ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción destaca que la urbanización de Rancho Linares es manifiestamente ilegal, informando de que “es totalmente falso que la Junta de Andalucía haya dado autorización para la urbanización. Esta modificación puntual del PGOU tiene que pasar aún por el proceso de evaluación de impacto ambiental, y el Ayuntamiento siquiera le ha remitido el expediente a la Consejería de Medio Ambiente.
El supuesto informe favorable de la comisión interdepartamental de valoración territorial urbanística, que Ybarra no ha hecho público, en todo caso carecería de valor, ya que el Consistorio ha remitido a Vivienda sólo el proyecto de modificación del PGOU, pero no las alegaciones de Ecologistas en Acción, lo que supone una gravísima ocultación de información”.
Confirman que en las 25 alegaciones presentadas el pasado mes de mayo por EA se demostraba fehacientemente la ilegalidad de este proyecto de urbanización promovido por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, su innecesariedad social y su inviabilidad medioambiental.
Por un lado, este proyecto incumple claramente el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (Potbc), aseguran. Además, el estudio de impacto ambiental (eia) no cumple con los requisitos de la nueva legislación ambiental, que obliga a realizar informes de sostenibilidad y consultas al público interesado, cosa que no se ha hecho. Apuntan que se destruirán importantes masas forestales, aunque la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, “sigue en el equívoco intencionado de hablar de terrenos arbolados, cuando la ley forestal incluye a los matorrales y dehesas”, lo que supone afectar a amplias poblaciones de camaleones. Además, se omite la existencia de un importante elemento del patrimonio histórico, el acueducto de la Piedad. De aprobarse el proyecto, lo llevarán ante los tribunales, indican.
* Andalucía Información - 8.10.09
Foto: El Puerto, ayuntamiento - wikipedia.org
El Puerto: EA destaca que Rancho Linares es ilegal
Una fundación privada de referencia en patrimonio rechaza la Torre Cajasol
DIARIODESEVILLA* : El Observatorio de Monumentos del Mundo 2010, presentado ayer en la ciudad de Nueva York por la World Monuments Fund, ha incluido a la capital de Andalucía en su lista de patrimonio en peligro, al considerar que el proyecto de construcción de la Torre Cajasol "amenaza a uno de sus mejores bienes: la sublime vista de su casco histórico y la ribera del río".
En el 2010 World Monuments Watch, consultado por Europa Press, la citada fundación internacional destaca los perjuicios de "las presiones del desarrollo" y precisa que "la controversia sobre el proyecto de una torre de oficinas en el horizonte de Sevilla representa las crecientes tensiones entre la densidad urbana y la preservación del paisaje".
Asimismo, tras hacer un recorrido por el patrimonio y la historia de la capital andaluza, señala que la situación generada a raíz del proyecto de construcción del rascacielos diseñado por el arquitecto argentino César Pelli "ofrece una importante oportunidad para el diálogo y el planeamiento integral".
"Su creciente población urbana se ha beneficiado tanto de la modernización de sus infraestructuras como de la mejora en la administración de su herencia, pero las presiones del desarrollo amenazan ahora a uno de sus mejores bienes", agrega.
Los expertos de World Monuments Fund trabajan desde 1965 en la preservación de la arquitectura y la herencia cultural de más de 90 países. Cerca del 85% de sus ingresos se destina a proyectos de preservación y defensa, trabajo de campo y programas educacionales.
De España, además de Sevilla, se incluyen otros cinco lugares emblemáticos: las Vegas Alta y Baja del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo, la Ciudad Vieja de Ávila, el Camino de Santiago, Numancia y la Sagrada Familia de Barcelona.
Ante tal informe, el vicepresidente del Comité Español del Icomos, Víctor Fernández Salinas, explicó que World Monuments Fund es "una institución de relieve en el mundo del patrimonio, una entidad con mucho renombre".
Así, destacó la importancia de que una entidad así "llame la atención sobre uno de los más grandes atentados contra el patrimonio de la historia reciente de la ciudad" y se preguntó "qué va a decir ahora la Consejería de Cultura", ya que "están acumulándose los aspectos negativos y Sevilla está en entredicho".
La Plataforma Ciudadana Túmbala contra la construcción del rascacielos emitió ayer un comunicado en el que, una vez más, pidió tanto a Cajasol como a las administraciones públicas la paralización de las obras. Por su parte, Cajasol no quiso comentar la noticia.
* Diario de SEvilla - R.S. - 9.10.09
Foto: Recreación de la Torre Cajasol. - diariodesevilla.es
Millet y varias empresas constructoras sustentaban la fundación de Convergència
ELPAÍS/Barcelona* : ¿Quién financia las fundaciones de los partidos políticos? Las donaciones opacas de Fèlix Millet, principal imputado por el saqueo del Palau de la Música, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han puesto de relieve que el propio Millet, a través del Orfeó Català, fue el principal protector privado de la fundación nacionalista. Pero no estaba solo. Varias de las grandes constructoras y promotoras catalanas y españolas figuran entre los grandes valedores de la fundación del partido que gobernó Cataluña durante 23 años.
Según la documentación aportada por la propia entidad al registro catalán de fundaciones, el Orfeó de Millet y una decena de constructores aportaron el 90% de las donaciones privadas que recibió la fundación nacionalista en 2005. Este ejercicio es uno de los pocos en los que la fundación de CDC detalla en su memoria el origen de las aportaciones. El Orfeó presidido por Millet donó aquel año 120.000 euros y las aportaciones de los constructores, plenamente legales, ascendieron a 350.000 euros.
Entre los donantes figuran las grandes empresas que lideran la contratación de obra pública. La constructora Comsa, de la familia Miarnau, en 2005 aportó 120.000 euros a través de sus filiales Tamisa y Gestor de Maquinaria Ferroviaria. Copisa, presidida por Josep Cornadó, aportó 60.000 euros y Fomento de Construcciones y Contratas, controlada por Esther Koplowitz, inyectó otros 60.000 euros.
El año anterior, la fundación de CDC se llevó una suma importante (90.000 euros) procedente de Dragados Obras. La empresa ese año ya pertenecía al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que absorbió el grupo Dragados en diciembre de 2003. Todos estos grupos son adjudicatarios de grandes obras públicas y aparecen cada año entre los 10 principales grupos a los que GISA contrata. Por ejemplo, participan en la ampliación de la línea 5 del metro y la construcción de la línea 9.
Consultadas por EL PAÍS, fuentes de CDC subrayaron la legalidad de las donaciones y recordaron que éstas se produjeron tras abandonar CiU el Gobierno. Las memorias de la fundación durante los años de CiU en la Generalitat no especifican quién aportó unas sumas que oscilaban entre 500.000 y 600.000 euros anuales. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, se mostró ayer sorprendido por el hecho de que en las cuentas de la fundación depositadas en el registro de Justicia no se detalle el origen de los 630.000 euros que el Orfeó de Millet dio a la Trias Fargas.
La Fundación Rafael Campalans, del PSC, se desmarcó ayer de la de CDC y convocó a la prensa para explicar con todo lujo de detalles sus números. Su director, Albert Aixalà, explicó, a partir de la memoria económica de 2008, que la fundación se financia en un 80% con subvenciones y el 20% restante procede de ingresos propios (por publicaciones o servicios de formación) y de donaciones. En el capítulo de presupuesto de procedencia privada, destaca un convenio con la Obra Social de Caixa Catalunya por valor de 50.000 euros que se destinan, aseguró Aixalà, al archivo histórico del socialismo catalán.
El juez Juli Solaz acordó que se pinchara el teléfono de Félix Millet tal y como le solicitó la fiscalía cuando presentó la querella por el caso del Palau de la Música el pasado 10 de julio. En contra de lo que publica hoy este periódico en la edición impresa, los Mossos d'Esquadra pincharon el teléfono de Millet del 22, víspera del registro del Palau, al 30 de julio. La medida había sido solicitada por la Fiscalía en el escrito de querella. Los mossos no encontraron nada relevante en el contenido de las conversaciones y así consta en un escrito dirigido al juez. Con todo, la policía entregó un CD con las conversaciones al juez.
En el auto de citación como imputados de Millet y Montull, el juez explica que no cita al resto de los querellados -Gemma Montull, Enric Álvarez y Pau Duran- "a la vista de que ninguno de ellos ha confesado su participación" en los hechos que se están investigando.
* ELPAIS.com - MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER 09/10/2009
Foto: Palau Música Barcelona - static.guim.co.uk
Europa denuncia a España por anomalías en el IVVSA
ELPAÍS/Valencia* : La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia comunitario por irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), órgano creado por la Generalitat. El comisario de Mercado Interior, Charlie Mc Creevy, ya anticipó en 2008 que el instituto que ejecuta la política de vivienda de la Generalitat, creó con accionistas privados sociedades mixtas a las que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público, vulnerando así las directivas europeas sobre contratos públicos.
La CE considera que el IVVSA adjudicó contratos de obra sin publicidad y sin garantizar la igualdad de trato entre las empresas privadas.
La Comisión llegará hasta el TUE -última fase del habitual procedimiento de infracción- al no dar por buenas las alegaciones presentadas por el IVVSA a través del Gobierno español, único interlocutor válido ante la CE. Si el Ejecutivo comunitario ganase la batalla legal podrá solicitar que se multe a España si el instituto no corrige el problema. El entonces eurodiputado verde David Hammerstein fue el que denunció a la CE las supuestas irregularidades.
Ya en 2005, un dictamen jurídico cuestionó la legalidad de estas sociedades mixtas creadas a medias por el instituto y empresas privadas porque participaban en proyectos urbanísticos donde la Generalitat tiene al final la última palabra. El derecho comunitario y español permite este tipo de empresas siempre que se persiga un fin público, pero la selección de socios privados no puede realizarse primando a unas empresas sobre otras.
En la sede del IVVSA, la decisión de la CE no sorprendió. La Generalitat defendió a través de un comunicado esta fórmula. "Las críticas sistemáticas vertidas contra las empresas mixtas no han conseguido poner en duda su completa legalidad hasta este momento", recogía la nota.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La diputada de Iniciativa y síndica del Grupo Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, aseguró que la decisión de la Comisión Europea es "una prueba más de la nefasta política urbanística" que lleva a cabo el Consell.
Oltra insistió en que se trata de "una buena muestra del poco respeto que desde el Gobierno del PP se tiene a la igualdad de las empresas para concurrir a concursos públicos" y añadió que el IVVSA "ha creado empresas mixtas con accionistas privados para llevar a cabo actividades urbanísticas", algo que su formación ya había "denunciado que era una argucia con la que se privatizaba la planificación urbanítica para huir del control de la oposición".
"Lo más grave del asunto es que la CE ya había pedido a la Generalitat en septiembre de 2008 una modificación legislativa porque se estaba incumpliendo la normativa europea y desde el Gobierno del PP no se hizo el menor caso a esta advertencia", agregó la diputada.
* ELPAIS.com - C. V. / EFE - Valencia / Bruselas - 09/10/2009
Foto: Palau Generalitat Valencia - wikimedia.org
Atarfe: La Fiscalía denuncia al alcalde por ´favorecer el lucro de los promotores´
LAOPINIÓN/Granada* : La Fiscalía de Granada ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), y al arquitecto municipal en el Ayuntamiento por la posible comisión de los delitos de atentado a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos y prevaricación por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf, con la finalidad de "aumentar el lucro de los promotores".
La resolución de la Fiscalía se produce después de que el PP denunciara los hechos, que se remontan a abril de 2004, cuando el Ayuntamiento firmó con la empresa Grupo Gestión y Dotación del Suelo S.L. un convenio por el que se establecía que los terrenos, de un mínimo de 400 metros cuadrados, tendrían una densidad edificatoria de 18 viviendas por hectárea. Sin embargo, según la denuncia de los populares, recogida en el decreto fiscal, dos años más tarde, un nuevo convenio incluyó una modificación "tipológica" de vivienda aislada a vivienda pareada, por la que el Ayuntamiento percibió "como contraprestación 1,2 millones de euros y la cesión de 1.000 metros cuadrados", y que supuso la construcción de 430 viviendas por hectárea, pese a que la Ley Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece un máximo de 75.
El proyecto de reparcelación, en el que se modifican las parcelas originarias y se pasa a 32 parcelas de 200 metros cuadrados, se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento el 11 de abril de 2005, que después dio el visto bueno a un estudio detalle que provocó "un espectacular aumento de la edificabilidad de los terrenos", de 3.841 metros cuadrados a 11.346. De acuerdo a esta última modificación, según los denunciantes, la promotora obtuvo en diciembre de 2006 licencia para construir 96 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros.
A partir del análisis de estos hechos, y con el apoyo de los informes de Seprona y de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, el Ministerio Público señala que los responsables del Ayuntamiento cometieron un posible delito de prevaricación por esta operación "fraudulenta" que tuvo la "manifiesta finalidad" de alterar los parámetros urbanísticos vinculantes "y alcanzar así un sustancioso aumento del lucro de los promotores, con el consecuente detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos", según el decreto.
Esta actuación "delictiva", que el fiscal apunta que ya se ha producido en otras ocasiones, consiste en "la selección de un procedimiento que garantiza la obtención de un resultado urbanístico ilícito prescindiendo de todos los controles de legalidad externos al propio Ayuntamiento de Atarfe". Asimismo, le atribuye al alcalde y al arquitecto la prevaricación por elusión de trámites esenciales, que puede incardinarse "por la utilización interesada" de un simple estudio de detalle "para lograr un lucrativo aumento de la edificabilidad".
Otra versión. El alcalde señaló, a través de un portavoz del Ayuntamiento, que no tiene "nada que esconder" y manifestó su "total confianza" en la justicia. Asimismo, aseguró que cuenta con los informes favorables del arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y los técnicos, y añadió que para adoptar estas decisiones –"que contaron con el voto favorable del PP en su día"– se acogió a la norma número 41, "que permite a los ayuntamientos asumir determinados procedimientos urbanísticos con el asesoramiento y el apoyo de los técnicos municipales".
Para el regidor, las acusaciones responden al "afán de hacer daño" del PP "por los propios problemas que tiene el partido". En este sentido, declaró que los populares en Atarfe se han dedicado "a judicializar la vida política" y aseguró estar "deseando" que los tribunales reconozcan su inocencia.
* La Opinión de Granada - EUROPA PRESS / R. S. N. - 9.10.09
Foto: Atarfe - geocities.com
