DIARIODEMALLORCA* : El anterior Govern del PP, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), compró y urbanizó unos terrenos de es Pil·larí con un coste de cuatro millones y medio de euros, y luego los vendió a la empresa Pavimentos y Hormigones Carreras por 2,7 millones, según los datos facilitados por la conselleria de la Vivienda.
Esta onerosa operación para la Comunitat Autònoma ha provocado que se haya encargado un dictamen para determinar cómo pudo venderse a un empresario un suelo público, especialmente escaso en el municipio de Palma, con un descuento del 40%, y las posibles responsabilidades que pudieran existir.
Los actuales responsables de la Conselleria admiten que la operación les resulta inconcebible, ya que las viviendas de protección oficial que se han construido en la zona se están vendiendo por parte de la citada empresa por el valor máximo permitido a pesar de que los terrenos les han salido "más baratos que a precio de amigo", lo que además ha generado las protestas de los que aspiran a hacerse con uno de estos inmuebles.
Estos terrenos de es Pil.larí -una parte de los cuales los obtuvo el Ibavi mediante intercambio con el ayuntamiento de Palma dentro del convenio de la fachada marítima- han permitido la edificación de 125 viviendas en la parte adquirida por Pavimentos y Hormigones Carreras, además de incluir dos parcelas destinadas a equipamientos, entre los que debe construirse una guardería. Hay que apuntar que también se vendieron parcelas a otra empresa, Construcciones Llull Sastre, aunque en este caso se apunta que las condiciones no fueron tan ventajosas.
La suma del valor del suelo y de las obras realizadas por el Ibavi ascendió a cuatro millones y medio de euros, y fueron posteriormente entregados a la empresa antes señalada por 2,7 millones. Eso conlleva que si lo habitual es que el coste de los terrenos suponga entre el 15% y el 20% del precio de los pisos protegidos, para Carreras esa repercusión ha supuesto únicamente el 13%, 10,6% y 6,7% dependiendo de la parcela edificada, según se pone de relieve en el informe elaborado por la Conselleria.
Debate en el Parlament
Esta operación ya fue reprochada por el conseller Jaume Carbonero a su antecesora en el cargo, la popular Mabel Cabrer, durante una sesión plenaria del Parlament celebrada el pasado mes de abril, en la que además puso de relieve que el suelo se había entregado a empresas privadas "sin ningún tipo de concurso", lo que supuso un claro trato de favor, al conllevar un elevado beneficio para la constructora en cuestión.
Desde la Conselleria se pone de relieve además que la inmensa mayoría de las viviendas protegidas edificadas por Carreras tienen el tamaño máximo permitido -90 metros cuadrados-, y que además está aplicando el precio máximo autorizado por la Ley en estos casos, pese a haber conseguido los terrenos por un coste muy inferior al habitual.
Eso supone más de 180.000 euros por el piso, unos 28.000 por el trastero y más de 8.000 por la plaza de aparcamiento, un valor que se aproxima al que se pueden encontrar en promociones del mercado libre. Estos altos precios están provocando las protestas de las personas que se habían inscrito en el Ibavi para conseguir uno de estos inmuebles, ya que hay casos en los que las entidades financieras se niegan a conceder hipotecas por la débil capacidad económica que tienen los aspirantes.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 22.06.2008
Foto: Las viviendas protegidas de es Pil.larí están desatando una fuerte polémica/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Palma: El Govern del PP vendió suelo a un constructor por la mitad de su valor
Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
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LAOPINIÓN/Málaga* : El empresario que quería promover en Estepona, además de los impuestos habituales, era requerido por algunos de los imputados para que cediera un porcentaje de sus ganancias que después usaba el Ayuntamiento para sufragar actividades que no preveía la ley.
El Consistorio de Estepona "invitaba" a los promotores que querían edificar en la localidad a donar parte de los beneficios que obtenían con un determinado convenio urbanístico, de forma que después el dinero se utilizaba por parte del equipo de Gobierno para sufragar eventos o actividades de diversas concejalías, según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
Esta práctica estaba muy extendida en el Ayuntamiento y, de hecho, importantes empresarios con intereses inmobiliarios en Estepona denominaban a esta ´tasa´ de forma irónica "el impuesto revolucionario". Las fuentes advierten de que "muchos promotores no pagaron esas donaciones y no pasó absolutamente nada", aunque indican que algunas corporaciones empresariales habrían accedido a abonarlas precisamente por miedo a quedarse sin negocio.
Mecanismo. Cuando un Ayuntamiento llega a un convenio con un promotor para, por ejemplo, cambiar la calificación de una parcela no urbanizable a urbanizable, la promotora ha de pagar la urbanización de la zona, sus viales y zonas verdes y ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento, además de pagar después los diferentes impuestos. "En el Consistorio de Estepona, los políticos se sacaron de la manga la figura de la plusvalía, de forma que algunos técnicos calculaban el beneficio que iba a obtener un promotor por un cambio de edificabilidad, y un porcentaje del mismo que podía ser de hasta el 30% se abonaba al Consistorio en pagos fraccionados", apuntan las fuentes.
Esos pagos se vinculaban a las distintas fases de tramitación de un convenio concreto o del plan del municipio, de forma que el dinero acababa "volviendo al pueblo" para pagar diversas actuaciones municipales como fiestas, foros u otros gastos ordinarios. "Con la nueva Ley del Suelo de la Junta, se informó al alcalde por parte del interventor y del secretario de que ese dinero no se podía utilizar para otra cosa que no fuera la urbanización de una parcela en concreto -equipamientos sociales, viales, zonas verdes-, de forma que se comenzó a invitar sutilmente a los promotores a que donaran el dinero al pueblo. Hay muchos que se negaron y, en principio, no ocurrió nada con esa negativa", explicaron las fuentes cuestionadas.
En definitiva, si el constructor accedía a pagar esa plusvalía, el dinero debía utilizarse para urbanizar con equipamientos la parcela que el promotor había desarrollado. Lo que hicieron interventor y tesorero es advertir al alcalde de Estepona de que no podía disponer de esas plusvalías para usarlo en otros fines distintos a éstos y, por tanto, se dispuso que los promotores pudieran realizar donaciones cuyos fines fueran otros distintos a la urbanización de parcelas, y así escapar del encorsetado texto legal. "Así, podían pagarse conciertos y otro tipo de eventos de diversas concejalías", señalan.
En opinión de las fuentes cuestionadas, esta tesis sustenta algunas de las imputaciones de malversación de caudales públicos, incluso en el caso de los promotores, ya que las donaciones se habrían usado supuestamente para sufragar actividades municipales y no la urbanización de las parcelas que fueron recalificadas.
Otras fuentes cercanas al caso, distintas de las anteriormente citadas, reconocen que entre cinco y ocho convenios de los 30 investigados recogen donaciones de empresarios, mientras que algunas defensas sostienen que "las mismas se hacían de forma voluntaria", como parece ser el caso, ya que luego no consta que se tomaran represalias administrativas contra esos promotores.
Uno de los letrados defensores reconoció: "Esas donaciones voluntarias servían para financiar fiestas o actividades de las Concejalías de Cultura o Educación, pero eso no es soborno". Puede que soborno no, pero la figura sí encajaría en malversación de caudales públicos, de ahí que entre los imputados por un delito típico entre el funcionariado haya también empresarios y constructores. Ésta será la tesis contra la que van a pelear a partir de ahora diversas defensas, oponiendo esta antítesis: "Eran donaciones voluntarias que se usaban para fines sociales".
De ahí que, por ejemplo, los dos abogados ligados a Valle Romano indicaron que ellos se limitaban a buscar con el Ayuntamiento qué fines sociales eran los más adecuados para las donaciones en relación a determinados convenios urbanísticos.
Patrimonio. En cualquier caso, los dos técnicos de Hacienda, expertos en blanqueo de capitales, habrían investigado dentro de la operación ´Astapa´, los ingresos obtenidos en los diez últimos años por parte de determinados imputados -no en todos-, para así poder comprobar el desfase patrimonial que habría sido detectado en algún caso concreto.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 22.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Costas analiza la legalidad del uso de 300 kilómetros del litoral gallego
LAVOZDEGALICIA* : El acceso a todo el litoral es libre, público y gratuito. Las playas, los acantilados, dunas, espacios ganados al mar mediante rellenos o paseos, no pueden ser ocupados por construcción alguna, salvo que haya una concesión de la Administración.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende comprobar, antes de finales del 2009, que toda la costa gallega se atiene a la normativa que regula el uso del litoral mediante la Ley de Costas de 1988, y que de entrada debe garantizar que, con la excepción de los terrenos dependientes de las autoridades portuarias, nada interrumpa u ocupe la franja que abarca desde donde se produce la marea más baja hasta donde hayan llegado las olas en el peor temporal del que exista constancia. Si no hay un permiso expreso, y la Administración tiene el objetivo de no renovar prácticamente ninguno y recuperar los posibles, todo lo que se asiente en ese espacio es ilegal.
La Demarcación de Costas en Galicia ya ha deslindado, es decir, clasificado como espacio de dominio público, el 83,6% de los 1.884,8 kilómetros de costa de la comunidad. Ahora resta por comprobar si se respeta la legalidad en los 308,6 kilómetros restantes, pero no solo en la franja pública.
Zona de protección
Desde esa línea y el extremo que ocupa la ribera del mar, como son las playas o zonas rocosas, por ley tiene que haber hacia el interior un espacio siempre libre de seis metros de ancho para el tránsito de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento. Desde el límite de esos seis metros comienza el espacio de servidumbre de protección de la costa, que en los núcleos urbanos tiene que ser de 20 metros de ancho y de 100 en los espacios sin esa clasificación. Todo lo que se encuentre entre el mar y ese último punto, Medio Ambiente lo considera ilegal, e incluso fuera de ordenación para todas las construcciones existentes desde antes de 1988, con las restricciones que ello conlleva.
Núcleos marineros tradicionales, sobre todo, pero también zonas urbanas quedan así mediatizados por esta norma, que afecta a miles de edificaciones en Galicia y restringe actuaciones en ellas, siendo necesario contar con permisos expresos de la Administración para realizar cualquier obra en el inmueble. De todas formas, Costas indica que se puede construir en ese espacio de protección si hay parcelas libres, «siempre y cuando al menos el 75% de la calle donde se pretende edificar esté consolidada históricamente y se mantenga como zona residencial». Esa área de protección forma parte de la zona de influencia costera de 500 metros de competencia autonómica, y donde la Xunta ha suspendido temporalmente la posibilidad de construir.
Tramo final
Medio Ambiente analiza ahora el estado de los 217,5 kilómetros de la provincia de A Coruña que restan por deslindar, como ocurre con otros 91 en Pontevedra, para planificar el modo de recuperarlos y esponjar la presión urbanística que se ejerce sobre la costa. En el caso de Lugo, sus 219 kilómetros de dominio público marítimo terrestre ya están deslindados. Eso ha permitido que se hayan proyectado 27 actuaciones de recuperación del litoral (de las 113 previstas en Galicia), por valor de 30,4 millones de euros. Foz, Barreiros, Viveiro y Ribadeo es donde más acciones se están llevando a cabo, con espectaculares derribos, incluso de céntricas edificaciones o viejos hoteles playeros.
En A Coruña, la segunda provincia española con más costa, tras Baleares, se manejan 84 millones de euros para 69 actuaciones, siendo Porto do Son, Muros, Arteixo, Camariñas y Ribeira las áreas de mayor atención. En Pontevedra la inversión se cifra en 29 millones, siendo la capital y Sanxenxo-O Grove los focos prioritarios.
La acción que el cambio climático puede ejercer sobre la franja edificada frente al mar está guiando ya varios de los proyectos de liberación de espacios que las Administraciones están llevando a cabo en Galicia.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 22.06.2008
Foto: Carnota - xunta.es
20 años sin un modelo territorial
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ELPAÍS/Valencia* : A primeros de los años ochenta del siglo pasado, los responsables políticos pensaron que la Comunidad Valenciana podía ser la California europea y soñaron con una sociedad de la información, donde jóvenes cerebros, como en la Universidad de Stanford, desarrollaban modelos informáticos en los garajes de sus viviendas.
Los políticos de aquellos tiempos pensaban en un turismo de calidad y en una agricultura de alto valor añadido.
Para alcanzar su meta se plantearon un modelo territorial que se ajustara a tan ambiciosos objetivos. De más está decir que la California europea nunca pasó de ser un sueño, el desarrollismo salvaje arrumbó con la ordenación racional del territorio, la agricultura sigue anclada, mayoritariamente, a sistemas de producción obsoletos, y la inversión en I+D no pasa de ser un deseo, como el turismo de calidad.
El modelo de Florida de sol, playa, ladrillo y la vocación de convertirse en el balneario europeo de la tercera edad se ha impuesto al sueño californiano. Por el camino, un reguero de anuncios de planes de ordenación territorial plagados todos ellos de magníficas intenciones, que jamás se han concretado. Adiós California, hola Florida.
Sobre esta realidad, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado su intención de abrir un debate más sobre el modelo territorial. Vistos los antecedentes la desconfianza cuenta con numerosos adeptos. Hay, incluso dentro de su propio partido, quien opina que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas. Por el contrario, sociólogos y expertos en ordenación territorial opinan que más vale tarde que nunca y que hay que aprovechar la oferta presidencial.
* ELPAIS.com - 22/06/2008
Foto: Vista aérea desde la Serra d'Irta hacia Torreblanca- CARLES FRANCESC, elpais.com
NOTICIA RELACIONADA: Cómo pensar un modelo territorial - ElPAÍS - Valencia - 22/06/2008
Estepona o la lógica de la corrupción
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ELPAÍS/Málaga* : Estepona (60.000 habitantes) ha sido el último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística. La ciudad, gobernada por el GIL en anteriores mandatos, había reproducido, de forma algo menos organizada, algunas de las prácticas descubiertas en su vecina Marbella hacía más de dos años.
Convenios que despatrimonializaban poco a poco el municipio, tasaciones hechas a la baja, donaciones irregulares de promotores, blanqueo de capitales... La situación geográfica de Estepona y el devenir político y económico de los últimos años habían convertido a la ciudad en una joya de la costa a la que muchos inversores, nacionales y foráneos, habían echado el ojo.
Hasta llegar a la situación vivida esta semana, la población había ido adquiriendo varias de las características que más favorecen las prácticas corruptas.
La criminóloga especializada en delitos económicos, Alejandra Gómez Céspedes, y el catedrático en Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, detallan los ingredientes de esta receta de la corrupción urbanística en uno de sus últimos artículos de investigación. Entre ellos, destacan el crecimiento del parque inmobiliario, la llegada de capitales del exterior, inversiones de las mafias en viviendas, el aumento de la población con poco arraigo o la presencia del crimen organizado. En Estepona, como en otras muchas localidades de la costa mediterránea, se encuentran ejemplos de cada uno de estas situaciones.
Hace apenas dos días, que la juez Isabel Conejo ha enviado a prisión a Barrientos y a su jefe de gabinete, José Flores. Otros cuatro ediles del PSOE, también detenidos, están en libertad bajo fianza. La Operación Astapa, nombre que los fenicios daban a la ciudad, no sólo ha puesto en cuestión la Corporación que sus vecinos eligieron hace un año. Ha ahondado en la herencia del GIL. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, antiguos socios de gobierno de Barrientos y ex gilistas, también han ido a prisión, junto con un técnico encargado de hacer las valoraciones.
La operación muestra el nivel de penetración de las formas del GIL y cómo el afán por el dinero fácil enganchó a los propios vecinos. A diferencia del caso Malaya, la mayoría de los imputados llevan toda la vida en la ciudad.
Entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia española donde más viviendas se iniciaron: 324.000. Superó incluso a Barcelona (224.000) o a la Comunidad de Madrid (198.000). Muchos de esos capitales, algunos de dudosa procedencia, venían del extranjero. Según datos de la Consejería de Economía, los tres principales países inversores en Andalucía son paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (el quinto inversor) y las Antillas Holandesas (el noveno).
Ese dinero habría llegado, según Gómez Céspedes, "fundamentalmente" a la Costa del Sol. "Es dinero no necesariamente criminal, pero desde luego es un capital no fiscalizado", puntualiza. "Como inversor, ya seas legal o ilegal, tienes que considerar muy seriamente tu índice de riesgo, y en la Costa del Sol es prácticamente nada", añade la especialista.
A Estepona, con grandes proyectos arquitectónicos en marcha, también llegaron esos capitales e inversores. La ciudad fue creciendo y cambiando. En las urbanizaciones del extrarradio los vecinos ya no se conocían, el 20% de la población censada es extranjera, y como ciudad costera, recibió numerosos turistas que se alojaban en esas construcciones.
En los últimos años, la Policía también ha comenzado a tener más trabajo. Se han detectado redes de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y más desembarcos de hachís. En una sola operación, en 2006, intervinieron 20 apartamentos, varias mansiones y 15 locales comerciales, adquiridos a través una red de testaferros constituida en dos despachos de Estepona. En dos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, el caso Malaya y el caso Hidalgo, los investigadores dieron con ilegalidades en el funcionamiento de las dependencias de urbanismo. Las personas que aparecían en esas escuchas, el ex gerente de urbanismo, Pedro López, y el arquitecto municipal, Arturo Cebrían, han sido detenidas esta semana.
Las venganzas entre clanes mafiosos también habían crecido. "Estepona está a apenas unos kilómetros de Marbella, pero pasaba más desapercibida", reconoce un veterano inspector de policía. En febrero, descerrajaron cuatro tiros a un conocido mafioso irlandés que llevaba dos años escondido en una de sus anónimas urbanizaciones.
El incremento de controles por parte de las administraciones y las actuaciones policiales de los últimos años ( hacen creer a los criminólogos Ripollés y Gómez Céspedes, que la corrupción urbanística se está trasladando a provincias donde hay menos presión. "Se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral malagueño", aseguran. Pero también piden atención para Murcia. "Ha venido a sustituir a Málaga en los primeros puestos de la jerarquía de los territorios con mayor carga urbanística".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 22/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), puerto - destinoespana.com
"De aquí no nos echa nadie"
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PÚBLICO* : Vecinos de Toledo y Madrid se enfrentan a las promotoras que quieren quitarles sus viviendas. El método es siempre el mismo. Una promotora compra un edificio antiguo en una zona céntrica de una gran ciudad pero con bicho dentro; es decir, con inquilinos que viven en régimen de alquiler con renta antigua.
Entonces, la promotora hace lo imposible por echar a los habitantes, normalmente gente mayor: les corta el agua, no les cobra los recibos, deja que el edificio se caiga a trozos. Todo vale para poder derruir el inmueble y construir en el solar apartamentos nuevos.
Es el acoso inmobiliario, lo que se conoce popularmente como asustaviejas. Algunos sucumben y hacen las maletas, pero otros no. En Talavera de la Reina (Toledo) lo están sufriendo Isidoro González, de 44 años y con una minusvalía psíquica del 33%, su madre, Jesusa Sanahuja, de 67, Pedro, de 80 años, Aurora Jiménez, de 76, y Carmen Iglesias, de 46. Todos ellos son los últimos residentes de tres edificios colindantes que pertenecen a la misma inmobiliaria.
La promotora quiere tirar los edificios, que tienen en común una bonita torre albarrana típica de la arquitectura de Talavera, y construir pisos. Un gran cartel lo anuncia desde 2006, pero un pequeño grupo de vecinos resiste dentro. En 2002 nos cortaron el agua y desde entonces tenemos que ir con unas garrafas a la fuente, cuenta Isidoro, Isi, como le conocen sus vecinos.
En el caso de Aurora y Carmen, que pagan 12 euros al mes de alquiler, la negligencia de la promotora ha llegado a tal punto que el techo de su casa se ha venido abajo y el Consistorio, por la vía sustitutoria, va a acometer la reforma. Mientras, las dos mujeres y sus familias han sido realojadas. De aquí no nos vamos a mover, asegura Isi, que estos días vive solo porque su madre, enferma, ha tenido que irse con unos familiares.
Las abuelas de Ventorrillo
La misma batalla frente al acoso inmobiliario la plantean ocho mujeres en la corrala de principios del siglo pasado que hay en el número 7 de la calle del Ventorrillo, en Madrid. Las llamadas abuelas de Ventorrillo cuentan con el apoyo del movimiento vecinal de Lavapiés y no piensan moverse de sus casas.
Una promotora, que compró el inmueble hace un año, quiere echarlas y, para ello, la empresa persigue que el Ayuntamiento declare el edificio en ruina inminente. Somos mayores, pero no tontas, advierte Luisa Martín, de 83 años y que vive en la corrala desde que tenía 7.
Las mujeres están asesoradas por la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid y no han aceptado las pobres ofertas monetarias que les ha hecho la promotora para que abandonen el edificio. Ellas no se achantan: Somos gatas y vamos a defender con uñas nuestras casas.
Hasta Naciones Unidas se ha hecho eco del problema del acoso inmobiliario en España y este año, realizó una inspección en varios municipios españoles. El informe concluía que muy pocos casos han sido perseguidos jurídicamente debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Hay excepciones. Un juez de Barcelona ha condenado recientemente a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio donde viven, en la calle Enric Granados de Barcelona. Además, la capital catalana es la primera ciudad en contar con un fiscal especializado en luchar contra los asustaviejas.
* Público - SUSANA HIDALGO - T. DE LA REINA (TOLEDO) - 21/06/2008
Foto: Isidoro González, Aurora Jiménez y Carmen Iglesias sufren acoso inmobiliario en Talavera de la Reina (Toledo). - MÓNICA PATXOT, publico.es
Compadreo y descontrol
ELPAÍS* : Un seminario de magistrados y arquitectos celebrado en Madrid analiza las causas de la corrupción urbanística en los ayuntamientos. El origen de la corrupción urbanística se halla en la discrecionalidad que acompaña a todo el proceso de edificación y de planificación y que, por falta de controles sociales, permite actuaciones que propenden a desbordar el marco de las leyes.
Ésta es una de las principales causas de la corrupción enunciadas en un encuentro entre magistrados y arquitectos, reunido la semana pasada en Madrid bajo el lema Licencias urbanísticas y corrupción administrativa. Se apuntaron, además, la subjetividad del político, el compadreo y el deseo de enriquecimiento en los agentes de urbanismo como otras importantes causas que la generan, así como la poca entidad del suelo como institución comunitaria.
La complejidad de los procedimientos de tramitación de licencias, las inercias administrativas y cierto desconocimiento, por los jueces, de la urdimbre urbanística fueron igualmente enunciados como factores coadyuvantes, así como el involucramiento de la figura del político, situado en las terminales de la discrecionalidad donde, a juicio de muchos de los ponentes, se origina la corrupción.
"Cuando el político antepone sus intereses privados a los públicos, surge la corrupción", señaló Pedro Ortiz, ex concejal de Madrid y directivo del Colegio Oficial de Arquitectos, entidad convocante del certamen junto con el Consejo General del Poder Judicial, que ofreció su sede de la calle del Marqués de la Ensenada para albergarlo.
Entre los ponentes del encuentro figuraban los magistrados Jesús Torres, José Manuel Maza y Eduardo Ortega; los arquitectos Cristóbal Vallhonrat, de Alcalá de Henares, y María Luisa Martínez, así como el co-anfitrión Pedro Ortiz.
Eduardo Ortega, magistrado administrativista, se refirió al compadreo y a la cultura clientelista española para explicar una parte de las causas de la corrupción.
Para Cristóbal Vallhonrat, la solución contra la corrupción urbanística pasa por fundamentar -tal cual existe en países como el Reino Unido- un suelo público comunal blindado a la especulación.
Telón de fondo de muchas de las intervenciones lo fue la figura del arquitecto honorario, que los ayuntamientos pobres contratan y al que no pagan en directo, sino mediante una suerte de carta blanca para hacer y deshacer arquitectura en cada pueblo. En la Comunidad de Madrid hay más de un centenar.
La mesa redonda contó con el alcalde de Robledo de Chavela, el panadero Mario Lafuente, y el concejal del PSOE, Pedro Sánchez, portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, así como con Luis Corral, del Colegio de Arquitectos de Baleares, y Carmen Casanova, gerente de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.
Pedro Sánchez se refirió al caso Guateque, del que dijo: "Pese a ser portavoz de mi grupo para su investigación, desconozco 500 de los 700 expedientes incoados al respecto". Y citó otro ejemplo: "De las 1.128 denuncias presentadas por vecinos de Madrid contra otros tantos locales por ruidos, tan sólo se han resuelto las correspondientes a 14 locales". Y agregó después: "Todo esto genera desconfianza e inseguridad en los ciudadanos respecto a la Administración municipal y hacia los funcionarios".
Por cierto, el cartel que anunciaba el certamen contaba con una ilustración serigrafiada donde se adivinaba el perfil de Al Capone.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - MADRID - 20/06/2008
Viñeta: El Roto, el futuro es el chanchullo - 111207, elpais.com
