LEVANTE/Valencia* : "Asunto. Plan especial reserva de suelo. Plan especial usos: Resolución". Ésta es la nota que acompañaba un sobre con 5.500 euros y el membrete de una empresa entregado por un mensajero al entonces director general de Planificación y Ordenación de la conselleria de Territori i Habitatge, Vicente Collado.
Ocurrió el 20 de julio de 2005 y tres años después hay abierta una causa en el juzgado de instrucción número 12 de Valencia contra cinco imputados por un delito de cohecho y otro de falsedad que, desde abril, está en secreto de actuaciones.
Según la información judicial a que ha tenido acceso Levante-EMV, el fiscal solicitó un año después la imputación de un asesor fiscal, su secretaria y tres empresarios porque la visita del mensajero con el sobre "reviste los caracteres de un acto de retribución económica de una resolución que debiera dictar determinada autoridad o funcionario en un asunto de su competencia". Y añadía que, de las diligencias practicadas, no se había podido acreditar la "relación en virtud de la que, por parte de la empresa, debiera remitirse algún tipo de documentación al referido organismo oficial -la Conselleria de Urbanismo-".
Llamó a un notario
De hecho, cuando el Jefe de Área, Vicente Collado, abrió el sobre que dejó el mensajero sobre su mesa, su reacción inmediata fue llamar por teléfono a un notario para que levantara acta de lo que allí había. A continuación, acudió a la comisaría de policía e interpuso una denuncia contra el remitente que aparecía en el sobre, "uno de los administradores de una sociedad de inversiones", según la Fiscalía.
La policía llamó al asesor fiscal que remitió el sobre -primer imputado- y éste declaró que había sido un error de su secretaria. Cuando llamaron a declarar a la secretaria, ésta confirmó que fue un error, que no iba dirigido a la conselleria sino a un empresario y que el dinero provenía de otros dos empresarios. Se amplía la denuncia contra la secretaria -segunda imputada- por un delito de falsedad.
Al tratarse de un presunto delito de cohecho, que se tramita según la ley del Jurado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juzgado que se siguieran las diligencias por este procedimiento y se ampliaran las imputaciones al empresario remitente -tercer imputado- y a los dos empresarios presuntamente destinatarios del dinero -cuarto y quinto imputados-.
Estos últimos imputados mantenían una operación comercial con la familia Trénor, propietaria de la Vallesa del Mandor a la que cobraron por un estudio medioambiental. Por ello, el fiscal insiste en que esta relación, "sin duda, existe, dado el objeto social de la empresa". Se trata de una "sociedad de inversión" dedicada a la "realización de estudios técnicos en el ámbito de la administración inmobiliaria y de la construcción", según el escrito.
En aquella época, la Conselleria de Urbanismo redactaba un proyecto en el que se proyectaba la reclasificación a urbanizable de la mitad de terrenos de la Vallesa del Mandor.
La Fiscalía Anticorrupción entró de lleno para averiguar los cambios en el planeamiento inicial a través de supuestos sobornos a funcionarios, según adelantó un periódico nacional.
Las diligencias continuaron un año más hasta que, el 9 de abril de 2008, la policía detiene al asesor fiscal imputado y al tercer empresario. Tras días y medio en los calabozos y varios registros, pasan a disposición judicial y quedan en libertad con cargos. A partir de ese momento, las actuaciones se mantienen secretas.
Durante ese tiempo, el juzgado ha llamado a declarar como testigos a Vicente Collado, a su secretaria y al ex director general de Ordenación y Planificación del Territorio, Pedro Grimalt. Fue en esas comparecencias donde, al parecer, se les interrogó sobre presuntos sobornos vinculados con la recalificación de la Vallesa.
Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sólo confirma la existencia de un funcionario que ha denunciado que le llegó un sobre con dinero en efectivo. El funcionario es el actual director territorial en Valencia de la Conselleria de Medio Ambiente, Vicente Collado.
Desde el departamento de García Antón, añadieron que no tienen conocimiento de que se esté investigando a ningún funcionario de la conselleria. Preguntado el conseller de Medio Ambiente en aquél momento, Rafael Blasco, no quiso hacer ninguna valoración.
* Levante-EMV - R. Laguna/ C. Alós, Valencia - 5.11.2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Un juez investiga una presunta trama de corrupción en la Conselleria de Territorio
El TSJC anula las licencias de otros 200 apartamentos en Lanzarote
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de 200 apartamentos en la parcela J del Plan Parcial Costa Papagayo, en Playa Blanca, al sur de la isla de Lanzarote.
La resolución judicial considera que el Ayuntamiento de Yaiza debió solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), ya que "es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares".
La sentencia del TSJC admite así el recurso presentado en su día por la Fundación César Manrique contra el otorgamiento de la licencia por parte del Ayuntamiento de Yaiza.
La Fundación destaca en un comunicado que "en esta ocasión, el TSJC entra a valorar en detalle el fondo del asunto, resaltando la confusión generada respecto al objeto de la concesión de la licencia.
"Mientras la licencia impugnada permitía una ampliación de apartamentos, el propio Ayuntamiento de Yaiza alega en su escrito de contestación a la demanda que lo autorizado eran dos sótanos destinados al uso de almacenes e instalaciones", señala la nota de la Fundación.
Con este fallo, ya son 18 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 16 de ellos con sentencias firmes, que han supuesto la anulación de 13.000 camas turísticas y residenciales.
* Canarias 7 - EFE - 5.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Investigada por prevaricación urbanística la alcaldesa de Ontinyent
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ELPAÍS/Valencia* : La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a Lina Insa, alcaldesa de Ontinyent por el Partido Popular. Lo ha hecho por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
La apertura de las diligencias, de oficio, responde a que la Fiscalía de Valencia ha tenido conocimiento de que Lina Insa podría haber ordenado que se dejen prescribir los expedientes sancionadores abiertos en el consistorio por construcciones ilegales en terreno urbanizable común. Esa dejación supone que seis meses después de incoarse el expediente, queda automáticamente archivado. Y, aunque es cierto que puede reabrirse, lo es también que el tiempo corre en contra de la persecución del delito porque sólo se puede instar al derribo de una vivienda construida en terreno no urbanizable común durante cuatro años.
Los más de 60 expedientes sancionadores que tiene abiertos la corporación municipal de Ontinyent proceden de actuaciones realizadas por la coalición de izquierdas, encabezada por el PSPV, que gobernaba la localidad hasta las pasadas elecciones. Las informaciones de las que dispone la Fiscalía apuntan a que ya en campaña electoral Insa se comprometió a anular tales expedientes. La pasada semana, en el pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra de la oposición, el equipo de gobierno aprobó que se eliminen del registro las anotaciones sobre las construcciones que estaban en proceso de ser sancionadas. Ello supondría, según el ministerio público una prevaricación.
Los expedientes sancionadores que abrió el anterior equipo de gobierno afectan a más de 60 construcciones ilegales. Son viviendas unifamiliares. En este momento, según los primeros datos de que dispone la Fiscalía, ninguna de ellas tiene cuatro años de antigüedad, por tanto, sobre cualquiera de ellas podría aún ordenarse el derribo. No hacerlo es también un delito contra la ordenación del territorio.
Los técnicos del Ayuntamiento informaron desfavorablemente a la alcaldesa sobre su intención de dejar morir los expedientes sancionadores. Según su criterio, corresponde ejecutar los que aún están dentro del plazo de seis meses y reabrir aquellos que ya han prescrito. La Fiscalía pedirá información detallada al Ayuntamiento e investigará a los propietarios y promotores de las viviendas.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 05/11/2008
Foto: Vista de Ontinyent - PACO GRAU, elpais.com
La provincia de Málaga soporta más de 50.000 casas irregulares
LAOPINIÓN* : Las tropelías del GIL en Marbella a lo largo de muchos años y el escaso control autonómico de su fraudulenta política urbanística explotaron en la última época del fallecido Jesús Gil y, sobre todo, cuando comenzó la operación ´Malaya´. Miles de personas que habían comprado sus casas de buena fe se encontraron con la cruda realidad de que sus pisos eran ilegales o, al menos, que estaban en situación irregular.
El caso de Marbella es el más conocido, el más famoso, el más mediático, pero en absoluto es el único. En toda la provincia hay más de 50.000 viviendas en esta especie de letargo de la alegalidad, la mayoría de ellas por edificaciones en suelo rústico. Y la mayoría también con conocimiento de causa de sus dueños o constructores.
El número de afectados en toda Málaga por esta circunstancia asciende a más de 150.000 personas. Claro que no todas ellas están en la calle, pues muchas de las viviendas son segundas residencias, pero sí se encuentran en la tesitura de tener que lidiar con la Administración, litigar para intentar que pasen a ser consideradas legales en los nuevos planeamientos urbanísticos o, directamente, pagar multas y sanciones impuestas por haber levantado sus casas en terrenos no urbanizables y sin posibilidad de serlo, es decir, en suelos rústicos. Y eso cuando no tienen, además, que sufragar de su propio bolsillo el coste de la demolición impuesta.
En Marbella, el número de unidades en situación irregular llega hasta las 19.000. Sin embargo, este caso, que ha sido sin duda el de más relevancia no sólo en la provincia sino el ámbito nacional, puede ser el primero en solucionarse, y además casi completamente. Se acaba de pactar entre PSOE y PP una modificación del plan general de ordenación urbana en la que se prevé la legalización de unas 18.000, pues fueron adquisiciones ´de buena fe´ por parte de los compradores. Sí se van a dejar fuera de la ordenación alrededor de 500, con el curioso caso de que algunas de las que se van a legalizar están deshabitadas -Jardines de la Costa o Jardines del Príncipe- y algunas de las que se van a dejar fuera sí están ocupadas, como es el caso de Banana Beach, con 350 casas, o las construcciones hechas en La Víbora o Río Real.
Ahora el documento está en exposición pública y su aprobación provisional está prevista para diciembre. Si todo sale según lo previsto y la Junta de Andalucía le da el visto bueno, Marbella tendrá en marzo de 2009 su primer PGOU legal desde el lejano año 1996.
3.000 más. Al lado de Marbella, en Estepona, también hay casos de construcciones ilegales que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Es el asunto conocido como ´los campitos´, viviendas levantadas en suelo rústico, en principio como casas de aperos de labranza pero remodeladas, que además están en terrenos declarados como zona protegida por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta.
Sus propietarios, preocupados ante la posibilidad de tener que afrontar demoliciones, se han movilizado, pero no han podido evitar que se abran 400 expedientes de intervención. No obstante, el número total de ´campitos´ es de 3.000, y la intención de la corporación municipal es intentar legalizar la mayor parte posible en el PGOU que está en tramitación. Sin embargo, muchas de ellas tendrán que ser derribadas con total seguridad.
Un caso parecido al de Estepona se da en Mijas, también en diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. La Junta de Andalucía ha aplicado la legalidad con fuerza y ha impuesto sanciones muy elevadas a quienes han construido en zonas rurales a sabiendas. Muchas familias se encuentran con verdaderos problemas para afrontar las multas y algunas han tomado ya la decisión de derribar por sí mismas las casas, ya que cuanto más tiempo pasa más sanción hay que pagar. Hay casos de familias que sólo tienen una vivienda, la ilegal, y se encuentran en situaciones que a veces llegan a ser desesperadas.
Otra zona ´delicada´ desde el punto de vista de la construcción ilegal es la Axarquía, donde se contabilizan unas 20.000 viviendas irregulares. No abundan en los grandes municipios, como Vélez, Nerja o Rincón, sino sobre todo en la zona de interior. Esta comarca está poco poblada en relación a su amplitud y tiene grandes extensiones de terrenos rurales en los que florecen las edificaciones fuera de ordenación. Rincón ya tiene aprobado su PGOU y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que Vélez está en la recta final de la tramitación. Los casos de Nerja y Torrox van más lentos.
Por último, en la comarca del Guadalhorce destaca Cártama, donde hay contabilizadas unas 3.500 viviendas ilegales o alegales. Es el municipio de la provincia en el que más demoliciones se han ejecutado por edificaciones irregulares en terrenos rústicos -y por tanto, no urbanizables-. Coín y Alhaurín de la Torre también presentan casos, pero son menos abundantes. Los PGOU están en distintas fases de tramitación y los ayuntamientos confían en dar un importante avance a lo largo de 2009.
El bloqueo de los PGOU trae de cabeza a los promotores
Las revisiones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios de Málaga coincidió con la aprobación de la nueva legislación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y eso ocasionó un parón inmobiliario que ha tocado fondo ahora, a la sombra de la crisis mundial. No sólo no se vende un piso, sino que no se construyen nuevos. Por eso, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exige que se agilicen los trámites para reactivar el sector inmobiliario. En la actualidad, sólo un municipio de la provincia, Rincón de la Victoria, tiene su PGOU totalmente adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Pero en toda Málaga hay cien municipios, lo que quiere decir que el parón de la actividad inmobiliaria es absoluto. De ahí las alarmantes cifras de paro registradas en los últimos meses en este sector, uno de los más importantes, por no decir el más, del auge económico vivido a lo largo de los últimos años en Málaga. De hecho, los promotores se quejan amargamente de que lo único que se edifica ahora es lo que se vendió sobre plano hace ya más de un año y medio. Pero entre la crisis, las dificultades que ponen los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios y la falta de regulación legal, no se mueve un ladrillo en toda la provincia. "Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración que agilice la tramitación de los PGOU, ya que es el único marco legal posible que tiene el promotor o el constructor para desarrollar su trabajo y crear riqueza", asegura Violeta Aragón, gerente de la ACP. Además, critica las "discrepancias políticas" a la hora de discutir la conformación de los planes generales. La ACP entiende que unas normas tan importantes y de tanto calado como éstas deben ejecutarse sin peleas de partidos, y si, llegado el caso, hay puntos de conflicto, "deberían dejarse para más adelante, pero aprobar ya los planes". Distintos casos. La ACP está de acuerdo con las sanciones a quienes hayan construido sus viviendas a sabiendas de que lo hacían en terrenos prohibidos, como suelos rurales; "Eso nunca lo vamos a defender", asegura Aragón. Pero sí pide que las compras de buena fe, como por ejemplo muchas de las que se hicieron en Marbella, encuentren acomodo legal en los nuevos planes generales de ordenación urbana.
*Con informaciones de Princesa Sánchez, Fran Extremera, Ana García, Noelia Andrade, María Albarral e Izaskun Guerrero.
* La Opinión de Málaga - JOAQUÍN MARÍN D*. MÁLAGA - 3.11.2008
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
La burbuja y sus cómplices
JOSÉ MANUEL NAREDO* : La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados. Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas.
Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.
Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias. Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que “cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares”. Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española SEnDamparada en el euroSEnD de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata. Pero esa misma financiación externa que prolongó tánto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.
Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que “la suerte ya estaba echada”: no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible. Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra. Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo “hacía presagiar un estancamiento de larga duración”.
Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo. Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.
En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear “alarma social”. Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive. Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el “aterrizaje sería suave” a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo. Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.
Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto “invertir en ladrillos”, si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.
La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país. Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros “avanzados” políticos ni siquiera se han planteado.
El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado “aterrizaje suave” y la necesaria reconversión “del sector”. También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el “España va bien” de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.
* José Manuel Naredo es economista y estadístico
* Público - Opinión - 31 Oct 2008
