IDEAL* : Si hay que creer en su palabra, el mayor error de Julián Muñoz -ex alcalde de Marbella, novio de Isabel Pantoja y recluso de la penitenciaria de Alhaurín- fue fiarse del difunto Jesús Gil y Gil, que también fue regidor de la citada localidad malagueña y otras muchas cosas. Al menos ese es el mensaje que traslada machaconamente cada vez que tiene que comparecer ante un juez, algo que ocurre con inusitada frecuencia en los últimos tiempos.
Ayer, Muñoz estuvo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Granada, pero no como imputado -que es lo usual-, sino como testigo. Una de las partes personadas en el juicio que se sigue contra José Ávila Rojas quería escuchar lo que tenía que decir Muñoz sobre las dos operaciones de compraventa de fincas que han llevado al constructor granadino al banquillo, toda vez que dichos tratos tuvieron lugar en Marbella. Ávila Rojas está acusado de un presunto fraude al fisco que ascendería a varios millones de euros. La Fiscalía reclama para él una pena de ocho años de cárcel.
Famélico
El ex alcalde marbellí no aportó nada al juicio. Muñoz se presentó como una marioneta de Jesús Gil y Gil en materia urbanística. Así que no tenía ni idea del contenido de los convenios que afectaban a las propiedades de Ávila Rojas objeto del pleito. Admitió que su firma y rúbrica figuraban en los citados documentos, pero reiteró que ignoraba por completo lo que decían.
Es lo que sucedía siempre, según su testimonio. Muñoz firmó unos 700 convenios urbanísticos pero nunca leyó ni la letra pequeña ni la grande. Él se limitaba a firmar lo que Gil y Gil le ponía delante. «Jamás he gestionado un convenio urbanístico. Yo firmaba lo que me decían Jesús Gil o Urbanismo, nunca leí un papel. Preguntaba si todo estaba bien y firmaba», declaró.
Muñoz, que dijo conocer superficialmente a Ávilas Rojas y cuyo aspecto es famélico, no se salió del guión. Durante los diez minutos que duró su comparecencia, repitió una y otra vez el mismo mensaje.
Antes que Muñoz, prestó testimonio el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', que participó en una de las dos compraventas de Ávila Rojas que están bajo sospecha. 'Sandokán' tampoco dijo gran cosa.
Ávila Rojas, 'Sandokán' y Julián Muñoz están involucrados en el 'caso Malaya', que pretende señalar a los culpables del saqueo que sufrió el Ayuntamiento de Marbella durante años.
* Ideal - Granada - 16.07.08 -C. MORÁN
Foto: marbella banus - malagaweb
Julián Muñoz: «Yo firmaba lo que me decía Jesús Gil, nunca leí un papel»
Alcoy: Sin precedentes
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INFORMACIÓN* : El polémico proyecto del Ayuntamiento de Alcoy para construir un hotel en pleno corazón de la Font Roja, junto al santuario, contrasta abiertamente con lo que se ha hecho en las últimas décadas en el resto de espacios protegidos de la Comunidad. La presión urbanística es una amenaza para más parques naturales, pero en ningún otro existe un establecimiento de grandes dimensiones como el que aquí se plantea, con la única excepción de los dos grandes hoteles de El Saler, dentro de la Albufera de Valencia, construidos antes de la declaración del parque.
La intención del equipo de gobierno de Alcoy de levantar un hotel de gran capacidad junto al santuario de la Font Roja ha desatado una fuerte polémica en toda la comarca acerca de la idoneidad de un establecimiento de este tipo en pleno corazón del parque natural. Mientras el PP alcoyano defiende que la ubicación propuesta atraería a un mayor número de turistas, los contrarios al proyecto han denunciado el impacto que tendrían los edificios de nueva construcción con las 55 habitaciones, 10 plazas de albergue, un "spa" con piscina cubierta, cafeterías y restaurantes y un aparcamiento subterráneo. Además, critican que se opte por una solución sin apenas precedentes en la Comunidad.
En ningún otro parque natural de todo el territorio autonómico existe un complejo hotelero como el que se prevé en la Font Roja o, de haberlo, se trata de construcciones anteriores a la protección de estos espacios. Así, el único lugar donde se levantan establecimientos de gran similitud es El Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia, donde el parador de turismo y un cercano hotel suman 330 habitaciones. No obstante, los dos son anteriores a la catalogación de este lugar como parque natural, en 1986.
Hay que tener en cuenta además que estos hoteles se hallan en una zona de urbanización consolidada, al igual que otro de 48 habitaciones ubicado en el casco urbano de la pedanía de Mareny de Vilxes. En la zona existe también algún establecimiento más, pero todos ellos también dentro de núcleos urbanos como El Saler o El Perellonet.
Al margen de esto, el único hotel de gran capacidad de la Comunidad ubicado en un parque natural es el Balneario de Fuente Podrida, en las Hoces del Cabriel. Cuenta con 24 habitaciones y 37 chalés de hasta 8 plazas. No obstante, también se trata de una instalación construida hace muchos años -y la declaración de parque natural de este enclave es muy reciente-, que además es mucho menos agresiva con el entorno que otros establecimientos de costa. Otra diferencia de Fuente Podrida respecto a la Font Roja es que está junto a una carretera nacional, con lo que tampoco la accesibilidad al hotel supone apenas impacto sobre el parque.
Pequeños hoteles urbanos
En el resto de espacios naturales de la Comunidad no hay hoteles dentro de los límites de protección o, si los hay, son de muy poca capacidad, como los existentes en la Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. El resto son establecimientos situados fuera de los perímetros protegidos, generalmente en los cascos urbanos de las poblaciones del entorno. Para buscar un ejemplo de esto no hay que irse muy lejos, ya que ése es el alojamiento que se encuentra en las proximidades de la Sierra de Mariola, en municipios como Agres o Bocairent.
Tampoco consta la existencia de proyectos parecidos al de Alcoy en el resto de la Comunidad en curso en este momento, salvo el anunciado hace unos días en Benicàssim (Castellón), dentro del parque del Desert de les Palmes. Ahora bien, en este caso se trata de rehabilitar una masía ya existente y acondicionarla como un pequeño alojamiento, por lo que parece que no se trata de la misma opción que la planteada en la Font Roja. Pese a todo, apenas han trascendido datos sobre ese proyecto hasta el momento, por lo que se desconoce la envergadura exacta del establecimiento que se trataría de montar.
Hay que aclarar, de todos modos, que son varios los parques naturales de la Comunidad que soportan una gran presión urbanística en su entorno. Así, las Lagunas de La Mata y Torrevieja están completamente cercadas de edificaciones, lo mismo que el Montgó y el Peñón de Ifach. Otro espacio protegido, el humedal litoral del Prat de Cabanes-Torreblanca, en Castellón, podría también quedar casi rodeado en el futuro por los macroproyectos previstos en sus inmediaciones. Eso sí, aun cuando la afección de estos planes sobre el medio natural sería muy elevada, el perímetro del parque ha sido respetado.
Todos estos factores dan al proyecto hotelero de la Font Roja una especial singularidad y hacen que choque contra lo que se ha hecho hasta ahora en el resto de la Comunidad. La Generalitat, como administración competente sobre los espacios naturales, tendrá la última palabra sobre la autorización para llevar el plan a cabo.
Pocos ejemplos y en espacios muy extensos
En el resto de España sí hay más de un ejemplo de hotel de gran capacidad ubicado en el interior de un espacio natural protegido. Ahora bien, por lo general están en parques de mucha extensión, y rara vez se encuentran en zonas de campo abierto como el santuario de la Font Roja. Un caso ilustrativo es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, donde hay decenas de plazas hoteleras, pero casi todas concentradas en núcleos de población como Arroyofrío, Burunchel o Coto Ríos, lo que alivia la sensación de masificación. Además, el parque es 100 veces mayor que la Font Roja.
Otros recintos son antiguos, construidos antes de que se protegiera el espacio, como el Parador Nacional de Gredos, en Ávila, o el complejo existente en el nacimiento del Llobregat, al norte de la provincia de Barcelona. No obstante, la opción más frecuente es también la del establecimiento situado en algún núcleo urbano del entorno del parque.
* Información - A. TERUEL - 16 de julio de 2008
Foto: Vista del parque natural de la Font Roja, donde el Ayuntamiento de Alcoy proyecta un controvertido hotel- JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Un empresario es condenado a 2 años de prisión por construir un hotel en un parque natural de La Gomera
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LAPROVINCIA* : La asociación ecologista Tagaragunche informó de que el empresario afincado en La Gomera, Antonio Pérez, ha sido condenado a la pena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un hotel en un parque natural en la zona de Enchereda, en San Sebastián de La Gomera.
En un comunicado, los ecologistas aseguran que así se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Destacan que la condena incluye además inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por dos años, demolición de las obras ejecutadas sin licencia, y restauración del equilibrio ecológico perturbado.
Tagaragunche explica que el caso judicial se inició en 2006 con una denuncia de Ben Magec-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medioambiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La denuncia fue interpuesta por la construcción de un hotel presuntamente ilegal en el interior del parque natural de Majona, en la zona conocida como Casas de Enchereda.
Añaden los ecologistas que la Fiscalía abrió una investigación y constató que Antonio Pérez, a través de una empresa denominada Enchereda Agrícola S.L., estaba construyendo un establecimiento turístico de forma ilegal.
Recuerdan que el plan rector del parque establece que las Casas de Enchereda se localizan dentro de la zona de uso general del espacio protegido, en la cual sólo es posible la construcción de equipamientos y servicios relacionados con el uso público y la gestión del parque.
Destacan que está prohibido el uso turístico alojativo, excepto en las edificaciones tradicionales rurales existentes y subraya que en las obras denunciadas no se llevó a cabo una rehabilitación, sino el derribo de parte de las construcciones preexistentes y la construcción de nueva planta.
Los ecologistas apuntan que el "caso Enchereda" ha estado unido a algunas determinaciones adoptadas por el Cabildo de La Gomera, y aún no aclaradas, en relación a la compra de la finca.
Señalan que Tagaragunche instó al Cabildo y a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que ejercieran su derecho de tanteo y retracto para adquirir la finca de Enchereda, de cara a su futura incorporación al Parque Nacional de Garajonay.
Agregan que sin embargo, el Cabildo gomero "incomprensiblemente" jamás ejerció su derecho de preferencia de compra "a pesar de que era notorio que la finca reunía suficientes condiciones para ser merecedora de incorporarse al Parque Nacional de Garajonay".
En su opinión, algunas declaraciones y movimientos del Cabildo de La Gomera parecían más encaminadas a tratar de buscar una fórmula para legalizar las obras y favorecer al empresario que a velar por los intereses generales y por el cumplimiento de la ley.
La finca de Enchereda es una de las fincas privadas más grandes de La Gomera, localizada entre los municipios de San Sebastián y Hermigua, y limita con la parte Este del Parque Nacional de Garajonay.
Conserva manifestaciones de monteverde canario, con comunidades vegetales muy singulares y numerosas poblaciones de especies endémicas y amenazadas, así como valores paisajísticos y una variada muestra de hábitats.
La finca se encuentra en el interior del Parque Natural de Majona, que constituye un ejemplo de paisajes abruptos, con grandes barrancos y acantilados de notable interés geomorfológico.
Entre sus barrancos destaca el de Majona, que da nombre al parque, en cuya cabecera se encuentra la finca de Enchereda.
* La Provincia - EFE - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA - 15.07.2008
Foto: Imagen de la finca de Enchereda, en la isla de La Gomera. CARLOS FERNÁNDEZ - EFE
La Fiscalía completa el asedio a los campos de golf en la Rioja alavesa
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Álava denunció el pasado viernes a los ex alcaldes de Laguardia César García Olano y Javier San Pedro, ambos del PP, por la comisión de presuntas irregularidades en la gestión del polémico proyecto de campo de golf y urbanización. En las conclusiones de una investigación que ha llevado durante seis meses la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, acusa a los ex ediles por utilización de información privilegiada, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Esta denuncia se suma a la investigación que ya atiende un juzgado de Vitoria por un posible delito de soborno a un concejal de EA para que cambiara su criterio y votara a favor de ese proyecto urbanístico, rompiendo el empate que se producía en el seno de la corporación.
La denuncia por el proyecto de Laguardia se suma a la presentada la semana pasada por varios delitos sobre contra el ex alcalde de Labastida Ignacio Gil Orive (PP) y los promotores del campo de golf de esta otra localidad de la Rioja alavesa, que incluye la construcción de 750 viviendas. La investigación comenzó después de que la comisaría de la Ertzaintza en Laguardia presentara sendos informes escritos en los que se indicaban presuntas irregularidades en la tramitación de los dos campos de golf que se estaba llevando a cabo en esta localidad y en Labastida.
Las conclusiones del fiscal confirman lo que era vox pópuli en la zona desde que la firma Rioja Golf Resorts impulsó un campo de 18 hoyos, junto a una urbanización de medio centenar de chalés en dos millones de metros cuadrados, a la sombra de la sierra de Cantabria. Así, el fiscal afirma que García Olano, que ejerció de alcalde entre 1999 y 2003, trabajó durante ese periodo también como intermediario en la compraventa de terrenos ubicados en la zona prevista para el proyecto urbanístico. "Intervino, cuando menso, en dos transacciones llevadas a cabo a favor de Cotos de San Lucas, SL y Proconsol Viñas Álava, SLU", apunta.
García Olano, "con la información de que disponía derivada del ejercicio de su cargo", realizó transacciones de fincas rústicas que, con posterioridad a su venta, recibieron la calificación de urbanizables.
César García Olano se volvió a presentar como cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Laguardia en las pasadas elecciones de 2007. Su formación se quedó a un concejal de la mayoría, con cuatro ediles. El PNV obtuvo cuatro, y EA, uno. Estos dos partidos se mostraron en contra del proyecto de campo de golf, lo que provocó el presunto intento de soborno al edil de EA. Pues bien, García Olano ha seguido manteniendo su interés por el proyecto "de manera insistente", "a pesar de dicha actividad de intermediación", apunta el fiscal.
También está empeñado en este proyecto el que fue alcalde de la localidad en el periodo 2003-2007, Javier San Pedro. El fiscal recoge en su investigación que San Pedro cuenta con tres fincas de 23.000 metros cuadrados en la zona, ya calificadas como urbanizables. A pesar de ello, "ha intervenido en diversos acuerdos referidos al proyecto y adoptados por distintos órganos del Ayuntamiento, al menos, en siete ocasiones". Y siempre ha votado a favor, sin abstenerse en ningún momento, como debería haber hecho al ser parte afectada.
El fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, espera que el juez decano designe en breve el juzgado que continuará con el asunto. En la denuncia correspondiente a Labastida, la tramitación le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1. Si son admitidas a trámite, los jueces deberán citar a declarar en calidad de imputados a los denunciados y a partir de ahí, se iniciará la investigación judicial correspondiente.
El PP sale en defensa de sus cargos acusados
Con su flamante cargo de secretario general del PP del País Vasco, Iñaki Oyarzabal salió ayer en defensa de los tres ex alcaldes de la Rioja alavesa acusados de diversos delitos por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Pese a no haber podido conocer el contenido de la denuncia del ministerio público, consideró las acusaciones como "inconsistentes", en una reacción calcada de la que mantuvo hace una semana el dirigente alavés del PP, Javier de Andrés, despreciando las investigaciones de la fiscalía en el caso de Labastida.
Lo cierto es que estas denuncias vinculadas a los campos de golf de Laguardia y Labastida son las más graves que han recaído sobre un cargo público alavés desde el inicio de la democracia. Pero Oyarzabal reivindicó la presunción de inocencia de sus afiliados y su trabajo, afirmando que los tres ex alcaldes son "los artífices del éxito de la Rioja alavesa en los últimos años". "Han actuado siempre de buena fe y dentro de la legalidad", señaló. También recordó que, por el momento, los juzgados no se han pronunciado sobre la admisión a trámite de la denuncia planteada por el fiscal jefe.
Cronología
- 2002. El proyecto inicial abarcaba un millón de metros cuadrados con un campo de 18 hoyos y 100 viviendas. Comienza la compra de terrenos.
- 2005. El alcalde San Pedro (PP), con suelo en la zona, lo amplía a dos millones de m2 y 750 viviendas.
- Invierno de 2007. Intento de soborno al edil Gregorio López Gonzalo (EA).
- Febrero 2007. La Fiscalía abre una investigación sobre la compraventa de tierras.
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 16/07/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
Martinsa como síntoma
ELPAÍS/Editorial* : La convulsión inmobiliaria que temían el Gobierno y los mercados ha llegado en forma de suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, el mayor grupo promotor español por volumen de activos. Aspectos anecdóticos aparte -el concurso de acreedores o suspensión de pagos es el mayor de la historia económica española-, este desastre se explica por la profunda recesión que está sufriendo el mercado inmobiliario español después de dos décadas de burbuja inmobiliaria, durante las cuales las compañías se han lanzado a una endiablada espiral de endeudamiento y exceso de construcción.
Creían estar ante la fiesta interminable, pero se han encontrado con las dificultades de las instituciones financieras para mantener el flujo necesario de préstamos en una coyuntura de estrangulamiento casi universal de la liquidez.
No sería de justicia tratar con distancia las causas de este cataclismo inmobiliario. Es necesario aproximarse al catálogo de despropósitos que han cometido las inmobiliarias para entender las razones de este crash inmobiliario. Una de las causas más próximas hay que buscarla en la falta de prudencia con que se han gestionado los negocios del ladrillo. No eran pocos los responsables de promotoras y constructoras -entre otros, el propio presidente de Martinsa, Fernando Martín- que negaban, después del inquietante verano de 2007, que los precios de los activos inmobiliarios fueran a desplomarse o que hubiera en ciernes una contracción del mercado. Con esta falta de perspicacia y operaciones indigeribles, como la compra de Fadesa, no es de extrañar que Martinsa, con unos activos de más de 10.000 millones de euros y una deuda que se aproxima a los 7.000 millones, hiciera mal sus cálculos y se encontrara con que ahora no puede obtener un crédito de 150 millones. Los acreedores financieros han examinado las cuentas de Martinsa y han dictaminado que no genera ingresos suficientes para respaldar nuevos préstamos. Es un análisis riguroso del mercado que debería haberse aplicado durante los 10 años de vacas gordas; otro gallo cantaría ahora.
La otra fuente de inquietud que se manifiesta en esta crisis es la penosa situación del mercado financiero. La restricción anormal del crédito puede suponer el golpe de gracia para negocios sostenidos en activos inflados por la especulación, como sería el caso de Martinsa, pero también asfixiará la financiación regular de las empresas solventes.
En este punto exacto surge la responsabilidad del Ejecutivo. No se trata de que el sector público socorra a las inmobiliarias, por más que pueda haber muchas empresas tan enfermas como Martinsa. Las reglas de juego exigen que se paguen los excesos de oferta y de precios. Pero la Administración debe reconocer la gravedad de la crisis. Y una de las mejores formas de hacerlo es examinar cómo se puede corregir la sequía del crédito. Para que no paguen justos por pecadores inmobiliarios.
* ELPAIS.com - Editorial - 16/07/2008
El concejal del PP que impulsó las primarias, primer edil imputado en el Caso Guateque
ELCONFIDENCIAL/Madrid* : El juez del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, Santiago Torres, ha abierto un nuevo procedimiento derivado del conocido como 'caso Guateque', tras haber recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por responsables de la Gerencia de Municipal de Urbanismo.
En el marco de este nuevo procedimiento, el juez ha citado a declarar el próximo día 29 de septiembre en calidad de imputado al concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna Losada, técnico de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna fue el principal impulsor de las primarias en el PP en las semanas previas al congreso del Partido Popular en Valencia.
También están citados como imputados Óscar Acero Fernández (jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo), Fernando Ruiz Torrejón y Miguel Ángel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, también imputado en el 'caso Guateque'.
La denuncia de María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S. relata una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio ubicado en la calle Juan Bravo de Madrid, donde residen.
Según afirman los denunciantes en las licencias concedidas a varios comercios de las plantas baja y primera de este edificio ha podido existir "trato de favor" o alguna circunstancia que pueda estar relacionada con el caso Guateque, que destapó una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con la concesión de ese tipo de permisos a comercios de forma irregular.
El juez cita a Ceballos y a una veintena de imputados
El juez Santiago Torres ha llamado a declarar la próxima semana a tres testigos y a una veintena de imputados, en su mayoría funcionarios y empresarios, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos. El juez ha reservado tres jornadas, los próximos 22, 23 y 29 de julio para interrogar a un total de 22 imputados y tres testigos del caso.
Junto a Ceballos, quien prestará declaración el próximo 22 de julio, el juez ha llamado al técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid Miguel Ángel García Jódar, y al jefe del departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.
La nueva ronda de declaraciones se produce tras el cotejo de parte de la documentación remitida al juez por la Guardia Civil, la transcripción de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la operación y la petición expresa de algunos de los implicados en la trama de corrupción.
En su escrito, el juez también solicita al Ayuntamiento de Madrid que le remita los expedientes administrativos correspondientes a algunas de las licencias de apertura de comercios y negocios presuntamente concedidas de forma irregular. Los imputados deberán responder por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas para los funcionarios públicos.
Además de la toma de declaraciones, el titular del juzgado número 32 de Madrid ha citado para el próximo jueves 17 de julio a todas las partes personadas en el procedimiento a la reanudación de la audición de las intervenciones telefónicas judiciales practicadas durante la investigación del caso.
* El Confidencial - 15/07/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
