+-+guiaplayas.es.jpg)
LAOPINIÓN/Murcia* : La tempestad en torno a la corrupción urbanística no traído, ni mucho menos, la calma. Tras la irrupción en el panorama informativo de los casos de La Zerrichera (Águilas), Tótem (Totana), Ninette (Los Alcázares) y el de los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, aún sin nombre policial, la Justicia tiene entre manos otros once casos, de mayor o menor importancia, que se enmarcan en la misma polémica.
Pero, además, en los últimos días se ha reactivado otra investigación judicial en Fortuna, que no tiene que ver con el urbanismo, pero que afecta de forma directa al alcalde, Matías Carrillo, acusado ante el juez por una ex edil de su propio partido, el PP, de comprar votos en las elecciones municipales de 2003.
En total, el número de ayuntamientos de la Región de Murcia que están pendientes de investigaciones judiciales o de los fiscales es de catorce. En esta suma se incluiría a los que están inmersos en asuntos judiciales, aunque el tema de fondo no sea la corrupción urbanística, como son: el citado de Fortuna o el de Alcantarilla, donde el primer edil está acusado de un delito ambiental con una petición de cárcel de seis años. Además y con un asunto completamente alejado del quehacer diario del ayuntamiento está el de Ojós, donde el alcalde, Francisco Salinas, fue detenido por corrupción de menores. Estos son, municipio a municipio, los casos que se están investigando por denuncias de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU-Los Verdes. Hay que tener en cuenta que el PP gobierna en 32 ayuntamientos, mientras que el PSOE lo hace en 10. El panorama político se completa con el pacto socialista-popular en Alhama y Ceutí, y con los independientes al frente de Ojós.
n ABANILLA: El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos, solicitados por el grupo municipal socialista de Abanilla, han sido falseados, para lo que citó a declarar el pasado 11 de enero y en calidad de imputados, al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia José Enrique Pérez González. Este funcionario fue el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denuncia la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
n ARCHENA: El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las en principio programadas, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se haya terminado de urbanizar .
n CIEZA: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
n MAZARRÓN: El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia lo denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales del partido que dirige el ex alcalde Domingo Valera para que sus ediles apoyaran al equipo de Gobierno del PP. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.
n VILLANUEVA DEL SEGURA: El alcalde, José Luis López de Ayala, fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
n ULEA: El alcalde, José Bolarín Cano, fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad del suegro del primer edil.
n SAN JAVIER: El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha presentado un recurso.
n MURCIA: Hay al menos dos causas abiertas. La primera atañe a un arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, en excedencia. La Fiscalía lo denunció por supuestamente favorecer a la empresa de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. Bajo sospecha está también el convenio urbanístico para el desarrollo del Norte del municipio.
n MULA: El ex edil de Urbanismo Leandro Pérez de los Cobos fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos de su propiedad.
n PUERTO LUMBRERAS: Un juzgado de Lorca investiga una de las dos denuncias presentadas por socialistas de la anterior corporación. El alcalde, Pedro Antonio Sánchez, acudió de forma voluntaria a declarar y sólo tuvo que responder durante 15 minutos a las preguntas del abogado del PSOE. Juez y el fiscal no preguntaran.
n CARTAGENA: Esta semana ha transcendido que la Fiscalía ha citado a declarar a tres funcionarios de la consejería de Desarrollo Sostenible dentro de las investigaciones sobre la tramitación del proyecto Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor.
* La Opinión de Murcia - 27 de enero de 2008
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es
Murcia: Otros once municipios, pendientes de fiscales y de jueces
Centenares de personas se manifiestan en Valencia por una vivienda digna
PANORAMA-ACTUAL* : Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna. Concretamente, pidieron la introducción de medidas que intervengan sobre el mercado del suelo, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler.
En este sentido, el gerente de la Plataforma de la Vivienda Digna, plataforma convocante, Valentín Mateo, explicó que con este acto "intentamos sacar a la luz las reivindicaciones de la plataforma, principalmente, reflejar que el problema de la vivienda sigue sin resolverse, porque ninguno de los dos partidos mayoritarios han sido capaces de introducir medidas que intervengan sobre el mercado del suelo".
Mateo señaló que "hay un mercado donde hace falta que salga un régimen de viviendas en alquiler", pero que "ninguno de los partidos se lo está planteando". Así, manifestó que ambos partidos "abogan por la Vivienda de Protección Oficial (VPO), y entendemos que es necesario, pero creemos que también lo es que se cree un parque público de viviendas en alquiler" y añadió que "si nos comparamos con el resto de países desarrollados, es el camino en el que se está trabajando".
Por otra parte, el gerente de la Plataforma aseguró que "todos los partidos están favoreciendo la especulación". Para ejemplificar esta afirmación, Mateo recordó la reunión en la que el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "convocó a todos los alcaldes de los municipios y promotores con la idea de inyectar el tema de la construcción, con el fin de construir VPO" y señaló que "su fin no es social, sino que se mueve por intereses económicos".
Además, Mateo en referencia a la nueva Ley del Suelo, afirmó que "introduce nuevas medidas que consideramos positivas", pero que "se queda a medio camino". En este sentido, indicó que este tipo de legislaciones "deben surgir mediante unas directrices que realmente cumplan unas necesidades de población".
Según dijo, esta normativa debería hablar de, "como mínimo, un 50 por ciento de vivienda protegida" y puntualizó que, "cuando hablamos de VPO, hablamos tanto de vivienda en propiedad como en régimen de alquiler".
A la manifestación, que empezó en la plaza de San Agustín de Valencia, también acudió el candidato de Esquerra Unida del País Valencià al Congreso por Valencia, Antonio Montalbán, porque, como indicó, "es urgente cambiar el modelo actual que únicamente beneficia a los grandes promotores y constructores".
En este sentido, recordó que la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, "pero es cada vez más difícil acceder a una vivienda, y esto afecta especialmente a la juventud, dificultando su emancipación".
Asimismo, denunció que "mientras las grandes constructoras e inmobiliarias han acumulado beneficios rápidos, los trabajadores deben pagar unos precios de mercado absolutamente sobrevalorados, que no se corresponden con los salarios", por lo que, explicó, "se ha llegado a unos niveles de endeudamiento peligrosos, incluso alargando los plazos de devolución de las hipotecas a toda una vida".
Para el candidato de Esquerra Unida, las Administraciones Públicas "son responsables de este fenómeno, tanto por omisión como por acciones". Además, señaló que, por parte del gobierno del PSOE, el Plan de Emancipación Joven (en alquiler) "ha sido un engaño".
De la misma manera, Montalbán criticó "la burocracia excesiva" en el trámite de la ayuda directa y "el recorte" de las ayudas fiscales desde el anuncio del Plan hasta su aprobación en el debate de los presupuestos, "dejando en evidencia la debilidad del Ministerio de la Vivienda".
Además, aseguró que la Generalitat valenciana "ha abandonado su función de provisión de viviendas protegidas", lo cual "es un fiel reflejo de la ausencia de interés, voluntad y capacidad del gobierno del PP por garantizar este derecho fundamental".
Montalbán criticó que "la única medida con incidencia real sobre el mercado" que han planteado PP y PSOE "ha sido encarecer la vivienda protegida, por exigencia de los grandes promotores y constructores, que así pueden salvar sus empresas de los excesos derivados de los errores de cálculo económico".
Asimismo, explicó que la política de vivienda propuesta por Esquerra Unida se basa en las experiencias de los gobiernos autonómicos y locales donde IU gestiona la política de vivienda "con atrevimiento y efectividad". Entre otras medidas, ésta plantea la intervención directa de las Administraciones en la construcción de vivienda protegida, la promoción del alquiler y la limitación de las viviendas vacías.
* Panorama-Actual - 26/01/2008
Foto: Vivienda Digna, protesta Valencia 26N - J.Navarro, levante-emv.com
Lanzarote: Hoteles en el aire
,+playa+Blanca+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA* : El Cabildo de Lanzarote recurrió ante los tribunales 31 licencias para la construcción de complejos turísticos, hoteles o apartamentos en los municipios de Teguise y de Yaiza, la mayoría de ellas concedidas o prorrogadas a finales de los años noventa, poco antes de la entrada en vigor de la moratoria del año 2000. Las licencias impugnadas representan 12.800 plazas y una inversión de más de 300 millones de euros.
Muchas de estas licencias se han convertido ya en hoteles de cuatro y cinco estrellas y en complejos de apartamentos y bungalós que alojan miles de turistas al año en Playa Blanca y Costa Teguise.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo han abrazado las tesis del Cabildo frente a las de los ayuntamientos y los promotores, defendidos en muchos casos por el mismo bufete. Ya son 17 las sentencias firmes en las que no cabe apelación, a las que hay que sumar una suspensión de obras y otra anulación de licencia de ejecución más varias licencias anuladas por recursos presentados por la Fundación César Manrique y que aún no se han comunicado al Cabildo. La FCM se personó en todos los procedimientos en que decidió hacerlo el Cabildo por si un cambio en la presidencia de la primera institución pudiera transformarse en una retirada de los recursos.
Hasta ahora las plazas anuladas por recursos del Cabildo son 7.300 más un hotel por construir en Costa Teguise de más de 900 plazas anulado a instancias de la FCM. Representan actualmente de manera aproximada el 12% de la oferta de la Isla pero es más que probable que queden anuladas todas las licencias que representan esas 12.800 plazas. Esto quiere decir que varios hoteles no se llegarán a construir y que más de una veintena de complejos, entre ellos los más lujosos, ya están o estarán al margen de la legalidad. No tienen licencia de construcción y se les podrá retirar la licencia de apertura y verse obligados al cierre. La pregunta es obvia: ¿qué va a pasar son todos esos complejos?
CONVERSACIONES. Para el Cabildo ha llegado la hora de sentarse a conversar con los promotores. La presidenta, Manuela Armas, anunció hace unos días que ya se habían producido los primeros contactos y los promotores han nombrado a un abogado como interlocutor. El Cabildo huye de la palabra negociación y advierte de que se analizará cada caso por separado y que se podrá legalizar aquello que sea susceptible de ser legalizado pero que puede haber casos imposibles. A aquellos hoteles que puedan llegar a regularizarse ajustándose a los instrumentos de ordenación en vigor el Cabildo les pedirá posteriormente una compensación. Ya en 2006 el entonces consejero de Política Territorial Carlos Espino planteó que aquellos promotores que quisieran regularizar su situación podrían compensar con la desclasificación de suelo en caso de que tuvieran derechos edificatorios consolidados a partir de 2010 (cuando finaliza la moratoria) o con la compra de suelo urbano para hacerlo rústico. Es una de las posibilidades.
Los incumplimientos de las licencias otorgadas por Juan Pedro Hernández y José Francisco Reyes, uno ex alcalde y otro que dejará de serlo el próximo martes de carnaval si prospera la moción de censura que le han presentado en Yaiza, son variados. Van desde la no publicación en los boletines oficiales de los planes parciales a la inexistencia de informes de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación, pasando por la ausencia o insuficiencia de informe jurídico o técnico hasta las infracciones en los estándares permitidos por el PIO de 1991. Muchas de las licencias suman todos estos incumplimientos y alguno más, como que se concedieron en un periodo decretado de suspensión de licencias o que la parcela ni siquiera tenía la condición de solar.
Los ayuntamientos y los promotores, evidentemente, siempre han quitado hierro al asunto. Su defensa pública ha ido variando, desde su derecho a dar licencias por autonomía municipal frente al Cabildo hasta hacer ver que se trata de defectos de forma fácilmente subsanables. También se ha recurrido a la clásica persecución por motivos políticos o aún más inconfesables, al argumento de que la moratoria está mal hecha y anulada, etc. Últimamente los argumentos ya descienden al hecho consumado: el perjuicio a la economía y la destrucción de empleo.
La realidad es mucho más sencilla. La mayor parte de esas licencias incumplen los parámetros fijados en el Plan Insular de 1991. Es decir, que si no se pidió el informe preceptivo al Cabildo no fue por olvido, sino porque se sabía que iba a ser negativo. Además se llegaron a conceder licencias con informes municipales en contra, algo poco justificable. En del abogado que ha llevado la defensa del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, y que sirvió como base a una denuncia penal contra los dos alcaldes, se habla directamente de una "estrategia de conjunto elaborada para conseguir autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular". Una estrategia, se dice, urdida entre promotores y ayuntamientos. Hasta tal punto se quiso ignorar el PIO que nueve de cada diez plazas turísticas a las que se dio licencia en la Isla entre la aprobación del PIO y la de la moratoria (1991-2000) fueron apartamentos de una o dos llaves y menos de veinte metros cuadrados, más o menos la mitad de lo exigido entonces.
Si las conversaciones dan el fruto que desea el Cabildo, algunos promotores van a tener que hacer obras en sus hoteles para adaptarlos a la legislación vigente, tendrán que compensar por haberse saltado la legalidad, se arriesgarán al cierre o al derribo de algunos complejos, etc. Si no dan ese fruto se habrá recogido una nueva cosecha de desconfianza en las instituciones, en las leyes o en los políticos y una nueva cosecha de confianza en la corrupción, el tráfico de influencias, los privilegios y la desigualdad de oportunidades. Además de muchos otros factores que van a influir, gran parte de un éxito que hoy es poco creíble residirá en que el Cabildo haga frente al proceso de forma convencida, cohesionada y firme.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 27 de enero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
Delitos urbanísticos investiga los chalés ilegales de L'Atzúvia
+-+lasprovincias.es.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Alicante investiga la construcción de lujosos chalés en suelo no urbanizable en el término del municipio de L'Atzúvia (La Marina Alta). Las pesquisas de este grupo especializado contra la delincuencia urbanística, creado en marzo de 2007, comenzaron a raíz de una denuncia de la asociación ecologista local Gelibre. Los ecologistas sostienen que el alcalde, Manuel Reig, del PP, ha autorizado ya, al menos, la construcción de una docena de espectaculares residencias amparadas en licencias para casas de labranza.
El grueso de esas edificaciones las ha levantado el promotor alemán Klaus May, mediante la firma Fincastyle. Los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos arrestaron hace tres semanas al promotor alemán y a su esposa, Erna Sabina May. Los detenidos quedaron en libertad con cargos.
El regidor de L'Atzúvia, que defiende la legalidad de las construcciones con el argumento de que una "casa de labranza es una vivienda", ha desoído una orden del 29 de mayo de 2007 de la entonces Consejería de Territorio y Vivienda para que el Consistorio anule siete de las 13 licencias para levantar viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. El argumento de la consejería es que esas licencias no cuentan con la autorización previa del departamento autonómico, prevista en el artículo 10 de la Ley 4/92 de 5 de junio del suelo no urbanizable.
El alcalde contestó el 2 de julio de 2007 al escrito de la consejería con otro de alegaciones en el que rechaza la orden: "La ausencia de autorización previa no genera de inmediato la imposibilidad de otorgar licencia de obras, porque puede no ser contestada por la consejería, como ha pasado en otras ocasiones. De hecho, el silencio del organismo autónomo el Ayuntamiento puede interpretarlo como positivo".
La primera actuación de envergadura de la investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil sobre los lujosos chalés construidos en suelo no urbanizable en L'Atzúvia fue el arresto del promotor, el empresario alemán Klaus May y su mujer, Erna Sabine May. El matrimonio pasó tres días en los calabozos del instituto armado. Tras el interrogatorio, ambos quedaron en libertad con cargos. Según fuentes del caso, la brigada imputa al empresario y a su mujer un total de diez supuestos delitos relacionados con la delincuencia urbanística, entre ellos, contra la ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. Los agentes de la unidad remitieron las diligencias policiales al Juzgado número 1 de Dénia. El juez ha decretado el secreto del sumario.
El área del término donde se han levantado los lujosos chalés se ubica al sur del núcleo urbano de L'Atzúvia, una umbría cuyo suelo está clasificado como agrícola y de protección. De acuerdo con el planeamiento urbanístico del municipio (Normas Subsidiarias de 1981), ese suelo está clasificado como "zona agrícola de protección" y taxativamente prohíbe el uso residencial "permanente o no, exceptuando la posible casa del encargado de labranza, con una superficie máxima construida de 32 metros". Los chalés del promotor alemán exceden de los 200 metros y algunos llegan hasta los 300 con piscina y pista de tenis incluidas.
Parcela mínima
El escrito de la antigua Consejería de Territorio y Vivienda al Ayuntamiento, en el que insta al alcalde a que anule siete de las 13 licencias otorgadas, aparte de vulnerar
la normativa valenciana del suelo no urbanizable, también resalta que la superficie mínima de las parcelas es ilegal y, por tanto, no se debió dar licencia. Según las Normas Subsidarias, esa superficie mínima debe de ser de 20.000 metros cuadrados.
Tras recurrir la orden de la consejería y ante la evidencia de las investigación policial, el primer edil de L'Atzúvia se ha limitado a incoar mediante decreto cinco expedientes por infracción urbanística, ninguno de los cuales se ha llegado a resolver. El regidor también es objeto de una investigación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar por autorizar, en su calidad de presidente de la Comunidad de Regantes, agua de riego para el abastecimiento de los chalés ilegales.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/01/2008
Foto: L'Atzuvia (Valencia) - lasprovincias.es
