MADRIDIARIO* : El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias afirmó este jueves que la incautación de documentos realizada ayer en la Delegación de Urbanismo, dentro de la desarticulación de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, están relacionadas "con la 'operación Malaya', a través de Monserrat Corulla y Pablo Valle". El presidente del sindicato funcionarial, Miguel Bernad, aseguró haber denunciado los hechos delictivos que se investigan hace medio año, "sin que se hubieran tomado las medidas oportunas al respecto".
"Lo denunciamos ante el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, las anteriores concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, que no nos hicieron caso; y ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Félix Boix, que nos remitió ante un juzgado de instrucción", agregó.
Implicación de Alcalá 20
Bernad señaló que la presunta trama afecta a más nueve Juntas de Distrito más que las registradas ayer, entre ellas apuntó a Tetuán, Arganzuela, Hortaleza, Moncloa y Chamartín, y a tres funcionarios de medio por cada Junta "sin contar con los despachos externos".
Asimismo, denunció que la supuesta trama afecta no sólo a licencias de apertura y obras de establecimientos, "sino que tiene más ramificaciones en cambio de usos de edificios y recalificaciones urbanísticas".
El presidente de 'Manos Limpias' reveló que la última actuación delictiva de la operación se centra en el expediente de la antigua discoteca Alcalá 20, que reabrió sus puertas hace días a pesar de no contar con la autorización municipal. "Hay una tremenda presión política para permitirla reapertura de la discoteca, así como tremendas cesiones de licencias en locales como Joy Eslava y Pachá", explicó.
Entre 10.000 y 60.000 euros
Respecto a la cantidad supuestamente cobrada por funcionarios corruptos, el sindicato manifestó que ronda entre los 10.000 y los 60.000 euros, "dependiendo de la mordida impuesta por cada funcionario". "No había tarifas preestablecidas ni había organización, porque cada funcionario cobraba lo que veía", añadió.
Por estos motivos, Bernad indicó a Europa Press que el sindicato que preside ha acordado ejercitar la acción popular en este caso, "en defensa de la legalidad vigente, del Estado de Derecho y de la ciudadanía de Madrid, que tiene todo el derecho a que el principio que se ejerza el artículo constitucional 103, que establece que la administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento a la Ley y al Derecho".
"Actuaremos como acción popular en el juicio porque un hecho tan evidente contra el artículo 11 del Código Penal equipara el delito de omisión de responsabilidad pública con el de acción, una vez advertido los supuestos delitos hace año y medio, y sumado a la actuación de riesgo que ha supuesto", dijo Bernad.
Por último, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias significó que la presunta corrupción "de una mínima parte de los funcionarios" no debe "manchar la imagen" del resto de los trabajadores, aunque aseveró que estos hechos "no deben quedar impunes".
* Madridiario - 15-11-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Madrid: Manos Limpias dice que hay relación con la 'operación Malaya'
El fiscal pide la paralización del aeropuerto de Castellón
ELPAÍS* : La fiscalía de Castellón se ha unido al recurso del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) en el que solicitaba la paralización de las obras del futuro aeropuerto en la zona del Monte de Santa Bárbara. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ya dictó hace un año la paralización cautelar, que levantó un mes después al considerar que los daños eran ya "irreversibles". Gecen recurrió esta decisión y la fiscalía se unió a este recurso al considerar que el hecho de que el daño sea ya irreparable no justifica el levantamiento de la medida cautelar y más cuando, como en este caso, estaba pendiente el informe ecotoxicólogo.
El juez consideró probado que el monte cuyo desnivel imposibilita el despegue y aterrizaje de aviones no estaba incluido en el estudio de impacto ambiental que hizo el promotor, Aeropuerto de Castellón. Por tanto, las obras en este ámbito no se incluyeron en la declaración de impacto ambiental. Además, el Plan General del término afectado, Vilanova d'Alcolea, tiene declarado de "utilidad pública" este monte, calificado como suelo no urbanizable con protección ecológica y paisajística. Por ello, el juzgado determinó, como medida cautelar, la suspensión de las obras en esta área. Un mes después, el propio juzgado levantó la suspensión "al carecer de razón de ser", habida cuenta que, "dado el estado en el que se encuentra la zona", las consecuencias lesivas irreversibles para el medio ambiente "ya se han producido y no queda nada que proteger o preservar". Aún así, el juzgado siguió con las diligencias por un posible delito contra el medio ambiente.
Después de que Gecen recurriera esa decisión, la fiscalía se adhirió a él al considerar que el auto del juzgado no puede basarse en que el perjuicio es irreparable pues aún no se había entregado el informe del ecotoxicólogo.
Para Gecen, "la paralización nunca se debió levantar tanto en aplicación del artículo 329 del Código Penal, que prevé la adopción de medidas cautelares para restaurar el equilibrio ecológico, como por la falta del informe pericial que debiera haber justificado si se levantaba o no la paralización". El grupo ecologista considera que "la precaución debiera haber sido la norma a seguir ante unas actuaciones ilegales con graves consecuencias medioambientales, pero, lejos de toda lógica, se levantó la paralización sin base técnico-científica, sin informe pericial alguno".
* ELPAIS.com - M. F. - Castellón - 15/11/2007
Foto: Castellón, obras aeropuerto - lasprovincias.es
La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales
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EUROPAPRESS* : La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha). Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total.
Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.
Así, según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.
Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.
La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA
El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).
A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones). Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).
Propuestas para evitar la evasión fiscal
Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio. Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.
Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'. Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.
Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Así, se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.
La Ley no cumple su cometido
Se ha seguido ejerciendo 'de forma masiva' un mayor control sobre todos los incumplimientos fiscales
Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.
Asimismo, desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.
* El Mundo - Su Vivienda - 15/11/2007
Foto: Los técnicos de Hacienda valoran negativamente la nueva Ley Antifraude / F. Ruso (El Mundo)
Madrid: "Sin un kilo, no hay licencia"
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ELPAÍS* : Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque.
En una de las conversaciones intervenidas, según informaron a EL PAÍS fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca".
Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.
En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]".
Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron a EL PAÍS fuentes policiales próximas a la investigación.
Todos los implicados fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.
El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".
Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados.
La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.
El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.
Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.
Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.
La operación, ordenada el titular del juzgado número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias.
Según fuentes de la investigación, uno de los trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en los años noventa del pasado siglo.
Ante los primeros rumores aparecidos por la mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Ayer, el regidor madrileño se limitó a afirmar que "ninguna actuación irregular va a ser consentida por parte del Ayuntamiento".
* Información elaborada por Vera Gutiérrez Calvo, Daniel Verdú, José Antonio Hernández, Jesús Duva y Jorge. A. Rodríguez
* ELPAIS.com - Madrid - 15/11/2007
Foto: Guardias civiles sacan cajas con documentos de la Junta Municipal - CLAUDIO ÁLVAREZ (El País)
El escándalo urbanístico de Los Merinos, en Ronda, llega a Bruselas
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ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El ‘Caso Merinos’, polémica macrourbanización erigida en la localidad malagueña de Ronda llega a Bruselas de la mano del parlamentario europeo David Hammerstein, quien ha asegurado que impulsará la apertura de un procedimiento de infracción a nivel europeo porque “está en clara contradicción con la Directiva Marco de Aguas, afecta a la biodiversidad y a los derechos humanos”. Da la casualidad de que Luis Solana Madariaga, hermano del jefe de la diplomacia de la UE, Javier Solana, se vio obligado a dimitir de la presidencia del proyecto -con un sueldo de 5.000 euros mensuales- hace un año.
El proyecto Los Merinos Norte, denostado públicamente tanto por Manuel Chaves como por Javier Arenas, está considerado como el mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda. Teniendo en cuenta sus dimensiones, no es para menos: incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de alto nivel, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados de extensión cada una.
Lo que ni Chaves ni Arenas han dicho es que miembros de PSOE, PP, CiU y Partido Andalucista comparten intereses en Los Merinos, a pesar de que el negocio urbanístico ha sido denunciado por carecer de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, acumular informes contrarios de la propia Junta de Andalucía, tener pendiente un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y poner en peligro las reservas acuíferas de la zona.
El ladrillo une lo que la política separa
Entre los nombres propios vinculados a la urbanización se encuentran los de los socialistas Juan Fraile -ex alcalde de Ronda cuando se aprobó el PGOU y vicepresidente segundo de Unicaja- y Jaime Montaner -arquitecto del proyecto y ex consejero de la Junta de Andalucía- ; el popular José Herrera –edil de Urbanismo de Ronda- y el empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén; el histórico de CiU en Amposta, Joan María Roig i Grau –ha formado parte del consejo de la promotora-; y el andalucista Antonio María Martín Lara –alcalde de Ronda-.
Como en tantos otros casos de urbanizaciones salpicadas por toda la geografía española, el entramado empresarial de Los Merinos Norte de Ronda ha intentado intimidar a través de denuncias a vecinos y periodistas que han osado denunciar las acciones de la promotora. Tal es el caso de El Observador, revista malagueña que se ha hecho eco de las críticas vecinales al proyecto.
No muy lejos de Los Merinos, también en la malagueña Serranía de Ronda, se encuentran el exclusivo circuito de F1 Ascari y la finca La Parchite, donde se han detectado obras de infraestructura para otro proyecto urbanístico ligado al golf, pese a que cuenta con una declaración de impacto ambiental negativa y vinculante por parte de la Junta de Andalucía. Casualmente, La Parchite guarda relación empresarial con David Shamoon, empresario libanés director financiero de los famosos hoteles Puente Romano y Marbella Club de Marbella, recientemente imputado en el Caso Hidalgo, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 14/11/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
La fiscalía anticorrupción investiga la situación urbanística de Campos
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DIARIODEMALLORCA* : Agentes de paisano de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron ayer en las dependencias municipales de Campos con un mandamiento firmado por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, por el que se requería "copia certificada o compulsada de las normas subsidiarias (normativa urbanística) de dicha corporación así como cuanta documentación obre en sus archivos relativa a la confección de dichas normas". La apertura de diligencias informativas ha causado cierto revuelo en el pueblo de la comarca del Migjorn.
Hoy, miércoles, el actual equipo de gobierno municipal, formado por UM-Campos pel Canvi (PSM+Entesa+PSOE), conocerá si la Justicia requiere las normas subsidiarias (NN SS) del año 91 o bien las últimas aprobadas de forma inicial el 30 de octubre de 2006 y de forma provisional el 26 de marzo, cuando gobernaba el PP. Tampoco se descarta que se exija toda la documentación en materia urbanística. En estos momentos están vigentes las partes más restrictivas de las NN SS de 1991 y de 2007, así como una suspensión de licencias hasta la aprobación definitiva de las normas.
El pasado verano el Consell de Mallorca devolvió las NN SS sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente por defectos de forma y de tramitación.
Cabe explicar que, en la anterior legislatura, con gobierno en mayoría del PP, dirigido por el alcalde Andreu Prohens, los entonces grupos de la oposición UM y PSM ya rechazaron frontalmente las NN SS, mientras que el tercer partido de la oposición, Convergència Campanera (ahora coaligado con el PP, en la oposición) se alió con los conservadores.
PSM, UM, GOB y ARCA, entre otros partidos y organismos, reprocharon falta de consenso y denunciaron múltiples presuntas irregularidades en el proceso, como la designación ´a dedo´ del equipo redactor de las NN SS (concretamente la empresa privada del arquitecto municipal Cosme Garcías); la falta de informes preceptivos y vinculantes como el de Costas; los posibles "excesos" en las Áreas de Reconversión Territorial contempladas en el Plan Territorial Insular junto al club náutico, Dalt de sa Ràpita y la zona de sa Vinyola; presuntas irregularidades en varias urbanizaciones y convenios, etc. A su vez, el pertinente informe de sostenibilidad ambiental reveló toda una serie de impactos negativos. El plan permitiría doblar la población, de los 9.000 habitantes actuales a más de 18.000.
Casi 900 personas firmaron alegaciones, de las que el PP aceptó muy pocas, entre ellas la reivindicación masiva referente a la conservación del patio de la escuela Joan Veny i Clar. A fecha de hoy, aún no se han respondido el conjunto de alegaciones. El nuevo Partil Liberal, liderado por Joan Alou (ex del PP), presentó, sin éxito, una alegación a la totalidad de las discutidas normas. El PSM, antes de elecciones, animó a la fiscalía a investigar la gestión del PP.
Otra repercusión importante que provocaron estas últimas NN SS es relativa a la polémica urbanización de Torre Marina de ses Covetes, donde se alzan los 68 apartamentos inacabados. Finalmente, el PP rectificó y declaró rústicos los terrenos. En la aprobación inicial la calificación era de zona de eventual inclusión en suelo urbano por sentencia judicial. En la provisional se pasó a suelo rústico.
Según fuentes municipales, el equipo de gobierno conservador aportó tarde el informe de Costas e introdujo modificaciones sustanciales tras la exposición pública, lo que supone una clara irregularidad.
* Diario de Mallorca - T. OBRADOR. CAMPOS - 14 de noviembre de 2007
Foto: Campos (Mallorca) - mallorca.com
El juez cita como imputado al alcalde de Mogán por el 'caso Grupo Europa'
CANARIASAHORA/Las Palmas* : El juez del caso Góndola, que investiga casos de corrupción en Mogán, ha citado para este jueves en calidad de imputados al alcalde del PP, Francisco González, y a la ex teniente de alcalde Onalia Bueno, en una nueva tanda de declaraciones sobre el caso Grupo Europa, que continuó este miércoles con dos nuevas citaciones a responsables de la empresa municipal Gesmogán y de la mercantil de Antón Marín.
La denuncia original que destapó las relaciones ilícitas de Grupo Europa en Telde -provocó las detenciones del 16 de mayo pasado y la imputación por cohecho al administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, y al jefe de Urbanismo teldense, José Luis Mena, entre otros- también señala al alcalde de Mogán y a la entonces teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y Vivienda, Onalia Bueno, como presuntos autores de un cohecho, investigado por la Policía Nacional.
Este lunes, tras las declaraciones en sede judicial del denunciante y del administrador, el magistrado José Alexis Reyes abrió formalmente la instrucción de la trama que liga a esta empresa promotora de viviendas sociales con el grupo de gobierno del PP en Mogán, siguiendo el mismo modus operandi que cuajó en Telde a través de la empresa municipal Urvitel, durante el mandato de gobierno de PP y AFV-Ciuca: imputar un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por la administración pública para repartir dividendos a costa del precio final de la vivienda.
A diferencia de en Telde, donde se han detectado pagos ilegales de Grupo Europa directamente a políticos y funcionarios para amañar el concurso de asistencia técnica a Urvitel -hasta 240.000 euros-, en Mogán los datos recabados por la investigación del caso centran los pagos ilícitos en encargos realizados por Onalia Bueno a Antón Marín, para financiar un mitin de Mariano Rajoy y sendos conciertos de Bebe y Miguel Ríos en 2005, y se sustenta en nuevos testigos que han ratificado todos los extremos de la denuncia durante el verano pasado.
Consta en la denuncia que el PP de Mogán cobró al menos 95.000 euros en comisiones ilegales de Grupo Europa, introducido en este ayuntamiento también por la gestión del ex diputado del PP Jorge Rodríguez, y que el supuesto pelotazo puesto en marcha en el municipio gobernado por Francisco González González superaba los dos millones de euros, con la imputación, como en Telde, de un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por el ayuntamiento donde se pretendían construir las VPO.
También declaran el secretario de Gesmogán y la responsable de GC Europa SAU
Además, este miércoles, pasaron por el despacho del magistrado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana el secretario de la empresa municipal Gesmogán, Rafael Cabrera, y la responsable de administración de la filial canaria de Grupo Europa, Gestión de Cooperativas Europa SAU, Daniel Yasmina Falcón Hernández.
Tras prestar declaración ante José Alexis Reyes, sus abogados explicaron a los medios de comunicación congregados a la entrada de los Juzgados de Maspalomas que, "por orden expresa del juez", no tenían permiso para hacer declaraciones, al estar declarado el secreto de sumario. También desde el TSJC, su Gabinete de Prensa confirmó este miércoles a CANARIAS AHORA que, de momento, el juez ha decidido no informar oficialmente sobre los cargos que se imputan a los encartados.
* Canarias Ahora - ALEXIS GONZÁLEZ. Las Palmas de Gran Canaria - 13/11/2007
Foto: Mogan (Gran Canaria), puerto - puertosdecanarias.com
