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ELPAÍS/Alicante* : En apenas un lustro, la faz del término municipal de Llíber cambió para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP José Mas impulsó la construcción de 300 viviendas -la mayoría grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados.
El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ningún control ya que, a pesar de su obligación fiscalizadora, la Consejería de Territorio, gestionada entonces por el fallecido José Ramón García Antón, no intervino en Llíber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del área, Rafael Blasco y Esteban González Pons, que en octubre de 2006 sí actuó en Catral y retiró la competencia urbanística al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urbanística de aquellos años, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.
De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupción urbanística. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde José Mas y su ex aparejador han acabado en la cárcel, así como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de Xàbia. Están imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporación -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores más, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado número tres de Dénia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los más de 300 propietarios, la mayoría británicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigación sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habrían recibido regalos y dinero en metálico de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenación del territorio porque el suelo rústico sufrió una plaga de urbanizaciones.
¿Cómo pudo urdirse una trama de estas características en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Llíber no sólo cayó en la tentación, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos fáciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pasó de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habrían visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo algún notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", señaló el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent.
La presunta red delictiva actuó sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación del ayuntamiento. También construían y vendían las casas por precios entre 200.000 euros y un millón.
"Estamos convencidos de que Llíber es sólo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas prácticas", asevera el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Joan Sala. Poblaciones como l'Atzúvia o Benitatxell también están en el punto de mira de la justicia.
El alcalde de Llíber dice que, pese a su implicación -la Guardia Civil ha apreciado que votó a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intentó parar aquella práctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en inglés y castellano advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación urbanística".
¿Qué hacer con 300 viviendas fuera de ordenación, que no pueden venderse? Expertos jurídicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deberán reclamar individualmente.
La solución pasa por legalizar el mayor número posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso sólo será posible en las casas construidas en suelo no urbanizable común, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro años desde la construcción de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protección no serán legalizables, ya que el delito no prescribe, y deberán ser demolidas.
Edward K. tiene setenta años, nació en Londres y lleva unos quince años en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y después el idílico paisaje de Llíber. "No comprendemos qué ha pasado: querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa años llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro" relata la hija de otros dos afectados.
La trama de Llíber
- Periodo. Entre 1999 y 2003, el gobierno de Llíber, del PP, impulsa la construcción de 300 viviendas, la mayoría ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados.
- Investigación. Hay implicadas ya 16 personas. El ex alcalde, del PP, José Mas, y su ex aparejador están en prisión, igual que un constructor de Xàbia. Los otros cindo ediles que formaban parte de la corporación están imputados, entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 20/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
La pasividad del Consell dejó actuar a la trama urbanística de Llíber
Canarias: El urbanismo es su única receta
FUERTEVENTURALIMPIA* : El Gobierno de Canarias defendió hoy la "necesidad de construir más viviendas sociales", pese a que hay en torno a 18.000 casas vacías en las islas, ya que en el futuro, cuando se salga de la crisis, "la demanda seguirá creciendo". La transformación de las viviendas vacías del mercado libre en viviendas de protección oficial, bien sea a través del alquiler o de la venta, forma parte de la política coyuntural del Plan de Vivienda que se está aplicando, dijo en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Inés Rojas.
Pero la aprobación de los planes generales municipales que permitan la construcción de nuevas viviendas sociales es una medida estructural para garantizar que en el futuro la oferta cubra la demanda, añadió.
Puntualizó que además es preciso mantener "vivo" al sector de la construcción en estos momentos de crisis.
Los constructores, en épocas de bonanza, no estaban interesados en las viviendas sociales porque el mercado libre era más lucrativo, declaró Rojas, pero ahora las viviendas de protección oficial "son la esperanza" del sector.
La consejera respaldó la reclamación de la patronal de los constructores de Tenerife para que los ayuntamientos aprueben rápidamente sus planes generales de ordenación y definir así los suelos aptos para la edificación de las viviendas sociales.
Advirtió de que en el caso de que los ayuntamientos no agilicen la tramitación de sus planes generales, el Gobierno está facultado por la Ley de Medidas Urgentes para aplicar un plan supletorio que garantice las infraestructuras sanitarias, educativas y las viviendas sociales.
Rojas hizo estas declaraciones tras firmar un convenio con Antonio Plasencia, presidente de la patronal de los constructores de Tenerife (Fepeco), para ubicar una oficina de información sobre el Plan de Vivienda de Canarias en la sede de la organización empresarial.
La consejera también señaló que se está elaborando un registro de demandantes de viviendas sociales para conocer con precisión las necesidades existentes y adecuar la oferta. No obstante, enfatizó que el Plan de Vivienda también incorpora "medidas coyunturales" para utilizar las viviendas vacías del mercado libre como viviendas sociales, bien a través del alquiler o de la venta.
El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo que hay exceso de viviendas en el mercado libre, bien vacías o sin terminar, pero no las hay "para los que más las necesitan". Reclamó a los ayuntamientos que aprueben sus planes generales, porque sin plan general "no se pueden construir las miles de viviendas necesarias" y desarrollar así el "maravilloso" Plan de Viviendas de Canarias. Según Plasencia, dado que construir viviendas lleva tiempo, es ahora cuando hay que proyectar las que se van a necesitar dentro de tres o cuatro años.
El futuro registro de demandantes de vivienda permitirá a los promotores disponer de una guía para saber la demanda real en cada municipio, señaló.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
* Fuerteventura Limpia - 18.12.09
Viñeta: El Roto - elpais.com
Cataluña: Más de ochenta viviendas públicas están ocupadas ilegalmente
ELPAÍS/Barcelona* : "¿Cuántas viviendas públicas se encuentran en situación de ocupación ilegal? ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Administración para dar solución a esta problemática?". Las dos preguntas las presentó el grupo de CiU en la última comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
La respuesta dada por el delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, fue que el número de pisos públicos ocupados en Barcelona por gente a quien no se les ha asignado uno de ellos es de 18 y en todos los casos se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y se está a la espera de lo que dictamine el juez. A las 18 viviendas ocupadas y pertenecientes al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona hay que añadir otras 21 que son de Adigsa, la empresa pública que administra los pisos de alquiler protegido de la Generalitat. Esas 39 viviendas, las 18 municipales más las 21 de la Generalitat, son las ocupadas en Barcelona, pero en el conjunto de Cataluña, el número de familias que se han instalado en pisos públicos sin que nadie les haya autorizado asciende a 87.
En el caso de Barcelona, las viviendas ocupadas llevan bastante tiempo en esta situación. Dos de ellas fueron ocupadas en la pasada primavera; siete, en verano, pero las nueve restantes tienen inquilinos no autorizados desde hace más de un año. En todos los casos el Ayuntamiento ha denunciado los hechos y ha instado al desalojo, aunque se está a la espera de lo que dictaminen los jueces. Sorolla explicó que en estos casos no se puede recurrir a la vía penal (allanamiento de morada) ya que la vivienda, salvo que hubiera sido atribuida a otra persona, no tiene un propietario que necesite perentoriamente ocuparla. El procedimiento utilizado, por tanto, en estos casos, es el civil, que resulta bastante lento. La media de lanzamientos (expulsión del inquilino ilegal) es de entre cuatro y cinco meses, pero cuando el propietario es la Administración, puede dilatarse más. Sorolla relativizó el número de ocupaciones ilegales recordando que el Patronato de la Vivienda de Barcelona administra 5.750 pisos. El Consistorio declinó dar las direcciones de los bloques donde hay viviendas ocupadas para evitar el efecto contagio, según un portavoz oficial, es decir, para evitar una ocupación mayor, vista la lentitud en el desalojo. Siete de ellas se hallan en Sant Andreu; cinco, en el distrito de Sant Martí; cuatro están en Ciutat Vella, y las otras dos, en Nou Barris.
La Generalitat tiene viviendas ocupadas en todo el territorio catalán. Si en la ciudad de Barcelona son 21 las viviendas ocupadas que pertenecen a Adigsa, en toda la provincia son 61. "La semana pasada eran 65, pero cuatro han sido desalojadas", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Estos desalojos se deben en algún caso a sentencia judicial y en otros a que el ocupante ha decidido irse tras ser presentada la denuncia. En la provincia de Barcelona, las viviendas ocupadas son: 16, en Badalona; 9, en L'Hospitalet; 4 en Mollet del Vallès; 3, en El Prat; 2 en Terrassa, y 1 en Sant Adrià de Besòs, Sabadell, Sant Celoni, Manresa, Martorell y Vilanova i la Geltrú.
+ ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/12/2009
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Carreño: El urbanismo llega a los tribunales
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ELCOMERCIO/Asturias* : El Ayuntamiento de Carreño se enfrenta a dos pleitos en los que las decisiones políticas fueron contrarias a los informes técnicos. El primer caso hace referencia a la licencia de legalización de la vivienda pareada de Candás. Los informes técnicos municipales plantearon el derribo parcial contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos.
Este misma circunstancia se repite con la autorización tramitada para la construcción de la gasolinera de Tabaza, en la que los informes municipales también fueron negativos, en contra de la opinión de algunos grupos políticos.
En cualquier caso, este tipo de decisiones supondrá para el Ayuntamiento la obligación de asumir un importante coste económico. Se da la circunstancia, además, de que las decisiones políticas adoptadas en su momento para hacer frente a las reclamaciones tampoco fueron acertadas. Así, en relación con la vivienda pareada de la carretera del Faro, en Candás, los autores de la denuncia de ilegalidad urbanística agotaron todos los medios de negociación antes de acudir a los tribunales. En este asunto, desde el punto de vista del PSOE, en todo momento se defendió el dictamen de los técnicos municipales de proceder con el derribo parcial del edificio. Y como señaló en su día la portavoz socialista, Áurea Gutiérrez, la determinación de no corregir los errores fue adoptada por mayoría de los grupos políticos UICA, IU y URAS. Sin embargo, ahora es el alcalde del PSOE quien debe «injustamente», lamenta, responsabilizarse de la ejecución de una sentencia con la que estuvieron siempre de acuerdo.
Sin embargo, en relación con la concesión de la licencia a la gasolinera situada en el polígono industrial de Tabaza II, la postura de los socialistas fue contraria a los dictámenes técnicos, que aconsejaban no autorizar la instalación.
Graves consecuencias
En este asunto, la situación municipal se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por la que se declara ilegal el surtidor, fallo que insta a su demolición. Y si en la obra de las viviendas pareadas el Ayuntamiento tendrá que desembolsar más de 30.000 euros para el derribo y el coste de la demanda, impuesto por el juez, en el caso de la gasolinera, de perder el pleito, las consecuencias económicas serán de varios millones.
Hasta el momento, el juez determinó que las dos licencias de construcción y de actividad no se ajustan a la legalidad y sólo resta que la comisión de gobierno resuelva el asunto, ajustando ahora la autorización a los términos que fija el juzgado para su legalización o, por el contrario, proceder con la demolición y asumir los costes que se deriven de esta medida.
Responsabilidades
El portavoz del PP, Celestino Gutiérrez, considera que el gobierno local de PSOE e IU es el que debe resolver con acierto la situación: «Pensamos que cada partido debe responsabilizarse de sus decisiones y nosotros siempre somos respetuosos con los informes técnicos, porque demuestran en todos los casos que son los que tienen la razón».
Por su lado, la concejala de Urbanismo de IU, Melania Álvarez, aclaró que su partido fue favorable a los informes técnicos en lo referente a la gasolinera. La edil mantiene, no obstante, que «debemos confiar en que se resuelvan todos los pleitos en marcha de la mejor manera posible para los intereses municipales».
Así las cosas, los dos frentes abiertos con la justicia en el Consistorio de Carreño están teniendo unas consecuencias de una importante gravedad. Ahora, el juez ha impuesto una multa al alcalde de 1.200 euros mensuales hasta la ejecución de la sentencia de derribo parcial de la vivienda pareada en Candás. Esta situación puede alcanzar un nivel de gravedad muy superior si no se resuelve cuanto antes la ilegalidad urbanística de la gasolinera. En ambos casos será el mismo juez quien dictamine al respecto.
* El Comercio Digital - PEPE G.-PUMARINO - 20.12.09
Foto: Candás- Carreño (Asturias) - paginasamarillas.es
'Pretoria': La Fiscalía lleva a Garzón el 'pelotazo' que benefició a primos de Víctor Ros
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ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón otro presunto "pelotazo" con el que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP) benefició a dos primos suyos, al considerar que podría tener relación con la operación 'Pretoria'.
El ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres figura ya como imputado por Garzón en la operación 'Pretoria', contra una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados ex cargos del PSC y CiU, y en otras dos causas que investiga un juzgado de Mataró (Barcelona) por operaciones municipales irregulares.
El grupo municipal SOS Llavaneres destapó las irregularidades urbanísticas que dieron pie a esas diligencias judiciales que lleva el juzgado de Mataró y el pasado mes de noviembre presentó ante la Fiscalía de Cataluña otra denuncia que acusaba a Ros de beneficiar a dos primos suyos, que podrían ganar 24 millones en plusvalías gracias a una recalificación.
Según han informado fuentes judiciales, la denuncia la recibió el fiscal responsable de delitos urbanísticos, que, tras examinarla junto al fiscal Anticorrupción de Cataluña, halló indicios que permitirían relacionar ese presunto "pelotazo" con la trama de corrupción que investiga Garzón, con ramificaciones en Sant Andreu de Llavaneres y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), entre otras poblaciones del área metropolitana.
Por ese motivo, en vez de abrir diligencias para investigar la nueva denuncia contra Víctor Ros por presunto delito urbanístico, el ministerio público ha decidido remitirla a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona para que, a su vez, la haga llegar al juez Baltasar Garzón.
Esa nueva denuncia, además, está en manos de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la red de corrupción urbanística, ya que el concejal de SOS Llavaneres Josep Ruiz se la entregó personalmente cuando acudió a declarar como testigo al cuartel para ser interrogado sobre la trama de la 'operación Pretoria' que afecta a Sant Andreu de Llavaneres.
La denuncia acusa al ex alcalde popular de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por haber beneficiado supuestamente a unos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector -la zona de la Riera- en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio.
Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se añadía una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.
Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para sus primos.
Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.
La denuncia que ahora se ha enviado a Garzón es la cuarta presentada por el grupo municipal SOS Llavaneres: dos de las tres precedentes acabaron en el juzgado, donde todavía se están instruyendo, y la tercera fue archivada por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Cataluña, pero remitida a Anticorrupción de Madrid por si se derivaban de ella nexos con la "Operación Pretoria".
El pasado 2 de diciembre, Víctor Ros presentó su renuncia a la militancia del PP después de que trascendiera su imputación en el caso 'Pretoria'.
* El Mundo - EFE - 19.12.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
