COTIZALIA* : Si el auge de las ciudades trajo consigo la proliferación de pueblos fantasma, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado el fenómeno de los edificios 'zombie'. Esta es la expresión que utiliza el WSJ para referirse a las imponentes edificaciones en España que se han convertido en gigantes vacíos y deteriorados.La Torre Lugano, en Benidorm, es el prototipo de esta situación. El rascacielos residencial más alto del país atrajo en su día a constructores con sus muchos encantos: fachada acristalada, ascensor transparente y vistas a las aguas del mar Mediterráneo. Ahora la realidad ofrece una imagen muy distinta y poco idílica: garajes y servicios se hallan desbordados por aguas residuales, las corrientes de aire en las viviendas son habituales y los residentes se ven obligados a ducharse en baños comunitarios porque las tuberías de sus apartamentos están dañadas.
El rotativo detalla que "hay 1,5 millones de unidades residenciales inacabadas, sin vender y aisladas a lo largo de la Península, producto de una burbuja inmobiliaria devaluada que amenaza con minar la economía en los próximos años". La resaca de la fiesta que celebramos 'cuando pensábamos que éramos ricos'.
Largo tiempo para la recuperación
Ahora, "la capacidad de España para recuperse es una prueba vital de la futura estabilidad de la moneda y la salud económica europea", explican en el artículo. España es la cuarta economía de la zona euro, lo que representa aproximadamente el 11% de la producción total de la zona. Con estos datos, la incertidumbre y la presión atenazan la deuda y los presupuestos españoles. El rotativo no deja de hacerse eco de los recortes acometidos por Zapatero, de la huida por parte de inversores extranjeros y de la rebaja de rating por parte de las agencias de calificación. Y es que la recuperación llevará su tiempo.
Los economistas calculan que en un mercado inmobiliario 'saludable' costaría por lo menos tres años deshacerse de todas las viviendas con el cartel de for sale que fueron construidas durante el 'boom'. Mucho más tiempo tardará la economía en general en despertar de este mal sueño, que es real, y sobre todo, la de los consumidores.
Casi todos lamentan los tiempos en que el exceso y el lujo eran los mandamientos del mercado, porque ahora toca pagar los pecados. Como ejemplos, el ártículo cita el aeropuerto de Ciudad Real -sin usar y con millones de deuda encima- y el recinto ferial construído en Zaragoza para la Expo del Agua -vacío dos años después-.
Viviendo entre chapuzas
Pero en la joya de la costa valenciana, en ese pequeño skyline que es Benidorm, es donde mejor se observa este efecto. La promoción de Torre Lugano -que correspondía a un proyecto joint venture de Acciona y Bancaja- se realizó en 2003, con un precio para los apartamentos que oscilaba entre los 180.000 y los 710.000 euros. Estos tenían acceso a pistas de tenis, piscina, parque infantil y gimnasio.
Pero en 2006 llegaron los problemas y las promotoras informaron a los compradores de que los constructores no iban a cumplir los plazos de ejecución porque el auge en la costrucción había provocado una escasez de mano de obra y materiales. A esto se unió que la crisis global dio sus primeros golpes a la economía española. Resultado: más de un tercio de las viviendas de la torre no se vendieron.
Las que sí lo hicieron acogen ahora a familias desencantadas y víctimas de un engaño. Una fachada pulida que se suponía iba a asemejarse al mármol es hormigón rugoso pintado de blanco; los accesorios de metal en las zonas al aire libre han sido corroídos por la sal y ahora son meros hierros oxidados; una alarma contra incendios se desconecta y se dispara por error decenas de veces en un solo día; las paredes de yeso carecen de la insonorización prometida, lo que permite a los residentes escuchar las conversaciones o discusiones de los apartamentos vecinos -en el caso de que estén ocupados-. La lista de despropósitos es interminable. Y los gastos para hecerles frente, incontables.
Denuncia contra Acciona
La asociación de residentes en Torre Lugano dice, según WSJ, que ha gastado 900.000 euros en los últimos dos años en reparaciones de las áreas comunes y recientemente aprobó un presupuesto que incluye 400.000 euros más para más arreglos y costes asociados con la demanda que han interpuesto contra los promotores.
La denuncia contra Acciona y bancaja es de 28,2 millones de euros por "defectos de construcción". Dicen que esa es la diferencia entre el valor del edificio si lo habrían construido tal y como lo prometieron y el valor actual de lo que les vendieron: un gigante de la estafa.
* Cotizalia - 16.09.10
Foto: Vista de la aglomeración de edificios en la costa de Benidorm.- cotizalia.com
'Zombie Buildings': en España hay 1,5 millones de pisos inacabados y sin vender
El ex alcalde de Alozaina acepta veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos
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SUR/Málaga* : El ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) ha aceptado una pena de veinte años de inhabilitación por los dos delitos urbanísticos de los que le acusaba la Fiscalía de Málaga. Esta misma semana Blanco ha presentado su renuncia al acta de concejal, en representación de IU, cargo que ocupaba actualmente en el Ayuntamiento de Alozaina, según ha podido saber este periódico. La Fiscalía de Málaga imputó a Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder sendas licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de vivienda en 2002 y 2003, en suelo rústico, por lo que pedía una condena de dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación.
Durante el juicio, la defensa del ex regidor y el fiscal sellaron un acuerdo de conformidad mediante el cual el ex alcalde se conformaba con una pena de inhabilitación para cargo público de veinte años.
La Fiscalía concluyó en su escrito de calificación provisional que las licencias concedidas por Blanco, que también fue vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Medio Ambiente, no eran legales porque tanto su construcción como su reforma se llevaron a cabo sobre suelo considerado rústico, que no es urbanizable en ningún caso. «Dichas licencias fueron concedidas con pleno conocimiento del acusado de que eran incompatibles con la normativa urbanística vigente».
Ediles de confianza
El Ministerio Público también solicitaba la misma pena, dos años de prisión, para dos de sus concejales de confianza durante su mandato, Salvador Arroyo, edil de Hacienda, y Salvador Chaves, responsable de Obras. Ambos formaban parte de la junta de gobierno local de Alozaina.
Esta misma semana Antonio Blanco ha decidido abandonar el Ayuntamiento de Alozaina, ahora gobernado por el PSOE, de cuya corporación municipal aún seguía formando parte como edil en representación de IU. Según han confirmado las fuentes consultadas, Blanco ya ha registrado su escrito de renuncia al acta de concejal.
Se trata del primer alcalde de IU condenado por un delito urbanístico. En la Axarquía son cinco los regidores, tanto del PSOE como del PP, que ya han sido sentenciados: Salares, Cómpeta, La Viñuela, Arenas y Canillas de Albaida. Precisamente el mandatario de este último municipio, Antonio Gregorio Díaz, ha iniciado los trámites para solicitar el indulto tras confirmar la Audiencia de Málaga la condena de siete años de inhabilitación que le impuso un juzgado de lo penal.
* SUR - 16.09.10
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
PP y BNG se alían para reclamar que se legalicen los núcleos del litoral
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LAVOZDEGALICIA* : El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta abrió ayer una nueva vía en el Parlamento para intentar legalizar los núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde de Costas, donde el usufructo de la propiedad privada está en entredicho. El PP propuso que Galicia ejercite el derecho de iniciativa ante el Congreso con el fin de reformar la Ley de Costas y sacar estos enclaves del limbo legal en el que están. La propuesta fue secundada, aunque muy a regañadientes, por el BNG, pero se topó con el rechazo del PSdeG, al entender que lo que en realidad se estaba reclamando es «que se privatice o uso do litoral».
Por 50 votos a favor (los del PP y el BNG) y 25 en contra (los del PSdeG), la Cámara de O Hórreo aceptó a trámite una proposición de ley para remitir a las Cortes en la que se pide que los núcleos consolidados del litoral que existiesen antes de la Ley de Costas, es decir, antes de 1988, puedan ser legalizados. También se reclama que en los terrenos clasificados como urbanos antes de dicha fecha se puedan autorizar «novos usos e construcións», pero siempre que se respeten las servidumbres y estén conformes con los planes de ordenación municipal.
«Esta lei só beneficia a quen inxustamente pode perder a súa propiedade», manifestó el diputado popular José Fervenza, defensor de la iniciativa, y observado desde la tribuna por medio centenar de afectados por el deslinde de Costas procedentes de concellos como Moaña, Marín o Vilaboa, que al igual que los de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, A Illa, Gondomar, Redondela, Dumbría, Ponteceso o Malpica tienen núcleos o construcciones particulares en situación alegal. Una de ellas es, por citar un ejemplo, la casa de la diputada socialista Carmen Gallego.
«Circo, circo, circo»
La portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, atacó con dureza al PP por esta iniciativa, hasta el punto de acusarlo de «cinismo ideolóxico» por tramitarla en O Hórreo en vez de en Madrid. «Circo, circo, circo», repitió Táboas, antes de retar a los populares a que presentaran la misma iniciativa en el Congreso para tramitarla de inmediato, en vez de esperar dos años por esta vía.
Pero la crítica no impidió al Bloque sumarse a la propuesta, algo que no secundó el PSdeG. Su portavoz de urbanismo, Mar Barcón, advirtió de que la iniciativa popular no va a legalizar núcleos rurales del litoral, sino otra cosa: «Isto vai de business [negocios]», dijo, antes de remarcar que el PP lo que está pidiendo es la «privatización» del litoral, pero no puntualmente la legalización de los núcleos costeros. «Tentan consolidar o uso privativo do litoral», insistió, aludiendo a la renovación de las concesiones por 60 años que también invocan desde el PP.
Fervenza discrepó abiertamente y emplazó a Barcón a leer la prensa, «que é o primeiro que hai que facer pola mañá», matizó irónico, para aludir de esta forma a las noticias vinculadas con la vivienda particular de la socialista Carmen Gallego, que según el PP podría ser rescatada del derribo con esta ley.
* La Voz de Galicia - 15.09.10
Foto: La propuesta aprobada ayer pretende sacar del limbo legal a los núcleos litorales afectados por el deslinde de Costas (en la foto, el de Loira) - la vozdegalicia.es
Sevilla como litoral devastado
CARLOS COLÓN* : Apliquen a Sevilla lo que sobre el litoral decía en nuestro periódico Miguel Ángel Losada, director del Centro Andaluz del Medio Ambiente, y tendrán una descripción exacta de los daños producidos por un concepto erróneo de modernidad y progreso idéntico bajo la dictadura y la democracia. Tras evocar las playas salvajes de su infancia, le pregunta Charo F. Cotta: "Ahora lo salvaje es el urbanismo, ¿no cree?". Y Losada contesta: "Duele reconocer lo que se ha dejado atrás, lo que hemos perdido y que nunca volverá a ser; y no encontrar respuesta a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿ha compensado pagar este peaje?".
Tener memoria o ver fotografías de la Sevilla de hasta principios de los años 60 provoca un dolor y plantea unas preguntas que tienen idéntica respuesta: "Irresponsabilidad… Que todo valga con tal de generar una supuesta riqueza". En nuestro caso lo de la supuesta generación de riqueza valdría para el franquismo; porque ahora, además de estética y patrimonialmente, se arruina económicamente la ciudad con engendros como las setas, que duplican su presupuesto hasta alcanzar los cien millones de euros, a los que se suman los 3,6 millones que se pagarán a Sacyr por el alquiler del edificio de Hacienda.
Cuando se le pregunta a qué equipararía el deterioro de las costas, Losada contesta: "A un suicidio social, una pesadilla que ojalá nunca hubiese ocurrido, la destrucción de algo único e irrepetible". Buen resumen de lo sucedido en Sevilla en el último medio siglo, desde que todo se inició con los pisos de la calle Imagen hasta que todo se consuma allí con las setas. Suicidio social es destruir lo único e irrepetible, privar a una ciudad de su memoria cotidiana, arrancarle su corazón histórico, despojarla de los referentes que hacen ciudadanía y convertirla en un contenedor sin capacidad de acogimiento. Losada se refiere a la naturaleza; yo, a esa segunda naturaleza que para Marx era la cultura.
"Cuando veo un acantilado ocupado por unas construcciones, calculo (con amargura) los años que les queda a las viviendas antes de deslizarse hacia el mar", dice Losada. Cuando veo lo que se ha hecho y está haciendo (o dejando de hacer) en el centro y los barrios, pienso en los años que les queda a sus habitantes antes de deslizarse en la marginalidad, en unos casos, el desarraigo de toda cultura, en otros, y la apatía cívica, en todos. Preguntado por la corrupción como causa de este deterioro, Losada afirma: "Corrupción no es sólo saltarse las leyes para enriquecerse, sino ignorar principios básicos: éticos, ambientales, sociales". Aplíquese a Sevilla.
* Diario de Sevilla - Opinión - 14.09.10
Foto: sevilla_global (archivo) - hackitectura.net
El Consell debe 400.000 euros a vecinos de casas sociales de Gandia que pagaron unas obras
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LEVANTE/Valencia* : Mientras el conseller de Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, visitaba ayer en Gandia las obras de rehabilitación del grupo Porta, los vecinos denunciaban que llevan tres años esperando cobrar las ayudas que, el Consell, les adeuda por las obras que realizaron en sus viviendas. Y es que, los residentes en este grupo de viviendas son personas modestas que han tenido que abonar de sus bolsillos el coste de las obras a la espera de recibir la subvención que la Generalitat Valenciana les prometió. Unas ayudas que, en global, ascienden a 400.000 euros y que los vecinos obtienen como única respuesta la frase de "está en trámite".
José Todolí es un vecino de 80 años de edad que reside en una de las viviendas reformadas. Ayer explicó a Levante-EMV que lleva tres años esperando cobrar la ayuda de 9.500 euros. "Yo contraté a los obreros, les pagué y presenté las facturas en la oficina que el ayuntamiento instaló en la zona" explica el vecino. Todolí se interesó por la ayuda y le indicaron que las facturas "habían sido todas aprobadas, que en poco tiempo me lo ingresarían". Y así pasó un año. De nuevo, José Todolí, se puso en contacto con los responsables de pagarle la subvención y le señalaron que "ahora ya se ha publicado y está aprobada la ayuda definitivamente". Pero el dinero no llegaba. Así hasta hoy, tres años después de las obras.
También deben al consistorio
Pero la situación no sólo afecta a los vecinos sino también al Ayuntamiento de Gandia, al que la Generalitat le adeuda sólo en esta obra del grupo Porta, 4,2 millones de euros. Así lo reconoció el alcalde Orengo a preguntas de Levante-EMV, al explicar que "nosotros hemos pagado y no hemos cobrado", recordando que el consistorio gandiense ha pagado "en un plazo inferior a 60 días" a las empresas que realizaron los trabajos. Orengo ha desvelado además que el Ministerio ya le ha pagado a la Generalitat.
No obstante, Orengo quiso quitar importancia al asunto al calificar que "no es un problema grave" que al Ayuntamiento de Gandia le deba la Generalitat más de cuatro millones de euros. "Estamos aguantando más de seis millones de deuda de la conselleria y nosotros tan contentos", dijo refiriéndose a que es asumible por parte del consistorio. Lo que no le parecía bien al alcalde es que, personas con pocos recursos, no hayan recibido las ayudas por lo que "pedimos a la conselleria que esos 400.000 euros sean abonados a los vecinos", recordando que "ellos confiaron en nosotros y en la conselleria para realizar las rehabilitaciones".
* Levante - 16.09.10
Foto: Gandía (Valencia), plaza Escuelas Pías - pueblos-espana.org
Urbanizaciones vacías
CARME MIRALLES-GUASCH* : En estos días de vacaciones, yendo a la playa, descansando lejos de la residencia cotidiana o circulando por carreteras poco habituales, en las periferias de muchas ciudades y pueblos hemos podido observar un fenómeno común: urbanizaciones vacías. Construcciones de grupos de viviendas, de tipología diversa, unifamiliares o plurifamiliares, de distintas alturas, algunas con jardín y otras no, donde no vive nadie, o casi nadie. Algunas acabadas y otras a medio construir, que conviven con grúas y materiales de la construcción abandonados. No hay alumbrado y, la poca gente que vive allí no tiene servicios, ni siquiera nombres en sus calles (siempre que estas existan. Es un paisaje de periferia urbana desolada, como si los operarios se hubiesen ido para regresar al día siguiente. Pero llevan meses sin aparecer. Son lugares abandonados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. Es el paisaje del fin del boom inmobiliario, de fin de ciclo económico, de crisis.
A los pocos que viven allí les parece inaudito que les hayan abandonado a su suerte, que a ellos les haya sucedido esto. Les prometieron zonas comerciales, equipamientos, buena red viaria y, en algunas de ellas, incluso algún lujo.
Es un fenómeno idéntico en otras latitudes donde la burbuja inmobiliaria estalló. Irlanda tiene más de 300.000 viviendas vacías, la mitad de su parque inmobiliario. Algunas zonas de California están pensando en demolerlas y en recalificar los terrenos como no urbanizables.
Porque el problema, más allá de las familias atrapadas en estos lugares desamparados, está en qué hacemos con estas urbanizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad y el coste de estos espacios urbanizados, sin habitantes? Y ¿hasta cuándo pueden estar unas viviendas vacías o sin terminar sin que se deterioren y con ellas sus alrededores?
Las periferias de nuestras ciudades se merecen entornos más cuidados y paisajes más armónicos. Igual la solución es deconstruir y recalificar los terrenos como no urbanizables o incluso darles un uso agrícola o de espacio verde. Lo que no se puede permitir es que los entornos de nuestras ciudades parezcan antiguos poblados del far west donde sólo corren motas de polvo.
El fin del boom inmobiliario nos ha dejado secuelas periurbanas bien visibles donde no sólo puede actuar el tiempo.
* Profesora de Geografía Urbana
* Público - Consejo Editorial - 15.09.10
