PÚBLICO* : A principios de junio, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) concedió a España 605 banderas azules, 34 más que en 2009. Este distintivo prueba la calidad del agua de baño de una playa y sus buenos accesos. La provincia de Málaga, que obtuvo 21 de estos galardones, fue ayer, sin embargo, criticada por ser la que tiene "la costa más degradada", según afirmó el coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación de su informe Banderas Negras 2010, caos en la costa. Según Sáez, las banderas azules poco tienen que ver con la buena salud de la costa, puesto que "no se basan en ningún criterio ambiental".
El documento recoge los 40 puntos más degradados del litoral, en función de cuatro categorías: urbanismo, vertidos orgánicos, vertidos industriales y regeneraciones y obras de playas, y pone diez ejemplos en cada categoría.
En el capítulo de urbanismo, la ONG destaca que, entre 1987 y 2005, el ritmo de construcción en el litoral español ha aumentado un 50%. Asegura que sólo entre 2000 y 2005 se construyeron tres hectáreas de urbanización costera cada hora. "Las playas de Fuengirola y Marbella tienen el 100% de su superficie costera urbanizada", explica la coordinadora de Costas de la ONG, Natalia Martí. La ecologista insiste en que el modelo de urbanismo del Mediterráneo se está exportando cada vez más al norte de la península, lo que ella denomina "proceso de mediterranización". En 2009, la comunidad autónoma que ostentó el título de albergar las peores costas, según la ONG, fue Galicia.
En el ámbito de los vertidos orgánicos, Sáez destaca que no se trata de un problema de falta de legislación, sino de incumplimiento de la misma. "Las depuradoras no siguen los límites de depuración mínimos", afirma Martí. El informe señala la conocida como Cascada de la merda en Benidorm (Alicante), donde desde hace 25 años se produce un vertido continuo de aguas residuales en el Parque Natural de Serra Gelada.
Respecto a los vertidos industriales, el informe ataca a la Ley de Responsabilidad Ambiental española, "que no incluye los vertidos de hidrocarburos como el que ha tenido lugar en el golfo de México", explica el coordinador de Defensa Jurídica de la ONG, Jaime Doreste. Esta ley, que sigue el principio quien contamina, repara, obliga al causante de un daño ambiental a devolver el entorno a su estado anterior.
Los vertidos de hidrocarburos están sujetos a una normativa europea cuyas multas e indemnizaciones para este tipo de accidentes "son mucho más favorables para el contaminador de lo que lo serían bajo la Ley de Responsabilidad Ambiental", añade Doreste. La ONG pide una reforma del texto para que incluya este tipo de sucesos.
Vertidos en el Estrecho
Los responsables de la ONG también destacan el problema del bunkering (repostaje de fuel de un barco a otro en medio del mar) en el estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras. Esta actividad suele generar vertidos de petróleo en el mar.
Por último, el apartado de las regeneraciones hace referencia a las obras destinadas a mantener una playa de forma artificial mediante el aporte de arena y la construcción de espigones para paliar los procesos de erosión. "Esta solución es un parche, puesto que no mejora el estado de la playa a largo plazo", explica Sáez. El coordinador de Medio Marino asegura que, en los últimos seis años, el Estado ha invertido unos 60 millones de euros en obras de regeneración en la playa de la Barceloneta (Barcelona). Se estima que sólo desde 2004 se han invertido más de 700 millones de euros en aportes de arena a lo largo de todo el territorio costero nacional .
Galicia quiere urbanizar a 20 metros del mar
Ecologistas en Acción denuncia la intención del Gobierno gallego de pasar por encima de la Ley de Costas. El PP de Galicia ha presentado una propuesta de Plan de Ordenación Municipal que pretende reducir la zona de servidumbre de protección marítima desde los 100 metros mínimos actuales hasta los 20 metros paralelos a la línea del mar. La Ley de Costas prohíbe el uso residencial y la construcción de grandes vías de tráfico en esta zona de protección.
Asimismo, la ONG criticó el intento del Gobierno canario de desproteger a 260 de sus especies. El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, propuesto por el Partido Popular y Coalición Canaria, fijó una nueva figura de protección que limitaba la conservación de 171 especies al interior de las áreas controladas. Esta medida permitiría que se construyera en la costa de Tenerife el puerto de Granadilla, proyectado para prestar servicio a una estación gasística y bloqueado por afectar a los sedabales, una especie protegida.
* Público - 2.07.10
Foto: Una excavadora en una playa.- Ecologistas en Acción
Málaga encabeza la lista de las costas más degradadas
La rías de Ferrol y Vigo reciben banderas negras por su degradación
LAVOZDEGALICIA* : La ría y el puerto de Vigo y la ría de Ferrol son tres de los 40 puntos de la costa española que recibieron ayer la bandera negra, otorgada por Ecologistas en Acción, en el informe Banderas negras 2010. Caos en la costa, que elabora desde 1999 y que designa los lugares más degradados del litoral por el urbanismo depredador, los vertidos orgánicos e industriales y por la regeneración de playas.
En el informe se destaca la ría de Vigo por su alto nivel de contaminación, debido fundamentalmente al «desastroso estado de la red de saneamiento, que hace rebosar todos los aliviaderos del litoral», y al penoso estado de las depuradoras actuales, «que, más que mejorar, degradan la calidad de las aguas con niveles de contaminantes muy superiores a los permitidos por la ley». Esto pone en serio peligro al sector marisquero, se añade.
La ría de Ferrol ha recibido su bandera negra dentro del apartado de contaminación industrial en la costa. La mantiene desde el 2008, debido a la construcción de la planta de Gas Reganosa, «situada ilegalmente y con trampas administrativas dentro de la ría, poniendo en peligro la vida de muchos miles de personas y acabando con la poca vida de la ría».
El puerto de Vigo también ha recibido este distintivo negativo porque, a día de hoy, todavía no cuenta con un plan director que rija sus usos, a lo que obliga la Ley de Puertos del Estado desde 1993. El informe resalta que la gestión del suelo portuario hace que la ciudad esté cerrada al mar, por la construcción del voluminoso centro comercial A Laxe y la construcción de un edificio de la Xunta. También se señala que la ampliación portuaria no tiene justificación.
En cuanto a la regeneración de playas, se indica que en Galicia, durante los últimos años, se está trasladando el proceso de mediterraneización. Los casos más flagrantes son el nuevo paseo marítimo de O Pindo, en Carnota, y la playa artificial de Caranza, en la ría de Ferrol.
Hay un capítulo destinado al intento de modificación de la Ley de Costas que ha llevado a cabo el Parlamento gallego, para permitir la desprotección del litoral y su privatización.
* La Voz de Galicia - 1.07.10
Foto: Vigo, puente y ría - lavozdegalicia.es
Barcelona.- Asociaciones de vecinos piden que Bragado deje todos sus cargos
EUROPAPRESS* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), la de Vecinos del Casco Antiguo y la Red Vecinal de Ciutat Vella, pidieron hoy destituir de todos sus cargos al teniente de alcalde Ramon García Bragado, tras su imputación por el caso del hotel del Palau de la Música. La miembro de la campaña 'Actuación Popular' Ada Colau se mostró "perpleja" por la reacción del alcalde, Jordi Hereu, a quien acusó de no asumir las responsabilidades jurídicas para cesar a Bragado de todos los cargos y reclamó que se revisen los procedimientos de los servicios jurídicos.
Por su parte, el abogado de la acusación popular que representa a los vecinos, Jaume Asens, anunció que pedirán el reingreso en prisión del ex presidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, "por lo menos hasta el 12 de julio", día en el que declaran los imputados Ramón García Bragado, el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y el arquitecto Carles Díaz.
El mismo abogado quiso alabar la labor de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona que "tuvo la iniciativa de imputarles sin esperar a que lo hiciera el fiscal".
Para el abogado su tarea contrasta con la forma de proceder de Juli Solaz --juez que instruye la querella del Palau en el Juzgado número 30 de Barcelona. "Después de un año todavía no ha tenido la iniciativa de pedir responsabilidades penales", dijo.
Los motivos para pedir el reingreso son que, aunque la testifical del 12 de julio sea de imputados, según el abogado pueden seguir ejerciendo cierta influencia.
Sobre el hecho de que puedan darse a la fuga, el abogado consideró que si los abogados de Millet y Montull creen que son "unos apestados y unos marginados sociales", mucho arraigo a este país no pueden tener. Por eso pedirán que ambos vayan a firmar al juzgado, como ya hacen por la otra causa abierta, y que paguen una fianza, algo que nunca han hecho.
Además, tanto el abogado como representantes de las asociaciones expresaron que el caso del hotel "les ha costado una concejal", reconociendo el buen hacer de la ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, en su labor de "limpieza brutal de corrupción en el distrito".
* Europa Press - 2.07.10
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
Málaga.- La Fiscalía advierte del endurecimiento de las penas para los delitos urbanísticos
SUR* : La Fiscalía de Málaga despejó ayer las dudas sobre la idoneidad de la vía penal para perseguir las irregularidades urbanísticas que han puesto sobre el tapete algunos representantes políticos e incluso judiciales. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, recordó ayer en la presentación de la memoria de 2009 que a final de este año entrará en vigor una reforma del Código Penal que endurecerá las penas para los delitos urbanísticos que cometan las autoridades o funcionarios públicos, que se castigarán con año y medio a cuatro años de cárcel (actualmente es de seis meses a dos años).
Calvo Rubio dijo no haberse sentido presionado por los movimientos que abogan por la vía administrativa para dilucidar las irregularidades del planeamiento en las que incurran los cargos públicos, como el que lidera el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y los alcaldes de la Axarquía.
«Presión ninguna», contestó fiscal, quien añadió que «el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo», en referencia al endurecimiento del Código Penal. Es más, subrayó incluso que la reforma recogerá «expresamente» el delito de prevaricación omisiva (cuando los cargos públicos no actúan contra la ilegalidad), «por la que yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria», añadió.
En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó un total 438 denuncias (frente a las 360 de 2008), de las que más de la mitad, en concreto 277, estaban relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, 123 acabaron en denuncias y querellas en los juzgados de instrucción y otra buena parte (190) fueron archivadas. Juan Calvo Rubio destacó la «mayor concienciación» sobre este tipo de delitos de todas las administraciones públicas, incluidos las locales, que años atrás «parecían más reticentes a la hora denunciar». En ese sentido destacó como «los más colaboradores» los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga, aunque también mencionó los de Alhaurín de la Torre, Antequera, Álora y Alhaurín el Grande. También resaltó el aumento de las denuncias formuladas por la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio.
De las 59 sentencias por delitos urbanísticos dictadas el año pasado, 47 fueron condenatorias y doce, absolutorias. Además los juzgados resolvieron otros diez procesos judiciales relacionados con la flora y fauna, el patrimonio histórico e incendios forestales, de los que nueve acabaron en condena.
LOS DATOS
Diligencias de investigación: En 2009 fueron 438. En 2008 se incoaron 360.
Delitos urbanísticos. Fueron investigados 277 (276 en 2008)
Denuncias y querellas. De las 438 diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, 123 (90 en 2008) acabaron en denuncias y querellas en los juzgados. Cerca de doscientas fueron archivadas al no constituir delito (146 en 2008).
Denunciantes. La mayoría de las denuncias que llegaron a la Fiscalía en 2009 procedieron de la Guardia Civil, un total de 108 (51 en 2008); 128 de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (82 en 2008); Ayuntamiento de Málaga, 54 (65 en el ejercicio anterior); Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 53 (22 en 2008) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que presentó 12, frente a ninguna del año anterior.
* SUR - 2.07.10
Foto: La mayoría de las denuncias por delito urbanístico que recibe la Fiscalía procede del Seprona. - diariosur.es
Millet y Montull derriban a la cúpula de Urbanismo de Barcelona
LARAZÓN* : Los tejemanejes de Fèlix Millet y y Jordi Montull al frente del Palau de la Música han acabado por derribar a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La juez Míriam de Rosa, que investiga la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau, imputó ayer al teniente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon Garcia-Bragado; al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y al arquitecto Carles Díaz, del despacho de Óscar Tusquets, a quien Millet y Montull encargaron el proyecto. Los tres están citados a declarar como imputados el próximo 12 de julio.
Tras escuchar al grueso de los testigos llamados a declarar por el «caso del hotel del Palau», la titular del juzgado número 10 de Barcelona ve indicios de que los imputados «escondieron una operación especulativa en beneficio de intereses privados».
Acción, reacción
Según el auto, la juez sospecha que Garcia-Bragado, Massaguer y Díaz, «debido a la influencia ejercida por Millet y Montull», ocultaron la verdadera titularidad de las fincas donde debía construirse el hotel. De haberse sabido que el propietario era un privado (Olivia Hotels) y no el Palau de la Música, la operación habría peligrado. El auto relata que el conseller de Economía, Antoni Castells, admitió ante la juez que «la operación no se hubiera realizado si no se hubiera tratado del Palau de la Música».
Tras conocerse las imputaciones, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, convocó urgentemente una rueda de Prensa. Con semblante serio y acompañado de Garcia-Bragado, el alcalde anunció que acepta el relevo del máximo responsable de Urbanismo. La razones son dos, «garantizar su propia defensa y los procesos urbanísticos que la ciudad tiene en marcha». No obstante, Garcia-Bragado, que confesó que le ha «sorprendido» su imputación porque «no he hecho nada malo», seguirá como cuarto teniente de alcalde y gestionando infraestructuras y función pública. Para la oposición, PP, CiU y ERC, e incluso para ICV, socio del gobierno municipal, el relevo «provisional» de Garcia-Bragado es del todo «insuficiente». Los cuatro reclamaron su cese como teniente de alcalde y que pase a ser concejal sin ninguna atribución.
Garcia-Bragado alegó que «todos los trámites que se hicieron fueron para el bien de Ciutat Vella y por un interés colectivo». Una vez más, reiteró que no supo que Olivia Hotels era la propietaria de las fincas Sant Pere Més Alt, donde debía ubicarse el hotel, hasta julio de 2009. Su afirmación se contradice con la declaración del director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer admitió ante la juez que desde 2008 conocía la cesión a un particular de las fincas cedidas por la escuela La Salle. En los próximos días la juez decidirá si imputa también a Lambies. Y antes de que acabe la semana, Hereu anunciará el nombre del sustituto del Garcia-Bragado, así como qué futuro depara al gerente de Urbanismo. Si Garcia-Bragado estaba «sorprendido», Hereu se mostró «perplejo» por las imputaciones y reiteró su «absoluta confianza» en sus hombres. Eso sí, les avisó de que actuará sin reservas, si la jueza determina que han cometido un delito.
Los indicios
El auto juega en contra de los imputados. Una carpeta, supuestamente de Montull, localizada en el Palau acusa a Garcia-Bragado y Massaguer de acordar, ya en 2006, no publicitar el convenio del hotel entre la Generalitat y el Palau. En una charla telefónica Garcia-Bragado explica al arquitecto Carlos Díaz que había pactado con Massaguer que el Ayuntamiento podía descatalogar las fincas afectadas «sin intervención de la Generalitat» –cuando se necesitaba la intervención de Cultura– y que se firmaría el convenio a tres bandas «sin publicidad».
* La Razón - 1.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Patrimonio exigió supervisar toda obra cercana al Jardín de Monforte
ELPAÍS/Valencia* : La Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Cultura, advirtió en 1992 de que la "realización de obras" en el entorno del jardín de Monforte, en Valencia, "deberá ser autorizada" por el propio organismo. Pese a eso, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, aprobó en 2002 la construcción de un aparcamiento prácticamente debajo del jardín sin siquiera consultarle.
El grupo municipal socialista, que desveló ayer la exigencia de Patrimonio, apuntó además otras posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras y construcción del aparcamiento. El edil Francisco Carsí explicó que la unión de empresas que ganó el concurso para ponerlo en marcha, Secopsa y Ortiz, no fue la mejor puntuada. El Ayuntamiento descalificó al grupo de empresas con mejor evaluación ya que, según su informe, a una de las firmas le faltaba experiencia. El concejal Juan Ferrer, que acompañó a Carsí, calificó la operación de "tongo". El edil señaló que lo habitual es que el Consistorio determine si una empresa tiene experiencia suficiente o no antes de evaluar su propuesta y no después. "En todo caso", explicó Ferrer, "la unión podría haberse modificado, pasa todos los meses en el Ayuntamiento. Sin ir más lejos, la unión de empresarios que va a levantar el centro cultural de La Rambleta, en el barrio de San Marcelino, se ha modificado hasta en tres ocasiones". Enrique Ortiz e Hijos integra el grupo de sociedades implicadas en la presunta financiación irregular del PP a través de la trama Gürtel.
Francisco Carsí contó también que Urbanismo no solo obvió pedir un informe a la Dirección General de Patrimonio para determinar si el jardín de Monforte peligraba por las obras; tampoco lo requirió de la Comisión Municipal de Patrimonio. El edil socialista detalló que el Ayuntamiento suele ignorar los dictámenes de la Comisión, pues lo mismo ocurrió con la construcción del aparcamiento de Tabacalera o en el del número 10 de la calle Pizarro.
Bellver contestó por la tarde que "todos los informes que aparecen en el expediente del aparcamiento" del jardín de Monforte "son favorables". "En los 1.400 folios del expediente", sigue, "nadie, ni técnico, ni institución, ni asociación, ni particular, ni grupo político solicita o sugiere un informe de Patrimonio".
Bellver, imputado por un presunto delito de prevaricación y otro contra el patrimonio artístico por este asunto, argumentó la semana pasada ante el juez, igual que ayer, que desconocía la protección del jardín, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El edil popular, licenciado en Geografía e Historia, ignora entonces los requisitos que se exigen en la página web de su área en el Consistorio para iniciar una obra de nueva planta como es el aparcamiento. "Importante", reza el impreso que el interesado debe entregar al Ayuntamiento para tramitar el permiso de obra; y a continuación aparece una lista de los documentos requeridos, uno de ellos la "autorización de la Consejería de Cultura cuando el emplazamiento se ubica en ámbito de vigencia arqueológica o en entorno de BIC". De hecho, solo para ejecutar obras menores se necesita el permiso de la Dirección General de Patrimonio.
Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió ayer a trámite un recurso de Salvem Tabacalera, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba la modificación del planeamiento urbano de Valencia para poder derribar parte de la antigua fábrica de tabacos, un edificio de principios del siglo XX, que el Ayuntamiento ha derribado en parte.
* El País - 2.07.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Delitos urbanísticos
JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE* : Como decíamos ayer, ciertas situaciones políticas de Córdoba están mucho más cerca del sonrojo que de la idealidad. Los tribunales de justicia han vuelto a derrumbar -metafóricamente, se entiende-, por tercera vez consecutiva, la primera fase de legalización de Colecor, refrendada por la Gerencia de Urbanismo del anterior Gobierno municipal con sus respectivos informes jurídicos y técnicos positivos incluidos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respalda en su integridad la sentencia de un juzgado de Córdoba, la primera en aclarar la imposibilidad legal de aquellas naves de Colecor de sombreado recuerdo, por lo que tuvo aquello, frente a la inmensidad de los ciudadanos que tienen que plegarse a la ley, de quebranto arbitrario del principio de legalidad.
Esta sentencia surge del recurso presentado por Mezquita Sur Inversiones, una empresa filial de Arenal 2000. El fallo del TSJA desestima la apelación, por no encontrar ubicación el proyecto inicial de aquellas naves en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la que contempla las iniciativas empresariales que pueden ubicarse en suelo no urbanizable, como era el de Colecor. Así, según esta sentencia, se ratifica de nuevo lo que los ciudadanos ya sabían: que aquel emplazamiento era ilegal, que lo era entonces y lo sigue siendo ahora, y que aquel Ayuntamiento no es que hiciera la vista gorda, sino que respaldó y que hizo posible una ilegalidad de innegable impacto medioambiental y jurídico, por no hablar del menosprecio público y consciente del principio de legalidad: y hay que reiterarlo, porque llegados a este extremo es casi lo único que podemos exigirle a nuestros gobernantes, un cumplimiento escrupuloso del principio de legalidad, que ni siquiera puede ser vulnerado por compañeros de viaje ocasionales con complicidades sinuosas.
El proyecto empresarial presentado entonces por Arenal 2000, una nave almacén para productos de importación, no podía ser contemplada como una iniciativa de interés público. Urbanismo, ahora, ha optado por una ampliación de sus capacidades, para poder capear esa ilegalidad. Pero, pase lo que pase finalmente con las distintas situaciones procesales que protagoniza ahora el empresario Rafael Gómez, y con las dichosas naves ilegales de Colecor, lo que va a quedar en la ciudadanía es la sensación de impunidad de algunos poderosos, amparados por el Gobierno municipal, curiosamente, de Izquierda Unida. Tampoco creo que todo esto ayude a la sensación generalizada de divorcio entre la sociedad civil y la clase política, esta impresión de que unos dirigentes políticos pueden ser cómplices o cooperadores necesarios en un delito urbanístico y continuar ostentando sus mismas responsabilidades públicas, o incluso aún más altas, mientras siguen saliendo las sentencias que los desacreditan a perpetuidad, sin que ninguna autoridad judicial, moral o partidista, les enmiende la plana y la conciencia. Es una tristeza general, pero esto es lo que hay.
* El Día de Córdoba - Opinión - 2.07.10
