Datos de la ONU señalan que España posee el mayor número de casas vacias de la Unión Europea. Naciones Unidas cree que la crisis de la vivienda en nuestro país se puede resolver con protección oficial.
* YouTube - inmoblog - 15 de marzo de 2008
La ONU preocupada por el estado de la vivienda en España
Una 'Marbella' emerge en Lanzarote
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ELPAÍS* : Un tercio de los más lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise que se saltaron la moratoria urbanística de 2000. Estos complejos afrontan ahora la demolición, ya que el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, los que han ganado los juicios, estudian pedir la ejecución de las sentencias en los casos más sangrantes.
La justicia ha anulado ya 7.721 plazas turísticas, casi todas desde septiembre pasado, y hay pendientes recursos similares hasta llegar a las 15.000, lo que supone un 23% de todas las plazas de la isla.
Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas y Son Bou, están entre los grandes complejos anulados, según el listado del cabildo. A ellos se les acaba de sumar el Princesa Yaiza, según fuentes conocedoras del caso, un hotel de cinco estrellas de lujo de 330 habitaciones cuya licencia recurrió la Fundación César Manrique.
Otros son apartoteles menos conocidos, como los Coloradamar; y seis están aún en construcción. De las 22 sentencias, ocho anulan hoteles de más de cuatro estrellas (de los 25 que hay en la isla), 10 afectan a apartoteles y cuatro a obras ya paralizadas.
La cascada de sentencias deja en el aire estos hoteles y concluye un procedimiento que se inició en 1991, cuando se revisó el plan de ordenación insular, y en 2000, cuando Lanzarote aprobó la conocida como moratoria turística, que limitaba el número de plazas turísticas que se podían construir, y obligaba a que los hoteles tuvieran más de cuatro estrellas. La isla trataba así de garantizar el turismo de calidad y huir del desarrollismo que marcó el plan vigente hasta entonces, de 1973.
Pero los Ayuntamientos de Yaiza (10.000 habitantes) y Teguise (17.000) se saltaron la moratoria y concedieron licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones de euros. José Francisco Reyes fue alcalde de Yaiza entre 1994 y el pasado 8 de febrero. Primero con Coalición Canaria y luego con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Ayer no quiso contestar a este diario y remitió a la información del cabildo. El regidor de Teguise fue Juan Pedro Hernández, del Partido Independiente de Lanzarote, y en la última legislatura en Coalición Canaria, cuando dejó el cargo. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con él.
"Esos ayuntamientos rompieron el ordenamiento que nos habíamos dado para preservar la isla, que es reserva de la biosfera", explica el consejero del cabildo insular Carlos Espino, del PSOE. El cabildo y la Fundación César Manrique recurrieron una treintena de complejos que superan las 15.000 plazas hoteleras. Esto supone el 23% de las 65.000 que tiene la isla si se incluyen las extrahoteleras y un 50% de las plazas de hoteles.
Desde el año 2006, pero especialmente desde el verano pasado se han sucedido las sentencias anulando las licencias de obras. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no acepta ninguna de las cuatro fórmulas por las que los ayuntamientos se saltaron el plan de ordenación de la isla. Un total de 11 hoteles con la licencia impugnada recibieron hasta 2002 al menos 36,5 millones de fondos europeos de ayuda a zonas deprimidas. Sólo el Princesa Yaiza, cuya licencia acaba de ser declarada ilegal, recibió cuatro millones de euros.
Dos juzgados investigan si los responsables de los ayuntamientos cometieron delito al conceder las autorizaciones para estos hoteles ya anulados. Un informe jurídico del cabildo apunta también a Felipe Fernández Camero, que fue secretario municipal de Arrecife y luego actuó como abogado de los ayuntamientos y de algunos promotores que recibieron licencias, siempre según el texto.
Lo más complicado ahora es saber qué hacer con estas obras, ya que el problema es similar al de Marbella, en la que había sentencias declarando ilegales miles de pisos. Los empresarios alegan que un plan de derribos masivos harían perder empleos y hundiría el turismo de la isla.
"No habrá una amnistía. Derribaremos lo que haya que tirar", señala Espino. Éste sin embargo admite que "los complejos que puedan ser legalizables serán legalizados si a cambio los dueños renuncian a construir en suelo de su propiedad o nos lo ceden". Espino añade: "No podemos derribar 27 hoteles porque el coste ambiental sería mayor que el de mantenerlos".
Los trámites de demolición sí están avanzados para el Papagayo Arenas. La dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el procedimiento de expropiación al considerar que el hotel invade el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa que, según la Ley de Costas, de 1988, es intocable. También estudia demoler el hotel Gran Castillo, situado junto a éste en Playa Blanca. Pero aún puede tardar años.
"Nos están escuchando"
Al igual que en Marbella, una vez anuladas las licencias los juzgados investigan si quienes concedieron las licencias cometieron delito. Tras la querella de Carlos Espino por prevaricación, el juzgado 2 de Arrecife ordenó el pasado 20 de diciembre a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la policía que investigue el patrimonio de los alcaldes afectados, José Francisco Reyes (Yaiza) y Juan Pedro Hernández (Teguise). La policía tuvo pinchados los teléfonos de los dos regidores dadas "las posibles responsabilidades penales en las que unos y otros hayan podido incurrir -tipologías delictivas tales como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho etcétera", según un informe policial del pasado 9 de enero, que remite a otro en el que "se exponían los extremos más relevantes del entramado de irregularidades advertidas en la actuación de ambos ayuntamientos".El alcalde de Yaiza habla amenudo con Tato, que presuntamente sería el ex edil de Urbanismo de Yaiza José Antonio Rodríguez. Los investigadores constataron "la desconfianza" de los alcaldes a hablar por teléfono. Cuando el regidor de Yaiza, comentaba una licencia que, según denunció a la policía uno de los arquitectos del proyecto supuso una comisión de tres millones, Tato espetó: "Pero eso lo hablamos, pero no ahora por teléfono, que nos están escuchando". Las escuchas se suspendieron.
Historia de la 'Marbella canaria'
- El Cabildo insular inicia en 1991 la revisión de las normas urbanísticas, que concluye en 2000 con la moratoria urbanística para limitar la construcción de hoteles.- Los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise conceden entre 1991 y 2004 licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones, ignorando el plan insular.- El Cabildo y la Fundación César Manrique recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una treintena de licencias que afectan a 15.000 plazas turísticas, un 23% de los alojamientos de la isla.- La UE concede subvenciones por más de 36,5 millones a los complejos hoteleros para potenciar la zona.- El tribunal ha anulado desde 2006 ya 22 licencias, de las cuales ocho corresponden a hoteles de más de cuatro estrellas. Un tercio de los hoteles de lujo de la isla están afectados. El último es el Princesa Yaiza, de cinco estrellas.- En diciembre de 2007 un juzgado ordena investigar el patrimonio de los alcaldes de Yaiza y Teguise bajo cuyo mandato se concedieron las licencias.- El Cabildo estudia qué hoteles legaliza a cambio de compensaciones, pero ya tramita el derribo de dos edificios.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 17/03/2008
Foto: El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias- FERNANDO GALLARDO, elpais.com
El relator de la ONU cuestiona la política de vivienda del PSOE
La asociación PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA* afirma que las medidas del PSOE en materia de vivienda difieren fuertemente de las recomendaciones del relator de la ONU, Miloon Kothari. La PVD pide para esta legislatura medidas que eliminen las causas de la especulación y los elevados precios, y no meros “parches” y critica duramente las últimas medidas del Ministerio de Vivienda.
El relator especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre la misión a España. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna queremos comunicar que la política de vivienda del Partido Socialista dista mucho de cumplir las recomendaciones de dicho informe.
Por esta razón, y coincidiendo con el inicio de la legislatura, demandamos del futuro Gobierno que las políticas de vivienda sean estructurales y no meros parches, como han sido hasta ahora, y que apuesten por corregir los principales problemas de base. A juicio de Kothari, éstos son la especulación sin ningún tipo de regulación, la concepción de vivienda como objeto meramente comercial (incluso para las propias Administraciones Públicas) y los perjuicios a colectivos desfavorecidos.
Además, para la PVD, el Ministerio de Vivienda tergiversa la verdad al afirmar que varias de las recomendaciones del informe de la ONU ya han sido puestas en marcha en el último año.
Por ejemplo, en materia de alquiler, el relator recomienda repetidamente la construcción de viviendas de alquiler públicas y alojamientos de transición a precios económicos. Sólo en Francia hay cuatro millones de este tipo de viviendas, mientras en España esta cifra es ridícula. En el último año, la ministra Chacón, en conversaciones con las diferentes organizaciones a favor del derecho a la vivienda, ha evitado hablar de esta medida. En su lugar se han puesto en marcha las ayudas directas al alquiler, una solución “parche” que además podría tener como efecto secundario la subida de los alquileres en los próximos meses ante el escaso y deficiente control al concederlas.
En cuanto al aumento del parque de vivienda protegida, de nada sirve fomentarla si al mismo tiempo se impulsan crecimientos de precios de la misma. En la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobada en enero, el Ministerio de Vivienda permite subir los precios de referencia de la VPO, y eleva los precios de la vivienda concertada en porcentajes que llegan al 28% para Alicante o Zaragoza, o al 20% para Madrid o Barcelona. En cualquier caso, para la PVD, una posible apuesta por construir VPO en grandes cantidades debe tener en cuenta la existencia de tres millones de viviendas vacías en España, según el propio informe, cuya salida el mercado ha de ser impulsada.
En el punto 91 de su informe, Millon Kothari afirma claramente que uno de los caminos para garantizar el acceso a una vivienda digna es un descenso de los precios del suelo y de la vivienda, y que la Administración en todos sus niveles debe intervenir el mercado para hacerlo realidad. Sin embargo, las medidas puestas en marcha por Chacón en enero (ayudas a promotores, ayudas a la compra, subida del módulo, etc.) tienen un trasfondo que defiende claramente el mantenimiento de la burbuja de precios.
Para la PVD, es indecente que la propia Administración use dinero público para contrarrestar la lógica del mercado y limitar las bajadas de precios, teniendo en cuenta que en algunas ciudades la vivienda ha subido un 300% en la última década. Según diferentes medios o instituciones, la vivienda está sobrevalorada en España entre un 30% y un 60%.
Otro de los “logros” que se ofrecen como respuesta al relator por parte del Gobierno es la ley del suelo. Lo que no se dice es que el Ministerio de Economía, como publica el diario económico Cinco Días, prepara una nueva orden ministerial para corregir algunas medidas de la ley del suelo que no son del agrado de los grandes promotores en detrimento de la vivienda protegida.
En cuanto al dudoso “logro” que se atribuye el Gobierno de que la subida de precios se haya ralentizado, hay que recordar que a un español comprar un piso le sale hoy un 40% más caro que cuando Zapatero llegó al poder, y un 30% si lo que quiere es alquilar.
Para la PVD, la mejora sostenible del acceso a la vivienda sólo llegará si se atajan las causas del problema y se desmonta el conjunto de intereses, tanto privados como de la propia Administración, que han llevado a España a ser con diferencia, el país del mundo desarrollado con peor posibilidad de acceso a la vivienda.
En ese sentido, son fundamentales medidas como reformar la financiación de los ayuntamientos para que estos no dependan de los ingresos procedentes del urbanismo. También se deben reformar los métodos de asignación de suelo, evitar los porcentajes de dinero del urbanismo que se desvían a algunas instituciones, controlar con ahínco la corrupción y el fraude que subyace en el mercado inmobiliario (en especial en la vivienda protegida), fomentar la salida al mercado de pisos vacíos a precios razonables, limitar el crecimiento sin fin de los plazos de las hipotecas, eliminar las deducciones y figuras fiscales que fomentan la compra a cualquier precio, realizar censos y estudios de necesidad detallados y crear un extenso parque público de viviendas en alquiler. A esto hay que añadir el aumento hasta niveles cercanos a la media europea del presupuesto destinado a políticas de vivienda.
En cuanto al Ministerio de Vivienda, su existencia sólo tiene sentido si de verdad sus acciones se destinan al objetivo con el que nació, el de mejorar el acceso a la vivienda. La realidad es que, desde la llegada de Chacón, las medidas tomadas están lejos de buscar ese objetivo de forma sostenible y más bien parecen destinadas a complacer a los grandes promotores y a mantener la burbuja inmobiliaria. Basta con leer la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobada el pasado 11 de enero (que va mucho más allá de las ayudas a la emancipación) para confirmarlo. Con estas medidas, Carme Chacón se ha colocado como uno de los políticos que más ha perjudicado el derecho a una vivienda digna en nuestro país.
Desde la Plataforma, hemos hecho un análisis detallado de dicha reforma, contraria al espíritu y recomendaciones del informe de la ONU, que se resume en las siguientes líneas.
Ayudas para no bajar precios
Según el Decreto de Reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, un promotor recibirá 6.000 euros de las arcas públicas por cada piso que no haya vendido tras un año y que sea destinado al alquiler. Para que se entiendan mejor las consecuencias de esta medida, es como si el Ministerio de Industria decidiese dar dinero a empresas como Inditex o Cortefiel por destinar las prendas no vendidas a otra cosa, en lugar de ponerlas en rebajas.
Según el propio Banco de España los pisos están sobrevalorados un 30% (según “The Economist”, un 60%), y esa es la razón por la que muchos promotores no venden. Para la PVD, para una vez que la lógica del mercado puede facilitar el acceso a la vivienda, que sea el propio Ministerio el que intervenga para evitarlo después de lo que ha sucedido estos últimos años es, sencillamente, indecente. Esta medida es un ejemplo del engaño y demagogia que hay detrás de muchas de las políticas de vivienda en España, engaño que se extiende a los diferentes niveles de la Administración y que afecta negativamente a casi todos los ciudadanos a medio y largo plazo.
El fin de la vivienda pública parece ser que los promotores ganen dinero
Así parece pensar Carme Chacón. Otra de las alternativas de la Reforma del Plan de Vivienda es que los promotores ofrezcan los pisos no vendidos en el mercado libre como viviendas públicas de precio concertado. Para ello se han aprobado incrementos de precios en esta tipología que son escandalosos (28% en Alicante o Zaragoza, o 20% en Madrid o Barcelona).
Pero además, esta medida elevará la participación de los promotores en la gestión de la vivienda pública, lo que aumenta el riesgo de que algunos promotores pidan cantidades “en B”. Esta costumbre, apenas perseguida dentro de un entorno con un fraude escandaloso como bien recuerda la asociación Gestha, convierte el fin social de la vivienda pública en una mera pantomima.
Nueva subida en la VPO
Por otro lado, con la excusa de incentivar su construcción, el Ministerio admite una nueva subida del precio de referencia de la VPO, que pasará de 728 a 758 euros por metro cuadrado.
La PVD quiere recordar que el precio del módulo ha subido varias veces en los últimos años y, sin embargo, ahora se construye mucha menos VPO que en los años 80 en términos porcentuales. Además, de enero a septiembre de 2007 la construcción de VPO cayó casi un 7%. La conclusión es que subir el precio del módulo no fomenta la vivienda protegida. Se sube porque se cede a los intereses de los promotores. Organizaciones como FACUA, consideran el precio de referencia actual de la VPO ya es “suficientemente atractivo”.
En cualquier caso, una Administración seria no puede gestionar vivienda pública dependiendo de los cálculos de beneficio de los promotores. Su precio final debe basarse en la renta de los ciudadanos que recibirán las viviendas. Si los sueldos apenas han subido, incrementar los precios de la VPO es un desprecio a los demandantes y al propio concepto de vivienda pública.
Dinero para propietarios
El decreto incluye también 6.000 euros para el propietario que ponga su vivienda en alquiler. Para la PVD, mientras miles de personas tienen problemas para alquilar una vivienda, no es presentable destinar importantes cantidades de fondos públicos a la parte del mercado que ingresa dinero. Pero en este caso la medida es especialmente inútil, ya que los precios máximos fijados para acogerse a esta medida son similares a los del mercado (por ejemplo, en Madrid, 960 euros de máximo por un piso de 70 m2). Es decir, la medida no tendrá ni siquiera el efecto indirecto de ayudar a una bajada de precios.
Desde la PVD queremos recordar que la potenciación del alquiler no es un fin en sí mismo. Si dentro de unos años el porcentaje de vivienda en alquiler es el doble que el actual pero los precios son los mismos, no se habrá facilitado el acceso a la vivienda absolutamente en nada.
Se potencian las ayudas a la compra
El decreto eleva los precios de las viviendas cuyo comprador puede optar a las ayudas directas a la compra que recogía el Plan de Vivienda 2005-2008. El efecto secundario de esta medida es proteger la burbuja inmobiliaria, ayudando a los potenciales compradores a “llegar” a precios inflados. Para la PVD, Chacón demuestra un tremendo cinismo al hablar de incentivar el alquiler mientras el decreto potencia claramente estas ayudas.
Sobre las ayudas directas al alquiler
En cuanto a las ayudas directas al alquiler (renta básica de emancipación), presentadas días antes de este decreto y muy publicitadas, para la PVD han sido una “cortina de humo” para quitar ruido a las posteriores modificaciones al Plan de Vivienda.
Pero además, el tiempo ha demostrado nuestros pronósticos: Muchos propietarios incrementan lo que piden por el alquiler entre 100 y 200 euros, esperando que sea un joven menor de 30 y con opciones a la ayuda quien alquile. Por otro lado, son discriminatorias, al dejar fuera a los mayores de esa edad y no distinguir si la vivienda está en una gran ciudad o una localidad pequeña, donde 210 euros dan para mucho más. Otros propietarios, por el contrario, buscan ahora a jóvenes de más de 30 años para poder seguir alquilando "en negro". La situación resulta dantesca y todo por evitar una mayor regulación y control que es inexcusable ante un problema de esta magnitud.
Si el ministerio desea apoyar la emancipación de forma sostenible en vez de electoralista, debería dedicar los fondos a la creación de un nutrido parque público de vivienda en alquiler a precios económicos, como existe en la mayoría de países europeos.
La PVD pide cambios radicales en la política de vivienda
Para la plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al nuevo Gobierno que atienda realmente las recomendaciones de la ONU y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la plataforma han consensuado una batería de 40 propuestas que ya han sido trasladadas al gobierno en espera de que sirvan para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país.
* Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna - 12-03-2008
Terremoto urbanístico en Granada
ELPAÍS* : Un terremoto ha sacudido esta semana el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Las sospechas de graves irregularidades sonaban con cierta frecuencia, pero la Fiscalía acaba de poner nombre y apellidos a las ondas sísmicas que han conmocionado la ciudad por su extrema gravedad. El consistorio, de manera sorprendente, ha intentado frenar la onda expansiva con gruesos ataques al fiscal, en vez de conservar la cautela y esperar a la posterior decisión del juez.
La Fiscalía ha denunciado al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente; al jefe de servicio de Gestión Urbanística, Emilio Martín Herrera, y al promotor José Julián Romero, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. El decreto del fiscal se centra en tres actuaciones urbanísticas pero apunta a seis operaciones presuntamente irregulares de gran envergadura, como la ciudad deportiva Granada 92 o el centro comercial Neptuno. Todo nace de la relación de amistad entre Romero y Lorente, una amistad espinosa y muy poco conveniente entre uno de los principales constructores de la ciudad y el anterior número dos del urbanismo granadino durante varias legislaturas, hasta que dimitió hace sólo un mes, aunque permanece como funcionario.
El origen es cuando menos peculiar. El ex socio y enemigo público de Romero, Carlos Marsá, presidente del equipo de fútbol Granada 74, contrató un equipo de detectives para que siguiera al empresario y al gerente en su viaje conjunto al Mundial de Baloncesto en Japón en 2006. El año pasado Marsá trasladó el peliagudo informe de los detectives a la Fiscalía, y ésta comenzó una investigación que demostró que los 6.919 euros que costó el viaje fueron abonados por Romero y Lorente olvidó devolverle su parte de la supuesta dádiva. Sólo una vez iniciadas las diligencias del fiscal, el promotor devolvió 4.654 euros al ex gerente. "Resulta francamente extraño y desafortunado que sea el empresario y promotor urbanístico quien se ocupe de la contratación de un viaje conjunto con el Gerente de Urbanismo, pese a las funciones de control y del natural conflicto de intereses que puede surgir entre ambos", subraya el fiscal Alejandro Roldán.
El Ministerio Público establece que las operaciones de una de las promotoras de Romero, JJ Consulting, fueron presuntamente beneficiadas "de manera reiterada" por parte de cargos municipales. Lorente informó "favorablemente" a las pretensiones del promotor en situaciones "que pugnaban con lo pactado previamente y con la propia legalidad urbanística".
Las irregularidades denunciadas afectan a tres complejos. El más grave es el del edificio Penta. Romero ofreció presuntamente unos terrenos que no son suyos en un convenio con el Ayuntamiento. El edificio obtuvo dos plantas de más y tras devolver Urbanismo un aval de 416.246 euros al promotor, finalmente la gerencia propuso una compensación de 182.000 euros. Dicha compensación fue recurrida por los afectados y ha generado un pleito contra el Ayuntamiento de 13 millones de euros.
La promoción Los Cármenes, cuyos pisos presentaban 10 centímetros menos de lo recogido en el proyecto, y que Lorente informó favorablemente el estudio de detalle y su aprobación definitiva. A pesar de que en mayo la constructora fue multada con 794.579 euros, la sanción fue reducida finalmente a 596.069 euros y está aún sin abonar medio año después.
Finalmente, Romero como promotor del Edificio Europa 4 estaba obligado a realizar en la calle obras de infraestructuras y urbanización y a no vender las viviendas a precio superior al fijado por el Ayuntamiento. Sin embargo, Lorente informó a favor de las licencias a pesar de reconocer que el promotor no había cumplido sus compromisos.
Tan sorprendente como el rocambolesco inicio de la investigación ha sido la reacción del Ayuntamiento. La edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ridiculizó la denuncia y no dejó títere con cabeza en el Ministerio Público: "Son verdades a medias y todo es erróneo. La denuncia es apresurada y mezcla unos temas con otros. No se ha hecho una investigación, sino que se ha dado crédito a la denuncia de un señor. Precipitada y sin investigación", resumió. La severa censura del fiscal superó incluso a la férrea defensa de sus funcionarios. "No ha examinado los expedientes en su totalidad y la denuncia está hecha a raíz de una denuncia parcial e interesada" (en referencia a la de Marsá).
Mientras que la oposición municipal mostró su perplejidad por las duras críticas de Nieto, el alcalde, José Torres Hurtado, asemejó la investigación a una "especie de auditoría" generada por el presidente del Granada 74 y motivada por su odio hacia Romero. Tras el revuelo político, la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Granada - 17/03/2008
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
La burbuja inmobiliaria española expuesta a Europa por el relator de la ONU
DENUNCIAS POR VIVIENDA* : En los dos últimos años, en parte gracias al trabajo con medios ultraprecarios de los movimientos sociales que se han dedicado a investigar y hostigar de manera altruista alrededor de la especulación, han aflorado muchos casos de corrupción político-inmobiliario-financiera a lo largo y ancho del país. De las tramas de corrupción que han salido a la luz pública tras las investigaciones judiciales de la 'operación Malaya' en la Costa del Sol... a la monstruosidad insostenible medioambientalmente de 'Residencial Francisco Hernando', el sueño retrofuturista para pequeños inversores y otras aves de rapiña que Paco 'El Pocero' y sus cómplices diseñaron en un secarral toledano...
... de la aberración de la construcción del hotel El Algarrobico destruyendo un paraje natural en el Cabo de Gata denunciada por Greenpeace y otras organizaciones ecologistas y cuya construcción avaló hasta el último momento la Junta de Andalucía y otros poderes oficiales... a la situación tercermundista de alarma humanitaria grave en la Cañada Real Galiana de Madrid, donde malviven 40.000 personas (la ciudadanía de la ciudad de Soria, sirva de medida; y de ellos, 6.000 niños y niñas) en viviendas ilegales sin agua ni luz ni servicios básicos a lo largo de 10 kilómetros de campo; de la multitud de casos de 'mobbing' (las abuelas del Ventorrillo como ejemplo sangrante y cañí)... a la inanidad de las medidas tomadas por el Ministerio de Vivienda: de la chacota de las zapatillas y los minipisos de la ministra Trujillo (a la que sospechamos que le faltaba un hervor) hasta el politiqueo del 'plan Chacón' con el 'lobby' del ladrillo para intentar salvarles el culo frente a su impagable deuda contraída con los bancos y cajas de ahorro.
Hemos pasado del silencio en los medios y el pasotismo social al alarmismo de un sociedad (polarizada políticamente) desactivada para pensar los problemas al margen de las mentiras o medias verdades ideológicas que nos sirven día a día los medios de masas apoyados en los aparatos de los dos grandes partidos. (La mayoría de los españoles, votantes de hecho, ese 54 por ciento que no lee un periódico (aunque sólo sea UNO) jamás, sólo se informa por los pírricos informativos de televisión... y vive el problema entre enjambres de prejuicios y opiniones enlatadas sin posibilidad de contraste, agravando aún más el problema de la desinformación y la desmovilización).
Lo único sano ante este panorama enrrarecido y costrificado, puesto al desnudo por los movimientos sociales y la gente anónima que participa en ellos frente a los poderes tabulados que nos uniforman, un esfuerzo mayormente asambleario, pese a las múltiples zancadillas de la clase política instalada y la modorra de la profesión periodística, ay, tan poco especializada o tan interesada o quizá ambas cosas al unísono, quién sabe, es la intervención del relator especial de Naciones Unidas para el problema de la vivienda. Las conclusiones del borrador del 'informe Kothari' son rotundas, clarificadoras y desalentadoras sobre el horizonte social y el futuro bienestar del país.
Señalan a la especulación urbanística y financiera, fruto del egoísmo personal, la complicidad de amplias capas sociales y la cegera política o su falta de transparencia a la hora de financiar sus partidos, como las principales causas de que en España hayamos fabricado la mayor burbuja inmobiliaria de la Europa contemporánea. Añade que el nuestro es el país de la Unión Europea con más viviendas vacías (3 millones de pisos vacios, sin contar segundas residencias, ¡en 2001!, último dato oficial del padrón... sospechamos que habrá entre 5 y 7 millones de pisos vacíos actualmente... por el frenético ritmo de construcción de vivienda residencial de los dos últimos lustros, el mayor de la UE-15 de larguísimo, pero no hay datos oficiales). Y remata identificando que una de las causas de la violencia machista que ejercen hombres sobre mujeres es el alto precio de la vivienda en alquiler o comprada, y la ausencia de una alternativa, un parque de viviendas protegidas en alquiler social, como reclaman entre sus prioridades hace meses las distintas asambleas V de Vivienda repartidas por diferentes municipios.
Constatamos la ausencia de realismo en los principales actores implicados en el tinglado -empresarios del ladrillo, cúpulas de bancos y otras entidades financieras y la cuádruple autoridad política (municipal, autonómica, nacional, europea)-a la hora de analizar la situación que padece una inmensa parte de la sociedad española y tomar medidas paliativas. Constatamos la debilidad de una respuesta social amplia, al hallarnos ante un tejido atomizado por el bombardeo desde los medios de comunicación de masas de noticias confusas, montajes interesados y opinión desordenada. Por último, también hacemos notar que han sido los diferentes movimientos sociales los principales colaboradores del relator especial, Miloon Kothari, para ver, palpar e informarse de parte de los problemas que le han debido ayudar a elaborar sus tesis, que hoy expone en la ciudad de Bruselas para una audiencia mundial en un foro transnacional. Los ciudadanos ingleses, franceses, alemanes, holandeses, nórdicos o belgas seguro que van a escuchar sus razones y tomarán nota atentamente.
* Denuncias por Vivienda - marzo 12, 2008
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