ELPERIÓDICO/Barcelona* : Al menos 800 personas, según la Guardia Urbana, han reclamado hoy en la montaña del Tibidabo (Barcelona) que se declare parque natural la sierra de Collserola sin recortes en sus límites, amenazados por proyectos urbanísticos y de infraestructuras.
Las obras para construir algunos de ellos ya han empezado, como el conocido como Pla Caufec cerca de la avenida Diagonal de Barcelona y el Centro Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola.
Parte de los concentrados llegaron al Tibidabo a pie a través de una de las tres marchas convocadas desde la ciudad de Barcelona y diversas localidades de las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental, territorios por las que se extiende la sierra.
Un plan de 1976
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC), Oleguer Farràs, explicó que el Plan General Metropolitano (PGM) vigente es de 1976 y prevé que se urbanicen "muchos sectores" del entorno de la sierra, por lo que lo consideró "obsoleto" al estar previsto que se proteja como parque natural.
"Por mucho que la declaremos parque natural, en 20 años será un jardín", lamentó, y pidió que se pare la urbanización de sus alrededores para ser "coherentes" con su futuro.
Gran valor ecológico
Farràs subrayó que la parte de encima de la Ronda de Dalt ya está construida y que se prevé ampliar urbanizaciones como la de Can Busquets, que están en zonas de "gran valor ecológico" y que pueden tener un fuerte impacto para los ecosistemas.
La entidad mantiene contactos con la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge y la de Política Territorial i Obres Públiques.
* El Periódico - Europa Press - 13/4/2008
Foto: Barcelona, torre Collserola - wikimedia.org
Más de 800 personas exigen parar los proyectos de urbanización en Collserola
'Faycán': Una instrucción mastodóntica
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : No hay semana en la que el ´caso Faycán´ no genere algún tipo de noticia. Una comparecencia, una nueva imputación, cambios en las fianzas, nuevas líneas de investigación y nadie que pueda adelantar, a día de hoy, dónde se ubica el final de esta fase. El juicio, con suerte, será en 2009.
Tras la denuncia de María Luz Navarro y las primeras detenciones -el 1 de marzo de 2006-, el caso Faycán no ha dejado de estar en boca de la ciudadanía teldense. Han pasado ya 32 meses desde que la empresaria denunciase ante el juez la presunta trama tejida en el seno del anterior grupo de gobierno para facilitar el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
La radiografía hasta la fecha es tan cruda como contundente:una instrucción mastodóntica con casi 7.300 folios desclasificados y al menos otros 4.000 pendientes de entrega a las partes, cerca de 50 imputados -con un ex alcalde, un ex parlamentario regional y ocho ex concejales-, media docena de familiares, una decena de funcionarios y una veintena larga de empresarios. La vida política en Telde cambió de la noche a la mañana cuando se practicaron las detenciones de Toñi Torres, su marido, su asesor y varios empresarios. La secuencia de los hechos, a partir de entonces, es por todos conocida:Torres, en la cárcel, se niega a entregar el acta mientras que durante las semanas posteriores a su arresto van cayendo más imputados y la edil Candelaria Sánchez también se niega a dimitir.
´OPERACIÓN VENECIA´. El colofón en 2006 vino de la mano de la operaciónVenecia, nombre con el que se bautizó el operativo puesto en marcha el 7 de noviembre de ese año -día en el que la ciudad de Telde cumplía su 655 aniversario- para detener al alcalde Francisco Valido, cinco de sus munícipes y a la hija de Toñi Torres. Con la sombra de la gestora planeando y Ciuca fuera del gobierno municipal, la dimisión de Francisco Valido y los suyos provocó la renovación del PPen el pleno.
Francisco Santana, que pasó de asesor de Deportes a concejal, y de ahí a alcalde sin apenas darse cuenta, intentó serenar las cosas en una corporación agobiada no sólo por el escándalo de las comisiones ilegales y las numerosas ramificaciones detectadas en una investigación llevada con minuciosidad por el juez y la policía, sino también por una grave crisis económica.
Con los funcionarios reacios a firmar cualquier tipo de documento o informe ante esta coyuntura, los meses previos a la celebración de las pasadas elecciones locales tampoco fueron tranquilos.
Se detuvo entonces a tres personas por filtrar, supuestamente, datos de la instrucción a ediles del PP.
También cayeron los otros dos hijos de la edil Torres y dos funcionarios en el departamento de Urbanismo.
Apareció la pieza separada del Grupo Europa, y con ella más trabajo, más indagaciones y más papeleo.
El último hecho destacado ha sido la imputación por prevaricación del concejal Guillermo Reyes, pero todo apunta a que aún falta mucho para cerrar la carpeta y fijar juicio en la capital grancanaria. Con mucha suerte, este proceso se cerrará en el año 2009.
Y antes de que llegue ese momento, lo más probable es que se produzcan varios cambios en las imputaciones de los políticos y que algunos de los funcionarios implicados se vean eximidos de culpa si finalmente no se tiene del todo claro que delinquieron.
* La Provincia - A. J. F. / TELDE - 13 de abril de 2008
Foto: Telde (Gran Canaria), urb. Hoya Pozuelo - turcon.blogia.com
Ceuta: Ecologistas y ciudadanos se unen contra la urbanización del Monte Hacho
SUR* : «Esto es una vergüenza, dentro de poco nos quedaremos sin monte». «Es una desfachatez, este gobierno hace con el suelo lo que quiere». Estas críticas no corresponden ni a ecologistas ni a políticos, salieron ayer de boca de los más de cien ceutíes que firmaron en contra del proyecto de urbanización que la Ciudad proyecta en la ladera sur del Monte Hacho.
Todas las personas que se pasaron por el stand que Septem Nostra dispuso en la plaza de los Reyes dejaron su rúbrica impresa ante un plan que la asociación conservacionista quiere parar. «Tienen que expropiar las parcelas privadas para conservar la zona y convertirlo en un Parque Cultural, no para edificar», exigió indignado José Manuel Pérez, presidente del colectivo.
El Hacho tiene titularidad estatal, pero las competencias reposan en el Ejecutivo local. Según indica la Ley de Montes en su última revisión de 2003, el uso forestal no se puede cambiar salvo que se produzca un cambio en la catalogación. «Para eso los titulares de los terrenos, el Gobierno local y el Estado tendrían que emitir unos informes en los que se posicionasen a favor o en contra», explica Pérez. Para este ecologista el problema entonces está claro. «Hay dos propietarios principales de parcelas en el Hacho, uno al setenta y otro al treinta por ciento, y entre ellos y la Ciudad están tratando de jugar a especular», denuncia.
En el preavance del Plan General de Ordenación Urbana de 2007 se recomendaba la conversión del monte en suelo no urbanizable, pero la última versión del documento es muy distinta. «La Ciudad ha deslegitimado el criterio del equipo redactor de arquitectos que apostaba por la conservación porque priman los intereses», critica Óscar Ocaña, miembro de la asociación.
Su enfado es más categórico aún tras unas recientes declaraciones del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, en las que decía que Septem Nostra-Ecologistas en Acción «lleva dos años con la boca cerrada». Ocaña responde: «son palabras impropias de un político y no se lo vamos a tolerar».
Cada quince días
El stand de los ecologistas estará en la plaza de los Reyes cada quince días hasta que finalice el periodo de exposición pública del PGOU, pero en su primera jornada ya ha obtenido una buena acogida. «Las firmas son el símbolo de que los ceutíes no quieren perder su monte», valora Pérez.
Personas más y menos conocidas pasaron por el puesto informativo para dejar su opinión impresa. A pesar de que no había ningún cartel que identificase el stand, todos los que se acercaron, sabían dónde iban. «Nos vamos a quedar sin un árbol», decía una señora mientras escribía. «Me llevo una hoja que sé de mucha gente que quiere firmar», aseguraba un señor.
Y ante este panorama primerizo, el presidente de los conservacionistas lo advertía ayer. «No vamos a parar hasta que la Ciudad modifique el proyecto. Hay demasiada gente interesada en acabar con el monte».
* SUR - 13.04.08 - ELSA CABRIA
Foto: Ceuta, monte Hacho al fondo - wikimedia.org
Córdoba: Cinco parceladores se enfrentan a 10 años de prisión por vallar y abrir calles
ABC* : Cinco personas se enfrentan a penas que suman 10 años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio como presuntos parceladores en suelo no urbanizable de la finca «El Cortijo de Quintos», en las inmediaciones del Aeropuerto de Córdoba.
El Ministerio Fiscal solicita dos años para cada uno por dividir esta finca ubicada en suelo protegido en las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba, donde después se construyeron diversas edificaciones.
El escrito de conclusiones provisionales del fiscal recoge que los hechos se remontan a 2004 cuando los cinco acusados, que trabajaban para la misma empresa, procedieron a la división de una finca en «El Cortijo de Quintos».
Para ello, los acusados colocaron estacas para abrir vías, instalaron postes y vallas metálicas a lo largo de cuatrocientos metros donde después se construyeron diferentes edificaciones, que también motivó la apertura de diligencias judiciales.
Según el fiscal, los acusados promovieron la realización de las construcciones no autorizadas «ni autorizables» conforme a la legislación, porque el suelo está calificado como no urbanizable y está declarado como de «especial protección».
En concreto, la protección se debe al valor ambiental y paisajístico de la Vega del Guadalquivir «susceptible de ser considerado como recurso irrecuperable» y en el que estas actividades pueden producir «graves impactos medioambientales».
Para el fiscal, los acusados cometieron un delito contra la ordenación del territorio por el que pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, una multa de 3.240 euros y la inhabilitación especial para su profesión durante dos años.
Esta finca se encuentra muy próxima a otras parcelaciones ilegales como El Rosal del Rubio, en las inmediaciones de Córdoba capital.
* ABC - P. GARCÍA-BAQUERO - 12 de abril de 2008
Foto: Córdoba, parcelación junto Aeropuerto - diariocordoba.com
Un millar de personas lleva el rechazo a la cárcel hasta Playa del Inglés
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los vecinos de Castillo del Romeral y alrededores llevaron ayer el rechazo a la cárcel de Juan Grande hasta el corazón de Playa del Inglés. Unas mil personas tomaron la avenida de Tirajana para protestar por la construcción de la prisión, cuyos movimientos de tierra se ejecutan desde hace semanas a las puertas del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
La protesta comenzó sobre las 16.00 horas con una caravana de coches que partió desde los barrios más afectados por la implantación del futuro penal. Así hasta llegar a golpe de bocinazos a Playa del Inglés, en donde los ciudadanos realizaron con sus coches un breve recorrido por las calles y luego se concentraron en San Fernando de Maspalomas. Desde aquí iniciaron a pie la manifestación rumbo a la principal arteria turística del sur de Gran Canaria, una avenida que se llenó de cientos de octavillas, representaciones para escenificar el hipotético daño que causará la prisión al municipio y unos 200 kilos de tomates, que fueron repartidos a los turistas como prueba de la "muerte de la agricultura". Y es que los terrenos sobre los que se va a levantar el penal son de uso agrario.
También se vendieron unas mil camisetas para reclamar fondos para la causa, que no es otra que parar las obras del centro penitenciario, además de lograr el cierre del vertedero, posicionarse en contra de la instalación de una planta de gas a pocos kilómetros de la costa, y conseguir que se controlen las emisiones de la central eléctrica. Las instituciones públicas quieren concentrar todas estas infraestructuras a las puertas de San Bartolomé, entre los barrios de Castillo del Romeral y Juan Grande, que también soportan el funcionamiento de una machacadora de piedras.
AYUNTAMIENTO. Pero ayer era el día de la cárcel, pues contra esta instalación se centra ahora la lucha de los vecinos por su inmediata construcción. Hubo gritos de rechazo, pitos, tambores y una buena retahíla de reproches al Ayuntamiento. El gobierno municipal intentó impedir que la manifestación se celebrase en la zona turística. Un esfuerzo en vano, porque un auto judicial autorizó el recorrido por Playa del Inglés y echó por tierra las pretensiones de la Delegación del Gobierno y la corporación local.
"El verdadero culpable de la mala imagen que se llevan los turistas es el Ayuntamiento con su pésima gestión, no tan sólo en lo turístico, sino en todos los asuntos", aseguran los portavoces vecinales del Consejo, que están cansados de la postura ambigua del grupo de gobierno respecto a la "macrocárcel".
* La Provincia - M. REYES / SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 13 de abril de 2008
Foto: Cabecera de la manifestación celebrada ayer contra la carcel/ M. Reyes, laprovincia.es
Gandía: El arzobispado vende a una constructora un solar de 1,6 millones donado para una iglesia
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LEVANTE* : El Arzobispado de Valencia ha vendido a una empresa constructora un solar situado en Gandia que fue donado el año 1993 por José Pascual Romero Ferrandis para que sobre él se construyera una iglesia en la que, según su última voluntad, reposarían para siempre sus restos mortales y los de sus padres, "siempre que las leyes canónicas y civiles lo permitan".
La parcela, que da a las calles Verge dels Desemparats y el Real de Gandia, en el distrito de Benipeixcar, fue vendida en el año 2006 por 1,6 millones de euros, y sobre la misma se está construyendo un edificio de viviendas, incumpliéndose así el testamento de Romero, que donó al arzobispado, además del solar, una cantidad económica cercana a los ochenta millones de pesetas. Ese dinero, según su voluntad, también se tenía que destinar a sufragar, en todo o en parte, las obras del templo parroquial.
José Pascual Romero falleció en febrero de 1996, tres años después de que, en un documento firmado por él mismo y por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, acordaran la donación del solar y de todos sus ahorros para que "la Archidiócesis de Valencia los destinara a construir sobre ellos un templo y sus anejos para actividades pastorales".
En ese documento, al que ha tenido acceso este periódico, el ahora cardenal García-Gasco acepta, a petición de Romero, que esa parroquia, situada en un área de expansión urbana de Gandia, se consagre a San Jerónimo Hermosilla, religioso dominico que hizo el noviciado en Valencia junto a Vicente Romero Álvarez, nacido en Benipeixcar en 1804 y emparentado con el donante del solar y de los ochenta millones de pesetas para construir la iglesia.
Es más, José Pascual Romero pide en su testamento que sobre la fachada de la iglesia figure la inscripción: "Fray Vicente Romero Álvarez, el Lector Romero, el dominico español de mayor prestigio de todo el siglo XIX, nació en Benipeixcar el 15 de abril de 1804 y murió en Corias (Asturias)", con la que pretendía ensalzar la figura del dominico de Benipeixcar.
Cuando se hizo el testamento, en 1993, el valor del solar se calculó en ocho millones de pesetas, pero su ubicación, en un área de expansión de Gandia y junto a una gran zona verde, unido al enorme crecimiento demográfico experimentado por esta ciudad, ha permitido multiplicar su precio por 33. Cuando el Arzobispado de Valencia lo subastó, en 1996, consiguió sacar la friolera de 1,6 millones de euros. La empresa que lo adquirió lo destinó a la construcción de pisos, y, en este momento, las obras están en una fase muy adelantada.
Arzobispado: "El templo se hará"
Puestos en contacto con el Arzobispado de Valencia, un portavoz oficial indicó ayer a este periódico que, en primer lugar, sus servicios jurídicos entienden que la donación de José Pascual Romero "no estaba condicionada" a la construcción de la iglesia.
Aun así, indicó que la voluntad es erigir el templo bajo la advocación de San Jerónimo Hermosilla, pero no en el solar de Benipeixcar porque "está muy próximo a la iglesia parroquial" de San Cristóbal, situada, en línea recta, a unos 300 metros. Además, recuerdan que la parcela cedida quedó sometida a un proceso de urbanización iniciado por el Ayuntamiento de Gandia que supuso la alteración de sus dimensiones.
El portavoz, finalmente, señaló que todo el dinero del testamento, el ofrecido en metálico y el obtenido con la venta del solar, ha quedado en un depósito y que el arzobispo, Agustín García-Gasco, "es el garante" del mismo para, en un lugar y en un momento todavía no determinado, construir la iglesia que José Pascual Romero soñó.
* Levante-EMV - S. S., Gandia - 12 de abril de 2008
Foto: No es una iglesia. El edificio de viviendas que se está construyendo en el solar donado por José Pascual Romero/ x. ferri, levante-emv.com
Plataforma por una Vivienda Digna estudia denunciar ante la UE la línea de avales del ICO
EUROPAPRESS* : La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) estudia denunciar ante la Unión Europea (UE) la línea de avales ICO-FTVPO, a través de las que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispondrá de 3.000 millones de euros para que "promotoras y constructoras construyan Viviendas de Protección Oficial (VPO)".
La organización ha señalado en un comunicado que dichas ayudas "atentan contra los principios de libre competencia" y asegura que la "única atención preferente" que requieren las promotoras y constructoras son los "8.600 millones de euros que evaden al fisco cada año", según reflejan los datos de los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
La PVD considera un "insulto" a los contribuyentes y las empresas de otros sectores que el Ministerio de Economía y Hacienda "perdone tales cantidades de dinero" a promotoras y constructoras, así como que les otorgue "financiación en condiciones excepcionales para que puedan subsanar sus errores de previsión".
La organización también ha explicado que son "precisamente" estas compañías las que "han provocado, en parte, esta crisis con incrementos ficticios de precio y demanda". En este sentido, el colectivo reconoce que el sector de la construcción "ha generado mucho empleo" y que hay "muchas familias" afectadas por el cambio de ciclo", por lo que recomienda apostar por otros sectores e intentar "no depender del ladrillo y el endeudamiento familiar" para el sostenimiento de la economía.
* El Mundo - Europa Press - 10/04/2008
El Ministerio de la Vivienda paga a las empresas del boom
ISIDRO LÓPEZ* : El acoplamiento de dos crisis con origen en el mercado inmobiliario, crisis interna de la demanda inmobiliaria y crisis global de liquidez, ha dejado inmediatamente al descubierto una de las características más olvidadas del ciclo inmobiliario expansionista español, el fortísimo endeudamiento con el que venían operando los promotores y constructores. Durante estos años, la atención mediática se ha venido centrando, justificadamente, en el creciente endeudamiento de las familias ocasionado por la compra de la vivienda en un contexto de precios de burbuja, que recordemos ha llegado a superar en más de diez veces la renta de las familias.
Sin embargo, se estaba olvidando el significado de conjunto del ciclo inmobiliario al no prestar la suficiente atención al hecho de que, según el Banco de España, en 2007, el 60% de todo el crédito al sector empresarial privado correspondía a actividades inmobiliarias y, dentro de estas actividades, un 25% correspondía a la promoción inmobiliaria, léase operaciones de compra y venta de suelo, por sí solas. Una vez lanzado todo el ahorro de las familias al ciclo inmobiliario, el origen de esta masa crediticia tenía como base las hipotecas familiares españolas pero también, y muy especialmente, la captación de capitales en los mercados financieros globales. La aparición de una crisis crediticia internacional de origen hipotecario ha desatado una especial desconfianza hacia los activos de origen inmobiliario, que ahora se revelan, gracias al cambio de humor del sector financiero, como la mercancía ficticia que son. En estas condiciones, no sólo ha sido imposible una mayor internacionalización del capital inmobiliario español que permitiera sortear la depresión del mercado invirtiendo en otros países, sino que, además, han aparecido grietas profundas en lo que, durante una década larga, venía siendo un sólido bloque de poder financiero- inmobiliario.
Cambiar las cosas desde dentro
El 18 de septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presenta síntomas muy serios de agravamiento, se constituye, tras una reunión con Rafael Taguas, director de la Oficina Económica del presidente, y otra con Mariano Rajoy, el grupo de las 14 inmobiliarias más grandes de España formado por: Martinsa- Fadesa, Colonial, Chamartín, Hercesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Renta Inmobiliaria, Restaura, Reyal Urbis, Sacyr Vallehermoso, San José y Parquesol. El lobby está dirigido por Fernando Martín, presidente de Martinsa- Fadesa y cuenta, como mediador estrella, con un antiguo secretario general de Economía con el PSOE: Pedro Pérez. El propósito del lobby está claro desde el principio: utilizar al Estado para que medie ante los bancos en el nuevo contexto de endurecimiento del crédito y legisle a favor de estas promotoras, mientras éstas agitan la amenaza de los riesgos macroeconómicos que se derivarían de una caída demasiado aguda y prolongada del mercado inmobiliario español, el principal de ellos, el colapso de la demanda privada. La impresión de que este grupo de inmobiliarias no está formado por los operadores de mayor capacidad financiera, sino por aquellos que se han quedado ‘atrapados’ en el mercado español, queda reforzada por la ausencia de las grandes constructoras globales de capital español (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, etc).
El lugar de operaciones preferencial del llamado G-14 es, nada paradójicamente, el nuevo ministerio que el Gobierno del PSOE creó para “resolver el problema de la vivienda”: el Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, el gran triunfo del G-14 ha sido la revisión del Plan de Vivienda 2005/2008. El nuevo plan, que regulará la política de vivienda durante este año, prevé modificaciones sustanciales que corresponden a las reclamaciones del lobby de los promotores.
Esta revisión supone una transferencia directa de dinero público hacia las promotoras inmobiliarias, en un momento de agudización del exceso de oferta inmobiliaria y de caída de los precios de la vivienda libre. La revisión del plan establece ayudas de 12.000 euros (6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan) al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, o lo que es lo mismo, se abre una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario. Por otra parte, esta misma normativa decreta que las promociones de viviendas de obra nueva no vendidas durante más de un año puedan acomodarse a la categoría de viviendas protegidas, mediante una sustancial relajación de los criterios de precios necesarios para que las viviendas puedan ser calificadas como VPO. De esta manera se garantizan públicamente parte de los beneficios de los promotores y, además, el Gobierno puede hinchar sus cifras de construcción de vivienda protegida con fines electorales.
La batalla por el suelo
Desde principios de 2008, aparece un nuevo caballo de batalla del G-14 que parece que va a ser protagonista durante los primeros meses de 2008: el mercado de suelo. La devaluación de los activos inmobiliarios y el endurecimiento de las condiciones de crédito no sólo han provocado un parón en la concesión de nuevos créditos a las promotoras, sino que han provocado una incapacidad creciente de las promotoras para hacer frente a las enormes deudas contraídas durante el boom. El resultado ha sido que varias grandes inmobiliarias del G-14, como Nozar o Martinsa- Fadesa, intentan renegociar su deuda en un momento en el que la crisis financiera internacional se va haciendo cada vez más severa y los bancos y, especialmente, los grandes fondos de inversión internacionales están cada vez más necesitados de liquidez y han comenzado a exigir la liquidación inmediata de parte de la deuda contraída con las promotoras. Éstas han respondido a las demandas de los bancos intentando vender grandes paquetes de suelo con expectativas de urbanización en un mercado de suelo que ha reducido drásticamente su actividad. Desde el punto de vista de los promotores, uno de los obstáculos legales para cerrar sus operaciones de venta de suelo rústico con expectativa de urbanización, es la nueva valoración del suelo que establece la Ley del Suelo, y están presionando para restaurar la antigua valoración por expectativas (que no ponía límite a los precios del suelo rústico).
Resulta paradójico que esta bestia negra de las promotoras que es el régimen de valoraciones que establece la Ley de Suelo está evitando la ejecución de una cadena de ventas de suelo con precios a la baja que, de seguir igual el resto de factores, acabaría por deprimir definitivamente el precio del suelo en el medio plazo y alargando la reactivación del boom inmobiliario. Como todo apunta a que garantizar una pronta reedición de la burbuja inmobiliaria será el objetivo central de la política económica del nuevo gobierno, es de esperar que el rescate de las promotoras se produzca por otros medios
RELACIÓN CON LOS SINDICATOS
CC OO y UGT, entre la concertación y la crisis
DIEGO SANZ PARATCHA
El entendimiento entre CC OO, UGT, las patronales y el Gobierno en la anterior legislatura coincidió con el periodo de mayor crecimiento y menos huelgas. La nueva etapa ha comenzado, ya en la primera semana tras el 9-M, para negociar un plan de choque contra el desempleo provocado por el cambio de ciclo económico. El Gobierno tendrá que atender a los compromisos de la pasada legislatura, con la Ley de Dependencia a la cabeza, y un superávit que, según la Fundación de Cajas de Ahorros, apenas alcanzará el 0,3% del PIB el año que viene (el 2,2% en 2007). Y lo deberá combinar con nuevos recortes de impuestos, quizá el aspecto de su política económica más criticado por el sindicalismo de concertación. De entrada, ya hay divergencias sobre la procedencia de los 201 millones que costará el mencionado plan de choque, pues el Gobierno pretende que salga de las cotizaciones a la Seguridad Social y no de los Presupuestos Generales del Estado. Además de la crisis, las dinámicas internas de las organizaciones condicionarán el llamado diálogo social. CC OO llega a su IX Congreso en diciembre como el sindicato más votado en el último proceso de elecciones sindicales. Una ejecutiva continuista, con o sin Fidalgo al frente (todavía se desconoce si se presentará a la reelección), podría plantearle al Gobierno más problemas de los que se aprecian a primera vista. Las denuncias del diario Público sobre las propiedades de la dirigente del sindicato de banca y oficinas fueron entendidas por el equipo de Fidalgo como un ataque gubernamental a su entorno. La candidatura de Rodolfo Benito, apoyada por la federación madrileña, el sindicato de construcción y el parlamentario socialista Antonio Gutiérrez (antiguo líder de la central), es mejor valorada en Moncloa.
LAS RAÍCES DEL PROBLEMA
La avaricia de los promotores rompe la burbuja
M.D.L.
“En el mismo momento que dejásemos de construir, se derrumbaría todo”. La frase no pertenece a ningún gestor inmobiliario, sino a una viñeta del Roto, citada por Ramón Fernández Durán en su libro El tsunami urbanizador. La construcción llegó a 800.000 viviendas anuales, una cifra superior a la de Italia, Alemania y Francia juntas. La vivienda no sólo se convirtió en un bien de uso, sino también en un terreno sumamente seductor para usos especulativos. Durante años invertir en vivienda suponía ver como su valor se revalorizaba muy por encima del resto del mercado, con lo que se da el caso de que, según el último censo, tres millones de viviendas permanezcan vacías. Ahora bien, llega un momento en que incluso la demografía no da más de sí. Además, la crisis provocada por las hipotecas basura en EE UU y el techo tocado por la fiebre constructora llevaron al momento actual. Y la dependencia de la construcción lleva a descartar la idea de un aterrizaje suave. Nadie está dispuesto a comprar cuando se percibe que los precios caerán en picado. Ante ello, los promotores desean que el Gobierno declare el sector zona catastrófica y lo ayude para evitar un efecto arrastre. Es decir, una ayuda extra al causante.
* Isidro López, Madrid (Observatorio Metropolitano)
* Periódico Diagonal - En el Alambre - Número 75. 3 - 16 de abril de 2008
