacionados con la banca, según recoge la periodista Cristina Martínez en el libro Vega Baja de Toledo. Historia de un rescate. El Ayuntamiento de Valencia también dio entrada en la sociedad Cabanyal 2010, creada en 2005 para ejecutar el plan del Cabanyal, a los socios privados, en su mayoría promotores, que se han descolgado del proyecto por la crisis.
El debate en las urnas
Los planes urbanísticos de Vega Baja y el Cabanyal han tenido reflejo en las urnas. El bloqueo del proyecto y la degradación del barrio del Cabanyal han afianzado los votos del PP en el barrio que las últimas elecciones obtuvo mayoría. En cambio al histórico alcalde de Toledo Manuel Molina (PP) la urbanización de la Vega Baja, entre otros factores, le costó la alcaldía.
* ELPAIS.com - HORTENSIA GARCÍA - 6.07.09
Foto: Vivienda con torre-miramar en la calle Escalante del Cabanyal. - daniel tortajada, levante-emv.com
Gran Scala o gran estafa
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ELPAÍS/Zaragoza* : ¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa.
El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.
La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.
Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.
Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".
Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.
Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Zaragoza - 05/07/2009
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elpais.com
