.jpg)
EUROPAPRESS/Madrid* : El Gobierno agota la legislatura sin haber podido desarrollar el reglamento necesario para poder aplicar un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, como prevé la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al no haber podido concretar hasta la fecha una definición de vivienda desocupada permanentemente.
Según lo establecido en la Ley, promulgada por el PP en 2002, "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto".
Ante este problema técnico, no ha sido posible aprobar desde entonces norma alguna, ni de rango reglamentario ni, como se planteó en segunda instancia, de modificación del precepto legal para incorporar los requisitos necesarios para la aplicación del recargo.
El Ejecutivo asegura que la Dirección General del Catastro ha trabajado en el estudio de fórmulas basadas en consumos medios de agua y, especialmente de electricidad, que permitiesen, sin acudir a la inspección directa, establecer unas "presunciones" a partir de las cuales pudiera determinarse la desocupación del inmueble.
Sin embargo, estas modalidades no han acabado de ofrecer las "garantías necesarias". En primer lugar, porque las estadísticas de consumos energéticos se llevan a cabo a partir de cuestionarios rellenados por las empresas suministradoras y que, por ello, no suponen estadísticas con un nivel de desagregación suficiente.
En segundo lugar, y a efectos de establecimiento de un umbral mínimo de consumos, el Gobierno se encontró con que éstos no son homogéneos en todo el territorio nacional, debido a variables como el número de habitantes por abonado, la climatología, etc.
Por todo ello, el Ejecutivo considera que la traslación de estos datos a una presunción de desocupación de la vivienda "no es clara", por lo que habría que acudir a otras fuentes de información, o limitarse a un censo construido a partir de las declaraciones de los propietarios, que, por un lado contaría con escasa posibilidad de comprobación posterior, y tendría, además, un rigor técnico, al menos, "cuestionable".
Otros intentos
Con todo, hasta llegar a considerar los consumos medios de agua o electricidad, el Gobierno ha barajado otras alternativas para definir el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente.
Así, se tanteó el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del padrón de viviendas, cuya última actualización, correspondiente a 2001, estimó que este parque de viviendas rondaba los tres millones de inmuebles.
Según el glosario de esta encuesta, el concepto de vivienda vacía se refería al inmueble familiar que no es residencia habitual de ninguna persona ni es utilizado de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.
Sin embargo, el Gobierno considera que esta definición no puede ser utilizada con fines tributarios, puesto que no fija un plazo temporal ni otras condiciones específicas para la desocupación.
Por otro lado, la mera oferta en alquiler o venta de vivienda tampoco sería técnicamente un buen criterio delimitativo a efectos tributarios, ya que esta oferta, "para ser efectiva, y por lo tanto entrar en el supuesto de desocupación que se pretende gravar con el recargo, debería serlo a precios y condiciones habituales de mercado que habría que delimitar previamente", matiza el Gobierno.
Por último, el Ejecutivo señala que habría que 'sacar del saco' a los apartamentos turísticos vacacionales, a las viviendas arrendadas por empresas en virtud de relación laboral, las dedicadas a multipropiedad o los inmuebles militares desocupados.
Las Comunidades Autónomas van por delante
Sin embargo, ante los problemas observados por el Gobierno, algunas comunidades autónomas han mostrado menos escrúpulos a la hora de descongestionar sus respectivos parques de viviendas vacías.
Es el caso del País Vasco, cuyo proyecto de Ley de Vivienda, aún en tramitación, incluye un gravamen de 9 euros diarios, durante el primer año de desocupación, y de 12 en el segundo, en el caso de las viviendas declaradas desocupadas por procedimiento administrativo, entendiendo por ello aquellas a las que no se ha dado uso a lo largo de un año, al margen de los supuestos de segunda vivienda u otras causas justificadas como enfermedad o motivos de trabajo.
Por su parte, el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite en el Parlament, prevé la expropiación temporal de pisos cuando sus propietarios lo mantengan desocupado de forma permanente y hayan rechazado todas las posibilidades para ayudarles a sacarlo al mercado de alquiler. En este caso, se entiende por vivienda vacía aquella que ha estado desocupada de forma permanente, sin causa justificada, por un periodo de dos años.
Ayuntamientos a la espera
Por otro lado, hasta 189 municipios han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo en el IBI a la espera del desarrollo reglamentario preceptivo, según datos del Catastro correspondientes al año 2007. De ellos, un total de 70 (el 37% del total) se encuentran en Islas Baleares.
Además, otros 29 municipios pertenecen a Castilla-La Mancha, comunidad autónoma a la que sigue Castilla y León, con 22 municipios. Completan la lista Extremadura (16), Galicia (12), Andalucía (9), Cataluña (9), Aragón (8), Valencia (8), Canarias (4), y Cantabria y Melilla, ambas con un municipio cada una.
* El Mundo - Su Vivienda - 26/11/2007
Foto: El Gobierno no ha encontrado un criterio tributario de lo que se entenderá como vivienda vacía /Jaime Villanueva (El Mundo)
El Gobierno no regulará el recargo sobre el IBI en las viviendas vacías al no poder tipificarlas
Se llevan seis cajas de documentos de la asesoría de la ex mujer del ex alcalde de Totana
,+registro+asesor%C3%ADa+-+S.M.Lario+(laverdad.es).jog.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : El capítulo urbanístico en la localidad de Totana no ha terminado. El asunto de la presunta implicación del entorno del ex-alcalde Juan Morales en la operación de corrupción urbanística llevada también a cabo en Pontevedra y Madrid tendrá su continuidad en las próximas horas. Los dos detenidos en la localidad pontevedresa de Nigrán esperaban ayer en dependencias policiales a la espera de ser trasladados a Murcia, para lo que existe un plazo de 72 horas. La trama urbanística supuestamente, tiene su origen en el proyecto de construcción de miles de viviendas de estos dos empresarios en la localidad Murciana de Totana.
La juez María Asunción Navarro investiga si ambos pagaron comisiones ilegales durante la pasada legislatura para favorecer la recalificación de unos terrenos de 2,2 millones de metros cuadrados en los que había parcelas destinadas a plantaciones de legumbres y explotaciones ganaderas, y en las que el grupo empresarial planificaba construir 5.040 viviendas. Un proyecto que supondría el mayor residencial de la localidad totanera.
En esta trama, el papel de intermediario lo habría jugado, supuestamente, el gerente de la empresa de huevos Maryper al que, según fuentes próximas al entorno del ex-alcalde Juan Morales, «les une una gran amistad».
La juez encargada del caso se sumó ayer al registro en la asesoría de la ex mujer del diputado regional Juan Morales. Navarro, titular del juzgado de Primera Instancia de Totana se personó en el local que desde primera hora de la mañana estuvo custodiado por agentes de la Guardia Civil. Según fuentes de la investigación, la propia Mari Carmen Jordán, estuvo presente durante el registro, que se saldó con seis cajas de documentos, un ordenador y una mochila incautadas.
La juez ha declarado el secreto de sumario respecto a las investigaciones que se han realizado ya y que continuarán en las próximas horas. Los vecinos de los alrededores de la asesoría recordaban ayer a los medios de comunicación que el gabinete de asistencia jurídica permaneció cerrado durante el período en el que Juan Morales fue alcalde de la localidad.
* La Verdad - 27.11.07 - G. H./T. M.
Foto: Totana (Murcia), registro asesoría - S.M.Lario (laverdad.es)
Valencia: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas
.jpg)
ELPAÍS* : Ya no hay marcha atrás. Las máquinas tiraron ayer dos laterales del conjunto arquitectónico que fue la sede de Tabacalera en Valencia, una manzana con un edificio nuclear levantado en 1909. Las protestas de la plataforma Salvem Tabacalera, que llegó incluso a presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pasado mes de marzo; las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, y el informe de la Real Academia de San Carlos de Valencia rechazando la embestida al conjunto arquitectónico no han servido para hacer que el equipo consistorial que encabeza Rita Barberá, del PP, se plantee siquiera posponer la intervención hasta obtener más información sobre la conveniencia de la misma e incluso sobre su legalidad.
El Ayuntamiento de Valencia ha tenido mucha prisa en materializar una operación que podría proporcionarle unas plusvalías superiores a los 170 millones a la empresa Guadalmedina del promotor Enrique Ballester. Un pelotazo que empezó a fraguarse en junio de 2002 cuando el empresario adquirió el 49% de la Tabacalera a Altadis por 8 millones. Cuatro años más tarde, tras la previsible recalificación urbanística que permitía el derribo de las naves laterales del conjunto arquitectónico y la edificabilidad de los solares que se generaban, el empresario compró el 51% restante por 52 millones. A los 60 que le costó la compra del conjunto arquitectónico, Guadalmedina tuvo que añadir otros 13. Total 73.
¿Cómo se consigue una plusvalía de 170 millones?
Con las prevenciones del caso y teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, las referencias para hacer los cálculos hay que tomarlas del sitio más próximo. Ballester dispone en la calle de Micer Mascó de 32.000 metros cuadrados de techo. Justo en la misma zona, en el actual estadio de Mestalla, Juan Bautista Soler ha pagado el metro cuadrado a 4.500 euros. Basta una sencilla multiplicación para concluir que el precio de mercado de los solares que ayer empezaron a derribarse asciende a 144 millones.
Eso por un lado. De otro, Ballester recibió del Ayuntamiento de Valencia un edificio municipal en la plaza de América a cambio del conjunto de Tabacalera que no se derriba. La superficie edificable de dicho inmueble es de 11.500 metros cuadrados. Justo en la misma zona el antiguo edificio de los juzgados de instrucción se subastó por 7.200 euros el metro cuadrado. El resultado: 82.800.000. Van 226.8 millones. En los solares de Tabacalera se construirán un mínimo de 300 plazas de garaje, cuyo precio de mercado en esas zonas no baja de los 42.000 euros. Multiplicados: 12.600.000 euros. Y en Plaza de América, 110 plazas a 48.000. El resultado 5.200.000 euros.
La suma de todas estas cantidades es de 244.600.000 euros, que la empresa inmobiliaria Guadalmedina podría ingresar al precio de mercado reciente sin poner un ladrillo. Restados los 73 que desembolsó, la plusvalía supera los 170 millones de euros.
Ayer, Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, lamentó la especulación auspiciada por el Consistorio de Barberá y señaló que ninguna otra ciudad de España con un conjunto arquitectónico similar ha actuado como lo ha hecho el PP en Valencia. Según Alborch, "es un expolio del patrimonio de todos".
La plataforma Salvem Tabacalera criticó que el Ayuntamiento haya tomado la decisión de consentir el derribo cuando aún faltan informes técnicos sobre la idoneidad del proyecto y valor del conjunto, y cuando los que existen lo desautorizan.
Victoria Marín, de la plataforma Salvem Tabacalera, afirmó ayer que "las plusvalías privadas se abren paso gracias al Ayuntamiento entre las ruinas".
CRONOLOGÍA DE UN 'PELOTAZO'
- 1989. El conjunto industrial de Tabacalera está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y es de uso industrial.
- Febrero de 2001. El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad continuar intentando comprar el edificio, entonces propiedad de Altadis, y ofrecerle a la compañía una permuta. El objetivo pareció ser darle un uso administrativo, institucional. Nunca se contempló el uso residencial.
- Junio de 2002. Ballester compra a Altadis el 49% del edificio de Tabacalera por ocho millones de euros y cinco meses después pide al Ayuntamiento una permuta para poder edificar.
- 2005. Mientras las conversaciones entre promotor y Ayuntamiento siguen, y se suceden informes sobre la protección del conjunto y la conveniencia de mantenerla, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco compran por ocho millones de euros las instalaciones de Altadis en la capital donostiarra. Sus dimensiones y características se asemejan a las del complejo de Valencia, edificado en 1909. En San Sebastián, el conjunto se convierte en museo.
- Abril de 2005. La alcaldesa y Ballester firman un convenio para recalificar Tabacalera: se derribarán las dos naves laterales y traseras; el promotor podrá edificar en parte de ese espacio 300 viviendas de renta libre y otras 110 en el edificio de la permuta situado en la Plaza de América. A cambio, el Ayuntamiento se queda con el edificio central de Tabacalera, que no se derriba.
- Junio de 2006. Ballester compra a Altadis por 52 millones de euros el 51% restante del conjunto. La Generalitat aprueba la recalificación. Ballester paga al Ayuntamiento 13 millones por convertir la parcela en residencial y consigue por 73 millones de euros más de 43.000 metros cuadrados repartidos en dos de las mejores zonas de la ciudad. Solo los solares, valen un mínimo de 244 millones de euros.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 27/11/2007
Foto: Derribo de las naves laterales de Tabacalera en Valencia- JESÚS CÍSCAR (El País)
NOTICIA RELACIONADA: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas - El País 27/11/2007
Huelva: Un juzgado investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística
+-+sanlucardeguadiana.es.jpg)
HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística en Sanlúcar del Guadiana por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística. En el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que, según el contenido de la denuncia que una familia del municipio puso en manos de la Fiscalía, hace presumir la existencia de una infracción penal, por lo que ya ha comenzado a recabar informes para confirmar si existe delito y determinar, con nombres y apellidos, las personas que han podido intervenir en el mismo.
La representación legal de los propietarios considera que se ha producido una infracción de las normas urbanísticas y del procedimiento de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico pertubado, hechos que "pudieran ser constitutivos de una infracción penal". Concretamente, la denuncia apunta a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y señala como presuntos responsables al actual alcalde, José Manuel Ponce, al teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia, así como a un funcionario.
Los propietarios de la vivienda han recurrido a los tribunales después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento de Sanlúcar revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas ya que -consideraba- afectaban a su casa, con más de un siglo de antigüedad.
El primero de estos intentos fue hace meses, cuando mantuvieron una conversación con el ex alcalde y el arquitecto municipal, en la que el responsable municipal le garantizó que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y ya el pasado agosto la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente (según consta en la denuncia) "evasivas y explicaciones poco técnicas". Y hubo un tercer intento, que ya se hizo por escrito para que quedara constancia.
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde, José Manuel Ponce, volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
El encuentro entre las partes llegó a producirse. Sin embargo, en la denuncia se subraya que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ya está investigando.
* Huelva Información - M. Rosa Font - 26/11/2007
Foto: Sanlucar de Guadiana (Huelva) - sanlucardeguadiana.es
«Cuidar el entorno no significa no tocar, sino aplicar los instrumentos adecuados»
ABC/Galicia/Entrevista* : Es una de las voces gallegas más reputadas en cuestiones medioambientales. El profesor Francisco Peña (Ponteareas, 1955) se ha consagrado, con una ingente labor desarrollada tanto en la vertiente investigadora, docente como divulgativa, con 48 publicaciones en su vitrina particular, como la «avanzadilla» de los ambientalistas de esta Comunidad que luchan cada día por ver a su tierra más sana, más cuidada. Con la mirada puesta en el presente, y la reflexión posada en el futuro, el hoy profesor de Medio Ambiente y Salud de Cepade-Universidad Politécnica de Madrid, ha pilotado durante ocho años una iniciativa de carácter itinerante pionera en España, el llamado Programa Gallego Municipios Saludables y Sostenibles.
Con él, no sólo ha arribado a 32 capitales de comarca en Galicia, con la colaboración de 186 concellos, sino que ha obtenido un bagaje inefable de conocimiento «sobre el terreno» de los lastres ambientales que algunos arrastran, y los beneficios de una lenta, pero incesante sensibilización ciudadana.
«Porque nos jugamos mucho, el futuro del Planeta y el legado a las generaciones venideras», gusta decir a Peña, y porque nuestra salud está directamente vinculada con la salud de los pulmones del mundo. Esa iniciativa atraca esta semana, por fin, en la capital compostelana y lo hace con una cita, con rango de Congreso Gallego de Medio Ambiente, en la que bajo el mando de experiencia dilatada de Peña, participarán 33 expertos de las universidades gallegas, unos 120 congresistas y el patrocinio y colaboración de la Obra Social Caixa Galicia, las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, entre otras muchas entidades.
-Después del periplo que se inició en Padrón en 2000 hasta hoy, ¿qué conclusiones ha podido extraer?
-La primera es que los concellos en general en Galicia tienen cada vez más competencias en materia ambiental, pero en cambio los recursos que tienen son muy limitados para enfrentar ese cúmulo de competencias. Te encuentras con que hay unas concellerías figurativas de Medio Ambiente, mientras que la mayoría de los concellos no tienen, por ejemplo, técnicos de medio ambiente, ni medios, así que difícilmente pueden llevar a cabo una gestión eficaz. Existe una descompensación. Por otro lado, creo que falta mucho terreno por recorrer en materia de prevención: yo abogo más por políticas preventivas que por actuar de «bomberos», solucionando los problemas después de tenerlos. Creo en una planificación, en una adecuada política de prevención, a través de programas de actuación y de formación, de la que aún no se dispone.
-¿Cuál es la mayor problemática ambiental que padece esta tierra?
-Es difícil hablar de un aislado enemigo ambiental. En lo urbanístico, hay que pasar del feísmo al urbanismo sostenible. En estos últimos años, se han generado construcciones en zonas del panorama gallego, en particular en la costa y en cascos monumentales, que no guardan armonía con el entorno, con el patrimonio, y menos con el litoral. Parece razonable poner freno a este tema, y en eso se está en estos momentos a través de la nueva normativa gallega. También es urgente tomar más conciencia de que en parajes y lugares de importancia comunitaria no podemos realizar determinadas actividades, no se pueden instalar parques eólicos y otras construcciones beneficiosas en el aspecto energético, en este caso, a cualquier precio. Sobre la calidad de las aguas, se han hecho importantes esfuerzos en el abastecimiento y saneamiento. El organismo «Aguas de Galicia» ha puesto un poco de sentido común en este aspecto, aunque vamos con retraso respecto a la normativa comunitaria, pues hay muchos municipios que no disponen todavía de una depuradora, y esto no ayuda: los medios son escasos y no da para todo, pero hay que impulsar la mejora en el abastecimiento y el saneamiento. En el primero, hay un Real Decreto reciente que exige que la gestión de los concellos en el abastecimiento sea más estricta, que mejoremos las propias estaciones de tratamiento de aguas potables, que mejoremos y ampliemos las depuradoras, con lo que medrará todo el proceso de depuración; pero también es verdad que ayudamos a esta situación si logramos disminuir el nivel de contaminación que llega a los ríos. En este plano de la potabilización, está en juego la salud de los ciudadanos, así que tendremos que hilar fino. De mada vale que nos pongamos con temas faraónicos, como la Ciudad de la Cultura u otros, si en las pequeñas cosas no generamos lo necesario que ayude a la salud y bienestar de la población, y a buscar la solidaridad -como recoge la Constitución- de que todos tenemos derecho a un ambiente sano.
-¿Suscribe la idea de que la costa gallega se está marbellizando, a tenor de la densidad de construcciones o es exagerada?
-Creo que no se llega a ese límite, aunque en algunas zonas emblemáticas de Galicia, como el Salnés en Sanxenxo, se hace evidente cómo hay urbanizaciones poco sostenibles.
-¿No opina que el mayor lastre medioambiental es la falta de concienciación ciudadana?
-Cuando comencé a dar clases haci casi 30 años en la Universidad de Santiago, parecía un bicho raro. Se han dado pasos adelante, hoy es una realidad que la asociación entre unos estilos de vida inadecuados y los factores de riesgo ambiental son concausa de enfermedades. Las causas de las enfermedades de la civilización actual se deben a una multicasualidad de factores, donde están los ambientales, pero también estilos de vida inadecuados que está en nuestra capacidad reorientar (como el alcohol, el sedentarismo...). Nuestra salud se va a ver a fectada en función de la calidad ambiental que tenga el nicho ecológico en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? Está en nuestras manos, porque la Administración tiene una responsabilidad para ayudar al bienestar y calidad de vida, pero los ciudadanos somos corresponsables.
-También las empresas...
-Se habla mucho de que las empresas han incorporado el medio ambiente como un elemento más en su política global. De hecho, España es uno de los primeros países, con China y Japón, cuyas empresas tienen implantados mayor número de sistemas de gestión ambiental. Se van dando cuenta de que el medio ambiente no es una rémora, sino un valor añadido a sus productos. Avanzamos, pero aún queda. La educación ambiental sigue siendo una asignatura pendiente.
-¿Usted sustituiría la Educación para la Ciudadanía por la Educación Ambiental?
-Son complementarias, todo lo que sea ética y comportamiento ciudadano debe integrar comportamientos hacia la salud y el medio ambiente. Hay que comenzarla desde la cuna, porque sobre las personas mayores es más difícil. Son tres eslabones en la misma cadena: información, conciencia y compromiso, y acción.
-De 1 a 10, ¿qué puntuación pondría a la salud ambiental de los municipios gallegos?
-Gracias al poderío que tiene la naturaleza viva de nuestra tierra, aceptable. Yo digo siempre que carga con más de lo que puede. Todo tiene una capacidad límite, es cierto, no podemos cargar con demasiados residuos o contaminación a la atmósfera, porque al final, creamos un gran desajuste ambiental enorme, que afectaría a la salud. En una sociedad de progreso hay que buscar el equilibrio y la sostenibilidad entre la posibilidad de que se produzca ese progreso y la protección del entorno. Y cuidar no significa «no tocar», el medio ambiente hay que moverlo, pero tenemos instrumentos para que los problemas de contaminación que nunca van a ser 0, sean mínimos. Además, Galicia cuenta con una capacidad asombrosa de regeneración, como ha probado el «Prestige».
-¿Qué confía en sacar del Congreso?
-Va a ser un foro plural, un Congreso de los Diputados muy heterogéneo de lo que hoy es Galicia, útil para que se aborden todos los problemas ambientales que presenta. Es un foro de encuentro e interacción importante para que de alguna manera contribuya a asentar las bases sostenibles del futuro de Galicia.
* ABC - Santiago - ÉRIKA MONTAÑÉS - 26 de noviembre de 2007
El ladrillo anega las acequias
,+huerta+-+flickr.com.jpg)
ELPAÍS/Valencia* : "La acequia no se limpia como corresponde, y siempre que llueve mi campo se inunda", dice Miguel Martí, agricultor en la huerta de Alboraia. "Mira lo que ha sucedido en Valencia, algo así debería hacer reflexionar", indica su hermano, Vicent Martí, quien recibió en 2006 de la ministra Cristina Narbona el premio al mejor agricultor ecológico de España. Con lo dicho refiere el gran socavón producido en el paseo de la Petxina -la grieta tragó a dos vehículos- relacionado con la acequia Rovella que atraviesa el subsuelo.
En 2004, un desbordamiento de la misma Rovella ya produjo el anegamiento de la calle de Quart. Entonces, un responsable de su comunidad de regantes dijo: "La ciudad había crecido sobre ella", que la canalización se usaba "desde tiempo inmemorial" y que igual se había producido en la acequia una obstrucción, ya que eventualmente se había encontrado en ella muebles y hasta un colchón.
No parece pues que una limpieza sistemática se utilice como antídoto a los excesos del urbanismo. Miguel Martí se queja de eso. "Al final de Saplaya, una urbanización costera de esta zona", explica, "se están haciendo obras de urbanización de carretera que cubren un tramo final de la acequia Morra", ramal de la acequia Rascanya. Para explicar mejor el problema, muestra un escrito del ingeniero de Caminos José Luis Miralles que el propio Miguel ha hecho llegar sin gran éxito a diferentes instituciones. El texto apunta que, en ausencia de una limpieza real de fango y de sedimentos, ese tramo de acequia "pierde su capacidad de desagüe". Y que, en caso de temporal, la fuerza del mar actúa aún más en contra de ello, sobre todo si una obstrucción de la acequia -como la de residuos acumulados- frena la velocidad de salida del agua.
Cuando las obras urbanizadoras cubran la acequia, continúa el texto, "no será posible proceder a las acciones de limpieza". Ello podrá desembocar "en inundación de las tierras aguas arriba", algo que se agravaría "si la obstrucción se produce en el momento de las lluvias torrenciales". José Moratal, concejal del PSOE en Alboraia afirma que "el ingeniero de turno ha dicho que todo se solucionará con un colmatador", una hondonada para contener la sedimentación del agua. "Pero los labradores ya han indicado que eso será insuficiente según lo que ellos conocen de la acequia".
"La tradición indica que la limpieza de la acequia la hagan los propietarios de campos que linden con ella", indica José Casares, electo de la comunidad de regantes de Rascanya, la institución que debe supervisar la acequia. Sin embargo, cuando, desde esas comunidades de regantes se produce la venta de tramos de acequia para construcción, todo cambia. "Ahora mismo, estamos a la búsqueda de un acuerdo con el Ayuntamiento para ver quien limpia". "Hasta ahora lo he hecho yo, en representación de los regantes", asegura.
Muchas son las acequias que han sido paulatinamente urbanizadas. El dinero ganado con la venta de tramos no se reparte entre propietarios de campos, se supone que la comunidad de regantes lo reinvierte. "La transacción la gestiona y la cobra la comunidad de regantes por derecho consuetudinario", indica Vicent Sales, agricultor, geógrafo, ingeniero técnico agrícola, y reconocido especialista en acequias valencianas. "Se considera que la organización representa a los campos regados, no a los dueños de esos campos". "Hay un limbo en el tema de regulación de limpieza de acequias cuando se venden, y ha habido además un descomunal crecimiento urbanístico", añade. "Los que compran desvían un nuevo paso de agua que no tiene en cuenta los intereses agrícolas, sino los de la construcción, y se suelen generar muchas situaciones de riesgo de inundación, que aumentan con la tendencia a tapar acequias y sus cajeros". "Si se generan conflictos", explica Sales, "el Tribunal de las Aguas sólo interviene en litigios menores entre usuarios, los grandes problemas se llevan a los juzgados".
Precisamente, apunta Carmina del Río, edil socialista del Ayuntamiento de Valencia, "ha sido la voluntad de evitar conflictos judiciales con las comunidades de regantes de las acequias de la ciudad lo que ha hecho que el consistorio establezca un acuerdo muy caro". "Implica un pago de más 600.000 euros anuales durante 25 años por la utilización de la red de acequias como corredero de aguas pluviales". "El Ayuntamiento asume conservación, reparaciones y limpieza, y ni siquiera conocemos el estado de esas instalaciones". "Tampoco hay seguridad de a quién pertenecen en su totalidad", finaliza, "ya que hay tramos vendidos a perpetuidad".
* ELPAIS.com - JOAN M. OLEAQUE - Valencia - 26/11/2007
Foto: Alboraia (Valencia), huerta - flickr.com
