ELPAÍS* : Como protagonistas o como simples decorados, las ciudades son parte integrante de los tebeos. Desde los superhéroes neoyorquinos hasta las luces de Tokio, retratadas en numerosos mangas, pasando por el París de Tardi, el papel de la urbe en los tebeos es tal que la revista británica Architect's Journal hacía el año pasado el ranking de las ciudades de cómic más importantes. Mientras, los arquitectos se inspiran de los tebeos para dar forma a sus proyectos más utópicos. La Ciudad de la Arquitectura de París propone este verano un recorrido por este fructífero y sorprendente diálogo en su exposición Arquitectura y Cómic: la ciudad dibujada (Archi & BD: La Ville Déssinée).
"El tebeo es fundamentalmente urbano", explica en la presentación de la exposición Jean-Marc Thévenet, antiguo director del Festival de cómic de Angulema y comisario de la muestra junto a Francis Rambert, director del Instituto Francés de Arquitectura. La muestra recorre, a través de más de 350 planchas, dibujos, vídeos y fotografías de unos 150 autores las influencias cruzadas entre el tebeo y la arquitectura.
La exposición se abre con un homenaje a Winsor McCay y al mundo onírico de Sumberland por el que se mueve su personaje Little Nemo. Como las de McCay, las primeras planchas importantes se publican en los suplementos dominicales neoyorquinos de principios del siglo XX, por lo que Nueva York se convierte en la primera gran ciudad del cómic. Los rascacielos y los edificios en construcción de la Gran Manzana, entonces en plena ebullición, símbolo de la modernidad y del sueño americano, sirven de telón de fondo a las aventuras de clásicos como Bringing Up Fathers de George McManus o The Yellow Kid de Richard Felton Outcault.
A partir de ahí, superhéroes como Spider Man y algunos "héroes cotidianos" escogieron domicilio en la ciudad de los rascacielos. Los autores europeos también cruzaron el charco con más o menos éxito, mientras que otros lo hicieron con sus personajes, como Tintín, del belga Hergé. Otros, quizás para facilitar la identificación a medida que el tebeo se popularizaba más allá de Nueva York, prefirieron recrearse en ciudades ficticias que son ya casi tan conocidas como sus ilustres habitantes: el caso de la mítica Gotham de Batman o la Metrópolis de Superman.
El foco de la muestra se desplaza a Europa en los años 50 y 60, coincidiendo con la exposición universal de Bruselas de 1958. Es el periodo dorado del tebeo belga, con la internacionalización de las revistas de Spirou y de Tintín y el triunfo del estilo más depurado introducido por Hergé. Desde los ochenta, llegan con fuerza los retratos asiáticos, con Tokio como ciudad de referencia, pero también Pekín y las grandes metrópolis chinas. Si el tebeo se nutre de la ciudad, hay que esperar la década de los setenta para que aparezcan claramente las primeras muestras de la influencia del cómic sobre la arquitectura. Ocurre con el nacimiento del grupo inglés Archigram, inspirado por el movimiento pop art y que imitan la estética de los superhéroes estadounidenses de Marvel Comic en la portada sus revistas.
Entre los proyectos arquitectónicos inspirados en el tebeo cabe destacar los dibujos futuristas de Antonio Sant'Elia, la maqueta de ciudad nueva de Aldo Rossi o un proyecto de Jean Nouvel presentado por autores de cómic. Aunque quizás donde queda más patente el cruce entre ambas disciplinas sea el Museo Hergé, el primero dedicado enteramente a un dibujante, en un impresionante edificio ideado por el francés Christian de Portzamprac.
* El País - 19.07.10
Foto: Viñeta de Will- Maurice Rosy.- WILL - elpais.com
Urbanismo con bocadillos
Madrid.- Más de 100 urbanizaciones construidas en la región son ilegales
ELPAÍS* : Los Ayuntamientos las ignoran para no tener que dotarlas de los servicios básicos. Hablar de urbanismo en la Comunidad de Madrid es como enfrentarse a un puzle sin resolver: Miles de piezas sin ningún orden. Los responsables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguran desconocer cuántos municipios revisan actualmente sus planes generales. Tampoco llevan la cuenta de las viviendas ilegales en la sierra, ni de las urbanizaciones clandestinas que sobreviven en la Comunidad de Madrid.
"Compré la casa hace 16 años", recuerda Pilar Sánchez, una de las vecinas de la urbanización los Colhonares, a unos 15 kilómetros de Chinchón. La urbanización donde está su pequeño chalet depende de este municipio, de 5.300 habitantes. "Somos unos 200 vecinos. Nos hemos juntado en una asociación para reclamar al Ayuntamiento que nos ofrezca todos los servicios municipales", cuenta.
Pilar vive en una casita de una sola planta que ha ido ampliando poco a poco a lo largo de los años, aunque, como el resto de las construcciones de la urbanización, está a punto de arreglar su situación. La principal razón de este olvido se debe a la desidia de los Ayuntamientos, que evitan intervenir porque tendrían que prestar los servicios de recogidas de basuras, saneamientos de agua... Y eso cuesta mucho dinero.
En 1985, la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por el socialista Joaquín Leguina, aprobó una ley para acabar con la proliferación de urbanizaciones ilegales. El Gobierno regional elaboró un catálogo compuesto por 137 colonias ilegales y estableció un plazo de dos años para regularizarlas. Los Ayuntamientos tenían que calificarlas como núcleos urbanos y registrarlas dentro del plan general. Una vez ordenada la situación, los consistorios tenían la obligación de prestarles los servicios municipales básicos. Algunos Ayuntamientos se pusieron manos a la obra y comenzaron a regularizar las urbanizaciones ilegales. Cambiaron sus normas para declararlas núcleos urbanos. Pero ahí quedó todo. No hicieron algo fundamental: registrarlas dentro del plan urbanístico. Otras sí se decidieron a hacerlo, pero olvidaron el paso final, que es dotar de servicios a las urbanizaciones. Sin embargo, la mayoría de las localidades afectadas directamente se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada. Un centenar de colonias sigue de forma ilegal desde entonces.
"Llevo dos años viviendo aquí", cuenta José Garrido. "Aquí" es una parcela en medio de ninguna parte entre Chinchón y Villaconejos. Un terreno con una superficie de una hectárea en terraplén donde aloja dos viejos Volkswagen escarabajo. En la parte superior de la pequeña finca ha construido una casa donde vive, junto a dos perros que corren y ladran al percibir la presencia del extraño. Su casa está en una urbanización en medio del campo, pero es ilegal. Una más. Y también lleva en esa situación más de un cuarto de siglo.
En los setenta y principio de los ochenta se produjo el primer boom de la construcción. Entonces quienes tenían algún terreno lo segregaron y lo vendieron por partes. En parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. Pronto se comenzaron a constituir urbanizaciones fuera de los núcleos urbanos de población.
"Se creó un paisaje irregular. Había parcelas donde se labraban pequeños huertos, se almacenaban materiales de construcción o simplemente construían grandes chalets de forma irregular", cuenta Mariano Trías, asesor técnico de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad.
"En aquella época la legislación urbanística era más laxa", reconoce María Ángeles Nieto, miembro de Ecologistas en Acción.
El responsable regional explica que las competencias urbanísticas corresponden a los Ayuntamientos. La Comunidad de Madrid les presta asistencia jurídica o bien les asesora. "Pero son los Ayuntamientos los que tienen que decidir qué hacen con las urbanizaciones ilegales", remacha el responsable regional. "Actualmente estas urbanizaciones no se podrían construir", asegura Trías, quien trabajó en la oficina de disciplina urbanística durante años.
Pero desde Ecologistas en Acción contradicen estas afirmaciones: "Han aparecido nuevas urbanizaciones ilegales. Surgen porque los Ayuntamientos los permiten y la Comunidad de Madrid mira para otro lado", sentencia Nieto, experta en urbanismo de la organización verde. Mientras lo hace enumera algunos ejemplos de colonias que son ilegales: "En Brea del Tajo, Gargantilla de Lozoya, Perales de Tajuña, San Martín de Valdeiglesias, Colmenar de Oreja...".
Muchas de estas urbanizaciones son ilegales porque los propietarios no están dispuestos a pagar el dinero necesario para hacer las acometidas de agua, la red de saneamiento, la instalación de electricidad o ceder terrenos para construir viales.
Alrededor de Colmenar Viejo hay varias de estas urbanizaciones irregulares. Un portavoz municipal explica la situación: "La gente se puso a construir donde les dio la gana. Nosotros les prestamos los servicios que podemos. Es una situación complicada porque la tasa que pagan, el IBI, es residual, ya que se trata de suelo rústico", concluye.
Es decir, mientras los municipios justifican como pueden el desorden los vecinos siguen en un limbo legal.
Viviendas en zonas protegidas
El puzle urbanístico de la Comunidad de Madrid no tiene una imagen clara. Es un conjunto de normas que se solapan entre sí. Ecologistas en Acción denuncia la proliferación de construcciones ilegales en la sierra. Pero este fenómeno ocurre en toda la región. "Hay miles de asentamientos ilegales, casas levantadas en zonas protegidas", reconoce la experta en urbanismo de la organización verde, María Ángeles Nieto, que recorre todos los municipios de la región revisando sus planes urbanísticos y sus modificaciones.
Por eso cuenta que el avance del Plan Urbanístico de El Molar hace referencia al problema de las construcciones ilegales. También el anteproyecto del nuevo plan de Tielmes alerta de la gran cantidad de viviendas irregulares. "Solo en la Cañada Real hay cientos de viviendas ilegales. Es una vía pecuaria y no se puede construir", recuerda la responsable de Ecologistas.
Pero hay más: "En El Molar, a lo largo de La Vega del Tajuña, han aparecido durante los últimos años muchas viviendas ilegales", señala. "También en las proximidades de Aranjuez y todo el Tajo. Las cuencas fluviales atraen a la gente", precisa.
* El País - 19.07.10
Foto: Madrid, viviendas junto río Guadarrrama - 20minutos.es
Ceuta.- Diez años de expolio
ELFARO* : La última década ha resultado catastrófica para el patrimonio arquitectónico en Ceuta. El dato cuantitativo se conocerá el próximo año, pero estos son algunos de los casos más graves. La ley española define expolio como “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social”. Según el censo arquitectónico del año 2001, en Ceuta quedaban un 29% de edificios anteriores a 1940. Según el censo de 1991, eran más de un 50%. En diez años se consiguió batir el récord de una Alemania marcada por los nada piadosos bombardeos de la II Guerrra Mundial.
Ahora, en 2011, el censo volverá a mostrarnos su dato, ante el que poca esperanza se puede albergar observando los casos más sonados de la primera década del siglo veintiuno, de los primeros diez años del tercer milenio, en el que edificios con más de doscientos años de antigüedad han caído bajo la pala de las excavadoras.
A menos de un año para que Ceuta conozca los datos, sí se puede mostrar una pequeña muestra de qué ha sido esta década. La antigua prisión ya no existe, tampoco se puede ver nada del acueducto romano, y este mismo mes las palas derribaban un edificio neoárabe. A juicio de la asociación en defensa del patrimonio histórico y medio ambiental Septem Nostra, se trata de una destrucción que seguirá igual de no cambiarse dos aspectos. Por un lugar, la política de rehabilitación de viviendas, inexistente en el Gobierno de la Ciudad salvo algunas ayudas puntuales. Por otro lado, el modelo inmobiliario que crea un negocio en el que lo importante es vender. “Los terrenos del centro en un lugar como Ceuta sin área a la que expandirse generan grandes plusvalías al venderse, y encuentran ahí el negocio”, explica José Manuel Pérez Rivera, presidente de la organización.
2001.- Loma Colmenar y Arcos Quebrados: La destrucción de la historia antigua.
Corría el año 2001 cuando se decidió urbanizar Loma Colmenar y se perdió la primera oportunidad del milenio. En los años ochenta del siglo pasado, alguien en cuyo terreno se encontraba el acueducto romano, derribó parte de las arquationes; los arcos que sostienen el canal por el que discurre el agua. Esas piedras quedaron allí mismo y cuando se comenzaron las obras se luchó para que esa pieza pudiera ser reconstruida. No sólo se hizo caso omiso de las peticiones de Septem Nostra, sino que el acueducto romano quedó enterrado bajo tierra. Y así, la ciudad se quedó sin unos vestigios del siglo III d.C., además una maravilla de la ingeniería de la edad antigua, como son los acueductos. Para más gravedad, Arcos Quebrados se encontraba bajo la protección del Plan General de Ordenación Urbana, con nivel 1; algo que quedó en papel mojado una vez se comenzaron las obras.
2004.- Calle Real 2: Desprotección súbita.
Hoy día, el edificio situado en este número conserva, da algún modo, la estética de principios del siglo XX. Sin embargo, para que este inmueble se sitúe hoy en el centro de la ciudad. Esta es la historia de cómo un edificio catalogado en el PGOU fue, misteriosamente, descatalogado en 1992. “Nos dijeron que había habido una alegación posterior a la aprobación. No lo entendimos nunca”, muestra su extrañeza Pérez Rivera, presidente de Septem Nostra. Una descatalogación de la que, además, no se informó en su momento públicamente, sino que fue tiempo después, en 2004, cuando se tuvo conocimiento de ello. “¿Cómo es posible que se acepte una alegación después de haber tenido su periodo de exposición pública y haber sido aprobado definitivamente?”, se pregunta Pérez Rivera.
2004.- Pasaje Fernández: Un barrio que databa de 1916.
Este es el caso de una arquitectura que, si bien no tenía un valor artístico ‘per se’, configuraba un aspecto tan importante de la Ciudad como puede ser la configuración de un barrio, en este caso de pescadores. Un barrio que databa del año 1916. “Muchos ceutíes se resignan al triste destino que le depara al Pasaje Fernández”, decía Septem Nostra en una colaboración en este periódico el día 17 de abril de 2004. Un artículo en el que ya se lamentaba la política de construcción urbanística en detrimento de la rehabilitación de edificios y barrios. En ese artículo también se denunciaba una práctica común no sólo en Ceuta, sino en todo el territorio español. “La adquisición de edificaciones de valor histórico, algunas de ellas protegidas en el PGOU, que una vez en su poder dejan morir poco a poco para justificar con el tiempo su declaración de ruina".
2007.- La casa del Torno: La calle Conrado álvarez, en peligro.
Era uno de los edificios más históricos del centro de Ceuta. La casa del Torno, llamada así por la puerta giratoria de su entrada, era un edificio de alto valor patrimonial. No sólo por sí mismo, sino también por cómo configuraba el paisaje de la calle Ramón y Cajal. Fue, además, una enconada lucha entre Septem Nostra y algunas otras personas que defendían el derribo, como parte de la decisión de una ‘comisión técnica’ creada al efecto. De este modo, el edificio que ocupaba los números 7 y 9 de la calle Conrado Álvarez desaparecieron. Como en Pasaje Fernández, o como en en el edificio calle Real 2, el motivo era principalmente urbanístico. En aquella ocasión, la asociación defendía que “Ceuta no puede permitirse es la dependencia cada vez mayor para su financiación de los planes urbanísticos, de los usos del suelo proyectados, perjudicando cada vez más al Patrimonio arquitectónico, colocado en posición secundaria tras los intereses de promotores inmobiliarios cuya voracidad de suelo parece no tener límites”.
2008.- Cuartel de las Heras: En la lista negra.
Va camino de convertirse en ‘Pasaje Fernández 2’ si se confirman las excavaciones que comenzaron en octubre y dejaron a la vista restos humanos. Se trata de la pérdida del último de los grandes cuarteles, una edificación del siglo XVIII, y se trata también de la pérdida de la antigua prisión, ahora que Ceuta ve el comienzo de la construcción de una nueva. En este caso, la lucha fue dura. Se solicitó al Ministerio de Cultura que declarara el edificio BIC, lo que no se hizo a pesar de que el Defensor del Pueblo admitió la queja.
Gracias a la demolición de este edificio, Ceuta ha conseguido el dudoso honor de entrar en la lista roja de la asociación Hispania Nostra, que lucha en defensa del patrimonio. A este derribo se opuso también el colegio oficial de arquitectos.
Finalmente, el cuartel se derribaría y acabaría con el último gran cuartel militar del siglo XVIII. Incluso se consideró factible y viable su rehabilitación, algo que no se hizo pero que hubiera resultado sencillo puesto que presentaba un buen estado.
2010.- Edificio neoárabe en Ramón y Cajal: Destrucción cómplice del patrimonio.
El día 4 de julio de 2010, hace quince días, esta ciudad veía cómo el edificio de estilo neoárabe en la calle Ramón y Cajal era derribado por una pala excavadora. Se perdía así un inmueble emblemático, y todo porque ha sido declarado en ruina. El edificio, propiedad de un particular, había sido abandonado hacía años, aunque esporádicamente ocupado ilegalmente. Este comportamiento de dejadez llevó al edificio, situado en una calle céntrica de la ciudad, a ser declarado en ruina. Se trata de uno de los escasísimos edificios de este estilo que quedaban en Ceuta, y había sido propuesto para su protección en el año 1987 en el Catálogo de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de Patrimonio Histórico-Artístico. Pero se rechazó. Según el presidente de Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, “es habitual que se deje morir así un edificio para luego derribarlo y construir otro”. Como remedio, la asociación viene reclamando desde hace tiempo la instauración de la ‘inspección técnica de edificios’.
Demostrado empíricamente que rehabilitar sale mucho más barato
Durante las últimas jornadas de arquitectura y urbanismo, los ceutíes tuvieron la ocasión de escuchar a la catedrática en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid Margarita de Luxán. Esta profesora universitaria vino a explicar su teoría, que se resume en la necesidad de parar la nueva construcción y en esforzarse en la rehabilitación.
“Rehabilitar un edificio de viviendas, aunque se sustituyan todas las carpinterías, se le dote de aislamientos y se le cambien las instalaciones, supone un ahorro energético y de contaminación del 60% aproximadamente frente a la construcción de otro nuevo”, defiende De Luxán.
Esta aseveración no es resultado de un cálculo sobre el papel, sino la conclusión de investigaciones empíricas. “Por nuestra experiencia en dos edificios, en el mismo lugar, con obras simultáneas, con las mismas calidades desde el punto de vista de ahorro energético, realizadas por la misma empresa, (contando con las instalaciones que en el edificio a rehabilitar no se cambiaron) el costo económico del edificio rehabilitado resultó el 33% del edificio de nueva planta”, defiende la catedrática en arquitectura. La principal razón que encuentra en el derribo y nueva construcción, es en “el negociazo”. Sólo en materiales, se ahorra más del 50% respecto a una nueva construcción.
Ahora bien, De Luxán también hace advertencias sobre la rehabilitación, para que valga la pena: que se asegure el mantenimiento, y que la nueva vida útil sea “del mismo orden que la del propio edificio rehabilitado o superior”.
* El Faro - Asier Solana Bermejo - 19.07.10
Foto: Ceuta, expolio cuartel_de_las_heras - elfarodigital.es
El oscuro negocio de las basuras
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ELPAÍS/Alicante* : "En Orihuela se hacen trampas aunque no sean necesarias", comenta un veterano analista político de la capital de La Vega Baja y epicentro del tsunami de corrupción que ha alcanzado la cúpula del PP, hegemónico en la localidad y en la provincia en los tres últimos lustros. Las trampas están vinculadas a la agresiva pugna empresarial, en connivencia con cargos públicos, por las multimillonarias contratas de la basura. En el origen y final de la batalla se sitúa en el industrial afín al PP Ángel Fenoll, y frente a él, en los últimos años, el contratista Enrique Ortiz.
Las oscuras maniobras de Ángel Fenoll han tejido una trama corrupta político-empresarial, que ha derivado en el caso Brugal. La investigación, que pivota sobre la contrata de basura del plan zonal de La Vega Baja, ve en Fenoll al cabecilla. Los tentáculos de esta red han echado a la charca de la corrupción y han puesto contra las cuerdas a la tercera pata del PP valenciano, el ripollismo, liderado por José Joaquín Ripoll. El incombustible líder provincial del PP está imputado, a raíz de una escucha telefónica, de los supuestos delitos cohecho, fraude y tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Y su mano derecha, la emergente alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, tiene a tres de sus concejales imputados en la causa.
El espejo de la batalla por el negocio de la basura es la cainita batalla vivida en el PP oriolano desde su acceso al poder local, en 1987. Y el fogonero de esa fratricida lucha ha sido Fenoll, que ha atizado el fuego, en una u otra dirección, en función de sus intereses.
La génesis de esta pugna se sitúa en 1991, cuando el entonces alcalde y posteriormente consejero de Obras Públicas del PP, Luis Fernando Cartagena, adjudica a dedo a Ángel Fenoll el servicio de recogida de basura en la costa de Orihuela. El idilio entre Fenoll y Cartagena transcurría plácido hasta que este último, apenas pisar el ruedo de la política autonómica, fue implicado en el caso de las primas únicas.
José Manuel Medina tomó el relevo de Cartagena en la alcaldía oriolana en julio de 1995. Y a los pocos meses comenzaron las diferencias en el seno de la mayoría absoluta del Grupo Popular. Un sector de cinco ediles, encabezados por Jesús Ferrández, exigió a Medina que soltara amarras con Cartagena, y exigió más poder en el área de Urbanismo, que reclamaba para sí Ferrández.
Fenoll no dudó en aliarse con Medina. En sus manos estaba seguir explotando a dedo la basura de la costa. El entonces regidor desoyó las demandas de los críticos. El punto culminante fue un intento fallido de Medina por compensar a Fenoll y darle oficialmente la contrata de basuras. Los críticos se opusieron y Fenoll puso sobre el tapete, por primera vez, sus artes. En la primavera de 1997, intentó comprar a uno de esos ediles, José Meseguer, por 70.000 euros. El conato de soborno está grabado. Entre los que aparecen junto a Fenoll y su Mercedes 500 plateado estaba Manuel Lorente, padre de la actual regidora. Meseguer rechazó el soborno.
Este episodio fracturó definitivamente el Grupo Popular. Ferrández y cuatro ediles más se fueron al Grupo Mixto, germen del posterior partido Centro Liberal. Ferrández puso el ventilador en marcha y fue directo a la cabeza de Cartagena. Hasta en tres ocasiones acudió ante el juez para denunciar la apropiación por parte del ex regidor de una donación de 49.000 de unas religiosas. El caso le costó a Cartagena una condena de cuatro años de cárcel.
Fenoll se mantuvo fiel a Cartagena (incluso le falsificó facturas para intentar salvarlo, extremo por lo que también fue condenado a dos años). Medina optó por distanciarse y en la vista oral del caso pasó de puntillas. Medina se presentó a la reelección en 2003 y ganó, pero con el compromiso dejar paso a Mónica Lorente al final del mandato. El regidor incumplió el pacto y, además, no regularizó el contrato con Fenoll.
A mediados de ese mandato el ya ex regidor planteó un nuevo pliego para la contrata de la basura. Fenoll intuyó que podía quedarse fuera y desplegó toda su batería contra Medina. El industrial grabó una conversación con Ferrández en la que éste le desvelaba un supuesto soborno por la contrata. Y no dudó en llevar en persona la cinta al fiscal de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
El escándalo del supuesto soborno y la denuncia del ex interventor del Ayuntamiento, José Manuel Espinosa, por supuestas irregularidades contables y urbanísticas, socavaron la base de Medina. Éste retiró el concurso ante la presión del grupo de ediles encabezados por Mónica Lorente. Fenoll también había vuelto a cambiar de chaqueta y su apuesta era Mónica Lorente, a la que aupó a la presidencia local del PP, en junio de 2005.
Medina, cercado por la Fiscalía Anticorrupción, abrazó entonces la fe campista y Lorente, la ripollista. Las diferencias entre Medina y Lorente eran de tal calibre, que el primero llegó a denunciar un compló para matarle. Entre los denunciados, estaban un pistolero búlgaro, el hermano de la alcaldesa, entonces empleado de Fenoll, y un hijo de éste. El juez archivó el caso.
Camps dejó caer a Medina y Lorente se convirtió en candidata a la alcaldía en mayo de 2007, que ganó con una insultante mayoría. Pero una semana más tarde, Fenoll recibió el primer golpe sonado de la justicia. Estuvo en la cárcel por cohecho y extorsión a consecuencia de la primera fase del caso Brugal. Tras salir de prisión, Fenoll retomó su papel de patrón de la comarca, aunque desde la clandestinidad. Los socialistas sostienen que dos de las empresas de la UTE que lidera Sufi en la contrata de basura que adjudicó Lorente en octubre de 2008 son una tapadera del industrial.
El paso de Fenoll a la clandestinidad coincide con un nuevo acelerón del promotor Ortiz en el negocio de la basura. Éste que ya controlaba el servicio de la recogida en Alicante y la planta del municipio, a través de la firma Inusa, optó a la de La Vega Baja. Ripoll le adjudicó el contrato en unión con Cespa en enero de 2008. Esta adjudicación y la supuesta presencia de Fenoll en la sombra (la adjudicataria cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad de Fenoll) desató el pasado día 6 la segunda fase del caso Brugal.
Fenoll ha extendido su negocio de la basura a otra población de La Marina Alta, Calp, informa Arturo Ruiz. Fenoll se hizo con esta contrata de la basura de manera irregular en febrero de 1998. Las irregularidades las denunció en 1999 el ex concejal de Orihuela Miguel Ángel Robles. Robles obtuvo la razón a sus argumentaciones, cuando el juez lo absolvió de una denuncia de Fenoll por injurias.
Las consecuencias electorales para el PP por su presunta vinculación con esta madeja de corrupción han sido nulas hasta ahora. Al margen del sustrato sociológico de Orihuela, hay un dato demoledor: el PP tiene allí unos 5.000 afiliados, apenas 2.000 menos que votos sacó el PSPV en las últimas municipales.
* El País - 18.07.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Greenpeace reitera que la Comunitat Valenciana lidera la destrucción de la costa
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LEVANTE* : El informe "Destrucción a Toda Costa" presentado ayer por la organización ecologista Greenpeace insiste en denunciar que la Comunitat Valenciana es la autonomía española donde más se ha destruido el litoral en la última década. El informe, que no añade nuevos datos a los de años anteriores- la estadística utilizada es la de 2005- sí incorpora las cifras de la actividad de los tribunales en torno al urbanismo y la corrupción, así como la opinión de algunos periodistas especializados en medio ambiente que coinciden al apreciar que el parón constructivo actual es solo una "tregua" forzada por la crisis y que no existen perspectivas de cambio de modelo.
Según los datos que maneja la organización ecologista, el 33% de la superficie ocupada por el primer kilómetro de litoral está invadida por el cemento. Alicante, con el 49,3%, lidera esta clasificación y solo es superada por Málaga y Barcelona mientras que Valencia, con un 28,7, y Castelló con un 23,5% le siguen en ocupación.
El informe ecologista es muy crítico con la "protección" de la costa desarrollada por la Generalitat Valenciana y que es frecuentemente exhibida por los miembros del Consell como prueba de su sensibilidad medioambiental. Según Greenpeace, la C. Valenciana otorga una "protección de papel" para el 20% de sus 437 kilómetros de costa y los espacios naturales "no parecen tener más valor que el que le otorgan las inmobiliarias al suelo no urbanizable".
"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral", subrayó el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.
En su opinión, "lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas" y ha asegurado que desde la entidad que preside van a "seguir luchando para que esto no pase".
Asimismo, ha comentado que "es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".
* Levante-emv - 17.07.10
Foto: Cullera (Valencia), vista aérea - C.FRANCESC (El País)
Marbella acumula 117 sentencias de derribo pendientes de ejecución
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LAOPINIÓN/Málaga* : El Ayuntamiento de Marbella tiene sobre la mesa un total de 117 sentencias firmes pendientes de ejecución. Estos fallos judiciales anulan las licencias urbanísticas concedidas por el gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal durante su mandato y que autorizaron la construcción de 5.110 viviendas. Además de otros cuatro hoteles, tres complejos residenciales y varios locales comerciales. La ejecución de estas órdenes judiciales persigue «el restablecimiento de la realidad física alterada», que no es ni más ni menos que la demolición de estos edificios. En su mayoría, por ocupar un suelo previsto para un equipamiento público o para una zona verde.
El caos urbanístico en el que se ha encontrado la ciudad en los últimos 18 años ha dejado sobre el tejado del actual gobierno local del PP una difícil herencia. La intención de los populares ha sido solventarla mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en vigor desde el pasado 21 de mayo.
El nuevo planeamiento legaliza 16.500 del total de 18.000 inmuebles irregulares o que no se ajustaban al PGOU vigente en el momento de su edificación, el aprobado en 1986. Ante esta legalización prácticamente masiva y pactada por el Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía, no es de extrañar que muchas de estas sentencias hayan quedado en un cajón.
Defensa de la buena fe
El Consistorio marbellí mantiene alrededor de una veintena de procedimientos abiertos para no ejecutar otras tantas sentencias de demolición. Para ello, se basa en la situación actual: son inmuebles legalizados en el nuevo Plan General.
A este respecto, la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha manifestado públicamente en multitud de ocasiones su intención de proteger a los denominados «terceros de buena fe». Es decir, a los compradores de las viviendas ilegales. En total, unos 50.000 afectados.
La no ejecución de sentencias le ha traído algún quebradero de cabeza a la regidora. Una comunidad de propietarios denunció al Ayuntamiento en 2007. Aportaron cuatro procedimientos en los que consta que el Consistorio no ha actuado para ejecutar la sentencia. Hechos que podrían encajar en supuestos delitos de prevaricación y desobediencia, siempre según la letrada de la comunidad.
Un año más tarde, la Fiscalía de Málaga señalaba que no había indicios de delito y archivaba la denuncia planteada por estos vecinos de Marbella.
La revisión de oficio de las licencias urbanísticas otorgadas durante el mandato del GIL y declaradas ilegales es otro tema pendiente para el Ayuntamiento, que acumula tres condenas por no actuar en este sentido.
Su postura ha sido clara. Siempre las han recurrido. Los responsables municipales siempre argumentaron que la revisión de oficio no era el mejor camino para legalizar el ingente número de viviendas ilegales. De entrada, porque no había dinero. Revisar de oficio los permisos obtenidos es el mecanismo legal que permite declarar nulas estas autorizaciones y perseguir a sus promotores, en opinión de los socialistas, que han defendido durante todo este tiempo esta fórmula.
Para los responsables de Urbanismo de la localidad, comenzando por la abogada y ex edil Alba Echevarría, revisar es el primer paso para demoler. Si un acto administrativo, como la concesión de un permiso, se declara nulo de pleno derecho, «hay que iniciar un expediente de demolición para reponer la legalidad y volver a la situación de partida, esto es, derribar lo que nunca debió existir», explicó en su día a este diario.
Asimismo, si el Ayuntamiento reconoce que autorizó lo que nunca debió ser autorizado, genera responsabilidades. En definitiva, se le pueden venir encima un buen número de demandas para hacer frente a los perjuicios ocasionados a los particulares. «Si no se revisan esos permisos, el constructor sigue teniendo un documento que reviste de legalidad los edificios y , por tanto, no se va a preocupar de negociar las cargas urbanísticas que permitirían la normalización de las viviendas», sostiene el PSOE.
Ésta es la disyuntiva. Nadie, ni Ayuntamiento ni Junta y en muchos casos ni siquiera los afectados, ha reclamado la responsabilidad del promotor. Ahora, un PGOU pide compensaciones para transformar lo ilegal en legal y la pregunta es: ¿quién las paga?
* La Opinión Málaga - 18.07.10
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento (archivo) - laopiniondemalaga.es
