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ELPAÍS/Mallorca* : Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007), del PP, ha sido condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público, más una multa de 6.750 euros como autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. El que fue el cerebro de Urbanismo del Gabinete de Matas acumula dos penas de cárcel -suman ocho años- por un par de causas ya juzgadas del 'caso Andratx', el escándalo de corrupción urbanística destapado en 2006.
Massot, que ingresó en prisión y quedó en libertad bajo fianza, recurrió las sentencias al Tribunal Supremo.
En la última resolución judicial conocida, el Juzgado Penal número 3 de Palma dio por probado que Massot lucró asesorando a Almudaina Dos, una empresa que realizaba obras urbanísticas en Andratx y reclamaba millonarias indemnizaciones al Gobierno balear. Las gestiones siguieron mientras Massot era director general y funcionario jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx. El juez ha ordenado el decomiso de los 42.070 euros que Massot cobró de la sociedad constructora Almudaina Dos por tareas de asesoramiento incompatibles con su cargo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 22/07/2009
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
Tercera condena por corrupción contra el ex cerebro de Urbanismo de Matas
Casabermeja: La Guardia Civil vuelve a denunciar a siete personas por otro delito urbanístico
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MÁLAGAHOY* : La Guardia Civil ha vuelto a denunciar a siete personas en Casabermeja por presuntas irregularidades urbanísticas tan sólo tres semanas después de presentar una denuncia en un juzgado de Málaga por un caso similar. Según la investigación, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU), y el anterior secretario del Ayuntamiento forman parte de una presunta trama urbanística en la que también están acusados el arquitecto municipal, dos promotores y otros dos arquitectos.
El caso ha sido denunciado ya ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que deberá valorar ahora si incoa o no diligencias contra estas siete personas a las que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental, según informaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
Son los mismos delitos por los que el concejal de Urbanismo, el anterior secretario municipal, dos funcionarios del Ayuntamiento, los dos mismos promotores y un arquitecto fueron denunciados por la Guardia Civil el pasado 2 de julio ante un juez debido a una vivienda construida en el municipio supuestamente de forma irregular entre los años 2005 y 2006.
En esta ocasión, los hechos se remontan a 2007 cuando, al parecer y según aseguraron las mismas fuentes, el propietario de una vivienda del municipio solicitó al Ayuntamiento de Casabermeja una licencia para llevar a cabo una serie de reformas. Sin embargo, la vivienda en cuestión se trataba en realidad de unas ruinas, mientras que en su lugar se construyó una completamente nueva en suelo no urbanizable con el beneplácito de los responsables municipales que supuestamente autorizaron los trabajos .
Éstos podrían haber incurrido, además, en un presunto delito de falsedad documental, tal y como consta en la anterior denuncia contra los mismos acusados y que al parecer falsificaron un expediente sancionador contra el propietario de una vivienda construida de forma irregular.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Casabermeja, Antonio Valeroso Lozano, que tiene delegadas las competencias en materia de urbanismo del municipio desde el año 2003, aseguró a este periódico tras destaparse la primera denuncia que "un político hace siempre lo que los informes jurídicos y técnicos del secretario municipal le dicen" e insistió en que si se ha cometido algún error en la tramitación de algún expediente urbanístico por parte de los responsables municipales se ha debido "a una mala información", señaló a este periódico Valeroso.
* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 22.07.09
Foto: Casabermeja (Málaga) - wikipedia.org
El juez anula el pago con suelo público de un PAI en Benidorm
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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante considera ilegal la decisión del alcalde de Benidorm, Manuel Pérez, del PP, de pagar con suelo público gastos de urbanización en un PAI. Pérez Fenoll firmó el 5 de junio de 2007 un decreto para que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal.
El acuerdo, de acuerdo con un informe externo, incluía ceder al urbanizador 7.490 metros de techo de los 14.864 del consistorio.
El juez considera que el patrimonio municipal del suelo no puede usarse para pagar los gastos que genere su urbanización. Lo llamativo es que la entrega del suelo municipal al urbanizador para cubrir los 2,5 millones de euros del Ayuntamiento se pretendió hacer en 2007 con la valoración de 2000 (cuando se adjudicó el PAI), es decir, a 45.000 pesetas (270 euros) el metro de techo. Atendiendo a la evolución del mercado, fuentes consultadas del sector confirman que el precio del metro de techo pudo, al menos, haberse multiplicado por cuatro en esos 7 años.
Los socialistas acusan al PP de haber "dilapidado y enterrado" en los 18 años que gobiernan "más de 100.000 metros de techo por valor de más de 200 millones de euros" provenientes del 10% de los diferentes sectores. "Nos han dejado sin suelo, sin dinero y sin viviendas protegidas", aseguró el edil del PSPV Jaime Llinares.
El Ayuntamiento ya sufrió un duro revés a finales de 2008 cuando el Tribunal Supremo anuló la compensación en metálico de 1.425 millones de pesetas que ofreció el adjudicatario de la condición de agente urbanizador el año 2000. El Supremo entendió que el pago en dinero del 34% del aprovechamiento lucrativo que significaba ese dinero no podía repercutirse entre los propietarios de suelo, que sólo están obligados a ceder por ley el 10%.
El PAI del Murtal tiene 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. Es una de las pocas zonas que quedan por urbanizar en Benidorm. A la adjudicación se presentaron seis empresas y 14 propuestas. Finalmente, fue adjudicado a Prometosa, S. L., de Francisco Gómez Hernández. Este constructor, conocido como El Paloma, fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 22/07/2009
Foto: Benidorm (Alicante), playa poniente - C.Manzano (20minutos)
Paraje Natural - El Roto
Viñeta: El Roto - ELPAIS.com - 21.07.09
Caso Faycán: Cuatro años de investigación y aún prosiguen las diligencias y se piden más imputaciones
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TELDEACTUALIDAD* : Cuatro años, siete meses y quince días. Ése es el tiempo medio invertido en los juzgados de Canarias para investigar los casos de corrupción, aunque debido a que la mayoría de los causas se mantienen vivas en los juzgados, la media para investigar un cohecho o una prevaricación supera los cinco años. La Justicia, lenta y saturada en el Archipiélago de forma particular, en estado puro. La falta de medios, la complejidad de los asuntos y la actual estructura judicial son las causas para que la corrupción se eternice en los juzgados. Salvo excepciones.
Después de cuatro años y un mes, el ochenta por ciento del caso Las Teresitas permanece bajo secreto de sumario a la espera de conocer los datos de la parte más interesante: el rastro de la presuntas comisiones ilegales pagadas en torno a la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera. Tras nueve años y seis meses de instrucción, el caso Icfem, una presunta trama de corrupción en torno a los fondos europeos destinados a cursos de formación laboral en las Islas que sigue el rastro a la posible desaparición de 13,5 millones de euros, está a la espera de una prueba pericial que puede prolongar la investigación dos años más, mientras cinco ex directores generales del Gobierno de Canarias cargan con la palabra imputado a sus espaldas.
Y tras cuatro años de operación Faycán, la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde que conmocionó a la población grancanaria, aún se practican diligencias y se piden imputaciones nuevas que sumar al casi medio centenar de implicados, según una información de Pedro Guerra en el periódico La Provincia-DLP.
¿Por qué se eternizan los casos de corrupción? Guillermo García Panasco, fiscal jefe provincial de Las Palmas, alude a varios factores para encontrar una explicación: "Son unos temas de mucha complejidad, desde el delito en sí como en cuanto al número de personas implicadas; requieren un análisis minucioso de la documentación; el nivel de impugnaciones y recursos que presentan las partes es bastante elevado; y existe una carencia de medios en general que dificulta la labor de investigación", explica.
Estructura judicial
Sin embargo, un detalle fundamental es que "la estructura judicial actual no está pensada para este tipo de investigaciones", considera García Panasco. "El juez solo en su juzgado tiene muchos problemas para investigar estos casos, y creo que una de las soluciones es dotar de mayores competencias a la Fiscalía para investigar", asegura.
Precisamente por problemas de funcionamiento de los juzgados se eterniza la operación Góndola, la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento de Mogán que mantiene a su alcalde, Francisco González, y a varios de sus concejales imputados. Góndola lleva tres años y un mes desde que se presentó una denuncia en el juzgado que daba cuenta de irregularidades urbanísticas en el municipio. Un caso con apenas una docena de imputados y con abundante y contundente prueba documental obtenida a través de los pinchazos telefónicos.
Pero el juez instructor que abrió el caso, Alexis Reyes, solicitó un cambio de destino en diciembre pasado y desde entonces apenas se ha movido un papel de los legajos por parte de su sustituta, Mónica Oliva, que se da la circunstancia de que es hija de un cargo del Partido Popular imputado en el caso Faycán. La nueva magistrada, obviamente, lo primero que ha tenido que hacer es estudiar a fondo la causa.
Uno de los primeros casos de corrupción que estalló en Canarias, la operación Eolo, lleva cuatro años y dos meses de instrucción y, posiblemente, será el primero que juzgue. Con seis imputados por intentar amañar el concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, un jurado popular verá el caso, como muy pronto en el primer semestre del próximo año.
Y así ocurre con casi todos: Tindaya se investigó durante cuatro años y dos meses y luego quedó archivado; el magistrado José Antonio Martín fue juzgado tras tres años y ocho meses; Paraíso y Brisan llevan casi tres años...
* Telde Actualidad - 20.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
