EFE* : El informe "Calidad del aire en las ciudades: clave de sostenibilidad urbana" asegura que el 75 por ciento de los españoles vive en entornos urbanos sometidos a altos niveles de contaminación ambiental, la cual reduce la esperanza de vida entre varios meses y dos años en función de la zona. Según el estudio, presentado hoy en Madrid por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), la calidad del aire dista mucho de ser satisfactoria, sobre todo en Madrid, la comunidad con mayor número de municipios que superan la concentración límite anual establecida para las partículas contaminantes.
En el otro extremo se encuentran Palma de Mallorca, Cartagena y Pamplona, las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes que tienen el aire más limpio.
En el acto de presentación organizado por el Observatorio, organismo impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El incremento del transporte privado y de la actividad industrial ha conllevado que se sobrepasen los valores límite de las principales partículas contaminantes en muchas ciudades. A pesar de que en términos absolutos el aire haya mejorado gracias a una reglamentación más estricta, la salida de industrias de las ciudades y la disminución de SO2, los valores límite establecidos son "continuamente sobrepasados" y se mantienen los valores altos de forma continuada.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, aseguró que es necesario un "enorme esfuerzo" del conjunto de las Administraciones Públicas para disminuir esta contaminación, así como comprensión pública y valentía política. Con datos referidos a 2005, el informe indica que las partículas contaminantes muy finas (por debajo de las 2,5 micras), las "más peligrosas, han aumentado como consecuencia del uso de motores diesel, lo que representa un importante impacto en la salud.
Las partículas finas (menores de 10 micras) muestran una ligera tendencia a la disminución gracias a un mayor control de los procesos de combustión en las ciudades y a que ha habido un cambio de combustibles en detrimento del carbón y a favor del gas natural. Sin embargo, Córdoba, Almería, Jaén, Albacete, Santa Cruz y las madrileñas Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Alcalá de Henares superan el valor límite de concentración media anual -y el 21,7 por ciento de los municipios-.
La tendencia de crecimiento de concentración de ozono es "preocupante" y además las condiciones climáticas del país favorecen su formación en las capas bajas de la atmósfera. Las ciudades que superan la concentración permitida son Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera, Badajoz, Huelva, Leganés, Dos Hermanas, Granada, Logroño, Fuenlabrada, Jaén, Valladolid, Burgos, Albacete, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
También aumenta la concentración de NO2 y son 13 las ciudades que sobrepasan el límite establecido para la normativa de 2010: Córdoba, Zaragoza, Sabadell, Fuenlabrada, Santa Coloma, Leganés, Alcobendas, Badalona, Barcelona, Valencia, Getafe, Madrid y Alcorcón. Cada año, España dedica 16.839 millones de euros a hacer frente a los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, una cifra que podría aumentar hasta 45.838 millones de euros, según los cálculos realizados por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
El informe explica que entre un 1,7 y un 4,7 por ciento del PIB español -lo que supone entre 413 y 1.125 euros por habitante y año- se invierte en gestionar la contaminación atmosférica y sus efectos. El OSE explica que la estrategia europea para reducir la contaminación ambiental costará más de 7.000 millones de euros al año a partir de 2020, sin embargo, el ahorro en costes por mejoras en la salud será de 42.000 millones -seis veces más que el gasto- y se evitarán 140.000 muertes prematuras por la exposición a estos contaminantes.
* La Vanguardia - 02/10/2007
Foto: Madrid es una de las ciudades más contaminadas - EFE
Un 75% de los españoles vive en entornos urbanos con alta contaminación ambiental
Lorca, en bancarrota por convenios firmados por un ex alcalde socialista
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ELPAÍS* : Si el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) fuera una empresa, estaría en bancarrota. Por eso su nuevo alcalde, Francisco Jódar, del PP, ha pedido por escrito al Gobierno murciano que acuda en su ayuda: la falta de dinero líquido en el Consistorio amenaza con impedir el pago de las nóminas. El origen del problema está en la recalificación masiva de suelo aprobada por el anterior alcalde, del PSOE, el año pasado: el municipio (80.000 habitantes) autorizó la construcción de 140.000 viviendas en varias fases y recibió de las inmobiliarias, en concepto de adelanto, 23 millones de euros. Pero el desarrollo de los convenios está paralizado, y las empresas reclaman ahora la devolución del dinero.
El 27 de febrero de 2006 el entonces alcalde de Lorca, el socialista Miguel Navarro, se las prometía muy felices: el pleno municipal aprobó ese día los tres primeros convenios urbanísticos de una tanda de 17 firmada por Navarro con empresas constructoras. Se daba así el pistoletazo de salida a 35.000 de las 140.000 nuevas viviendas previstas en el municipio, que tiene 80.000 habitantes y mucho suelo todavía libre. Navarro llegó a enfrentarse con su propio partido, el PSOE murciano, que se oponía a las reclasificaciones masivas de terrenos.
Un año antes de la recalificación, el Ayuntamiento recibió de los constructores y promotores urbanísticos 23 millones de euros (el 40% del total a percibir por permitir la edificación). Pero para levantar todos esos pisos no bastaba con la autorización del pleno municipal: ésta debía ser ratificada por el Gobierno regional de Murcia. Y ahí es donde se torció todo: los escándalos protagonizados en la pasada legislatura por el Ejecutivo murciano de Ramón Luis Valcárcel (PP) -con sucesivas crisis de Gobierno, consejeros y directores generales pasándose a la empresa privada y hasta cinco altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente imputados por presunta corrupción urbanística- han terminado por paralizar los planes de crecimiento de Lorca.
La crisis la ha heredado el nuevo alcalde, Francisco Jódar, que teme no disponer del dinero suficiente para afrontar su mandato de cuatro años si se ve obligado a devolver los 23 millones adelantados por los constructores.
La situación se ha vuelto tan insostenible que Jódar presentó el pasado viernes al Gobierno murciano un informe sobre la situación financiera de Lorca, para apoyar su petición de que, ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, le sea adelantada una parte de su asignación de los presupuestos autonómicos para 2008. El alcalde afirma que el informe le fue solicitado por las consejerías de Presidencia y Hacienda después de mantener con los responsables de ambos departamentos varias reuniones.
Jódar pretende así "paliar la difícil situación económica por la que atraviesan las arcas municipales" mediante la firma de una adenda al convenio singular que la Comunidad Autónoma tiene suscrito con el Ayuntamiento de Lorca. Esa adenda, dice el alcalde, servirá para obtener "una colaboración económica del Gobierno regional". "Lo necesitamos para finalizar el presente ejercicio", subraya.
Jódar también departió con los consejeros sobre la situación administrativa de los 17 convenios urbanísticos a cuyos expedientes tiene que dar luz verde el Gobierno regional en el primer trimestre de 2008. "Necesitamos sacarlos adelante, la situación financiera del Ayuntamiento depende en gran parte de ellos", dice. Si la tramitación no culmina en ese plazo, el Consistorio se verá obligado a devolver los 23 millones de euros que recibió.
El problema es que la paralización es casi absoluta en la actual Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, cuyos miembros han accedido al departamento tras la salida de varios altos cargos que en la pasada legislatura fueron imputados por la polémica reclasificación de la finca La Zerrichera. Con ese precedente, ningún funcionario firma nada, sobre todo si hay cerca una zona protegida.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 02/10/2007
Foto: Lorca (Murcia) - lorca.es
Caso Porto-Villanueva de la Cañada
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : El anuncio de la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Enrique Porto (ex-Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid), Luis Partida (Alcalde de Villanueva de la Cañada) y técnicos del ayuntamiento villanovense por presuntas prácticas corruptas e irregularidades urbanísticas en la tramitación del Plan Parcial del Sector I de Villanueva de la Cañada es una muestra de cómo y porqué se produce el urbanismo desaforado en Villanueva de la Cañada y, por extensión, en la Comunidad de Madrid.
Según apunta la denuncia de la Fiscalía, el interés crematístico personal, la connivencia política, el desprecio a las leyes y al medio ambiente y el servilismo parecen haberse aunado para dar lugar a que se aprueben planes urbanísticos y se recalifiquen unos terrenos que nunca se debían haber recalificado. Entre ellos superficies declaradas monte preservado por ley de la Comunidad de Madrid.
Desgraciadamente esta práctica no es exclusiva del Sector I de Villanueva de la Cañada, sino que afecta al conjunto del Plan General de este municipio y está extendida como un cáncer en otros municipios de Madrid.
La recalificación de montes preservados, incluso de terrenos del propio Parque Regional del Guadarrama también se ha hecho en otros sectores de Villanueva de la Cañada, como el Sector III “ El Castillo” y en otros planes, como el Plan Especial de la Vía de Ronda del mismo municipio.
Hay que destacar que por estos hechos Ecologistas en Acción ya presentó en febrero de 2005 denuncia en los juzgados de Móstoles contra los mismos que ahora son imputados por la Fiscalía. Si bien la denuncia permanece estancada en unos tribunales que hasta ahora no se han preocupado demasiado por investigar unos hechos gravísimos.
Evidentemente hay que mostrar satisfacción por que la denuncia de la Fiscalía progrese, pero resulta descorazonador que los planes urbanísticos en Villanueva de la Cañada sigan avanzando a pesar de que las irregularidades llevan denunciándose por ecologistas y vecinos desde hace tres años.
Ecologistas en Acción ve ahora en la denuncia de la Fiscalía la oportunidad de pedir responsabilidades por los daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio y por las irregularidades cometidas, en las que, no lo olvidemos, también están implicados otros altos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que o bien no han cumplido con su obligación de defender los montes preservados o bien han permitido que avanzaran planes plagados de irregularidades.
Al objeto de que en la causa abierta a instancias de la Fiscalía se diriman también los delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial, Ecologistas en Acción va a pedir la personación en la causa. Entre otras cuestiones Ecologistas en Acción entiende que bien la Fiscalía, bien los Tribunales o bien la propia Comunidad de Madrid deben paralizar el desarrollo del Plan General de Villanueva de la Cañada, adoptando medidas cautelares que impidan la afección de los proyectos urbanísticos a los montes preservados y al Parque Regional del Guadarrama y reclamando fianzas más cuantiosas a los encausados para hacer frente también a la reposición de los perjuicios medioambientales.
Datos sobre la situación urbanística en Villanueva de la Cañada
En estos momentos Villanueva de la Cañada está sufriendo una notable transformación urbanística. El Plan actual prevé construir 6.600 viviendas de las que una parte ya están levantándose. En el Sector II se están construyendo 1.600 viviendas, en el Sector I (Los Pocillos) se proyectan 3.000 más y en el Sector III (El Castillo) otras 1.300.
Además, el avance del nuevo Plan prevé recalificar más de 1.000 hectáreas de terreno para construir 8.190 viviendas más en 10 años. Una aberración que llevará a consumir todo el suelo apto del municipio en muy breve plazo de tiempo.
A ello se suma el crecimiento de infraestructuras, la duplicación de la M-503 y la nueva Vía de Ronda que está eliminando zonas verdes y afectando al Parque Regional del Guadarrama.
Actualmente Villanueva de la Cañada dispone de unas 6000 viviendas, pero cerca de una cuarta parte están vacías, la prueba de que la especulación y los intereses económicos campan a sus anchas en el municipio.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid, 2 de octubre
Foto: Villanueva de la Cañada (Madrid), ayuntamiento - ayto-villacanada.es
Terra Mítica llegó a pagar cuatro veces más a una empresa que a otra por la misma obra
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ELPAÍS/Alicante* : Terra Mítica llegó a pagar por la misma obra cuatro veces más a una empresa que a otra. Así lo asume, sin explicar por qué, Miguel Navarro, que fue su director general de 1999 a 2001, el periodo de su construcción. La entrada de Paramount en el parque temático de Benidorm significó la salida de Navarro, uno de los 32 imputados en la causa por fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable que afecta a Terra Mítica y a una veintena de empresas.
Navarro declaró ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia el 26 de junio de 2006. EL PAÍS ha tenido acceso a su declaración.
A preguntas de la fiscal, Miguel Navarro explicó que los sobrecostes del parque obedecían a que en la construcción de Terra Mítica se empleó el sistema de fast track, en el que se ejecutan las obras a medida que se van haciendo los proyectos. La fiscal le mostró cheques y facturas que no pasaron por la comisión ejecutiva ni por el consejo de administración.
Fiscal. (...) ¿Recuerda haber autorizado la realización de determinadas obras sin que pasasen por la comisión ejecutiva?
Miguel Navarro. No, pero es que, veamos. Una cosa son las contrataciones de las obras importantes que tenían un proceso normal y otra cosa es la propia dinámica de ejecución de la obra, que requería tomar decisiones inmediatas, que no las tomaba yo, que las podía tomar o la dirección facultativa o sugerirlas el director técnico o el director de contratación.
F. ¿Había contratos verbales que nunca se llegaban a documentar para esas obras menores?
M. N. Lo que había es lo que se llamaban órdenes de cambios y variación. A ver, ahí surgieron muchísimas contingencias, imprevistos, incidencias, relativas a lo que es este proceso de ejecución de un parque gigantesco, un millón de metros cuadrados, en un periodo de un año y medio, en el que intervinieron más de 124 contratistas (...).
F. Es a título anecdótico, no voy a sacar todas las facturas que constan en las actuaciones. En el punto primero de esta factura se hace constar: metro cúbico de suministro, transporte y extendido de tierra vegetal desde acopio situado a menos de dos kilómetros hasta lugar definitivo incluido extendido refinado en taludes, precio 3.478 pesetas. La factura que le he dicho que le enseñaran de Delta Agrícola, en el segundo concepto pone lo mismo, pero a 897 pesetas. ¿Esto no se controlaba por el parque, que los precios se ajustasen a lo que era precio de mercado?
M. N. Lógicamente, para eso estaban los controles de cada departamento.
F. ¿Quién tenía que haber controlado esto?
M. N. Depende de las circunstancias, desde el departamento técnico, la división de contratación y de servicios generales.
F. En este caso en concreto que le he enseñado, es cuatro veces lo que se paga a Delta Agrícola. A Altos del Carrichal se le paga por precio unitario cuatro veces más de lo que se está facturando por Delta Agrícola. ¿Esto sería competencia del departamento técnico o de contratación?
Javier Boix. (Abogado de Navarro). El ministerio fiscal dice que los conceptos son lo mismo pero no es cierto porque en una dice taludes y en otra parterres. Coincide la cantidad pero a lo mejor a fin distinto y a zonas distintas.
F. El trabajo que se ha realizado es el mismo. Da igual que sea en un campo que...
J. B. Pero puede ser en dos zonas distintas, y por tanto son dos trabajos distintos. El ministerio fiscal había dicho que literalmente dice lo mismo y no es así.
F. La pregunta es, ¿de quién sería competencia comprobar estos desvíos o estos desajustes?
M. N. De los departamentos que venimos comentando. Yo no puedo hacer ninguna valoración en relación con los precios porque es que no tengo ni idea.
F. Pero no me dice qué departamentos son.
M. N. El departamento técnico y la división de contratación y servicios generales.
F. ¿Ha firmado usted ese cheque?
M. N. Sí.
F. ¿La otra firma?
M. N. Es el director financiero, sí.
F. (Le muestra otro documento). Aquí tenemos lo mismo, metro cúbico suministro y extendido de tierra vegetal, que es idéntica a la de antes, el trabajo se realiza en parterres. El precio es a 3.086 cuando se paga a Delta Agrícola 897 pesetas.
M. N. Pero yo no he visto las facturas, no está mi firma.
F. Pero sí en los cheques, y usted ha dicho antes que siempre se le pasaban a la firma la factura y el cheque.
M. N. Sí.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 02/10/2007
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
Vivienda y mercado sacrosanto
CARLOS TAIBO* : A menudo sucede que lo más evidente e importante nos pasa inadvertido. En España, y desde hace un buen número de años, se hace valer un gigantesco proceso de transferencia de recursos que, desde las capas bajas y medias de la población, tiene por beneficiario fundamental a un puñado de grandes empresas constructoras. El alquiler y la adquisición de viviendas generan cada mes sumas astronómicas que, por lo común, pasan a manos de unos pocos, sin que sea sencillo apreciar beneficios obvios para la mayoría de los ciudadanos. Mucho me gustaría poder calibrar en qué medida el fenómeno que tenemos entre manos ha ido generando poco a poco una sociedad cada vez menos igualitaria, circunstancia a buen seguro medio ocultada por el vigor ingente de la economía informal, particularmente poderosa en el ámbito que nos ocupa.
A casi nadie se le escapa que la gallina de los huevos de oro ha beneficiado también, y notablemente, a la banca. Hace no mucho escuchaba en labios de un colega el relato de un fenómeno de sobra conocido que retrata cabalmente el papel de aquélla: una pareja joven que reúna, de la mano de dos sueldos de miseria, 1.500 euros mensuales inmediatamente podrá comprobar cómo con ese punto de partida sobran los bancos dispuestos a conceder un crédito hipotecario por valor equivalente a las sumas millonarias que reclama la compra de un piso. La ilusión óptica que sugiere que esas dos personas se convierten ipso facto en propietarios se ve contrarrestada, claro es, con la certificación de que quedan atadas de por vida al pago del crédito de marras. Semejante servidumbre genera al poco un comportamiento laboral de franca sumisión –a ver quién es el listo que asume una contestación en el trabajo que puede dar al traste con tan suculento proyecto inmobiliario—, un creciente conservadurismo político —va con lo anterior— y, aunque a menudo se olvide, una vida sentimental marcada también por el inexorable deber de preservar contra viento y marea la pareja primigenia. Y todo sin que, al menos hasta ahora, haya motivos para concluir que los bancos asumen riesgos mayores: en el caso, poco probable, de que la pareja de la que hablamos deje de pagar lo que le corresponde, ahí está el piso como garantía de que el banco se resarce de buena manera.
Hora es ésta de subrayar que, salvo medidas de tono menor e ineficacia manifiesta, los poderes públicos poco o nada han hecho para garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Todo lo han fiado, antes bien, a que el mercado, con su mano invisible, resolviera problemas y disfunciones. La certificación, fácil, de que no ha sido así en modo alguno ha generado, por lo demás, medidas correctoras en un escenario en el que —no nos engañemos— a la postre se han movido por caminos similares socialistas y populares, embaucados a menudo, por cierto, en lamentables fórmulas de financiación de los presupuestos municipales.
En este marco, la medida, recientemente introducida por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se propone proporcionar una ayuda de 210 euros por vivienda para facilitar que los jóvenes accedan al alquiler se antoja más de lo mismo. Dejaré de lado ahora la polémica inevitable que suscita el hecho de que el tope superior de ingresos postulado para permitir el beneficio de esas ayudas parece manifiestamente alto, lo que al cabo –como sucederá, por cierto, cuando se aplique el ambicioso programa de acceso a la vivienda orquestado por la Junta de Andalucía— acabará por beneficiar en muchos casos a quienes no están más necesitados. Mayor relieve me parece que corresponde a la evidencia de que las ayudas que me ocupan en modo alguno atienden al que sería legítimo objetivo de poner freno a la usura que inspira tantos comportamientos en este terreno: no vaya a ser, una vez más, que las sacrosantas reglas del mercado se vean alteradas. Recuerde el lector que, las cosas como se proponen, los precios de los alquileres permanecerán incólumes, y ello cuando no subirán en virtud de las imposiciones de los arrendatarios, por lógica dispuestos a sacar tajada también de las ayudas gubernamentales.
Que la mayoría de los ciudadanos, presa de una vorágine descontrolada, no se percate de todo lo anterior es triste. Queda el consuelo de pensar, eso sí, que el patético ejemplo que está dando en las últimas semanas la economía norteamericana de la mano de las turbulencias financieras y la radical preponderancia de la especulación más descarnada acabe por abrirnos lo ojos. Porque los de nuestros gobernantes, siempre remisos en los hechos, y pese a alas apariencias, a intervenir con coraje cuando tienen que hacerlo, hay que dar por descontado que seguirán cerrados.
* Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.
* Diario Rojo y Negro - 1ro de octubre de 2007
