SUR/Málaga* : Por escrito parecía sencillo, pero en la práctica el proceso ha resultado más que complejo. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, aprobado en mayo, fija sobre el papel las pautas para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en la ciudad durante la 'era GIL'. Sin embargo, la dificultad de articular un mecanismo inédito en la historia del urbanismo y las reticencias de los promotores a asumir las cargas han retrasado la puesta en marcha del sistema de compensaciones. Hasta ahora. El Ayuntamiento de Marbella aprobará hoy en Junta de Gobierno Local los dos primeros expedientes de normalización de edificaciones ilegales. Seis meses después de la entrada en vigor del Plan, el municipio lleva a la práctica los conceptos teóricos establecidos en el nuevo ordenamiento y aleja la sombra de la piqueta sobre más de 225 viviendas.
Las promociones inmobiliarias que estrenarán la amnistía urbanística que recoge el PGOU serán, según informaron a SUR fuentes municipales, Santa María Green Hills y El Palmeral. Eso sí, previo paso por caja. Sus promotores, los primeros en asumir las cargas para legalizar construcciones irregulares en Marbella, resarcirán a la ciudad con más de 1,3 millones de euros, la cesión de suelos y trabajos de mejora y acondicionamiento de viales públicos.
En lo que respecta a Santa María Green Hills, un complejo residencial de 192 viviendas en la zona de Elviria Norte, la empresa Marbella Vista Golf SL deberá compensar por el exceso de edificabilidad que refleja la promoción inmobiliaria respecto al PGOU de 1986. En estos casos, definidos en el nuevo Plan como 'ordenación de mantenimiento', la carga se corresponde con el 10 por ciento del citado exceso, lo que supone más de 565.000 euros. La promotora debe además reforzar y mejorar las infraestructuras de la vía situada frente a los terrenos.
La compensación a la que hace frente la sociedad Inversiones Vasand, responsable de la edificación de las 35 viviendas adosadas que componen El Palmeral, en Nueva Andalucía, es mucho mayor. Para regularizar la promoción inmobiliaria, la mercantil está obligada a ceder al Ayuntamiento una parcela de 3.500 metros cuadrados que deberá acondicionar como zona verde y otra de 3.000 metros cuadrados para la construcción de viviendas de promoción pública (las antiguas VPO), así como adecuar los viales perimetrales del complejo residencial.
La promotora, según las mismas fuentes, debe también abonar 50 euros por unidad de aprovechamiento, lo que supone más de 500.000 euros, cuantía económica que, según recoge el nuevo ordenamiento, estará destinada a la creación de infraestructuras en el municipio. El capítulo de cargas para la regularización lo cierra una indemnización de más de 275.000 euros en concepto de exceso de edificabilidad.
Las promotoras han cumplido con las compensaciones para poder culminar el proceso de normalización. Las cuantías económicas ya han sido abonadas al Ayuntamiento y las escrituras de cesión de terrenos han sido suscritas ante notario, según apuntan fuentes del Gobierno municipal, que destacan que la aprobación de los primeros expedientes de regularización constituye «un paso importantísimo», dada la «terrible complejidad jurídico-administrativa» que ha supuesto crear las herramientas para poner en práctica el patrón de legalización de inmuebles establecido en el PGOU.
El Ejecutivo local considera que, una vez ejecutadas las primeras regularizaciones, el procedimiento irá más rápido, por lo que prevé que se hayan cerrado las compensaciones en más de una decena de casos antes de que termine el año.
* Sur - 23.11.10
Foto: La urbanización Santa María Green Hills, un complejo residencial de 192 viviendas cuya licencia de obras fue impuganada en 2003 por el TSJA - sur
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ELPAÍS/Madrid* : Un obrero lleva 272 días protestando en una obra a 40 metros de altura por los impagos de una constructora contratada por el Ayuntamiento de Pozuelo. La barba rala de Doney Ramírez, empleado de la empresa Estructuras Jigar, parece la de un náufrago solitario, pero este hombre no es un navegante perdido, es un obrero subido a una grúa de 40 metros de alto por los desmanes de un Ayuntamiento y una potente constructora. En un céntrico solar de Pozuelo de Alarcón (82.000 habitantes), la empresa Ploder Uicesa ultima una obra enmarañada. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, le encargó en 2007 la construcción de una casa de la cultura y un parquin en la plaza del Padre Vallet, con un presupuesto de 23 millones de euros: cinco los aportarían fondos municipales y 18 una Unión Temporal de Empresas, concesionaria de la explotación del aparcamiento, llamada Pozuelo Infraestructuras y participada al 100% por Ploder.
Hoy la obra casi está lista, pero con secuelas. Su coste se ha inflado en cinco millones de euros y encima de ella hay un problema de carne y hueso: "Me duelen mucho las rodillas; si me pongo de pie me tiemblan las piernas...", dice por teléfono el robinsón de la grúa, un colombiano de 35 años, casado y con tres hijos pequeños, que sufre el paso del tiempo (lleva 272 días subido a la grúa de la obra) y las estrecheces de su hogar, una tienda de campaña.
Ramírez es el sostén de una protesta que empezó en febrero, cuando otro compañero de su empresa subió a la grúa y colgó una pancarta que continúa en el cielo de Pozuelo: "ruina consentida". Jigar fue subcontratada por Ploder para hacer las estructuras, pero dejó de cobrar a finales de 2009. Iniciaron su valiente protesta para cobrar 150.000 euros que les adeudan. Siguen sin pagarles. Y el Ayuntamiento se desmarca del asunto.Para entender los problemas que han acabado con un hombre encaramado a una grúa en solitario (otros dos compañeros estuvieron arriba pero acabaron bajando) es conveniente leer la letra pequeña con que se escribió esta obra.
Meses antes de que se iniciara el proyecto, en octubre de 2007, la interventora municipal de Pozuelo se había opuesto a la obra, atribuyéndole una cadena de defectos administrativos: "Inseguridad jurídica, infracción legal a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, inviabilidad económica de la futura concesión, inviabilidad de la aportación económica municipal al no ser susceptible de concesión de obra pública el edificio de la casa consistorial del Padre Vallet".
La opinión de la interventora municipal estaba clara, pero el entonces concejal de Hacienda, Roberto Fernández, la interpretó a su manera: "Cuando habla de inviabilidad económica no se está refiriendo a que la obra se va a quedar sin fondos. La interventora se está refiriendo a que la mecánica de contratación no es la más adecuada y considera que una parte de la obra debería tener un mayor control por parte del Ayuntamiento a la hora de fiscalizar las certificaciones de obra". Dicho esto, la obra se inició sin modificaciones.
Doney Ramírez es uno de los obreros que han puesto sus manos para ejecutar esta obra, que debería haber finalizado en junio de 2009. Los trabajos continúan. Ayer los obreros picaban una zona del suelo que ya se había terminado. "Han salido humedades", se excusó uno. Aun así queda poco para que se acabe la obra; ni las humedades ni el empeño vehemente de Ramírez por reclamar las deudas con su empresa evitarán que, antes o después, la obra de la plaza del Padre Vallet tenga su feliz inauguración y quede abierta al público, con un nuevo edificio cultural del Ayuntamiento y un aparcamiento que explotará durante 37 años Pozuelo Infraestructuras. Quizás con el tiempo se borren las incógnitas que ha dejado.
La interventora no quería. La oposición (PSOE), tampoco. El Ayuntamiento, sí. Cuando la funcionaria municipal puso pegas al proyecto, la concejal de Contratación, Pilar Garrido, explicó la virtud del plan, que la financiación era mixta, pública y privada, con lo que los vecinos de Pozuelo solo se gastarían cinco millones de euros.
Fueron nueve. La propia Garrido promovió en abril de 2009 una modificación presupuestaria que encareció la obra un 16%. Todo el sobrecoste lo pagó el Ayuntamiento.
El plus se aprobó gracias a que el PP gobernaba en mayoría, con Jesús Sepúlveda de alcalde; Sepúlveda es hoy uno de los imputados en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia en España vinculada a un partido político. Su hombre de confianza en Urbanismo era Gonzalo Aguado, actual alcalde, imputado en otro caso judicial, el del Parque del Arroyo de las Cárcavas, incluido a su vez en el sumario de la operación Gürtel.
Cuando se decidió el sobrecoste el sector de la construcción ya estaba en plena crisis. Pero en la plaza del Padre Vallet no hubo reparos en construir un segundo túnel que no estaba previsto, añadir un piso al aparcamiento sin perder el número de plazas totales del proyecto adjudicado y demoler y reconstruir la antigua Casa Consistorial. Si el aumento del gasto hubiese pasado del 20% del plan original, Pozuelo tendría que haber vuelto a adjudicar el proyecto. Fue un 16%. Cuatro millones de euros más. Un balón de oxígeno para la empresa concesionaria, que además obtuvo una prórroga de año y medio en la concesión, pasando de 35 a 37 años.
Poco después, Ploder dejó de pagar a Estructuras Jigar, la subcontrata que ahora defiende en las alturas Doney Ramírez. Su jefe, Arturo Sendín, no acaba de comprender cómo con el mercado cerca del crac se pudo pagar todo ese dinero a mayores. "Las empresas del sector de la construcción sabemos que si alguien nos pide un trabajo ahora, tenemos que ofrecer un precio hasta un 50% más bajo que hace un año. Y si hay una modificación de proyecto, debería ser para que el precio sea menor", argumenta Sendín, que cobró 150.000 euros por su trabajo y continúa esperando que le den la otra mitad.
El patrón cree que Ploder no va a pagar nunca. Y que el Ayuntamiento no va a hacer nada por forzarlo, apoyándose, como ha hecho desde que empezó el problema, en que ha cumplido con su parte y no es responsable de los impagos de la constructora.Sendín, en cualquier caso, no renuncia a "incordiar". Jigar ya no trabaja en la plaza del Padre Vallet. Otra empresa continuó y cerró su trabajo. Pero el patrón sigue acudiendo al lugar, con un hatillo de comida para dar fuerzas al estilete de Jigar, Doney Ramírez, que sigue arriba por iniciativa propia, cobrando su sueldo y denunciando lo que ha pasado abajo con su fe de Robinsón.
* El país - 23.11.10
Foto: Ramírez, el viernes, subido a la grúa en la que protesta por lo que se debe a su empresa - El País
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ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Alberto Ruiz Gallardón podría reducir considerablemente la deuda municipal del Ayuntamiento de Madrid con solo recortar la partida económica que destina año a año al alquiler de sedes y oficinas. Un concepto en el que el alcalde empeña, según la oposición socialista, 52 millones de euros cada ejercicio Y todo, a pesar de que dispone de un importante patrimonio inmobiliario infrautilizado o, en algunos casos, vacío. La propia Esperanza Aguirre aconsejó ayer al alcalde que emprenda una gran desamortización inmobiliaria al estilo de la que, hace dos siglos, llevaron a cabo los ministros Juan Álvarez de Mendizábal y Pascual Madoz. Sería su fórmula para resolver el problema de la deuda municipal que axfisia al Consistorio.
“El Ayuntamiento es propietario de muchísimos edificios que habría que sacar a subasta y vender, especialmente en momentos de crisis como los actuales”, explicó Aguirre en RNE. “No veo por qué las Concejalías tienen que estar situadas en los sitios más caros de Madrid”, añadió para meter un poco más el dedo en la llaga de una de las grandes polémicas que ha envuelto la gestión del alcalde de Madrid.
Porque Ruiz Gallardón puso de moda, con su llegada al Consistorio en 2003, el cambio de sedes municipales, mudanzas que en su día alcanzaron cifras millonarias. La más llamativa, el propio traslado del Ayuntamiento y del despacho del alcalde al nuevo Palacio de cristal de Cibeles, lo que ha dejado hasta la fecha una factura de más de 500 millones de euros. El portavoz de la oposición, David Lucas, ha criticado también que los cambios de edificios de algunas concejalías se hayan llevado a cabo "a pesar de que las instalaciones de la Plaza de la Villa (sede histórica del Consistorio) están infrautilizadas”.
Para los socialistas, algunos casos, han supuesto un auténtico despilfarro. Como el traslado de la sede de Servicios Sociales a la calle de Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca, cuyo alquiler cuesta 3,3 millones de euros. La mudanza de la concejalía de Hacienda a la calle Alcalá costó otros 10 millones de euros, mientras que habilitar la nueva sede de Economía en la calle Gran Vía supuso otros 3´2 millones.
La desamortización de Aguirre
El “gran plan de amortización” de la 'lideresa' sacaría a la venta muchas de esos edificios vacíos o no suficientemente aprovechados que tiene en su propiedad el Ayuntamiento y que, según explicó Aguirre, “es un patrimonio inmenso”. La presidenta habla desde le experiencia que le da el hecho de haber pasado 13 años de su vida como concejal de la institución.
Algunos de esos inmuebles ya salieron a la luz con el cambio de cromos que Gallardón tuvo que llevar a cabo para adquirir el Palacio de las Telecomunicaciones, antigua sede de Correos. El Ayuntamiento tuvo que deshacerse para ello de 360 millones en patrimonio y permutarlos con la Administración central para conseguir el ansiado edificio.
En esa permuta, Gallardón intercambió una parcela en el PAU de Sanchinarro de 51.743 metros cuadrados valorada en 93 millones de euros. Incluyó también en el lote un local en la calle Hermanos Álvarez Quintero valorado en 1.160.000 euros y otro en el paseo de los Olmos que costaba 469.583 euros. El Ayuntamiento tuvo que comprar también, por 132 millones, un edificio que tenía alquilado en la calle Capitán Haya para entregárselo después al Ministerio de Ciencia y Tecnología y ceder a Cultura el edificio Cariátides, antigua sede del Banco Central hoy reconvertido en flamante sede del Instituto Cervantes. Solo este último inmueble fue tasado en unos 140 millones de euros.
“Ya se lo dije a Juan Bravo (concejal de Hacienda)”, añadió ayer Aguirre. “Le recomiendo que se convierta en Juan Mendizábal. No se lo dije a Gallardón pero se lo digo ahora también y no veo por qué puede recibir estas cuestiones mal. Estoy segura de que se puede reagrupar la Administración municipal. Todas las empresas lo han hecho”.
* El Confidencial - 19.11.10
Foto: El alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón (EFE)
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DIARIODEMALLORCA* : Cuatro imputados han afirmado hoy al juez del "caso Maquillaje" que realizaron labores para Unió Mallorquina (UM) mientras estaban contratados por una empresa vinculada a Vídeo U, que fue regada en la legislatura pasada con millones del Consell del Mallorca -gobernado por UM- y para la que nunca trabajaron. Hoy han prestado declaración ante el juez instructor de este supuesto caso de corrupción, Juan Ignacio Lope Sola, cuatro de los quince imputados citados durante cuatro días, supuestamente "enchufados" por UM en varias empresas mientras trabajaban para el partido. En concreto, han comparecido Jorge Mandado, ex gerente de la Fundación Illesport, ex presidente de la Casa Argentina Balear y afiliado a UM; Débora Lorente, ex trabajadora del departamento de Comunicación del Consell y también afiliada; Manuel Norte, ex apoderado del partido nacionalista y Pablo Cañellas, hermano del ex conseller balear de Deportes Mateu Cañellas (UM) y también afiliado.
Todos han reconocido que estuvieron en algún momento contratados por la empresa Ambit Digital, vinculada a Vídeo U, mientras realizaban diferentes labores para UM.
La Fiscalía sospecha que esta última productora, que recibió contratos y subvenciones millonarias la pasada legislatura por parte del Consell, es propiedad de los ex presidenta y vicepresidente de la institución insular, Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, ambos de UM.
Norte ha afirmado al juez que llegó a cobrar de tres empresas distintas, en las que no realizó ninguna labor, mientras trabajaba para el partido nacionalista, y ha señalado al ex conseller insular y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, como la persona que le ofreció el primero de estos contratos.
El imputado ha afirmado que cobró nóminas de las empresas Ambit Digital, Consorcio de Informática Local de Mallorca -cuyo gerente fue nombrado por UM- y H2O Oci Educació -empresa especializada en el sector lúdico y educativo-, en las que nunca trabajó.
"No he trabajado nunca en Ambit Digital. Me mandaban trabajos para el partido en los eventos. Trabajaba para UM y Ambit Digital me pagaba la nómina", ha confesado Norte.
"Supuse que era un favor que me hacía el partido", ha asegurado por su parte el ex presidente de la Casa Argentina Balear, quien estuvo contratado por Vídeo U y Ambit Digital durante aproximadamente siete meses cuando no pisó ninguna de las dos productoras.
Respecto a si hizo alguna labor para UM en ese tiempo, Mandado ha explicado que un año antes de las elecciones de 2007 asesoró al partido presentando al ex conseller insular de Relaciones Institucionales de UM, Josep Lliteres, "a personas relevantes de la inmigración".
"Ahora puede verse que el dinero que cobraba era en agradecimiento, pero en aquel momento no lo pensé, creía que era por un trabajo", ha asegurado.
Otro de los imputados, Débora Lorente ha explicado al juez que Ambit Digital la contrató en 2004 y que con su sueldo comenzó a trabajar para el departamento de Comunicación del Consell de Mallorca a las órdenes de la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.
En 2007, ha añadido, pasó a trabajar en la sede de UM elaborando la revista del partido, donde estuvo hasta 2009, todo ese tiempo cobrando de Ambit Digital.
"Me dijeron que me tenían que contratar de esa manera, no me dieron más explicaciones", ha apuntado Lorente respecto a que percibiera su nómina de la productora durante esos tres años.
El último en declarar ha sido Pablo Cañellas, quien ha afirmado que estuvo contratado por Ambit Digital durante tres meses y medio y luego pasó otros tres meses de baja, y eso sin saber siquiera a qué se dedicaba la empresa.
Ha confirmado que colaboró con UM en la campaña de 2007 metiendo invitaciones en sobres en la sede del partido. "Puede decirse que era miembro de la 'xarxa de UM'. No sabría decir quién era el que la dirigía, creo que mi hermano Mateu Cañellas", ha dicho.
"Me llamaron para decirme que se estaba investigando el asunto y que fuera a conocer la empresa por si me llamaban a declarar al juzgado", ha apuntado, tras lo que ha asegurado no acordarse de quién se lo había dicho, si "eran de la empresa o políticos".
* Diario de Mallorca - 22.11.10
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
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ELPAÍS/Andalucía* : Las dos tercios de los demandantes de una VPO en Andalucía prefiere una vivienda en alquiler y no en propiedad, aunque al 43% estaría interesado en disponer de una opción de compra. El programa de ayudas con rebajas de precio y préstamos a bajo interés para la adquisición de viviendas del stock sin vender en la comunidad apenas ha permitido 1.056 operaciones. Y un buen número de las promociones públicas que realizan los ayuntamientos se quedan vacantes. Datos como estos ponen en entredicho los objetivos de los planes y políticas en la materia y cuestionan que realmente sea necesaria la promoción de 300.000 casas hasta 2017, como planteaba el Pacto Andaluz por la Vivienda, firmado hace tres años.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, admite que hay que revisar estos objetivos y "ajustar el modelo a las necesidades reales".
El fin se mantiene, explica Cruz, y la Junta sigue teniendo entre sus "prioridades máximas" satisfacer la necesidad de vivienda de un importante sector de la población que no puede acceder al mercado libre. Pero lo que si parece conveniente para hacer estas políticas más eficaces es un cambio de orientación y de los instrumentos para desarrollarlas.
La Junta evaluará los resultados de los programas puestos en marcha y, sobre todo, los perfiles que se definan en los registros de demandantes para conocer con más precisión la realidad. "Haremos las viviendas que haga falta hacer, pero sabiendo que son las que se necesitan", enfatiza Cruz. Hasta ahora, en los planes autonómicos se había dado preponderancia a la vivienda en propiedad, y ahora los primeros estudios del perfil de los registros municipales de demandantes indican una preferencia mayoritaria por el alquiler. De hecho, los programas de alquiler y de rehabilitación puestos en marcha por las administraciones en los últimos años tienen más éxito que los de venta.
Es posible que las estimaciones realizadas hace tres años estuvieran algo infladas, según indican los primeros estudios de este registro de demandantes en el que deben estar inscritos todos los ciudadanos que aspiren a una vivienda pública. "Las expectativas que había se están rebajando algo", admite Cruz. Las decisiones que se tomen sobre la reorientación de los planes dependerán de que se complete la elaboración de los registros, que al margen de ofrecer datos sobre el número de demandantes, permite conocer un perfil preciso de las necesidades reales en cuando al tipo de vivienda, sus características y el régimen. "El mejor conocimiento de la realidad nos permitirá adaptarnos a las necesidades, pero siempre teniendo claro que hay un plan que nos da el modelo, la estructura y que establece unas reglas de juego claras", explica la consejera. Hasta ahora, las aproximaciones a la cuestión se han basado en encuestas y estudios sociológicos. Por ejemplo, la determinación de construir en 10 años 700.000 viviendas, de las que 300.000 fueran a precio asequible, se fijaron porque el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) estimó con la proyección de población que serían precisas 270.000 casas de VPO.
Ahora el registro debe dar un conocimiento preciso. De momento, las primeras 30.000 solicitudes indican que dos de cada tres demandantes prefieren el alquiler (19.800), de los cuales 12.900 estarían dispuestos a una opción de compra, entre el séptimo y el décimo año, siempre que se descontara del precio el dinero abonado por la renta. El 34% de los demandantes (10.200) prefieren acceder a una vivienda en propiedad. Esta inclinación por el alquiler responde también a la imposibilidad de las familias de acceder a créditos bancarios por la crisis financiera.
La VPO en cifra
- El 92% de los demandantes registrados tiene ingresos anuales inferiores a 28.000 euros, 2,5 veces el salario mínimo.
- El 55% de los demandantes registrados tienen entre 25 y 35 años. El 24% es menor de 25 años.
- La población menor de 35 años es habitualmente la adjudicataria del 70% de las VPO que se promocionan en Andalucía.
* El País - 22.11.10
Foto: Se alquila - europapress.es
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Cientos de cadáveres de hormigón afean las calles de Santa Cruz y obstaculizan los espacios públicos sin que nadie sepa exactamente qué va a ocurrir con ellos ni cuántos son. Se trata de los restos de edificios engullidos por el derrumbe de la construcción, afectada con especial virulencia por la crisis, o algunos que llevan hasta más de una década abandonados en las calles. Y lo peor es que la Gerencia Municipal de Urbanismo desconoce el número exacto de inmuebles y de familias afectadas, ni las cuantías de dinero perdidas por todas ellas, según admitieron los portavoces del Consistorio. Según datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Canarias (Coactfe), alrededor de 500 edificios siguen sin acabarse en todo el municipio después de haber obtenido el permiso de obra.
En la mayoría de las fachadas inacabadas permanecen letreros con los nombres de las constructoras y en algunas incluso siguen las características de los pisos que se ofertaban. Pero ni rastro de las habitaciones, de los muebles de cocina "de primera calidad" ni de los responsables de las empresas. Este diario ha telefoneado a media docena de ellas y en ningún caso obtuvo respuesta.
Los años 2006 y 2007 fueron los últimos que registraron un crecimiento inmobiliario. Según la oficina de control de la Demarcación de Tenerife del Colegio de Arquitectos de Canarias, en estas fechas, el Ayuntamiento capitalino realizó más de 2.000 licitaciones, pero a día de hoy más de 500 siguen sin entregar el certificado final de obra. En todo Tenerife, se visaron 2.504 promociones el primer año y 2.360 el segundo. En los años posteriores ya se produjo una fuerte caída. Un total de 1.253 proyectos de 2006 y 1.228 de 2007 siguen hoy sin haber entregado el certificado final, lo que supone una media del 50% del total.
Ante estos datos, el vocal de información del Coactfe, José Trujillo, puntualiza que "puede estimarse que un 41% de los proyectos de viviendas que en otras épocas ya hubieran terminado su construcción en estos momentos continúan las obras de forma paulatina o han parado totalmente". En cuanto a que Urbanismo no posea un censo donde figuren todos estos datos, algunos se muestran sorprendidos y otros lo consideran lógico. Trujillo por ejemplo lo ve "normal".
El vocal considera que la carencia por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de un listado de estas características responde a cuestiones de temporalidad. La constructora dispone de dos años desde que se le aprueba la licencia de obra para empezar a construir y la crisis económica comenzó realmente justo hace ese tiempo, por lo que Urbanismo "no ha tenido tiempo material para elaborar el catálogo". Trujillo reconoce que "se trata de un trabajo casi imposible de ejecutar", ya que "habría que cruzar miles de datos". Es algo que han pedido concejales como Guillermo Guigou, de Ciudadanos. Los portavoces del área consultados por este diario se limitaron a decir que se está trabajando en ello.
Raúl Alonso, responsable de la Organización de Consumidores y Usuarios de Tenerife (OCU), se muestra crítico con lo que considera "una dejadez generalizada por parte de la Gerencia". "¿A qué se dedican los de Urbanismo?". El responsable de la OCU cree que la disciplina urbanística del Ayuntamiento tiene que dar un cambio radical y elaborar un censo en el que conste la situación actual de todas las obras a las que se les ha concedido licencia. "Me parece lamentable que no se lleve un control y un seguimiento". Además, destacó que no se puede permitir que haya obras deterioradas, en mal estado o sin acabar durante años y años, ya que crean problemas de salud, son foco de marginalidad e insalubridad, estorban y ponen en riesgo el tránsito de los vecinos y, en definitiva, generan inseguridad.
Trámites
Los trámites para obtener una licencia de obra suponen un proceso lento y complicado. "Por lo general se tarda unos seis meses en concederse y otros seis en notificarse", explica Trujillo, al tiempo que añade que "por ello la obra se ralentiza muchísimo".
Con la crisis económica se han flexibilizado mucho más las renovaciones de licencias, que en principio se pueden alargar otros dos años. Trujillo recalca que la situación más grave vendrá con las obras que se licitaron e iniciaron y que han recibido el capital por parte de los propietarios y no podrán cumplir con el plazo de entrega estipulado, ya que la constructora se ha declarado en quiebra. Resaltó que "con la crisis la mayoría de las obras ni siquiera se han llegado a iniciar".
Algunos de estos esqueletos de cemento hacen las veces hasta de hogares de indigentes, una situación que preocupa seriamente a muchos vecinos, aunque el responsable de la OCU entienda que "hasta ahora no he recibido quejas de ningún afectado por estas estructuras de hormigón". El responsable reconoce que los residentes están acostumbrados a aguantar y no suelen quejarse.
Aunque no todos los vecinos son capaces de guardar silencio o mirar para otro lado ante las moles inacabadas. Ahí están los vecinos del barrio Nuevo Obrero de Ofra, que están hartos de llevar soportando durante más de dos años las consecuencias de vivir próximos a uno de estos edificios a la deriva de la capital.
Han denunciado su situación ante el Ayuntamiento en dos ocasiones sin obtener respuesta alguna. El presidente de la asociación de vecinos, Víctor Pérez, no sabe qué más hacer para que las "autoridades competentes adopten medidas acordes a la situación de este edificio", pues consideran que ocupa parte del espacio público. Los perjudicados afirman que "las personas sin hogar pernoctan en el interior" y añaden que "cada vez son más".
En España, las empresas que se declararon en suspensión de pagos y quiebras ascendieron a 964 solo en el tercer trimestre de este año. Una de cada tres concursadas pertenece al sector de la construcción, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística. Si la situación no se invierte, los gigantes de hierro y hormigón se convertirán en un paisaje habitual de la ciudad.
* La Opinión Tenerife - 21.11.10
Foto: Construcción debajo del puente Zurita - laopinión
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JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN* : Un reportaje de este periódico sobre la fragmentación municipal ha puesto de manifiesto que los integristas unitarios que repudian las señas de identidad de determinadas nacionalidades, fundamentalmente las de Cataluña y Euskadi, defienden numantinamente los vínculos emocionales con su pueblo natal negándose a reconsiderar la disparatada división de España en 8.114 municipios. Los expertos en Derecho Administrativo señalan que nos enfrentamos a una realidad absolutamente irracional, ineficaz y costosa. No alcanzo a comprender cómo se puede hacer ostentación del rechazo a los signos identitarios de las nacionalidades y, al mismo tiempo, considerar intocables sus fragmentados territorios municipales. La consecuencia lógica es que el bienestar está insatisfactoriamente cubierto por entidades municipales atomizadas y con arcas paupérrimas, que frustran la gestión racional del territorio y el bien vivir de sus habitantes. Cuando se plantea la necesidad, más acuciante en tiempos de crisis, de agrupar municipios para mejorar sus prestaciones, no entiendo a los dirigentes políticos que declaran públicamente que plantear la supresión de municipios "es ofender a los ciudadanos y crear problemas". Admito que la tarea es problemática, pero de ninguna manera puede constituir una ofensa para los ciudadanos afectados.
Otros políticos despachan la cuestión acudiendo a metáforas inmovilistas demasiado manidas: sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles.
En una sociedad democrática los políticos deben afrontar los problemas en lugar de eludirlos y dilatarlos eternamente.
En el reportaje al que me refería al principio, un profesor de Derecho Administrativo manifestaba: "Evidentemente, sobran municipios. Es imposible que municipios con 80 personas o menos puedan prestar servicios de calidad". No obstante, reconocemos que se necesita una fuerte voluntad política y que es posible que resulten afectados sentimientos y nostalgias.
En el trabajo periodístico se citaba un caso que podría figurar en el imaginario de una España berlanguiana. La alcaldesa de un pequeño pueblo estaba orgullosa de haberse independizado de otro, no mucho más extenso, porque este empleaba los impuestos en su territorio. Conseguida la secesión, presumía de tener su propio pabellón deportivo y su biblioteca municipal. ¿Era imposible compartir ambas instalaciones? No me parece una buena política colocar un pabellón deportivo al lado de cada encina.
Los pequeños Ayuntamientos manejan competencias y prestaciones que deben plantearse desde una perspectiva supramunicipal, como la planificación urbanística. Por encima de la autonomía municipal está la ordenación del territorio. Se trata de un interés general que potencia el Derecho Administrativo y protege el Derecho Penal. La Ley de Bases de Régimen Local confiere al Estado la potestad de "establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales".
En el súmmum del surrealismo, el alcalde de San Sebastián de los Reyes ha llegado a afirmar que Alcobendas tiene una cultura diferente, por lo que carece de sentido hablar de unificación. Interesante trabajo para un sociólogo: encontrar los rasgos diferenciales entre los habitantes de estas dos localidades.
Las consecuencias colaterales de esta fragmentación no pueden ser ignoradas. Los ciudadanos españoles deben saber que en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior están inscritos más de 1.000 formaciones a la espera de las elecciones municipales. Solo pretenden obtener un puesto para negociar su voto con el partido que lo necesite, a cambio de la Concejalía de Urbanismo. Las bases de la corrupción urbanística están servidas.
La autonomía municipal en materia urbanística es nefasta y destructiva. Atenta contra el desarrollo sostenible y olvida que lo prioritario es la ordenación racional del territorio. Desde la perspectiva medioambiental resulta insostenible. Si se han creado mancomunidades para gestionar las basuras y residuos, ¿por qué no unificar y concentrar toda la actividad municipal de forma más eficiente y rentable?
La fragmentación municipal genera una innecesaria proliferación de cargos técnicos y de personal administrativo. Apelar a los sentimientos identitarios y esgrimir que afrontar la irracionalidad crearía problemas, es tanto como renunciar a la política democrática. La Constitución exige a los poderes públicos la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico que incluye nada menos que la salud y la educación.
Hace ya unos años, un divertido anuncio publicitario enfrentaba a dos municipios, Villarriba y Villabajo, con motivo de sus fiestas patronales. Cada uno cocinaba el arroz por separado. A la hora de lavar la paella, los de Arriba, al parecer más avispados, utilizaban un mágico detergente que, en unos minutos, les permitía comenzar el baile antes que los de Abajo, que manejaban utensilios más ineficaces. ¿No hubiera sido más sensato compartir la paella y que se encargase de comprar el detergente un solo municipio, por ejemplo Villaenmedio?
Dedicado a Luis García Berlanga, autor de la serie Villarriba y Villabajo
* José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión de Juristas de Ginebra.
* El País - 22.11.10
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