ELPAÍS/Toledo* : Cuatro o cinco millones de neumáticos forman una inmensa mancha negra de 9,8 hectáreas (unos 10 campos de fútbol) entre el municipio de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid), a la altura del kilómetro 33,500 de la carretera de Andalucía y a unos 400 metros de la macrourbanización construida por Francisco Hernando, El Pocero. Es un cementerio de ruedas que nació con licencia municipal en abril de 2003 para el reciclado de neumáticos. Nada más lejos de la realidad. "Se han dedicado a almacenar ruedas hasta unos límites inadmisibles y a cobrar por ello, sin condiciones de seguridad e incumpliendo sistemáticamente la declaración de impacto ambiental", critica Manuel Fuentes, alcalde de Seseña. La Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el municipio llevan años de lucha para acabar con el vertedero.
Las instalaciones están precintadas desde el pasado 21 de septiembre y la empresa que lo gestionaba, Disfilt, SA, ha abandonado el lugar, debido a que el contrato de arrendamiento de los terrenos donde se ubica el cementerio había finalizado, lo que se decretó por sentencia judicial. En estos años, la empresa ha acumulado expedientes administrativos, sanciones e incluso una sentencia judicial de enero de 2009 en la que el juez condenaba al propietario a una pena de tres meses de prisión, con multa incluida, como responsable de un delito contra el medio ambiente, según informa la Junta de Castilla-La Mancha. El propietario de la sociedad, Victorino Villadangos, rechazó hablar con EL PAÍS. "No es el momento adecuado y además ya no estoy allí", consideró Villadangos.
El empeño por hacer desaparecer el vertedero no es un capricho. "Ha incumplido la declaración de impacto ambiental [de agosto de 2002] y la ley de residuos, porque no reúne las condiciones de seguridad mínimas, supera los límites de almacenamiento, además de que las ruedas están a menos de 50 metros de torres de alta tensión", aclara Manuel Guerrero, director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de Castilla-La Mancha.
El alcalde de Seseña va más allá y añade: "El impacto visual es terrible, pero sobre todo nos preocupa el riesgo de que se pueda producir un incendio. Además, sus componentes generan contaminantes". La instalación ya sufrió un fuego, que se logró controlar a tiempo. Los equipos de bomberos de la Junta prestan una atención especial a la zona.
En torno al año de funcionamiento, la Junta empezó a sospechar que la empresa no estaba cumpliendo su cometido. "Si de algo me arrepiento es de haber creído al dueño durante algún tiempo. Pero realmente nunca hizo la inversión necesaria para mantener las máquinas de reciclado. Llegó un momento en que se acabó, y en 2005 se da la orden de que no entren más neumáticos", explica Guerrero. El juez suspendió la actividad, pero permitió que siguiera funcionando solo para eliminar las ruedas.
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, realizó una inspección en abril de 2009 para determinar si el vertedero ocupaba terrenos de la región sin permiso. Las sospechas se confirmaron. "Se le ha abierto un procedimiento sancionador por infracción grave de la Ley de Evaluación Ambiental, porque no es un gestor de neumáticos autorizado por nosotros", aclara un portavoz del Gobierno regional. Como consecuencia, la sociedad se enfrenta a una sanción que oscila entre los 60.000 y los 340.000 euros.
Ahora que la actividad está precintada el problema radica en que los neumáticos se almacenan en una propiedad privada. "El juez no nos deja acceder a las instalaciones, tenemos que llegar a un acuerdo con el dueño de la parcela", aclara Guerrero. Una vez que se pueda entrar, el Gobierno regional tendrá que decidir qué sistema utilizar para deshacerse de ellos. "Las máquinas de triturar tienen una capacidad y aquí no sabemos exactamente lo que hay. Calculamos que entre 40.000 y 60.000 toneladas. Hay que buscar un equilibrio entre eficiencia y tiempo", concluye Guerrero.
"También hay que determinar de quién es toda la responsabilidad, porque las empresas que le han estado llevando las ruedas sabían lo que estaba pasando y la legislación actual obliga a llevarlas a un centro que esté calificado como gestor", añade Guerrero.
* El País - 27.12.10
Foto: Almacén de neumáticos situado a la altura del kilómetro 33,500 de la carretera de Andalucía - elpais
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ELMUNDO/E.P. : Varios de los acusados en el 'caso Guateque', en el que se investiga una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, han denunciado al juez instructor Santiago Torres ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no tramitar las actuaciones planteadas por las partes personadas en el proceso penal, según fuentes jurídicas. El 'caso Guateque' lleva estancado varios meses sin que se practique ninguna actuación. Desde el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que instruye el juez Torres, se justifican en la falta de funcionarios, mientras que algunos de los acusados sostienen que la paralización proviene del propio magistrado. "Nos encontramos ante una situación de indefensión", ha denunciado a Europa Press uno de los imputados en la causa, quien ha explicado que desde hace meses no se resuelven los recursos planteados, entre ellos de nulidad del procedimiento penal.
Según las fuentes consultadas, dos de los acusados habrían interpuesto sendas denuncias ante la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial. Además, el fiscal habría presentado otra de las denuncias a instancias de otro de los imputados ante el órgano de gobierno de los jueces, según las mismas fuentes.
Falta de medios
La pasada semana, fuentes próximas al Juzgado denunciaron que la falta de funcionarios estaba impidiendo decidir cuestiones cruciales para la causa. Entre ellas estaría decidir si se envía una pieza separada del sumario al TSJM para que investigue a varios responsables políticos implicados en la trama de licencias, entre ellos el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo.
Según fuentes próximas al Juzgado, el magistrado tramitó hace dos años una petición de auxilio al TSJM para obtener más medios personales después de que la Comunidad de Madrid le retirara dos funcionarios de refuerzo y no se cubriera una baja de maternidad de una funcionaria en plantilla.
Además, las mismas fuentes apuntaron a que otra de las trabas sería la negativa Comunidad de Madrid de sufragar los peritajes económicos. Entre ellos figura la petición de análisis de los ingresos de varios responsables políticos para comprobar si sus movimientos de dinero se corresponden con sus competencias como altos cargos.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior sostienen que hasta el 31 de enero de 2010 el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid tenía refuerzos, pero que actualmente el CGPJ no ha remitido a la Comunidad de Madrid ninguna petición de refuerzo de funcionarios.
En cuanto a los peritajes económicos, han recalcado que, desde que están solicitados, se han remitido cuatro comunicaciones al citado Juzgado en las que se indica que se justifiquen los peritajes para proceder al pago de las facturas.
La 'Operación Guateque' estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención de 16 personas, entre ellos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal.
* El Mundo - E.P. - 27.12.10
Foto: Caso Guateque - madridiario
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SUR* : Las cifras, como siempre, no son capaces de reflejar el dramatismo de muchas situaciones en la vida, pero sí sirven para retratar un panorama social. La foto fija de la crisis en Málaga, además del paro galopante, es el embargo masivo de viviendas, que han pasado de ser hogar familiar a formar parte de la inmensa bolsa de ladrillo que acumulan los bancos. Desde que en 2007 asomó la crisis económica hasta la fecha, 3.650 familias malagueñas han perdido su casa en la capital al no poder pagar la hipoteca. Los juzgados han asistido durante los últimos cuatro años a un crecimiento exponencial de las demandas de ejecuciones hipotecarias y a subastas de inmuebles, a las que no acudía ningún postor porque la tasación estaba sobrevalorada. En un 99% de los casos las entidades financieras se quedaron con los pisos.
De las 307 ejecuciones hipotecarias contabilizadas en 2007, se pasó a las más de 850 en 2008, que acabaron en casi 1.300 en 2009, prácticamente las mismas cifras con las que se cierra este 2010.
«La gente llega resignada y desesperanzada, como diciendo 'haced lo que queráis porque no puedo pagar'. El drama de todas estas personas, en cierta medida, también se vive aquí», explica Fermín Villarrubia, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Málaga.
Al borde del colapso
Las oficinas judiciales están al borde del colapso, porque además de las ejecuciones hipotecarias, el desempleo y las dificultades económicas han arrastrado a los juzgados a decenas de miles de personas que han sido demandadas por no poder hacer frente a sus préstamos personales ni a los gastos acumulados en las tarjetas de crédito de las que han ido tirando. Las dificultades para pagar se notan en el incremento de las sentencias que están pendientes de ejecutar, que en el caso concreto del juzgado de Villarrubia han pasado de 1.000 a 1.600 por el efecto de la crisis.
«Tras la sentencia, se ordena el embargo del sueldo o los bienes, pero lo que notamos ahora es que muy poca gente paga porque hay un porcentaje muy alto que está en el paro y tampoco posee bienes. Entonces se opta por el archivo provisional de la causa, hasta que el banco vuelve a pedir una investigación patrimonial para comprobar si puede cobrar la deuda, cosa que suele hacer cada año. De esta manera la deuda nunca prescribe».
Los primeros en caer fueron los inmigrantes, a quienes los bancos les financiaron hipotecas al 100% con salarios mileuristas y empleos eventuales. El sueño de la burbuja inmobiliaria acabó en pesadilla y el goteo de impagos se convirtió pronto en un chorro que brota sin parar ahogando a miles malagueños que después de ser expulsados de sus casas siguen endeudados hasta las cejas con los bancos.
Algunas entidades financieras llegaron a proponer ampliaciones de hipotecas de hasta noventa años para dar una salida a los impagos, pero en general son pocas las que ofrecen alternativas ante las dificultades económicas de sus clientes. Según la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc), los bancos ya no esperan y presentan la demanda a la primera cuota impagada de la hipoteca.
Curarse en salud
El miedo a perder la vivienda está llevando a muchas personas a curarse en salud y en cuanto atisban que puede presentarse una situación económica familiar complicada, acuden a asesorarse sobre qué hacer en el momento que peligre su hogar.
El abogado Carlos Guerrero, del despacho SofosConsulting, experto en procedimientos concursales para personas físicas, asegura que este tipo de consultas han aumentado en un 1.000% desde septiembre.
Este letrado considera que en España se ha producido «un fraude hipotecario, con un evidente ánimo de lucro por parte de las entidades financieras, que ha llevado a la miseria a miles de familias», explica.
Por este motivo ya se han presentado querellas individualizadas, pero ahora este despacho de abogados está estudiando establecer las bases para la interposición masiva de demandas de responsabilidad civil por responsabilidad contractual y extracontractual, así como la presentación de denuncias y querellas criminales «contra uno de los agentes del mercado con mayor responsabilidad en esta crisis: los consejos de administración, ejecutivos y directivos de las entidades financieras españolas».
* SUR - 27.12.10
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
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ELPAÍS* : La sección segunda de la Audiencia de Castellón ha declarado prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que estaba acusado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La audiencia responde así a un recurso presentado por el también presidente provincial del PP en el que solicitaba el archivo de la causa y que la sala ha estimado parcialmente, ya que mantiene el procedimiento por tráfico de influencias y por cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio 1999, cuando la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal. Esto significa que, de momento, el trabajo realizado por dos peritos judiciales durante los cinco años que investigaron las cuentas y patrimonio de Fabra ha sido inútil. En cualquier caso, el auto de la Audiencia dicta el sobreseimiento libre, con lo que la resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo.
Al igual que la defensa de Carlos Fabra, la audiencia entiende que el hecho de que esta propia sala dictara el inicio de la investigación sobre el incremento patrimonial del presidente de la Diputación no implica el acto jurídico suficiente para paralizar los plazos de prescripción. "Que la autorización de aquella prueba pericial acordada al albur de comprobar las concretas imputaciones ya existentes, signifique el acto de 'interposición' que interrumpa la prescripción para cualquier hallazgo delictual de tipo tributario, no es en modo alguno posible ni aceptable", señala el auto de la Audiencia.
El juzgado número 1 de Nules de Castellón imputó a Carlos Fabra ante la posible comisión de cinco presunto delitos fiscales después de que los peritos detectaron en las cuentas del entonces matrimonio Fabra 3,6 millones de euros ingresados cuyo origen no estaba justificado. Los peritos, que son inspectores de Hacienda, detectaron además un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros.
* El País - 27.12.10
Foto: C.Fabra - elpais
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ELMUNDO* : Aquéllos inquilinos que a partir de ahora se vean afectados por el acoso inmobiliario estarán más protegidos. La ley de reforma del Código Penal de 1995, que ha entrado en vigor tras haber transcurrido seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de junio de 2010, tipifica como delito las "conductas acosadoras en el ámbito de la vivienda, dada su proliferación en la última década". Este tipo de comportamientos de propietarios hacia arrendatarios han carecido de sanciones legales hasta la fecha. Sin embargo, distintas sentencias judiciales contra el también llamado 'mobbing' inmobiliario han manifestado la necesidad de una regulación penal específica para luchar contra ellas. El nuevo texto expone que "se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos u a otros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores".
La modificación de la ley castiga con "penas en su mitad superior" con cárcel de seis meses a tres años o multa -sanción pecuniaria- de 12 a 24 meses a todo "el que ejerza coacción con el fin de impedir el disfrute de la residencia", según se refleja en el nuevo Código Penal. Esta acción también es sancionada con la misma pena en el caso de llevarse a cabo "de forma reiterada mediante actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante".
Otro de los artículos reformados en materia de vivienda es la pena de prisión de uno a dos años al que "ocupe una cosa inmueble o arrebate un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena a través de la violencia o la intimidación de las personas".
En último lugar, se tipifica como delito la estafa "cuando ésta recae sobre cosas de primera necesidad, como es la residencia de uno". "Este acto será castigado con penas de prisión de uno a seis años de cárcel y multa de seis a 12 meses", se especifica en la normativa.
* El Mundo - 23.12.10
Foto: Inauguración de un curso en la Universidad de León sobre el nuevo Código Penal.- elmundo
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YAENCONTRÉ* : Los jóvenes españoles deberían cobrar más del doble de lo que cobran actualmente para poder comprarse un piso, según evidencia el boletín del segundo trimestre de 2010 del Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud de España (OBJOVI-CJE). El estudio ha calculado en 27.211,66 euros anuales (2.267,64 euros al mes), el sueldo que una persona joven debería cobrar en España para acceder a una vivienda nueva, importe que está un 74,62% por encima de sus ingresos reales. Las comunidades con una mayor diferencia entre los ingresos necesarios para hacer frente al pago inicial de una hipoteca y el poder adquisitivo real son el País Vasco, con un diferencial del 119,92%, la Comunidad de Madrid (111,56%) y Illes Balears (111,26%). Las comunidades donde esta diferencia es menor son Extremadura (9,96%), Castilla-La Mancha (30,82%) y Castilla-León (42,15%).
El estudio también constata que a pesar del descenso de los precios de la vivienda y de los tipos de interés, un joven debería destinar el 52,% de su salario para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media, lo cual "sigue siendo una fuerte traba para la emancipación del colectivo joven". Al respecto, en el segundo trimestre de 2010 la tasa de emancipación de los jóvenes en España es del 45,8%, cifra que supone que un 54,2% de la población joven es dependiente des del punto de vista residencial. Según datos del OBJOVI, "más de la mitad de los 5.849.422 de personas jóvenes no emancipadas tienen menos de 25 años".
Las provincias donde el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad es más elevado son Guipúzcua (68,9%), Barcelona (68,4%), Vizcaya (68,1%), Madrid (63,5%), Baleares (63,4%), Cantabria (57,1%) y Málaga (55,7%).
En cuanto a la superficie máxima que ha de tener la vivienda para que los jóvenes puedan acceder a ella teniendo en cuenta su salario, en el segundo trimestre de 2010 se ha situado en los 57,3 m2 en el caso de la compra y en los 45,3 m2 en la vivienda de alquiler...
* Yaencontré - 23.12.10
Foto: Acceso imposible jóvenes vivienda - yaencontre
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IVÁN M.L.* : Las líneas de AVE cuentan con la suprema condición de “interés general” del que suelen gozar todas las actuaciones del Ministerio de Fomento para causar todo tipo de daños medioambientales y sociales, con un altísimo coste económico. Es el caso de la destrucción del Parque Lineal del Manzanares, un espacio protegido por su valor natural, histórico y cultural. El sacrosanto “interés general” nos somete a los vecinos de barrios como Butarque (Villaverde – Madrid) a la resignación de ver como las retroexcavadoras levantan y entierran un espacio con alto valor arqueopaleontológico, en pro de la construcción de un futuro desdoblamiento de la vía Madrid-Valencia que se ha inaugurado el pasado 18 de diciembre. Desde que en 1992 se inaugurara oficialmente la senda del AVE, con cada nuevo kilómetro, con cada nueva estación, con cada nueva inauguración los representantes políticos repiten hasta el aburrimiento una misma cantinela que sirve de excusa para justificar este supuesto “interés general”: el AVE genera empleo. Los casi 20 años construyendo a altas velocidades las costosas y agresivas líneas de AVE han situado al territorio español como el que más kilómetros de alta velocidad tiene de toda Europa, con un total de 2.665 Km.
Sería de suponer que, a pesar de la crisis del sistema económico y financiero, el Estado español gozase de una salud de hierro, al menos en cuanto a generación de empleo se refiere. Sin embargo, ocupamos igualmente el primer puesto europeo en cuanto a cifras de paro, con más de 4 millones de desempleados.
Así, por estas vías, hemos llegado a ser el país con más kilómetros de líneas de AVE y, a su vez, el de mayor tasa de desempleo de Europa.
Dos décadas de construcción ininterrumpida de líneas de alta velocidad por toda la geografía española son más que suficientes para contrastar que este sainete que pretende asociar la construcción de grandes infraestructuras de transporte con el empleo, el progreso económico y el interés general no es más que una burda mentira.
Quizá, incluso, podríamos hablar de que, gracias al modelo de concentración productiva y económica que favorecen las líneas de alta velocidad, el AVE, lejos de recorrer un trayecto por el empleo, nos conduce por la senda del paro, al permitir que las grandes empresas puedan prescindir de puestos de trabajo distribuidos por todo el Estado, concentrándolos en un sólo centro de producción, para abaratar costes y reducir plantillas.
Si el AVE tiene parada en el progreso económico, quizá sea para el de unos pocos: el de quién lo planifica, el de quién lo ejecuta y el de quién, en última instancia, lo exprime para su beneficio particular. A los demás ¿dónde nos lleva el AVE?. A la vista de los resultados, lejos del interés general tiene que ser.
* Fuente: http://www.butarque.es/spip.php?article326
* Rebelión - 24.12.10
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