Córdoba.- El Tribunal Supremo anula el plan especial del centro de transportes

ELDÍA* : El Alto Tribunal obliga a Urbanismo y a la Junta a volverlo a tramitar por no contener una programación detallada en materia económica. Una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el plan especial tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para permitir la construcción del parque logístico de Córdoba, una iniciativa que ya es propiedad de la Junta tras la venta de las acciones de Procórdoba y que se ha integrado en una mercantil autonómica, Red Logística de Andalucía. La sentencia contraviene lo dispuesto en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que consideró en su día que el plan especial, aprobado en 2005, había tenido una tramitación totalmente correcta.

El fallo es fruto de un pleito entablado por unos titulares que se consideraban agraviados por la valoración de los terrenos expropiados por el Ayuntamiento. En contraprestación, iniciaron una batalla legal que no le ha servido, de momento, para que se le reconozcan las cantidades que se reclamaban, tan altas que una sentencia condenatoria hubiera supuesto para el Consistorio un problema de suma gravedad.

Los propietarios, que recurrieron a los tribunales cada uno de los pasos dados en este sentido, han conseguido una satisfacción anulando el proceso de aprobación del plan especial. Los efectos dependen, fundamentalmente, de lo que se tarde en enmendar la situación y de los planes que existan para el centro logístico. En estos momentos, Urbanismo y la Junta están hablando sobre la aplicación de la sentencia, dijo ayer el delegado de Obras Públicas de la Junta, Francisco García, pero no parece probable que se puedan autorizar licencias o permisos de ningún tipo ni para la construcción de nuevas instalaciones ni para el desarrollo de nuevas fases. El Gobierno andaluz metió en sus presupuestos para 2011 toda la ampliación del complejo que van unidas a la mejora de la terminal de mercancías de El Higuerón por el sistema público privado. Red Logística de Andalucía dispone además de una oferta continuada de suelo y espacio en la nave multimarca para la captación de empresas. Francisco García señaló que no cree que los efectos sean muy importantes.

De los tres motivos de casación expuestos en el recurso de los privados sobre el plan especial, sólo ha prosperado uno, a juicio del tribunal. El Supremo entiende que, según el Reglamento de Planeamiento, es de obligado cumplimiento la existencia de un informe económico financiero como parte del plan especial que garantice las fuentes de financiación de las que se nutrirá el desarrollo de la actuación. Recuerda la sentencia que toda la jurisprudencia en esta materia exige que todos los planes urbanísticos, "desde los más importantes hasta los más modestos", cuenten con un desarrollo que garantice no tanto las cifras exactas como la procedencia del dinero que se va a utilizar en una inversión inmediata. "Tales previsiones del ordenamiento jurídico han determinado que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los planes, la necesaria previsión del capital exigido por las actuaciones en él previstas y la de sus fuentes de financiación, para concluir que su ausencia vicia el plan, al convertirlo en mera apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo", afirma el fallo.

La realidad es que el equipo redactor no se quebró demasiado la cabeza en este aspecto del plan del centro de transportes. Dice la sentencia, y se puede comprobar en el texto íntegro del plan (disponible en www.gmucordoba.es) que el documento económico ocupa un folio y es una mera enumeración genérica "ayuna de cualquier indicación de su sentido y si existen -o no- las fuentes de financiación que posibilitarían su ejecución práctica y la expropiación forzosa de los suelos". "Mal puede evaluarse la viabilidad económica del plan especial cuando no se incluye una partida de gasto tan importante como el coste de la expropiación de los terrenos", dice el fallo. El Supremo ha rechazado que la inexistencia del plan funcional, anulado por una sentencia anterior, sea una cuestión anulatoria. Del mismo modo, se rechaza que la existencia de una supuesta vulneración del dominio público hidráulico del arroyo Cantarranas implique un vicio sustancial del instrumento de planeamiento en tanto la urbanización respete unas medidas correctoras.



* El Día Córdoba - 19.03.11
Foto: Instalaciones del Parque Logístico de Córdoba, en la carretera de Palma del Río.- eldia

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La crisis obliga a la Pobla de Vallbona a renunciar al PAI de 3.000 casas con golf

LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha llegado a un acuerdo con la empresa Polígon Sant Pau para rescindir su condición de agente urbanizador en el PAI del sector golf, al entender ambas partes que era la solución más beneficiosa para todos. El motivo, según explicó ayer la alcaldesa popular Mari Carmen Contelles, ha sido la difícil situación económica: "Tal como está ahora mismo el mercado inmobiliario era imposible dar salida a esas viviendas". Con una inversión de 62 millones de euros, el PAI proyectaba la construcción de 3118 pisos y un campo de golf de 18 hoyos. "Ahora el ayuntamiento queda libre para estudiar la situación y acometer su desarrollo en el futuro", ha apuntado la edil. Fuentes del consistorio explicaron a este periódico que de los 2,7 millones de euros que costaba construir la nueva Ronda Sur, 1,6 debía ser asumido por la empresa promotora -y el resto por la Diputación de Valencia-, debido a que esta infraestructura forma parte de los accesos de lo que iba a ser el nuevo residencial contemplado en el proyecto.

Según el acuerdo que rescinde el contrato, la empresa pagará el 52% de esa parte, lo que supone unos 900.000 euros, y el resto de la deuda que asume el ayuntamiento queda aplazada. Contelles quiso dejar claro que no costará ni un solo euro a los vecinos, "ya que están trabajando para encontrar otras fuentes de financiación". La primera edil advirtió que tampoco tendrá repercusión sobre los propietarios de los terrenos del PAI. "Rotundamente no. No habrá cuotas urbanísticas", aclaró.
La rescisión del acuerdo fue aprobado en pleno el martes con los votos a favor del PP, Bloc y OIV, mientras que el PSPV se abstuvo. Jaume Cortina, portavoz del grupo socialista, justificó el sentido de su voto porque el proyecto refleja el modelo urbanístico "depredador" llevado a cabo por el PP que ha demostrado no tener ningún futuro. Cortina considera que ahora debe de ser la Diputación de Valencia quien se haga cargo del coste de las obras que finalizaron hace casi dos años y no el ayuntamiento, a quien ha preguntado en varias ocasiones como va a hacerle frente a la deuda sin obtener respuesta. "Para que nos hagamos una idea es como si la autonomía se hiciera cargo de una carretera estatal, cosa que no es justa ni lógica", advirtió.
Contelles, por su parte criticó la actitud de los socialistas en un tema tan importante para la localidad. "Ni siquiera vino ningún representante de su grupo a la comisión informativa y ahora se han abstenido por el simple hecho de ir en contra. Todo lo contrario que el resto de grupos, que han aportado propuestas y se han mostrado responsables ante la situación". "Ahora buscaremos el mejor desarrollo del sector para la población. Queremos hacer de esa zona un lugar emblemático y seguiremos trabajando para conseguir la mejor y más sostenible calidad de vida para nuestros ciudadanos", concluyó.


* Levante - 17.03.11
Foto: La Pobla de Vallbona (Valencia) - laregioninternacional.com

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Astigarraga.- El TSJPV anula una licencia y obliga a derribar un pabellón industrial

DIARIOVASCO/Gipuzcoa* : Una sentencia firme y definitiva del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la cual se dio ayer información en la comisión de Urbanismo, anula una licencia concedida por el Ayuntamiento de Astigarraga en el año 2005 en la zona del polígono 27, en concreto, en la parcela 30 de Ubarburu Pasealekua. La sentencia del TSJPV es clara y da la razón a la parte demandante, lo que conllevaría la demolición del pabellón en cuestión. Según la sentencia, la licencia impugnada es disconforme a derecho porque «infringe la ordenación pormenorizada resultante de las Normas Subsidiarias (NNSS), del Plan Parcial (PP)y del Estudio de Detalle (ED)». La argumentación ofrecida desde el tribunal indica que la licencia impugnada «revela con claridad que el bloque nº9 se asienta en un suelo destinado por el PP y el ED a zona de aparcamientos y vialidad interna del ámbito» urbanístico. La sentencia va más allá al indicar que dicha discordancia «se evidencia también respecto de las NNSS».

Hay que recordar que la licencia en cuestión hace referencia a la construcción de dos pabellones industriales, aunque desde el Consistorio aclararon ayer que uno de ellos no se ha levantado. Fue una empresa colindante con la zona a la que se concedió la licencia ahora anulada la que denunció ante la Justicia la situación creada y aunque en primera instancia el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Donostia no le dio la razón, finalmente sí la ha obtenido desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Según señalaron desde Alcaldía ayer, «vamos a pedir la no ejecución de la sentencia» en referencia al derribo del pabellón que se encuentra ya levantado. Entienden que cumple con lo establecido en el Plan General y por ello señalan «no entender» la sentencia en sí. La realidad es que la petición de ejecución se puede alargar en el tiempo, con los consiguientes recursos, pero desde la oposición se ha apuntado que se tire o no el pabellón, el Consistorio deberá indemnizar a la parte demandante.


* Diario Vasco - 18.03.11
Foto: Astigarraga (Gipuzcoa), ayuntamiento - turismoa.euskadi

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La Plataforma de la Montaña de Taco denuncia la negligencia de Urbanismo

ELDÍA/Santa Cruz de Tenerife* : El colectivo que aglutina a diversas organizaciones culturales, sociales y vecinales ha puesto de manifiesto que la Gerencia aún no ha respondido a las denuncias que formuló el año pasado, en las que ponía de manifiesto el riesgo de desprendimiento en la zona, tal y como ocurrió este martes en Las Moraditas. La Plataforma Parque Urbano Montaña de Taco ha señalado como responsables indirectos de los últimos desprendimientos ocurridos en esta zona de las Moraditas al Cabildo de Tenerife y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, toda vez que, según sus representantes, "no han tenido en cuenta una denuncia formulada con fecha del 10 de junio de 2010 en la que ya se advertía de este riesgo". Por este motivo, la plataforma ha anunciado que en los próximos días presentará una denuncia por la vía administrativa ante la Dirección General de Minas, que es "una de las últimas administraciones que nos quedan por acudir", para evitar nuevos desprendimientos.

En esta denuncia urbanística, la plataforma advertía al Ayuntamiento de "la inseguridad de una morra similar a la desprendida el pasado martes y que, aún hoy, ocasiona un riesgo para las personas, vulnerando por tanto el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística y contraviniendo el deber impuesto por el artículo 3.3.2 del PGO de Santa Cruz, que establece la conservación de los terrenos en debidas condiciones de seguridad y salubridad".

Según la Plataforma ciudadana, este hecho es "tan solo una muestra de la permisividad y la pasividad con la que vienen actuando las administraciones públicas en relación a la actividad extractiva que desarrollan en la actualidad, al menos, dos empresas, una de las cuales no cuenta con licencia por parte del Ayuntamiento capitalino y la otra tan solo la tiene para el machaqueo y reciclaje de residuos, que no para extracción de picón".

Estos hechos, tal y como ha precisado esta plataforma, "se fundamentan tanto en una inspección conjunta realizada en julio de 2010 por los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna", como en que desde el mes de agosto hasta hoy ha realizado un seguimiento mensual, aunque, "lejos de cesar la actividad, las empresas siguen extrayendo picón".

Reverón y Risueño

Por tanto, denuncian "la negligencia con la que han actuado la concejala de Urbanismo de Santa Cruz, Luz Reverón, y su gerente, Eduardo Risueño, pese a haber sido advertidos de estos riesgos en reuniones mantenidas en julio y agosto de 2010 en la propia Gerencia", pues señalan que ante la falta de respuesta a sus demandas de paralización de la actividad extractiva en la zona, "nos hacen pensar en la dejación absoluta y la responsabilidad directa".

Por último, esta asociación ha dejado constancia de su rechazo a que se siga manteniendo la actividad extractiva, ni que lo sucedido sirva como pretexto para terminar con la montaña.

Asimismo, la plataforma ha exigido al ayuntamiento "transparencia pública en la licitación del picón desprendido y que éste sea revertido a la propia montaña".

No obstante, el colectivo precisa que si bien la zona donde se produjo el desprendimiento a principios de semana "no está vinculada con los espacios donde aún se sigue extrayendo material, el desprendimiento es una consecuencia de las extracciones que se han realizado en a lo largo de los años". Por ello, identifican como consecuencias más directas, "el más que evidente riesgo de nuevos desprendimientos, tanto en Las Moraditas como en la Montaña de Taco, donde se han denunciado grietas de manera sistemática, pero no se han adoptado medidas, a pesar de que el año pasado ya se produjo un derrumbe en el lugar".

Movilizaciones

Este incidente ha generado un cierto enfrentamiento entre Santa Cruz y La Laguna, ya que la capital atribuía a Aguere los vecinos que fueron desalojados por el desprendimiento.

El secretario general del PSOE lagunero, Javier Abreu, ha instado al Ayuntamiento lagunero a supervisar la seguridad de la zona, pues el también edil ha considerado prioritario y necesario que los gobernantes locales envíen "a los técnicos para que supervisen el entorno y verifiquen si las licencias de obra cumplen con lo establecido en la legislación vigente".

Abreu aseguró que en esa montaña "se están permitiendo y haciendo excavaciones que conllevan un serio riesgo para los vecinos de San Matías. Por eso pedimos que, si hubiera que asegurar algunas áreas por posibles desprendimientos, se hiciera de forma inmediata".

La plataforma no descarta, como consecuencia de la forma tan pasiva con la que han reaccionado las administraciones, "llevar a cabo movilizaciones".

Rectificación

La Gerencia se justifica tarde

La Concejalía de Urbanismo de la capital se apresuró ayer a puntualizar lo que con tanta insistencia había dado por cierto el pasado miércoles, en cuanto a que los vecinos que habían sido desalojados de sus casas por el desprendimiento de piedras en la Montaña de Las Moraditas de Taco, pertenecían al municipio de La Laguna. Ayer, después de una obligada reflexión ante las informaciones aparecidas en la prensa de la Isla, desde la Gerencia de Urbanismo se precipitaron a justificar que lo que dijeron fue debido a un malentendido, puesto que creyeron que debían responder a las declaraciones de otros vecinos próximos, en este caso, por la extracción de áridos en la zona de la Montaña de Taco y San Matías, ya en territorio de Aguere. Sin embargo, los responsables directos no se pronunciaron respecto al incidente, ni siquiera acudieron al lugar donde al menos siete personas habían sido desalojadas de sus casas, para conocer, como mínimo, su verdadera ubicación geográfica, aunque desde las oficinas urbanísticas de la avenida Tres de Mayo, con todo el asesoramiento técnico a su alcance, sí localizaban a la empresa de almacenaje de muebles Erchiga dentro del territorio de Santa Cruz, pero no las viviendas precintadas, que justo lindan con esta nave, la infraestructura que resultó más dañada.


* El Día - EP. - 18.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, montaña Taco - canariasahora

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El alcalde de Canillas de Aceituno deja el cargo tras ser inhabilitado por delito urbanístico

SUR/Málaga* : A José Manuel Aranda no le ha dado tiempo de agotar su mandato como alcalde de Canillas de Aceituno. A dos meses vista de las elecciones municipales, a las que tenía intención de presentarse, Aranda se ha visto obligado a abandonar el cargo después de que el pasado miércoles el juzgado le requiriese para cumplir la pena de nueve años de inhabilitación a la que le condenó la Audiencia de Málaga en noviembre del año pasado por un delito urbanístico. Se trata del segundo regidor de la comarca de la Axarquía que ha sido inhabilitado por delito urbanístico en apenas dos meses. El primero fue el del municipio de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), que se vio obligado a renunciar a la vara de mando el pasado mes de febrero. La Audiencia Provincial de Málaga condenó a José Manuel Aranda el pasado mes de noviembre a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Penal nº3 de Málaga que lo había absuelto meses antes.

«Pagamos solo algunos»
Tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia de Málaga, el regidor abandonó las filas del PSOE, siglas bajo las que fue elegido alcalde de Canillas de Aceituno en 1999. No obstante, Aranda continuó en el cargo e incluso anunció a este periódico hace una semana su intención de presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo encabezando otra lista, la del Grupo Independiente de Canillas de Aceituno (GICA).
«Lo de la ejecución de la sentencia lo veía venir, algunos teníamos que pagar por la falta de desarrollo de la ley urbanística andaluza», aseguró ayer José Manuel Aranda, quien se quejó de que «vamos a pagar sólo algunos, porque ahora que han dicho que van a regularizar las once mil viviendas, ¿qué pasa con todas esas casas y alcaldes que las han autorizado?», se preguntó el ya ex regidor.
Aunque no quiso entrar en el fondo de la cuestión por la que ha sido condenado, sí manifestó que «muchos abogados y especialistas me dicen que mi caso es increíble, que no entienden cómo me han podido condenar, cuando lo que hicimos fue autorizar un proyecto de actuación, con un informe contrario de la Junta, pero que según la ley es preceptivo pero no vinculante». Aranda añadió que «la Junta contestó fuera de plazo, por lo que se consideró silencio administrativo». Asimismo, se mostró extrañado porque después de resultar absuelto en el juzgado «en la Audiencia me despacharon en cinco minutos, sin preguntarme nada, y la sentencia salió en diez días, cuando suelen tardar tres o cuatro meses».
No obstante el ya exalcalde confía todavía en que el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional prospere y que «algún día se reconozca la injusticia que se ha cometido conmigo».
La Alcaldía de Canillas de Aceituno ha sido asumida provisionalmente por la primera teniente de alcalde, Pilar Ortíz, quien previsiblemente será investida regidora en el pleno municipal que deberá celebrarse en un plazo de diez días.


* Sur - 18.03.11
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com

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México.- Sustentabilidad social

ALEJANDRA REYES* : En los últimos años se ha dado cada vez más importancia en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo al diseño verde o sustentable, el cual ha ido posicionándose como un tema trascendental a cubrir para el saludable desarrollo de nuestras ciudades. Sin embargo, el objetivo estético de la arquitectura continúa alejándose de dimensiones políticas y sociales y por tanto se relega el tema de la sustentabilidad o justicia social en estas y otras disciplinas, hecho que sin duda ha frenado el saludable desarrollo de varias urbes y naciones. Por tanto, Teddy Cruz, arquitecto y urbanista de origen Guatemalteco, que ha estudiado y trabajado desde hace muchos años en la frontera Tijuana-San Diego, afirma que es más importante diseñar condiciones que edificios. Encontrándose quizá en el laboratorio ideal para probar dicha hipótesis, Cruz se ha sentido inspirado a coadyuvar en el establecimiento de bases económicas, políticas y sociales para la construcción de comunidades compactas, densas y basadas en la interacción comunitaria. Cruz se ha centrado en el desarrollo y diseño urbano a pequeña escala, particularmente en asistencia a minorías o sectores marginados tanto en México como en Estados Unidos. Uno de sus lemas fundamentales reside en entender que la densidad no consiste en aglutinar cierto número de viviendas por acre, sino en crear el mayor número de intercambios sociales y económicos en un área determinada, posible con espacios que contengan diversos usos.

Sin embargo, este modelo, que cada vez se reconoce más a nivel internacional, en ciudades como San Diego se torna imposible ya que las formas de las ciudades son regidas fundamentalmente por dos razones: intereses económicos y políticos. Por un lado, el único interés de los desarrolladores privados es maximizar ganancias y minimizar la cantidad de inversión, aun cuando con ello causan la pérdida casi total del espacio público. Por otro lado, las leyes de zonificación, aun basadas en el modelo suburbano de los cincuentas, se oponen a altas densidades y usos mixtos, lo cual hace imposible que el sector privado encuentre interés monetario en proyectos de vivienda social. Mas aparte, es ampliamente sabido que es mal visto que el gobierno norteamericano utilice dinero fiscal para dichos proyectos sociales en una sociedad reconocidamente capitalista, que no por serlo deja de tener un número importantísimo de ciudadanos viviendo en niveles graves de pobreza.

Por lo mismo, y siendo residente de San Diego, California, Cruz cuestiona proyectos que en teoría suenan positivos desde un punto de vista urbanístico y ambiental, pero que son inmensamente problemáticos en la práctica y en el ámbito social. En el centro o downtown de esta ciudad californiana, se plantea un proyecto ambicioso de revitalización, así como en muchas otras ciudades norteamericanas. Sin embargo, estos costosos y glamorosos proyectos van de la mano con proyectos tácitos de marginalización donde el sector que brinda servicios, como el de la limpieza, son forzados y desplazados, por cuestiones socioeconómicas, a rodear downtown San Diego con círculos de pobreza, lo cual podría vislumbrarse como un urbanismo basado en la división.

Por tanto, y aunque nos pueda parecer extraño, a Cruz le ha servido voltear hacia el otro lado. Tijuana, una típica ciudad fronteriza, se convirtió en una ciudad de fábricas o maquiladoras, entes que se establecen en comunidades en búsqueda de mano de obra barata sin retribuir este servicio de manera digna y justa. Por tanto, y en espera de poder cruzar la frontera algún día, a diario se forman asentamientos informales en esta ciudad fronteriza usando materiales de segunda mano para desarrollar un urbanismo aparentemente efímero pero al mismo tiempo real y que en muchas ocasiones se convierte en permanente. En los últimos años se ha presentado un fenómeno en el cual, aprovechando el desmantelamiento de suburbios de la era de la postguerra en San Diego, dichos materiales o búngalos enteros se reciclan por especuladores o activistas mexicanos para formar asentamientos informales en Tijuana.

Este reciclaje o apropiación de materiales de segunda mano, como llantas, puertas, cajas de madera, etcétera, dan lugar a un urbanismo de emergencia, en el cual Teddy Cruz ha encontrado varios aspectos atractivos para replicar, sin dejar de reconocer las condiciones de opresión que se recrean en los mismos. Por esta razón ha impulsado una interesante iniciativa, basándose en los estatutos del Tratado de Libre Comercio, que aun siendo injustos para el desarrollo mexicano, no se cumplen totalmente. Según el TLC o NAFTA, las maquiladoras, por los beneficios que encuentran en establecerse al sur de la frontera, tendrían que colaborar con el desarrollo de las comunidades en las que se asientan. Sabiendo que los salarios brindados por dichas fábricas no contribuyen con el saludable desarrollo de las zonas aledañas a las maquilas, sino todo lo contrario, Cruz ha logrado impulsar, que usando los mismos sistemas de manufactura, algunas industrias donen sistemas prefabricados de construcción, diseñados por el despacho de Cruz, para complementar y fortalecer las estructuras de las viviendas de los trabajadores de las maquilas, creadas en su totalidad por materiales reciclados, lo cual las hace altamente vulnerables.

Por un lado, podría pensarse que dicho acto no resuelve ni cercanamente un problema multifacético, lo cual es real, se necesitan modificaciones profundas en política pública, económica e internacional, entre otras. No obstante, y contrario a la norma de apropiar modelos de desarrollo primermundistas en el tercer mundo, varias iniciativas de Cruz han nacido de observar en las barriadas de Tijuana algo más que informalidad y pobreza, llegando al extremo de apropiar varias ideas para desarrollos en comunidades como la de San Ysidro dentro de la ciudad de San Diego en Estados Unidos. En Tijuana, en medio de la informalidad e ilegalidad, Cruz ha encontrado el patrón de zonas en donde los usos residenciales y comerciales son prácticamente indistinguibles, lo cual promueve actividad y vitalidad las veinticuatro horas del día. La extensión urbana sin planeación ni estrategia, es generalmente negativa en términos de sustentabilidad y desarrollo social, sin embargo, Cruz observa que en Tijuana al menos se da creando al mismo tiempo un denso tejido urbano que en ocasiones llega a ser autosustentable en actividades básicas como la laboral, comercial y residencial. Se torna mucho más problemática dicha extensión urbana en términos de abastecimiento de educación, cultura y salud.

En términos específicos y pertenecientes más al diseño que a la planeación urbana, Cruz ha encontrado tipologías en Tijuana que ha recreado en San Diego. Observó en la ciudad mexicana, la recurrente elevación de viviendas mediante estructuras de acero que albergan debajo espacios semipúblicos o comerciales (i.e. talleres, restaurantes, etc.) Esto lo vislumbra Cruz como puentes o intermedios entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, lo planeado y lo no planeado, pero que van conformando a una comunidad. Del mismo modo, en San Diego ha observado la transformación de la forzada homogenización del urbanismo y sub-urbanismo estadounidense por parte de inmigrantes o ciudadanos que se encuentran en la necesidad de modificar sus entornos por un afán de supervivencia (extensiones ilegales de viviendas para acomodar más habitantes o establecimientos comerciales informales en barrios de San Diego). En base a esto, y con la ayuda de ONGs para actuar como intermediarios en la facilitación de permisos y microcréditos para residentes estadounidenses con una situación económica precaria, Cruz ha logrado arquear las leyes de zonificación californianas para desarrollar en San Ysidro proyectos de vivienda social que contengan espacios públicos y verdes, centros comunitarios, mercados locales, oportunidades laborales, bajo el mismo esquema de Tijuana de viviendas elevadas. Esto, bajo el objetivo de incrementar densidades, ha resultado en la creación de espacios semipúblicos y semiprivados.

El meollo es promover a la sociedad y su cultura como un motor económico en lugar de ver al valor económico como el único motor de desarrollo; construir barrios que le pertenezcan a la comunidad y no al mercado; suscitar densidades que promuevan intercambios sociales y económicos versus densidades basadas en un máximo número de viviendas y mínima inversión en infraestructura pública; vislumbrar a los residentes como participantes activos en su comunidad en lugar de como simples consumidores… Aun cuando Cruz trabaje a pequeña escala, esperemos sus ideas tengan un mayor alcance y resonancia.

http://abajoyalaizquierda-alejandrareyes.blogspot.com/

* SDP Noticias - Opinión - 14.03.11

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