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LAPROVINCIA/Lanzarote* : Declaran 14 testigos en la segunda jornada del juicio al ex alcalde Juan Ramírez. Fue como chocar contra un muro. Así se sintieron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) cuando acudieron al Ayuntamiento de Haría en la última etapa de Juan Ramírez como alcalde para recabar una serie de informaciones sobre posibles construcciones ilegales en suelo rústico.
Así lo afirmaron ayer dos funcionarios en su declaración como testigos en la vista oral del juicio contra el político, que se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por prevaricación urbanística por la concesión de quince licencias entre 1997 y 1999 a sabiendas de su ilegalidad, según la tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la acusación particular. También se le acusa de falsedad documental por otorgar certificaciones territoriales sin tener facultad para ello.
"En el caso de Haría, nos negaban cualquier tipo de ayuda", explicó uno de los agentes en sus manifestaciones ante el Juzgado de lo Penal nº 1. "En aquella época", entre 1998 y 2000, "nos llamaba mucha gente porque decían que se construía ilegalmente. En la Oficina Técnica nunca nos contestaban".
La documentación que sí existe pone de manifiesto hechos que resultan de difícil explicación, según la valoración del representante del Fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Stampa. Y de la propia lógica, al menos en base a las fechas que se certifican. Es el caso de la construcción de unos apartamentos en el Charco del Palo en la que median once días entre la fecha de la concesión de la licencia por parte del ex alcalde y el certificado de fin de obra.
Otra de las licencias de la polémica firmadas por Ramírez, alcalde del municipio durante un total de quince años, permitió la segregación de unos terrenos que, según el planeamiento vigente, estaban destinados a zona verde y deportiva. Al día siguiente de la firma de la segregación, el alcalde compró una de estas parcelas, colindante con su casa, según consta en la documentación que aportan Fiscalía y acusación particular.
* La Provincia - 4.03.10
Foto: Haría (Lanzarote) - flickr.com
Haría obstruyó la investigación sobre obras ilegales
Entidades de Tarragona interponen un recurso contencioso al plan de las ARE
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ABC* : Según estas organizaciones, el Plan Director, que contempla la creación de una decena de ARE en el Camp de Tarragona (Calafell, Falset, Reus, Els Pallaresos, Perafort, La Canonja, Tarragona, Valls, Santa Oliva y Vila-seca), "condena" a esta zona a convertirse en la segunda área metropolitana de Cataluña, desarrollando "barrios enteros con la excusa de unos equipamientos necesarios".
"No permitiremos que, con la excusa de las viviendas de protección oficial, se construyan viviendas del todo innecesarias", han advertido los colectivos contrarios a las ARE, que afirman que el decreto que las regula "invade la autonomía municipal".
Por una parte, "elimina los procesos de participación ciudadana obligatorios en las cuestiones de planeamiento general" y, por la otra, "se vulnera la autonomía municipal garantizada hasta ahora en materia de ordenación urbanística y la anula en cuanto a la labor planificadora y de ordenación del territorio".
En este sentido, los denunciantes aseguran que las ARE se pueden desarrollar en terrenos considerados no urbanizables hasta el momento, prescindiendo de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes, de modo que "permiten crear barrios inexistentes en el planeamiento municipal".
Entre las entidades y colectivos que suscriben el recurso contencioso administrativo están las CUP de Reus, Tarragona, Valls y El Vendrell, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Natural del Priorat y Unió de Pagesos. EFE.
* ABC - EFE - 4.03.10
Foto: Reus - wikimedia.org
Galicia edificará en la costa
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LNE* : El plan de ordenación del litoral de Galicia, una normativa con espíritu similar al plan de ordenación del litoral de Asturias (POLA), levantará el veto para construir en los primeros 500 metros de franja costera gallega. La Xunta de Galicia considera, al contrario que el Gobierno del Principado, que no se debe prohibir de manera «generalista» la construcción de edificios en el litoral.
El próximo 17 de mayo se cumplirán tres años de la moratoria aprobada por el anterior Gobierno bipartito (PSOE-BNG), que impedía construir en la franja costera de los 500 metros y que fue concebida de manera preventiva para preservar el litoral del urbanismo agresivo que se estaba registrando en algunos municipios costeros.
El Gobierno gallego ha presentado ahora su proyecto para la ordenación del litoral, que llaman POL, que pretende regular la construcción en la costa. La norma, que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pretende aprobar antes de que finalice el año, levanta la restricción a la edificación en el primer medio kilómetro de costa, pero, a cambio, incluye en el ámbito de protección de la ley otras zonas que ahora no están vedadas. El documento regula 210.000 hectáreas del litoral siguiendo una línea irregular a lo largo de la costa. De esta manera, hay tramos en los que no supera el límite de los 500 metros y otros en los que se adentra hacia el interior.
La polémica ya está servida en Galicia y el proceso de aprobación del POL está resultando más complicado de lo previsto. Por un lado, los nacionalistas han cargado contra el plan, que creen que provocará desorden urbanístico en la costa. Del otro están los ayuntamientos, cuyos técnicos están teniendo problemas para interpretar la documentación remitida por la Xunta. Eso sí, los ayuntamientos gallegos tendrán un plazo de dos años para adaptar sus planeamientos urbanísticos al POL.
La franja costera más próxima a Asturias, la Mariña lucense, es una de las más afectadas por el documento, puesto que sus planes urbanísticos ni siquiera están adaptados a la ley gallega del Suelo de 2002. A la falta de suelo urbano no consolidado se une la escasez de suelo urbanizable delimitado, que es como se denomina el área donde se ejecutarán planes parciales a corto plazo. Además, los gobiernos locales tratan de negociar el futuro de los núcleos rurales costeros afectados por la normativa autonómica. En Barreiros, donde la Xunta llegó a suspender en 2006 las normas urbanísticas alegando se estaba desarrollando un crecimiento urbanístico desordenado e insostenible, el Ayuntamiento ve con buenos ojos la aprobación del POL al considerar que la ley de los 500 metros «se aplicaba de forma indiscriminada».
* LNE - 5.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados (archivo) - lavozdegalicia.es
Málaga: El promotor del centro hispano ruso recibe la primera multa tras 12 años de obras ilegales
MÁLAGAHOY* : Doce años después de que se detectasen las primeras irregularidades en las obras de ampliación de la vivienda del promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, éste acaba de recibir la primera sanción por la ejecución continuada de trabajos de construcción sobre suelo no urbanizable. Así lo confirmaron ayer los responsables de la Gerencia de Urbanismo, que hace apenas un par de semanas remitieron la citada multa, por valor de unos 78.000 euros, que fue recibida por el infractor.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, precisó que el afectado no ha presentado recurso alguno ante la sanción, aunque la misma no ha sido abonada por el momento. A esta multa podría seguirle en el plazo de un mes una segunda, por la misma cuantía. La cifra se corresponde con el 10% del valor de las obras ejecutadas de forma irregular en la finca del Monte de San Antón, que según los datos manejados por la Gerencia de Urbanismo ascienden a unos 780.000 euros.
De otro lado, los responsables municipales informaron de que el empresario de la concesión de la piscina de Campanillas, que ejecutó obras irregulares en la parcela, han presentado una alegación a la multa de 200.000 euros y a la orden de demolición impuesta por el Ayuntamiento. Según las fuentes consultadas, para evitar cualquier resquicio legal por parte del infractor, el departamento de Disciplina ha solicitado un informe a Patrimonio sobre este asunto. Una vez se conozca la conclusión del mismo y se responda al empresario se hará efectiva la sanción impuesta.
* Málaga Hoy - 5.03.10
Foto: Obras del centro hispano-ruso ocupando parcialmente suelo no urbanizable en Pinares de San Antón. - malagahoy.es
El Tribunal Supremo dicta la décima sentencia a favor de los vecinos del Casco Viejo de Corralejo
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CANARIAS7/Fuerteventura* : La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha dictado la décima sentencia a favor de los vecinos del caso viejo de Corralejo, en el municipio de La Oliva, que han denunciado una presunta "trama urbanística empresarial orquestada desde hace años" para apropiarse de las casas del pueblo marinero.
El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo informó hoy en un comunicado de que el Alto Tribunal acordó el pasado 26 de enero inadmitir el recurso de casación interpuesto por la entidades mercantiles Delval Internacional SA y Sincronía 99 SL, contra la sentencia dictada el 25 de febrero de 2008 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y declara firme dicha resolución en relación a la vivienda de los herederos de Félix Benítez Santana, situada en el número 17 de la Avenida Marítima de Corralejo, con una superficie de 219 metros cuadrados.
El TS considera que los recursos interpuestos por las entidades administradas por José Manuel Jiménez del Valle incurre en la causa de inadmisión por interposición defectuosa al plantearse a través del mismo cuestiones que exceden de su ámbito y además, "incurre en el defecto casacional de hacer supuesto de la cuestión al pretender en última instancia una revisión de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida a través de un recurso inadecuado como es el de casación".
El magistrado ponente, Juan Antonio Xiol Ríos, le recuerda a las entidades mercantiles que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados.
Como antecedente, portavoces del Comité indican que el 27 de junio de 2006 la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario, Gemma López Fernández, estimó la demanda interpuesta por los herederos de Félix Benítez Santana, ordenando la adecuación del Registro a la realidad dominical y condenando a las entidades mercantiles Delval Internacional SA, Sincronía 99 SL, Industrias Theron Dos SL (administrada por Ángeles Rodríguez Ravelo) y a José Juis Jarne Elizalde al abono de las costas del proceso.
La sentencia de primera instancia fue contundente: "Quien adquiere sabiendo que la realidad registral no se corresponde con la extraregistral está actuando de mala fe", y por lo tanto, no pueden quedar amparados por la fe pública registral al conocer la situación del Casco Viejo de Corralejo, destaca el colectivo.
La sentencia señala que el Casco Viejo de Corralejo se trata de un casco habitado y consolidado, por lo que "con un simple paseo por el lugar se podía comprobar la realidad de la finca y la existencia de personas que vivían en la zona en concepto de dueño".
En cuanto a las operaciones mercantiles realizadas con la vivienda de los herederos de Félix Benítez, el 13 de septiembre de 2001 Delval Internacional vendió a Sincronía 99 la parcela de Benítez en 120.000 euros. Posteriormente, el 4 diciembre del mismo año Sincronía 99, S.L. vendió la propiedad a José Luis Jarne Elizalde en 270.455, 45 euros. Finalmente, el 30 de julio de 2004 se amplió el capital de la Sociedad Industrias Theron Dos SL en 2.001.650 euros, aportando a la Sociedad la parcela de Benítez.
Según el Comité de Afectados, la jueza apunta que "la mera secuencia temporal y puramente objetiva de los acontecimientos despierta ya por sí sola algo más que sospechas en torno a la actuación de los recurrentes".
Resalta la sentencia que, en el acto del plenario se ha puesto de manifiesto que Fernando Rodríguez Ravelo actuó como apoderado tanto de la mercantil Delval Internacional SA como de José Luis Jarne Elizalde, a su vez la representante legal de la mercantil Theron Dos SL, María Angeles Rodríguez Ravelo, es hermana del anterior.
La jueza señala que las relaciones existentes entre todos los demandados, y el hecho de que la última transmisión de la finca se produce 10 días después de la presentación de la demanda, es u"n indicio más que suficiente de la maquinación de los demandados, en un intento de crear la figura del tercero de buena fe protegido".
Posteriormente, la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial compartió la valoración probatoria de la sentencia de instancia. La ponente comenta que la finca cuyo dominio se reclama ha quedado perfectamente identificada en su situación, cabida y linderos, después de analizar la documentación presentada destacando la certificación catastral del bien y el informe del ingeniero técnico topógrafo, al que incorporan planos, corroborando la plena delimitación e identificación de la vivienda.
En cuanto a la justificación del derecho de dominio, señala la magistrada, que dicho requisito ha de estimarse igualmente acreditado al consumarse la prescripción adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria, y todo ello, apoyado por la escritura de compraventa otorgada con fecha 31 de agosto de 1960, donde Félix Benítez Santana adquirió el inmueble a los hermanos Santana Umpiérrez.
Ello significa que el vecino de Corralejo ha venido poseyendo "pacífica e ininterrumpidamente", a título de dueño, desde la compraventa otorgada en 1960, abonando los recibos correspondientes de suministros que datan al menos desde 1979, así como los recibos de contribuciones urbanas.
De este modo, el Comité de Afectados resalta que los magistrados coinciden en su totalidad con los acertados razonamientos de la juzgadora 'a quo', quien llega a la conclusión compartida de que la adquisición operada a favor de los actores es oponible a los demandados, y por lo tanto, "ninguno de ellos se encuentran amparados por la especial protección que otorga el precepto 34 de la Ley Hipotecaria, significando ello, que la realidad extra-registral prevalece a la realidad registral".
Respecto al requisito de la buena fe, el Supremo señala que ninguno de los demandados gozan de buena fe al verificarse la estrecha vinculación existente entre todos ellos, por lo que "no pueden ser considerados terceros de buena fe al tener conocimiento de que la finca discutida estaba poseída a título de dueño por persona diferente a su transmitente".
Con este resultado, las sentencias falladas a favor de los vecinos del casco viejo de Corralejo ascienden a 66, de las que 33 han sido dictadas por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario, 23 por la Audiencia Provincial de Las Palmas y diez por el Tribunal Supremo.
* Canarias 7 - 5.03.10
Foto: Corralejo (Fuerteventura), playa - visitarcanarias.com
El 'mobbing' inmobiliario se paga
ELPAÍS/Barcelona* : Tres personas cuyas edades oscilan entre los 70 y los 75 años serán indemnizadas con 12.000 euros más intereses desde 2003 cada una por los daños morales infligidos por la propiedad de los pisos donde residen, y que se concretó en mobbing inmobiliario. El Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona declara probado que la inmobiliaria propietaria de su edificio, situado en el número 33 de la calle de Robadors, les sometió a "unas condiciones indeseables, alterando la tranquilidad en el uso pacífico de sus viviendas".
Entre otras prácticas, la inmobiliaria cambiaba sistemáticamente el lugar establecido para el pago de los alquileres y luego trataba de conseguir el desahucio de los vecinos aduciendo impago de las cuotas. Además, la empresa consintió en el edificio actividades que alteraban la convivencia, como pisos patera y otros en los que se ejercía la prostitución. La empresa demandada es Sofic Investiments, de nacionalidad samoana, lo que dificultaba a los inquilinos tener un interlocutor para resolver los problemas.
La demanda pedía también que la empresa, que se hizo con la propiedad del edificio en 2003, realizara diversas obras necesarias para el mantenimiento de la finca, pero el juez desestima esta petición ya que los vecinos no presentaron en su día un requerimiento formal a la propiedad, por lo que ésta no pudo darse por enterada.
Dos policías locales que declararon en el juicio afirmaron conocer las prácticas contra los inquilinos. "A todos los inquilinos de renta antigua se les ha sometido a presiones", declaró un agente. "Fueron objeto de desahucio por omisión de cobro, no de pago", señaló otro. Y éste mismo afirmó: ""Existen pensiones clandestinas en los pisos patera, personas en situación irregular, además de prostitución".
Esta sentencia responde a la demanda presentada por tres víctimas de acoso inmobiliario, representadas por el abogado Roger Granados. Paralelamente, la fiscalía presentó una querella que investiga un juzgado de instrucción de Barcelona y que incluye estos mismos casos y varios más hasta la decena. La querella se produjo a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, que le comunicó diversos casos de mobbing en el distrito de Ciutat Vella que, en su opinión, constituían claramente delitos. A partir de ese momento y de diversas investigaciones y denuncias ciudadanas, el Ayuntamiento y la fiscalía firmaron un protocolo para actuar de modo sistemático cuando hubiera casos similares, que con frecuencia afectan a personas de "edad y faltas de recursos económicos".
* ELPAIS.com - 5.03.10
Foto: Barcelona, vecina desalojada (archivo) - elpais.com
Un millar de personas "abrazan" las instituciones baleares contra la corrupción urbanística
RTVE/Palma* : Más de mil personas han formado este jueves por la tarde una doble cadena humana alrededor de las principales instituciones públicas de las Islas Baleares (Parlament, Consell y Ayuntamiento) para exigir la regeneración de la vida democrática en el archipiélago a raíz de los numerosos casos de corrupción que investigan los tribunales.
La protesta, que ha sido pacífica, ha sido convocada por la Plataforma contra la corrupción, de la que forman parte unas 120 entidades cívicas de Baleares, y es el primero de los actos que celebrarán en los próximos meses para denostar la corrupción política.
Los manifestantes han coreado gritos de "¡Fuera, ladrones!", "¡¿Dónde está el dinero?!" o "¿Los corruptos que estén, que se vayan!".
Al inicio de la protesta se ha leído un manifiesto en el que se denuncia "la situación de crisis democrática" en Baleares, que "hace mucho tiempo que se conoce, pero sobre la que ha existido silencio".
A través del mismo se ha explicitado la indignación de la ciudadanía por los supuestos casos de corrupción que investigan los tribunales y que afectan a personalidades como el ex presidente del Govern y del PP balear Jaume Matas (PP) y la presidenta hasta esta misma semana del Parlament balear, Maria Antonia Munar (UM).
Mediante esta proclama se ha apoyado a los fiscales, jueces y funcionarios que durante la presente legislatura vienen trabajando para "aclarar todos los abusos" que se han podido cometer, por lo que han sido felicitados y animados a que continúen su labor.
"No pueden caer de nuevo en manos de corruptos"
"El Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento no pueden caer de nuevo -según el manifiesto- en manos de los corruptos que han hecho que nos avergoncemos de nuestras instituciones, por lo que esta cadena está abierta a la participación de todos para impedir que la corrupción acabe con la democracia".
El portavoz de la plataforma, Tomás Balaguer, ha explicado que el acto de este jueves ha tenido como finalidad defender la legalidad y la democracia y "abrazar las instituciones democráticas", al tiempo que ha señalado que la protesta va contra la corrupción, si mencionar a ningún partido en concreto.
De todos modos, en el manifiesto se ha defendido una "renovación en profundidad" de aquellas fuerzas políticas con miembros imputados en supuestos casos de corrupción, que principalmente son el PP e Unió Mallorquina (UM).
Como "primera reacción" a los asuntos investigados, ha señalado Balaguer a los periodistas, se ha configurado esta "cadena de la dignidad ciudadana para proteger a las instituciones democráticas del asalto de la corrupción".
La protesta ha sido protagonizada por ciudadanos anónimos, aunque también han participado la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens; el coordinador general de EU en las islas, David Abril; o el presidente de Esquerra Republicana en las islas, Joan Lladó.
* RTVE - EFE - 4.03.10
Foto: Un millar de personas "abrazan" las instituciones baleares para protestar por los casos de corrupción. EFE
