,+desembocadura+del+J%C3%BAcar+-+C.Francesc+(El+Pa%C3%ADs).jpg)
ELPAÍS* : La aprobación por parte de la comisión territorial de Urbanismo el miércoles pasado del Manhattan de Cullera, que prevé la construcción de 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y un par de hoteles de 40 plantas, demuestra las dificultades que tendrá el plan del litoral del Gobierno. La Estrategia para la sostenibilidad de la costa, del Ministerio de Medio Ambiente se enfrenta de momento a dos problemas en la provincia de Valencia. En primer lugar, el desconocimiento de los municipios. Muchos ni siquiera han comentado el plan. En segundo, y más grave, que algunos ayuntamientos ya han expresado su interés en que salgan adelante sus proyectos urbanísticos.
En Cullera, donde el Ayuntamiento tiene sobre la mesa varios proyectos urbanísticos, entre ellos el Manhattan, el Marenyet o el Brosquil, el concejal de Playas, José Agustín Gil (PP), comenta que la Demarcación de Costas ejecuta un proyecto muy ambicioso para recuperar cuatro kilómetros de cordón dunar entre la acequia del Dosel (Cullera) y Mareny, al sur de Sueca. De la propuesta del ministerio de dejar fuera de ordenación los terrenos urbanos y urbanizables programados en los márgenes del lago Estany Gran o la adquisición de terrenos en el Brosquil, la edil de Medio Ambiente, Mari Carmen Tormos (PP), dijo no disponer de información para opinar.
En otro punto, el plan propone, entre otras acciones, la retirada hacia el interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech. Su alcalde, José Vicente Andreu (PSPV), advierte de que si se trasladase el parque industrial hacia el interior, habría que hacer lo propio con la autovía V-21 para recuperar la franja costera como propone Medio Ambiente. "O se van todos o no se va nadie", explica de las empresas localizadas en el polígono. El primer edil ha solicitado a Costas un espigón o muro que salvaguarde toda su línea litoral de los fuertes temporales.
En Sagunto, donde Costas lleva a cabo derribos puntuales en el dominio marítimo-terrestre (unas 50 ocupaciones ilegales entre Sagunto y Almenara), el concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa (PP), no comparte los planes de extraer 400.000 metros cúbicos de arena de las playas del Puerto de Sagunto para regenerar otra franja litoral al norte del municipio. Acerca de la compra de miles de metros en el borde costero de la Marjal dels Moros, Costas asegura que la colaboración con la Generalitat permitirá preservar esta área sin necesidad de recurrir a una operación de compra de terrenos masiva.
En Tavernes de la Valldigna también hay proyectos para el ladrillo. Su alcalde, el popular Manuel Vidal, mantiene las pretensiones de su antecesor en el cargo, Eugenio Pérez (PP), de llevar adelante dos polémicas urbanizaciones que supondrán recalificar más de 4 millones de metros de suelo rústico de su costa. Estos proyectos prevén la construcción de 6.000 viviendas, tres campos de golf y una marina deportiva. Vidal defiende que las urbanizaciones "no van a suponer edificaciones en primera línea", y que la mayoría de nuevas viviendas serán unifamiliares, es decir, de baja densidad. El Ayuntamiento apostará, además, por "salvaguardar el medio ambiente" mediante la regeneración de las dunas, insiste. El gobierno de Tavernes abrirá, en las próximas semanas, un debate en la ciudad dirigido a consensuar un nuevo concierto previo para la modificación del PGOU que posibilite ambos proyectos.
En Gandia, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado ya el proceso para la expropiación de 230.000 metros de la playa de l'Ahuir, la única franja del litoral de este municipio que se preserva virgen y sobre la que planean intereses urbanísticos. El ministerio incluyó esta extensión en el Programa de Adquisición de Fincas para preservarla de la presión urbanística. El Gobierno central mantiene un litigio con la empresa Rústicas SA, dueña de una finca agrícola colindante, que reclama desde hace años la propiedad de la franja costera.
La playa de l'Ahuir, excepto la franja que expropiará el ministerio, está calificada en el plan general urbanístico municipal como suelo "urbanizable". El concejal de Medio Ambiente, Fernando Mut, se muestra favorable a "abrir un debate público" sobre el futuro de esta playa, y la elaboración de un "plan estratégico" que permita un desarrollo urbanístico que contemple "objetivos medioambientales, sociales y turísticos".
En el sur de La Safor existe otro problema, el de la regresión de sus playas, un fenómeno que ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a redefinir los trazados de las franjas de dominio-público y de servidumbre. Este proceso ha provocado situaciones polémicas, como la de la playa norte de Bellreguard, donde viviendas consolidadas, que en su día se construyeron legalmente, se han visto incluidas ahora en el nuevo deslinde. Bellreguard y varios de los más de 500 propietarios afectados por esta medida han presentado contenciosos ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. Los municipios del sur de La Safor reclaman al Gobierno que plantee soluciones para reducir los efectos de la erosión marítima y la pérdida de arena, y se oponen a medidas drásticas como el derribo de edificaciones que en su día se construyeron dentro de la legalidad.
Queda claro que los municipios, en general, esperan que el ministerio se limite a regenerar playas. Pero quieren las manos libres para poner ladrillos.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. BATALLA - Valencia / Gandia - 10/12/2007
Foto: Vía aérea de la desembocadura del Júcar en Cullera - CARLES FRANCESC (elpais.com)
Valencia: Los municipios defienden su poder urbanístico
Canarias acumula un retraso de diez años en la planificación y ordenación del suelo
+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/LasPalmas* : El Gobierno autonómico ha dado un nuevo plazo para la finalización del planeamiento y la ordenación territorial de las Islas, un proceso en el que se encuentran inmersos los ayuntamientos y los cabildos desde 1999. El objetivo es ahora que todo quede finalizado a mediados de la presente legislatura, es decir, en 2009, lo que significa que Canarias habrá estado una década sin normas claras y definitivas sobre ordenación urbanística y clasificación del suelo.
Las corporaciones locales canarias llevan inmersas más de siete años en un laberinto legislativo y administrativo cada vez más profuso y complicado, debido a las continuas leyes que se han ido aprobando por parte de la Comunidad Autónoma y que han provocado un colapso en el planeamiento territorial de los municipios y de las Islas al haberse incumplido todos los plazos.
Esta situación ha terminado por ser alarmante, ya que las quejas y la preocupación vienen desde todos lados: hace falta suelo para nuevas viviendas, para las infraestructuras energéticas, para nuevas industrias, para nuevos colegios y centros de salud, para nuevos crecimientos turísticos... El suelo, además de escaso, es caro en las Islas y estas circunstancias se han visto agravadas aún más por la falta de una planificación legalizada debido a que los ayuntamientos no tienen sus planes generales aprobados y en vigor.
A estas alturas, el Gobierno tiene un nuevo plazo: que a mediados de legislatura estén al menos la gran mayoría de los planes aprobados. A fecha de hoy, menos de la mitad de los ayuntamientos (el 45%) cuentan con su plan general aprobado de forma provisional, mientras que en la aprobación inicial se encuentra el 75% de los municipios y en avance el 90%. Es decir, que queda aún un 10% de ayuntamientos cuyo planeamiento ni siquiera ha empezado la tramitación para adaptarse a la nueva legislación sobre el territorio. Y son precisamente las dos islas que más han crecido en los últimos años, Fuerteventura y Lanzarote, las que acumulan un mayor retraso en la ordenación de su suelo.
Muchos ayuntamientos han sido incapaces de ir al ritmo de las normas legislativas que en estos últimos años ha cambiado los criterios de la planificación territorial y la ordenación urbanística. El Gobierno les está echando una mano con fondos y técnicos, pero la selva administrativa y burocrática es de tal calibre que por mucha prisa que algunos municipios se han querido dar, se han topado con tal cantidad de trámites que el proceso se ha ralentizado hasta límites exasperantes.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 10 de diciembre de 2007
Foto: La ordenación de los distintos tipos de suelo sigue siendo una asignatura pendiente. En la imagen, zona cercana a Tamaraceite - laprovincia.es
Concejales y cargos ordenaron acelerar expedientes de licencias en Madrid
.jpg)
ELPAÍS* : Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.
EL PAÍS ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.
En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.
La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.
Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil.
Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.
Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.
"Yo soy Medio Ambiente"
Este periódico ha constatado, de entre las 3.390 licencias tramitadas en los últimos dos años, que lo que se indica en la base de datos es falso en al menos tres casos. Tres hosteleros consultados al azar han reconocido que pagaron comisiones a Victoriano Ceballos. Uno le dio 2.000 euros; otro, 6.000, y el tercero, 2.500. No han querido facilitar sus nombres. Se observa que sus expedientes han sido aprobados sin pegas pese a que ellos admiten que sus negocios no cumplen la "estricta normativa para nuevos locales".Coinciden, además, en que sus expedientes, a partir del momento en que pagaron a Ceballos, se resolvieron con gran celeridad. En uno de los casos, el hostelero tardó apenas una semana en obtener la luz verde medioambiental; en los otros, algo más de un mes. Lo habitual es que se tarde más de un año.Los funcionarios de Medio Ambiente, entre ellos los tres encarcelados, se repartían las áreas: locales de hostelería y salas de fiesta, demoliciones de edificios... Lo concerniente a restauración lo tramitaba Ceballos, que figura en casi todas las licencias relacionadas con esta actividad. "Yo soy Medio Ambiente", era la frase preferida de Ceballos cuando algún hostelero le planteaba problemas medioambientales para abrir su establecimiento. Ceballos era un especialista en resolver licencias. Veía el local, comprobaba que no reunía los requisitos y comentaba: "No cumples esto, ni esto ni esto. Pero, tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros". No decía que el dinero fuese para él: insinuaba que era para otro funcionario. De la noche a la mañana solventaba problemas que constituían verdaderos quebraderos de cabeza para otros. Por ejemplo, la posibilidad de colocar más mesas de las permitidas fuera del local. Si el Ayuntamiento sólo permitía 20 mesas, él conseguía un papel oficial autorizando el doble o el triple.A estos hosteleros le asombra la tranquilidad con que un funcionario les pedía dinero. Es más, daba sin rubor tarjetas con su correo electrónico, fax y teléfonos en los que localizarle en su puesto de trabajo: el departamento de evaluaciones ambientales del Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 10/12/2007
Foto: Madrid, nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
NOTICIA RELACIONADA: "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados" .- Los concejales que recomendaron agilizar licencias para locales de ocio lo justifican por las quejas que reciben por el atasco que sufre la tramitación - EL PAÍS - JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 10/12/2007
Madrid: Concentración 15-Diciembre por una vivienda digna
PLATAFORMAVIVIENDADIGNA* : La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se pedirá la dimisión de Pedro Solbes y se le hará entrega de un ladrillo gigante para recordarle al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, que existe un artículo constitucional que se está incumpliendo flagrantemente y que eso supone que el problema de la vivienda siga escalando posiciones entre las preocupaciones de unos españoles que no aciertan a comprender como en la octava economía del planeta, tengamos una de las situaciones de acceso a la vivienda y de endeudamiento hipotecario desproporcionado más graves del Mundo que suponen en la práctica que 9 millones de jóvenes están condenados a vivir con sus progenitores más allá de los treinta años y que más de 16 millones de españoles deban 9 veces su salario anual íntegro -mas del doble de la media europea de coste de acceso a la vivienda- a las entidades financieras.
¿Por qué un acto de protesta ante el Ministerio de Economía y no ante el Ministerio de Vivienda? Gracias al artículo 148 de la Constitución y algunas particularidades forales, las competencias en materia de vivienda y urbanismo pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, como así ha sucedido en la mayoría de ellas por medio de sus estatutos de autonomía. El Estado central no tiene competencias lo suficientemente fuertes como para, por medio de política de vivienda o urbanística, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47, ese que habla del derecho a la vivienda de los españoles y que insta a las administraciones públicas a impedir la especulación y es por ello por lo que las actuaciones del Ministerio de Vivienda están muy limitadas.
Sin embargo, si hay algo que el gobierno central puede hacer para dar un giro significativo a la situación y es hacer uso de las herramientas financieras y fiscales que aún conserva, que son competencia fundamentalmente del Ministerio de Economía y Hacienda. El ministro de Economía y Hacienda podía haber hecho mucho para cambiar la nefasta situación de la vivienda durante la vigente legislatura y, lejos de actuar en favor de la resolución de este inmenso problema que padece el conjunto de la sociedad española, ha inactuado y fomentado incluso que los desequilibrios vayan en aumento porque Pedro Solbes:
- Podía haber retomado en el tramo estatal del IRPF las ayudas al alquiler que el anterior ejecutivo suprimió y sin embargo, condenó al tramo autonómico la propuesta ya realizada por la exministra Trujillo, lo que ha supuesto que en algunas comunidades autónomas no se hayan hecho efectivas. Ahora vuelve a hacer lo mismo con la mayor parte de las ayudas al alquiler que propone la actual Ministra de Vivienda y de nuevo nos volvemos a encontrar el problema de que no se harán efectivas en algunas comunidades autónomas -precisamente donde más necesarias son- el 1 de enero como se había prometido. También las ha limitado y sigue consintiendo que exista un desequilibrio muy evidente de la intervención para favorecer la compra frente a lo que aparece ahora como novedad, ya que el gasto total de estas ayudas al alquiler no llegará al 10% del gasto que se realiza por las ayudas a la compra.
- Podía haber reconducido las deducciones a la compra para nuevas hipotecas que consumen el mayor esfuerzo que realizan el conjunto de administraciones públicas en materia de vivienda y que según todos los estudios -incluso los encargados por el gobierno a sus organismos consultivos- y a pesar de su aparente corte social, sólo contribuyen a ponernos las viviendas más caras (hasta un 22% más) y terminan en la práctica, en manos de promotoras, entidades financieras e inmobiliarias. En la reforma fiscal aprobada hace apenas un año, apenas se debatió y se tocó este importantísimo aspecto.
- Podía haber incrementado mucho más de lo que lo ha hecho los recursos asignados al control del fraude inmobiliario y el resultado de su dejadez -según publican los propios inspectores de Hacienda-, son un millón de alquileres fuera de la ley que precarizan completamente el mercado del alquiler y 8.600 millones de euros (1.430.919.600.000 millones de pesetas) que las empresas que trabajan en torno al sector inmobiliario evaden al fisco. Para que se comprenda la brutalidad de esa cantidad, el presupuesto del Ministerio de Vivienda es de 1.369 millones de euros, el conjunto de ayudas a la compra suponen alrededor de 4.200 millones de euros y las nuevas ayudas al alquiler, 348 millones de euros. La falta de control ha convertido el sector inmobiliario residencial en un lavadero generalizado de dinero negro que supone una presión significativa sobre la demanda que encarece la vivienda, eso que para otros es bien de primera necesidad.
- Podía haber también fiscalizado las viviendas vacías en la citada reforma fiscal y sin embargo se negó en redondo a que su grupo parlamentario apoyara tal medida, que aunque hubiese sido parcial y aplicada únicamente para grandes inversores, hubiese sido tremendamente positiva para la resolución del problema de acceso a la vivienda de un país que tiene millones de viviendas vacías dentro del mayor parque inmobiliario de toda Europa en relación a la población. Los propios inspectores de Hacienda le están pidiendo continuamente que se regule la vivienda vacía, que es algo que ya se hizo hace años en muchos países europeos y sin embargo ha postergado continuamente este debate aduciendo dificultades técnicas relativas a la definición del concepto de vivienda vacía. Si en esos países europeos han conseguido que la vivienda vacía reciba un tratamiento fiscal especial que funciona razonablemente bien, aquí también puede hacerse y no nos valen las excusas.
- Podía haber penalizado la inversión en el sector inmobiliario residencial -en especial de cierto tipo de sociedades que tienen bonificaciones fiscales por hacerlo incluso- por medio de la implantación de nuevos gravámenes y no lo ha hecho en toda la legislatura.
- Podía haber evitado que más ayudas fiscales que pagamos todos los españoles se sigan enviando a los que más tienen y no a quienes las necesitan realmente y lejos de ese objetivo, ha consentido que los propietarios con viviendas sobrantes para alquilar, reciban 6.000 euros para aumentar sus garantías en teoría para paliar un problema de impagos que aunque es real, se magnifica ostensible e interesadamente y no se basa en estadísticas reales. Ahora incluso se plantean conceder ayudas a los promotores y constructores, los que acaban de vivir los mejores años de beneficios de su historia.
- Podía haber aumentado paulatina y significativamente las partidas presupuestarias asignadas a política de vivienda para equiparar el ridículo gasto que se realiza en España en relación a la media europea y no lo ha hecho. Esa diferencia presupuestaria es la que permite que, por ejemplo en Francia, haya cerca de 4 millones de viviendas de alquiler social propiedad del Estado que son utilizadas para solventar las situaciones más difíciles de la población y garantizar una emancipación temprana de la juventud.
- Podía haber empujado el diseño de un plan de reestructuración económica que buscase a largo plazo separar el diferencial de crecimiento económico de la evolución del sector inmobiliario residencial, la potenciación de otros sectores productivos con más recorrido, etc. etc. Ni siquiera tenemos una alternativa a un modelo que fue legado por el anterior ejecutivo y que basa el crecimiento económico y el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto, en el expolio de una parte importante de la población -los necesitados de vivienda- y que es absolutamente insostenible económica, social y medioambientalmente, por lo que se aboca a la ciudadanía a una crisis profunda en esos tres ámbitos.
- Podía haber promovido, junto a su colega del Ministerio de Administraciones Públicas una revisión de los mecanismos de financiación de los entes locales que tanto influyen en el precio del suelo sobre el que se levantan las viviendas y que también están detrás de los procesos de corrupción que estamos viviendo y sin embargo, lejos de actuar para atajar este que es un grave problema que está causando no sólo una aberración fiscal que sufren los necesitados de vivienda, sino que hasta se ponga en cuestión nuestro propio sistema democrático; el ejecutivo ha decidido irresponsablemente postergar el debate hasta la próxima legislatura. Hasta se ha permitido el lujo de poner en cuestión ciertos planes autonómicos para avanzar en la formalización del derecho a la vivienda.
- Y finalmente como regalo más reciente, Pedro Solbes podía haber parado la espiral de deuda con una Ley Hipotecaria que si hubiese emulado a la ley socialista Niertz aprobada en 1989 en Francia, podía haber introducido mecanismos que garantizaran una reducción del endeudamiento, una mejor información a los consumidores y un mejor control de las entidades financieras y de refinanciación que nos hubieran apartado del modelo subprime y sin embargo, lejos de atender las enmiendas de corte social presentadas por otros grupos políticos, la reforma hipotecaria se ha limitado a atender las peticiones de las entidades financieras en torno a la regulación de nuevos productos como la hipoteca inversa y el aumento de las garantías respecto al cobro de los préstamos.
Esta plataforma estuvo reunida con representantes del área económica del partido socialista cuya portavocía corresponde, todo hay que decirlo, a un congresista que en el año 2004 solicito la compatibilidad para entre otras colaboraciones en el ámbito privado, seguir siendo socio de una empresa dedicada "a la compra venta, adquisición, enajenación, etc., de fincas rústicas". En la reunión se les trasladó la inmensa preocupación ciudadana que había en torno a la cuestión hipotecaria y se les pidió que atendieran las enmiendas más proclives a resolver esta urgencia social y evidentemente, se hizo caso omiso y la reforma ha salido adelante por trámite de urgencia y con el consenso por primera vez en toda la legislatura, del Partido Socialista y el Partido Popular, que para ayudar a la banca frente a la mejora de los problemas que tienen los ciudadanos, se ha constatado con esta Ley que si se ponen de acuerdo.
Esta lista interminable de despropósitos supone en la práctica un cúmulo de gravísimas irresponsabilidades en las que ha incurrido la máxima instancia del Ministerio de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Y dado que el presidente Zapatero tiene intención de que continúe al frente de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio en la próxima legislatura y harán presumiblemente caso omiso de esta petición de dimisión, le vamos a llevar el ladrillo gigante a ver si con un poco de suerte lo coloca en el despacho y se acuerda todos los días de que hay un artículo de la carta magna que es necesario construir para acabar con el gravísimo problema de vivienda que existe en este país.
LUGAR DEL ACTO: Ministerio de Economía. C/ Alcalá, 9
FECHA: Sábado, 15 de diciembre de 2007
HORA: Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas (*)
PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA
- CONVOCATORIA A ACTO SIMBÓLICO -
(*) Concentración comunicada a la Delegación del Gobierno en cumplimiento de lo establecido en la L.O. 9/1983
* PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA - Dic 05, 2007
