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MANUEL BLANCO/LAVOZ* : Con el cielo azul, Santoña y Laredo recuerdan al sur. A la costa mediterránea. A los kilómetros y kilómetros de costa salpicados de ladrillo que han destrozado buena parte del patrimonio paisajístico del Levante. La zona oriental de Cantabria concentra muchos de esos males. Todos se resumen en uno: infinidad de edificios de gran altura pegados a las playas, una gran masa de cemento y ladrillo que genera una sensación indescriptible. De ahogo, quizás.
Dice el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que él ha visto a vecinos de estos inmuebles tirar la caña de pescar desde las ventanas de sus casas. Podría parecer una hipérbole. Sobre el terreno, la afirmación gana visos de realidad.
Los 43 kilómetros que separan Noja de Castro Urdiales son un ejemplo claro de cómo se puede desordenar y destrozar un territorio. «Un disparate», admite Revilla. Noja, Santoña, Laredo, Argoña, Guriezo, Castro.... Casi todos los municipios de esta franja costera presentan llamativos excesos urbanísticos de una época no tan lejana, los años sesenta, setenta y ochenta, inmuebles anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que seguirán ahí, a modo de ingrato recuerdo, previsiblemente todavía durante unas cuantas décadas más.
Paradójicamente, buena parte de la presión urbanística de estos municipios se origina en el País Vasco. Y ello representa una suerte de contradicción, ya que la comunidad vecina se caracteriza por su disciplina y su orden urbanístico. Miles de vascos disponen de pisos y chalés en la zona oriental de Cantabria.
Las cifras hablan por sí solas. Laredo tiene 14.000 habitantes, pero en julio y agosto su población se dispara hasta los 180.000 de media. Noja, con un censo de 1.400 habitantes, cuenta con 70.000 de media durante el período estival, una situación que se repite en Castro Urdiales, que pasa de 30.000 a 100.000 en verano.
Las autoridades locales aseguran que en estos municipios hay más pisos en propiedad de vascos que de cántabros. Y este hecho genera imágenes llamativas. Al igual que en los ayuntamientos del sur de España -o que en algunas zonas de Sanxenxo, por ejemplo-, algunos barrios de estas villas parecen desiertos en invierno. Durante la semana, hay centenares de persianas cerradas, signo inequívoco de que se trata de una segunda residencia, un tipo de desarrollo urbanístico al que ahora ha renunciado el Ejecutivo cántabro porque, a la larga, puede acabar generando mucho más gasto que riqueza.
El Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla inició hace 14 años un plan, instrumentalizado a través de varias leyes, para tratar de salvaguardar lo que quedaba de la costa cántabra. Sostiene Revilla que, con esta estrategia, han logrado algunos objetivos: «Sabemos que desde Santander hasta el límite con Asturias todo el mundo va a poder disfrutar de esos paisajes maravillosos». Al otro extremo de la comunidad no alude. El mal ya está hecho. Y eso, en materia de urbanismo, es difícilmente remediable.
* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 6/12/2007
Foto: Laredo (Cantabria) - Haresgod, wikipedia.org
El Benidorm del norte
Imputado por corrupción urbanística el alcalde de Aranjuez
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ADN/Madrid* : El Juzgado número 3 de Aranjuez ha llamado a declarar al alcalde de esa localidad, el socialista Jesús Dionisio Ballesteros, por un presunto delito de cohecho relacionado con la venta del suelo donde se está construyendo la planta logística del Grupo Cortefiel en la ciudad. La portavoz del grupo independiente ACIPA, Pilar Quintana, ha informado de la medida y ha asegurado que en su día ya presentó ante la fiscalía toda la documentación de un caso que siempre consideró "ilegal".
Ballesteros ha sido citado para el próximo 30 de enero, según informa la Cadena SER, a instancias del fiscal de Medio Ambiente y Territorio, Emilio Valerio, y en representación de los 20 concejales del PSOE y PP de la corporación municipal. El juez ha llamado a declarar también al director general del grupo empresarial.
Ocho millones de euros
El Ayuntamiento de Aranjuez sacó a concurso en 2004 la enajenación de una parcela de uso industrial que fue adjudicada en el mes de junio a la empresa Eurofiel, que no tuvo que pagar nada por el suelo, ya que el pleno del Consistorio decidió bonificarla por la creación de empleo.
Dos años después, en el mes de abril, el pleno aprobó con los 20 votos de los concejales del PSOE y del PP permitir a Cortefiel vender los terrenos que le habían sido adjudicados. La empresa Coperfil, nueva propietaria, se los arrendó de nuevo a Cortefiel para la construcción de la planta logística.
El montante de la venta ascendió entonces a 8 millones de euros, según las escrituras mostradas en rueda de prensa por la edil independiente. Quintana ha criticado también que tenga que ser el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, el que tenga que urbanizar los accesos a la nueva planta de Cortefiel, que creará en Aranjuez 385 puestos de trabajo.
Denuncia
Todo este proceso fue denunciado ante la fiscalía por el partido independiente, "tras agotar la vía política y administrativa", en el pasado mes de abril. El ministerio fiscal remitió la denuncia al Juzgado número 3 de Aranjuez en el mes de junio, y en julio la juez llamó a declarar a Pilar Quintana para que ratificara su denuncia.
"No sacamos todo esto a la prensa porque estábamos en plena campaña electoral y ya habíamos agotado la vía política", ha indicado Quintana. La portavoz de ACIPA ha adelantado que su partido no se va a personar en la causa "porque el fiscal ya tiene los datos suficientes" y porque la formación no podría permitírselo económicamente.
Quintana ha aclarado que en sus denuncias nunca se mencionó al alcalde, ya que fueron 20 los concejales que levantaron la mano a la hora de votar todos los pasos de este procedimiento. "Han llamado al alcalde como imputado, pero podrían llamar a otros 20 concejales" de la anterior legislatura, ha explicado la edil, que votó en contra de la operación.
* ADN - Agencias - 15/12/07
Foto: Aranjuez (Madrid), ayuntamiento - Ángel Serrano Sánchez de León, wikipedia.org
Vivir hacinados es más 'verde'
ELPAÍS* : Vive usted en una casa unifamiliar de dos plantas. Tiene un perro, una piscina, un jardín y una barbacoa para hacer chuletones los fines de semana. Allí, al aire libre y sobre el césped recién recortado, tiene la sensación de alejarse un poco del asfalto, de estar más en contacto con la naturaleza. Enhorabuena, ha alcanzado el sueño de muchas familias españolas, el sueño americano de Annette Bening en American Beauty. El problema de ese sueño es que es el mismo de millones de personas en todo el mundo, el mismo que tienen sus vecinos de la casa adosada y los de un poco más allá. Y no parece que sea demasiado ecológico, según señalan los expertos.
Porque ese sueño implica que las ciudades crezcan a lo ancho y no a lo alto, que las viviendas se desparramen por un suelo cada vez más escaso y que el gasto energético de sus habitantes afecte de forma más directa al cambio climático. Solución: todos a Nueva York, a Shanghai o, ya puestos, a Benidorm. A los ojos de la mayoría, las colmenas de turistas de la ciudad alicantina pueden parecer una agresión a cualquier sentido de la estética, pero para algunos arquitectos representa un modelo mucho más sostenible que el de las urbanizaciones que se expanden por la periferia. "Benidorm es genial", asegura el arquitecto Luis Fernández-Galiano. "Es una ciudad densamente poblada, pero construida en vertical, lo que supone muchos menos problemas medioambientales que los que causan las urbanizaciones de la sierra de Madrid. Puede que sea un sueño para muchos vivir en una casa en lugar de en un edificio, pero un sueño multiplicado por dos millones es una pesadilla".
En España, el problema de la expansión horizontal de las ciudades se ha definido con el nombre de ciudad dispersa, pero el término más utilizado es el de sprawl, que en inglés significa extenderse o repantigarse. Dentro de los retos planteados para luchar contra el cambio climático, el tema de la expansión horizontal de las ciudades quizá haya sido uno de los más olvidados. Un informe de la Unión Europea sobre 2006 se titula precisamente El reto ignorado (Urban sprawl in Europe. The ignored challenged), y señala que en los últimos 20 años se ha asentado un desarrollo urbano de baja densidad en la periferia de las ciudades. La expansión a lo ancho necesita que se construyan infraestructuras para que la zona recién habitada sea accesible e implica un mayor uso del transporte. En síntesis: supone un ingente gasto de recursos. "El consumo de hormigón en España", apunta el estudio, "ha aumentado un 120% desde 1996, llegando a un nivel de 51,5 millones de toneladas en 2005".
Ésa es la verdad incómoda de arquitectos como Luis Fernández-Galiano. En una conferencia organizada por la Fundación BBVA, el catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid aseguraba que la planificación de las ciudades es la solución a los problemas del clima. "Mi verdad incómoda es compatible con la de Al Gore. Él no trató este tema, pero es igualmente importante. Han pasado ya 20 años del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y ahora toca preguntarnos cómo ocupamos este planeta. El modelo de ciudad americana se está extendiendo, pero tenemos que abandonar esas utopías agrarias y concentrarnos en las ciudades", explica el arquitecto.
El modelo de la ciudad americana se asienta donde se amasa el sueño de la nación, en la California cinematográfica de las grandes urbanizaciones. Es ese mundo nuevo, lleno de ilusiones, donde todo parece fácil y accesible, el que impone una familia tradicional viviendo feliz en su casa-jardín. "Es una utopía de cuento de hadas", comenta Fernández-Galiano, "al estilo de El show de Truman. Y esa ciudad se ha extendido a Europa, África y Rusia. Pero ese sueño se ha acabado. No sirve para atajar los problemas medioambientales a los que hacemos frente. La palabra clave es densidad. Por eso defiendo lugares como Barbate o Benidorm, porque permiten concentrar a la población para poder dejar el resto del territorio salvaje".
La imposición de estos paisajes de casas bajas viene impuesta a veces desde los propios gobiernos europeos. El caso más actual y el que ha despertado las críticas de los arquitectos es el de la Comunidad de Madrid. La Ley de Medidas Urgentes aprobada recientemente por el Gobierno de Esperanza Aguirre limita a cuatro alturas (tres pisos más un ático) los edificios que se levanten a partir de ahora en la región. La norma ha levantado sarpullidos en los arquitectos de Madrid. "Esta ley supone una ruptura del modelo cultural", comenta Pedro Ortiz, portavoz de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Madrid. "Es la sustitución de la ciudad, del urbanismo latino por el modelo anglosajón. No es una lectura de la ley. Éste ha sido uno de los argumentos dados por Esperanza Aguirre para justificar su ley. Quiere una ciudad anglosajona. Quiere que Madrid se parezca a Inglaterra".
La Comunidad de Madrid se defiende asegurando que la sostenibilidad de un barrio no tiene por qué definirse por la altura de sus edificios, sino por una correcta ordenación del territorio. "Los modelos de desarrollo de este tipo son escandinavos, de países que suponen un modelo ecológico y sostenible. Lo importante es que las casas estén bien orientadas, que exista una gestión de residuos correcta y un aprovechamiento de las aguas pluviales", explica un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo.
Pero las cifras de Madrid no hablan precisamente de sostenibilidad. El informe de la UE mencionado anteriormente dedica un apartado especial a la comunidad titulado Región de Madrid. Un crecimiento económico rápido y un débil sistema de planeamiento: el estudio explica que el suelo urbano creció un 50% en los años noventa, mientras que la población sólo creció un 5,4%. Una de las razones de ese extraordinario desarrollo urbano se produjo por la demanda de segundas viviendas.
En conclusión, para combatir el cambio climático, gastar menos combustible y ahorrar en infraestructuras, lo mejor es viajar en ascensor. En este debate no hay sólo un trasfondo ecológico, sino sociológico. La ciudad densa al estilo de Nueva York facilita el contacto con la gente, tiene mayores posibilidades de encuentros fortuitos y genera un mayor tráfico de ideas que el que se logra en los barrios residenciales. El sociólogo Mario Gaviria, otro defensor de Benidorm como lugar turístico ("pese a que a muchos les parezca una horterada"), insiste en la defensa de la ciudad mediterránea "compacta, densa y continua. Lo demás es el más allá". "En lugares como Benidorm se va a todos sitios a pie, las aceras suelen ser anchas, se utilizan piscinas colectivas y en un mismo lugar se encuentran todo tipo de mezclas, desde el lupanar hasta la iglesia, desde el gimnasio hasta la tienda. Todo está en el mismo sitio. Esto desaparece en las urbanizaciones de adosados, donde toda esa mezcla se ha sustituido por el centro comercial", expone.
Gaviria define el interés por el jardín de casa como la "ideología de la clorofila", y señala las contradicciones de un ecologismo mal entendido que se contenta con tener algo verde cerca de los ojos. "En España estamos infrapoblados todavía. Tenemos que hacer ciudades para unos quince millones de personas más dentro de 20 años. Las nuevas tendrán que seguir ese modelo mediterráneo, proporcionar agua y energías renovables. Así haremos ciudades sostenibles de verdad y no yéndonos a las afueras con una parcelita de césped", concluye.
Aun así, los ecologistas no tienen muy claro que Benidorm sea un ejemplo de nada y opinan que el problema no ha de centrarse en la altura de los edificios, sino en la ordenación del territorio. "Hay distintos modelos dependiendo del lugar donde se construya, pero no me parece que una ciudad como Benidorm, a pie de playa, sea sostenible en sí misma", matiza Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
En eso están de acuerdo todos, en la importancia de planificar las ciudades, sobre todo las de nueva construcción. A miles de kilómetros de aquí, el arquitecto Norman Foster proyecta en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, una nueva ciudad salida de la nada. Se trata de Masdar, una superficie de seis kilómetros cuadrados pensada al milímetro, cuya energía sólo provendrá de fuentes renovables y cuyos canales interiores aportarán la sombra necesaria en el desierto.
Para muchos, el proyecto es un ejemplo de una ciudad pensada para los nuevos tiempos compatibles. Desde la ética resurge el debate sobre qué tipo de lugares han de construirse para que los seres humanos ocupen el suelo sin dañar el medio ambiente. La solución está en manos de los gobernantes. "Son ellos los que determinan cómo hacemos las ciudades", señala Fernández-Galiano. "Es muy raro que los arquitectos renuncien a un encargo por razones éticas". El catedrático matiza sus palabras recordando una frase del arquitecto Miguel Fisac, fallecido en mayo de 2006: "Mis obras más importantes son las que no he hecho".
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR 13/12/2007
Foto: Rascacielos de Madrid /GORKA LEJARCEGI (ELPAIS.com)
Gran Canaria: La nueva vía del Norte se está ejecutando sobre un ordenamiento declarado nulo
LAPROVINCIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado de nuevo la nulidad parcial del Plan Insular de Ordenación del Territorio y el Plan Parcial que sustentaría legalmente la construcción del desdoblamiento de la carretera general del Norte. El pasado septiembre, el TSJC emitía una sentencia en la que declaraba nula esta actuación viaria de todo el recorrido entre Arucas y Guía -con unos puntos ya en construcción y otros adjudicados-, porque entre otras cosas se planteaba que el trazado no respetaba las Directrices de Ordenación del Territorio, que establece el aprovechamiento de las vías ya existentes.
Como no ocurre en la denominada Variante de Bañaderos, un recorrido ideado por el Gobierno de Canarias tras la petición del Ayuntamiento de Arucas de hacerlo pasar por el sur del pueblo costero para evitar su paso cerca del litoral, a pesar de que ya se habían expropiado en su momento terrenos a lo ancho de la carretera actual para realizar su ampliación.
A pesar de esta sentencia, el Gobierno de Canarias continuaba con los trabajos, especialmente en el tramo que afecta a Guía, mientras paralelamente tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ejecutivo autónomo pedían una aclaratoria al TSJCen la que preguntaba si esta sentencia obligaba a la paralización de los trabajos.
La respuesta del mismo órgano es que no ha lugar a la aclaratoria porque, en definitiva, considera que la sentencia ya es lo suficientemente clara en este sentido "por no tener conceptos oscuros ni errores materiales".
Esto implica que la construcción que se lleva a cabo no está por el momento, ya que es recurrible ante el Supremo, sustentada en ningún ordenamiento territorial legalmente válido.
Además, el Tribunal Supremo, de optar por esta última vía, suele tardar aproximadamente cinco años por los cauces normales para dirimir sobre este tipo de asuntos, si bien utilizando la vía política podría lograrse una sentencia definitiva en el plazo de algo más de un año.
Mientras tanto las distintas administraciones canarias tendrán que decidir si continuar con los trabajos o paralizarlos cautelarmente.
* La Provincia - JUAN JOSÉ JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 14 de diciembre de 2007
Foto: Colas de coches en el viaducto de Silva. SANTI BLANCO
Pelotazo de altura
CAMILO JOSÉ CELA CONDE* : La alfombra que levantó DIARIO de MALLORCA hace un mes, dando la noticia de que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears estaba examinando con lupa el Plan Territorial de Mallorca (PTM), ha resultado un tapiz con polvo, basura y quién sabe si hasta cadáveres debajo, aunque todavía no se sabe de quiénes pueden ser éstos. No es para menos. Poner en estado de sospecha la gestión y aprobación del PTM es algo muy serio, lo más serio que hemos podido ver en esos muchos años en los que el urbanismo de la isla ha andado de precario por lo que hace a los supuestos, ciudadana y legalmente garantizables a priori, de honradez y legalidad. Si nada menos que la norma más importante para encauzar el maltrecho urbanismo de Mallorca queda ya bajo sospecha, ¿qué no podremos imaginar que se esconde en esta historia al parecer sin fin de las corrupciones inmobiliarias?
El detalle de las sospechas se conoce a medias. Por un lado, quedan éstas referidas a los cambios en la calificación urbanística que, de la mano del PTM, se realizaron en distintas fincas de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. No estamos hablando de nimiedades. Los cambios afectaron a cerca de un millón de metros cuadrados que se transformaron así, de golpe, en suelo urbanizable y, aunque no todas las hectáreas afectadas están en principio en el punto de mira de los tribunales -cosa que sería ya más de risa que de escándalo-, sí que han sido en verdad laboriosos los trabajos de examen de los procedimientos seguidos en las recalificaciones. Tanto como para que hayan tenido que unir sus fuerzas los fiscales anticorrupción, el fiscal de delitos urbanísticos y aquellos que constituyen la dirección misma del ministerio público en Balears, es decir, la que depende de Bartolomé Barceló y Ladislao Roig.
Pero junto a los aspectos que se conocen ya, hay otros que están todavía por determinar. Particularidades de tanta enjundia como para afectar a quienes podrían ser a la postre encausados. El documento de denuncia que ha dado lugar a la apertura formal del episodio -porque, ya digo, los trabajos de investigación previa llevan años realizándose- no contiene el nombre y apellidos de ningún político o empresario. La pregunta inmediata que se hará cualquier ciudadano es por qué. Y, al margen de la necesaria discreción que debe acompañar a cualquier intento de dilucidar las circunstancias de los posibles delitos cometidos en la gestación del PTM, a mí no me parece mal que sea así. El asunto es lo bastante explosivo como para que sea necesario tener evidencias sólidas antes de poner en la picota a los sospechosos. Están las cosas de la corrupción urbanística en un estado tan sensible que esa sospecha se traduce de manera casi inmediata por una condena popular.
Pero una vez que tales evidencias firmes existan, la Justicia debe actuar cuanto antes persiguiendo a quienes deban ser encausados. No se pueden tolerar más prescripciones, más champán que corre porque la condena moral no es, en esta isla, nada. Si el pelotazo del PTM exhibe así, de entrada, una altura que roza la del Himalaya, proporcional ha de ser la reacción pública. Aunque sólo sea para que se recupere la confianza de los ciudadanos en la máxima, hasta ahora más bien en el olvido, de que quien la hace, la paga.
* Diario de Mallorca - 12 de diciembre de 2007
