Ecologistas en Acción* ha realizado un informe para conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Suelo estatal en cuanto a acceso a la información en materia urbanística. A pesar de que la Ley de Suelo establece la obligación de publicar en la web el planeamiento en vigor, menos de un tercio de los municipios mayores de 5000 habitantes lo cumple. Para esta organización, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.
La Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción ha puesto en marcha una campaña para conseguir que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid conozcan su obligación y permitan a sus ciudadanos ejercer su derecho de acceso, fácil y rápido, a la información urbanística. Para ello y, entre otras iniciativas se ha elaborado un informe que se centra en conocer qué municipios mayores de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid cuentan en su página web con el contenido íntegro y actualizado del Plan General de Ordenación Urbana. De ellos se ha comprobado cuáles incorporan, además, la posibilidad de consultar de una manera sencilla los planos de clasificación de suelo del término municipal.
Con esta campaña, Ecologistas en Acción pretende seguir luchando por la transparencia y el derecho a la información de todos los ciudadanos en materia urbanística.
Los resultados del estudio muestran, que de 69 municipios consultados, que representan el 85% de la población total de la Comunidad de Madrid, tan sólo 21 (un 30%) tienen publicado en la página web del municipio el contenido del Plan General de Ordenación Urbana, mientras que 48 no lo hacen. Además, de ellos, tan sólo 10 disponen de planos a parte del documento de texto. Un resultado pobre, según Ecologistas en Acción, ya que hace más de seis meses que la Ley del Suelo Estatal entró en vigor y los municipios deberían haberse adaptado a lo dispuesto en esta norma.
El acceso a la información ha sido siempre uno de los principales problemas para el ciudadano en materia urbanística, especialmente acusado en la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes el pasado mes de Julio. Para Ecologistas en Acción, la aprobación de esta Ley ha supuesto un obstáculo en el acceso a la información, ya que exime a los municipios de la obligación de publicar por vía telemática el contenido de los instrumentos urbanísticos. Obligación que sí contempla la Ley del Suelo Estatal. Por lo tanto, a juicio de la organización ecologista, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 17 de abril 2008
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google
Madrid: Los ayuntamientos no publican el planeamiento urbanístico en su web
Mallorca: El juez ya ha interrogado a ocho testigos por el caso del Plan Territorial
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ya ha tomado declaración, en calidad de testigos, a ocho personas por el llamado caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM), un sumario que se abrió hace algunas meses tras una querella de la fiscalía anticorrupción de Balears y que pretende esclarecer si se produjo una trama de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma urbanística.
Entre las personas que ya han comparecido en el juzgado se hallan un conocido empresario de la promoción inmobiliaria, varios expertos en urbanismo privados y del sector público, y algunos particulares.
La relación de testigos que ya han comparecido en el juzgado de instrucción número seis incluye a Antonio Ramis Ramos, que entre 1997 y 2003 fue decano del Colegio de Arquitectos de Balears y que también es licenciado en derecho; y Josep Antoni Giménez Serra, secretario de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), una instancia que, entre otros cometidos, debe velar por la adaptación de los proyectos urbanísticos a las prescripciones medioambientales del PTM.
Fausto Ferrero
Entre los empresarios que han sido oídos dentro del sumario destaca Fausto Ferrero, uno de los más importantes promotores inmobiliarios de Balears. Ferrero acudió al juzgado de instrucción 6 con su asesor Juan Buades. El promotor fue interrogado acerca de algunos proyectos urbanísticos que había emprendido en los últimos años. Ferrero explicó que había tenido desigual suerte con estas operaciones, puesto que algunas de los terrenos que había comprado pensando que eran suelo urbano, habían sido desclasificados posteriormente dando al traste con su negocio.
El listado de testigos incluye a varios particulares como Luis Campins Oliver o Cristina Arroyo Botana. También aparecen entre los citados Antonio Barceló Ventayol, Ana Bennasar Gallent y Luis Campins Oliver. Juan Llull Ribas es el último de los testigos que ha depuesto ante Florit y los fiscales anticorrupción.
Fuentes próximas al caso han señalado que la prueba testifical ha incidido sobre algunas operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Mallorca donde presuntamente, y con ocasión del proceso de elaboración y redacción del PTM, se produjeron pelotazos urbanísticos millonarios al comprarse fincas rústicas que pasaron después a ser urbanizables.
Anticorrupción intenta esclarecer si se produjo tráfico de información privilegiada entre políticos de Unió Mallorquina y el Partido Popular, que gobernaron en la pasada legislatura el Consell de Mallorca y el Goverm, con promotores o constructores para indicarles cuáles eran las áreas rústicas que iban a recalificarse en urbanizables.
La investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado noviembre la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados.
Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.
El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 17 de abril de 2008
Foto: Un grupo de ecologistas protesta contra el Plan Territorial de Mallorca/ Sebastiá Llompart, diariodemallorca.es
El TSJC anula el plan de carreteras del Norte de Gran Canaria
CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes El Chorro Alto y la Comunidad de Regantes 'Las Ñameras' en contra del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias del norte-centro de Gran Canaria.
El recurso solicitaba que se anulase la decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) del Gobierno de Canarias, del 25 de febrero de 2003, que aprobaba definitivamente y de forma parcial ese plan, con excepción de la zona entre San Andrés y Guía.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado ese recurso por considerar que tal decisión no se ajusta a derecho, según establece el fallo.
El Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria fue aprobado definitivamente y de forma parcial por la COTMAC el 25 de febrero de 2003, excepto en el área afectada por el Tramo III, entre San Andrés y Guía, que se suspendió hasta que se realizasen nuevos estudios que analizasen las afecciones ese tramo de costa, tanto en lo referente al Parque Rural de Doramas y al Barranco de Azuaje, como al entorno del litoral, y se reconocieron varias alternativas a los tramos I y II propuestos.
El TSJC fundamenta su decisión en el incumplimiento de diversos requisitos administrativos previstos en el planeamiento imprescindibles para la aprobación del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria, como la necesidad de contar con una declaración de impacto medioambiental o que un Plan Territorial cuente con un anteproyecto diferenciado del propio plan, entre otros requisitos administrativos que la COTMAC incumplió.
* Canarias 7 - EFE - 17 abril 2008
Foto: Gran Canaria, futura carretera del Norte en Bañaderos - P.L.Mateos, laprovincia.es
Nuevo juicio en Cantabria por un delito urbanístico
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PÚBLICO* : El alcalde de Castro Urdiales (Cantabria), Fernando Muguruza, se sentó ayer en el banquillo como imputado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública en la anterior legislatura, y afirmó ante el juez que desconocía que el gerente de la empresa beneficiada fuera el hermano de uno de sus socios de gobierno.
El juicio tiene lugar a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra el equipo de gobierno, en 2004, por haber adjudicado presuntamente "a dedo" las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de Jaime Díez Muro, edil del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Muguruza descargó la responsabilidad del gobierno anterior sobre el entonces edil de Obras, Salvador Hierro (IU) -hoy en la oposición-, al afirmar que la Junta se limitó a dar "el visto bueno" a la adjudicación pues daba "por hecho" que el titular del ramo había "realizado bien su trabajo".
En su declaración ante el juez, Salvador Hierro manifestó, por su parte, que la adjudicación de la obra del túnel de Mioño fue "perfectamente correcta". En cualquier caso, también trató de echar balones fuera, pero no contra sus antiguos socios de gobierno, sino contra los servicios técnicos municipales. Según dijo, un edil "no está cualificado" para saber cuáles son las exigencias legales que debe cumplir un proyecto.
Preguntado si conocía la relación familiar entre el gerente de la compañía Izeta y Jaime Díaz Muro, contestó que esa firma era "una más de tantas y tantas" que se presentan a las adjudicaciones.Durante la sesión, también declararon ante el juez de Instrucción número 2 de Castro Urdiales los ediles del PP José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza, los ex concejales del PRC Tomás Molinero y Jaime Díaz Muro, así como el hermano de este último, Ignacio Díaz Muro, gerente de la empresa adjudicataria. También prestó declaración el ex concejal de IU Santiago Vélez.
El líder de AxC, Rufino Díaz, que la anterior legislatura estaba en la oposición y hoy forma parte del gobierno municipal, negó ante el juez que él hubiera presentado una denuncia contra el alcalde y otros seis ediles.
* Público - GUILLERMO MALAINA - Bilbao - 16/04/2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
El Ayuntamiento de Granada pagará 18 millones por una expropiación ilegal
ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha dictaminado que la expropiación de unos terrenos en el Campus de la Salud por parte del Ayuntamiento de Granada, llevada a cabo en 1998 cuando era alcalde Gabriel Díaz-Berbel (PP), fue ilegal. Este fallo firme supondrá, una década después, que el consistorio deberá abonar ahora 18 millones de euros o devolver los terrenos expropiados.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que consideró en 2007 ilegal la expropiación, y no ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento. El auto obliga al consistorio a pagar los costos del prolongado proceso y a negociar una cantidad, que en última estancia fijará un juez, pero que ha sido calculada en 18 millones como compensación por haber cambiado el Ayuntamiento el uso de los terrenos, de rústicos a urbanos.
Los hechos se produjeron en 1998 tras la aprobación del pleno municipal para delimitar los terrenos que se iban a expropiar para construir el Campus de la Salud. Tras solventarse todos los trámites, los dueños del suelo vieron cómo en sus terrenos, además de erigirse parte del campus, se construían viviendas, pese a que el Ayuntamiento no fijó el pago de su suelo como residencial, sino como rústico. La sentencia del alto tribunal andaluz valoraba que permitir la expropiación supondría "un uso libérrimo y excesivo de una posibilidad (expropiar) que tiene una justificación legal muy clara y precisa".
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), confirmó ayer que negociará con los propietarios de los terrenos para ver "cómo y en qué plazo" afronta el consistorio las expropiaciones. A pesar de afirmar que la disposición de ambas partes es "buena", el regidor reconoció que el pago supondrá "un quebranto" para las arcas municipales, y no descartó la devolución de los terrenos. "Es la parte que tenemos que negociar", señaló.
Mientras, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Torres Vela, estimó que la sentencia supone "el fracaso absoluto" de la manera de gestionar el urbanismo del PP. "El PP es el responsable de utilizar el urbanismo como principal fuente de ingresos municipal a cuenta del patrimonio del suelo", criticó.
* ELPAIS.com - Granada - 17/04/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Urbanismo, problemas de gobernabilidad
MANU FERNÁNDEZ/OIHANE MACÍAS* : En un artículo anterior repasábamos algunas de las causas que han generado un proceso urbanizador con enormes impactos económicos, sociales y ambientales, y señalábamos algunas respuestas legislativas e institucionales que se están dando en la actualidad en el contexto español. No abordábamos, sin embargo, el fenómeno de la corrupción y las relaciones clientelares entre los actores económicos del desarrollo urbano y las instituciones públicas locales. Aunque sea de forma breve, en el presente artículo queremos abordar esta situación desde la perspectiva de la gobernabilidad en tres aspectos.
LAS CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA UNA BUENA GOBERNANZA
Podríamos entender, por un lado, que el fenómeno de la corrupción se aprovecha de los resortes sociales que promocionan y dignifican actitudes de ostentación, de gusto por determinada concepción de la modernidad basada en las infraestructuras y los mega-proyectos, de falta de consideración a los valores ambientales y de promoción social de determinado tipo de inversores y empresarios. En muchos casos, la corrupción urbanística es un delito socialmente consentido, por lo que es necesaria una sociedad fuerte, con una cultura del territorio a largo plazo, una sociedad capaz de reprobar colectivamente las formas de degradación urbana y los procesos más oscuros de intervención urbanística.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DECISIONES PÚBLICAS
Otra vertiente de análisis sería la falta de transparencia, información y participación social en las decisiones del proceso urbanístico, entendiendo que un mayor control y una mejor integración de todos los intereses en juego en el desarrollo municipal pueden asegurar mejor no sólo la legalidad del proceso sino también la adecuación de los resultados al interés general. En este ámbito sí tenemos ejemplos de legislaciones que han querido avanzar en este aspecto como vía de profundización democrática y de establecimiento de mecanismos de control de la corrupción. Así, la legislación más innovadora en el tiempo en esta materia fue la catalana, que en 2002 abrió la posibilidad a que cualquier municipio creara un Consejo Asesor Urbanístico y apruebe un Programa de Participación Ciudadana. Planteamientos similares ha incorporado la ley vasca de 2006. Por su parte, la recientemente aprobada legislación estatal, destaca, en cambio, la significación que se le da a la ciudadanía como sujeto de derechos y obligaciones en materia de urbanismo, ofreciendo así un estatuto subjetivo al interés general en el proceso urbanístico. En este caso, la legislación estatal apuesta por reforzar el derecho de información, al incidir en las diferentes vías de puesta a disposición de los ciudadanos de la información relacionada con los procedimientos urbanísticos, una condición necesaria para poder ejercer de manera efectiva el derecho de participación.
El tiempo dirá si estos mecanismos son suficientes, si bien los procesos de participación necesitan de ciertas condiciones sociales, nuevamente (por ejemplo, una mayor cultura de participación) para que puedan desarrollarse con cierto éxito.
LA ACTUACIÓN INDIVIDUAL (Y EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESARROLLA ESTA ACTUACIÓN) DE LOS RESPONSABLES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO Y POLÍTICO
En tercer lugar, otro aspecto de la gobernabilidad de las políticas urbanísticas tiene que ver con los propios resortes institucionales de control de la actuación de las instituciones. Aquí, en el ámbito municipal, la figura clave es la de los/as interventores/as municipales, que son los funcionarios públicos encargados de velar por el correcto uso de los fondos públicos (función de control y fiscalización interna de la gestión económico-administrativa y presupuestaria).
Sin entrar en muchos detalles, sería conveniente reforzar, por ejemplo, la figura del interventor municipal, independiente del propio Ayuntamiento, de los cargos políticos municipales a los que debe controlar. La falta de precisión en su encaje institucional con el resto de organismos encargados del control de los presupuestos públicos (por ejemplo, los tribunales de cuentas) y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad de su función, son obstáculos que una vez salvados podrían reforzar la actividad de la intervención municipal. Tenemos, por tanto, una materia que puede parecer fácil de corregir con medidas legislativas, pero que, tiene mucho más que ver con la independencia de los funcionarios públicos, con la concepción de los cargos políticos, con el concepto social de ilegalidad, etc., elementos que tampoco pueden resolverse únicamente a base de legislación.
En definitiva, tres elementos sobre los que consideramos necesario actuar para asegurar una mejor gestión del territorio en clave de gobernabilidad, sin olvidar que, en los tres casos, se requiere un cambio más profundo que el que pueden ofrecer nuevos marcos legislativos. Avanzar hacia un Contrato Social por el Territorio, que aúne estos elementos -y otros- con compromisos a corto y largo plazo por parte de los agentes implicados podría ser un buen vehículo.
* Naider - 24/05/2007
