20MINUTOS/Cádiz* : Verdemar-Ecologistas en Acción calificó hoy de "vergonzoso" el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, que actualmente se encuentra en fase de estudio y que, entre otras cuestiones, "pasa por alto unas 5.000 viviendas e infracciones urbanísticas".
El portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, explicó a Europa Press que han presentado numerosas alegaciones y propuestas al POT ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, algunas de ellas en coordinación con el colectivo ornitológico Cigüeña Negra y Agaden.
Según dijo, "más que ordenar el territorio", el POT del Campo de Gibraltar lo que viene a hacer es "poner la especulación urbanística en manos de los ayuntamientos", ya que "sigue apostando por un modelo urbanístico especulativo" y un modelo de desarrollo "propio de los años 60".
En este sentido, aludió a "trampas" en el informe del POT con zonas estratégicas entre las que citó Borondo, Guadalmesí o Los Lances en Tarifa. Asimismo, criticó que "se sigue apostando por crecimientos industriales que delimitan con zonas verdes" o con núcleos de población, como ocurre en San Roque.
Además, rechazó que se "insista" en "urbanizar y especular al lado del río Guadiaro o en la playa de Guadalquitón", a la que se refirió como "el último reducto de alcornocal mediterráneo que queda". Del mismo modo, criticó que el POT tampoco contempla, por ejemplo, la protección del Corredor Verde Guadiaro-Guadalquitón-Los Alcornocales.
Entre otras cuestiones, hizo referencia a la "pérdida de más de 500 hectáreas de playa" en la Bahía de Algeciras como consecuencia de la erosión antrópica y, en alusión a los ríos Palmones y Guadarranque, criticó la "insistencia en rellenar sus cauces", lo que "está provocando numerosas inundaciones en zonas en las que no se daban cuando hay lluvias torrenciales".
En opinión del colectivo ecologista, el POT también está "asfixiando" zonas verdes de alto valor ecológico, como sería el caso del Pinar del Rey o la Vega del Fresno, "sin tener en cuenta su valor medioambiental".
Por último, censuró especialmente que el Plan de Ordenación del Territorio "obvia, ignora y pasa por alto" la existencia de "unas 5.000 infracciones urbanísticas y viviendas ilegales" de la comarca campogibraltareña. Algo por lo que Verdemar ya ha presentado varias denuncias ante diferentes juzgados y que advirtió que "no están dispuestos a consentir".
* 20 Minutos - E.P. - 14.03.10
Foto: Gibraltar bahía - Ben30, Flickr
Verdemar afirma que POT del Campo de Gibraltar "pasa por alto" unas "5.000 viviendas e infracciones urbanísticas"
Barreiros, la burbuja reventada
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ELPAÍS/Lugo* : Los promotores más intrépidos de Barreiros se han ido a levantar apartamentos de lujo a Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Alguno hasta construye en la "parte buena" de Miami, donde el metro cuadrado de vivienda no cuesta 3.000 euros, como costaba en el municipio de A Mariña, sino "entre 30.000 y 50.000 dólares".
Una tierra, Miami, en la que "reina el espíritu libre y es el mercado el que impone sus reglas", no donde la Administración corta las alas al cemento próspero y galopante que pretende extenderse en fila por la carretera. Un par de constructores de Barreiros incluso han empezado a desembarcar en Angola, donde "hay dinero y diamantes pero está todo por hacer".
No obstante, entre los 40 empresarios con obras paralizadas desde hace tres años por la Xunta en este ayuntamiento, también se cuentan cinco "escapados". Constructores que quebraron y desaparecieron dejando sus deudas como prueba de que existieron. Y otros cinco que hoy por hoy están en suspensión de pagos y el banco ya les ha anunciado que no espera más. Les queda, como mucho, un mes de plazo para arreglar su situación.
Pero en un mes, el convenio entre Ayuntamiento y Xunta que legalizará con 14 millones de euros las promociones declaradas proscritas entrará probablemente en vigor y la actividad volverá a las obras. Se trata de edificios en todas sus fases de construcción, algunos de ellos nada más que en esqueleto y otros acabados, pero todos ellos vendidos. De las 5.800 viviendas para las que antes de 2007 concedió licencias con desparpajo el Ayuntamiento del PP, 2.500 llegaron a materializarse. Sobre las otras, pesa la más neblinosa incertidumbre.
El pueblo ha cerrado filas con su alcalde, Alfonso Fuente Parga, y la conselleira de Política Territorial en tiempos de Touriño, María José Caride, es aquí persona non grata. No es fácil encontrar, no siendo entre la oposición, vecinos que no expliquen la paralización de licencias llevada a cabo por la Xunta el 9 de noviembre de 2006 como una "cuestión política", un castigo ejemplarizante, para toda Galicia, de una conselleira socialista a un alcalde popular.
"En Galicia hay 305 ayuntamientos sin plan general adaptado a la ley, ¿por qué tuvieron que meterse justo con el nuestro?", repite el alcalde, y como él unos y otros a lo largo de las parroquias con urbanizaciones hibernando, San Cosme, San Pedro, Santiago y San Miguel. "Caride es una sinvergüenza", afirma el que en los buenos tiempos era presidente de los promotores del municipio, Manuel Villamarín, que tiene paralizados 300 pisos en construcción y es el único oriundo de Barreiros. "La invitamos a venir y nunca vino. No tiene ni idea de lo que hay. Quiso atropellar al alcalde y arrolló a los constructores, gallegos y de toda España, a los cinco restaurantes y a un montón de negocios que tuvieron que cerrar. Se cargó 5.000 puestos de trabajo directos, y ha dejado a un montón de propietarios sin poder entrar en sus casas".
A Barreiros llegó la crisis del ladrillo un año antes que al resto del país, fue como un laboratorio de ensayo donde la burbuja inmobiliaria, en vez de explotar por su propia hinchazón, fue, en opinión de los empresarios, reventada a mano. Más que con alfiler, con los pulgares. Como una ampolla.
Barreiros (3.300 vecinos) lo tenía todo para transformarse en un concurrido destino turístico. Bosques, sendas fluviales, casas de indianos, museo de arte, ocho playas unidas por un paseo de ocho kilómetros que lo convertían en el municipio (tras Sanxenxo) con más banderas azules de Galicia, y una fuerte demanda de segundas residencias. Hace cuatro o cinco años, muchos vecinos con terrenos al borde de la N-634, considerados por el alcalde (según su interpretación de las normas subsidiarias) suelo urbano consolidado, se apresuraron a venderlos, o mismo a pedir licencias de edificación para luego vender a mayor precio. Sabían que, en Barreiros, lograrían el visto bueno para levantar largos bloques de 80 viviendas, distribuidas en planta baja, dos alturas y ático bajo cubierta. Edificios que se llenarían alegremente de madrileños (un 60%) y vascos, también de asturianos y cántabros, encantados de pagar la mitad por un apartamento que al otro lado del Eo.
En tiempo récord, cuando en Barreiros ya olía a inminente intervención de la Xunta, se tramitaron muchos permisos. Y cuando la consellería paralizó las licencias ya se habían vendido sobre plano cerca de la mitad de los futuros pisos de un municipio dispuesto a crecer en travesía.
Ahí empezó la cadena infinita de contenciosos. Los propietarios, contra las promotoras. Las promotoras, contra el Ayuntamiento. El alcalde cuenta que hace una semana hicieron números y de momento, en pleitos, el consistorio se ha gastado 200.000 euros en los tres años en los que desaparecieron los ingresos por licencias de edificación, que "eran la base" de la economía municipal. "Sin licencias, y como además tampoco nos han dejado terminar las obras para cobrar la primera ocupación, el IBI y las tasas municipales de agua y basura, no hay dinero para arreglar los caminos o para llevar la ayuda a domicilio. Por lo menos que hubiesen esperado un año para rematar las casas", se duele el regidor.
Hasta los pocos constructores que sí pudieron seguir edificando, porque la calificación de sus terrenos no cambió con las normas provisionales que aprobó la Xunta, defienden, sin querer que se publique su nombre, que "los informes de los técnicos en los que se basó la intervención estaban hechos a mala fe y con mentiras flagrantes".
"El daño fue una bomba", explica el encargado de una obra en marcha en San Miguel de Reinante, con mano de obra paquistaní, 365 viviendas casi rematadas y pista de pádel junto al hórreo en ruinas. "Porque la incertidumbre jurídica hace que muchos prefieran comprar en otro sitio". Desde hace tres años, "en verano", la carretera de las urbanizaciones crionizadas se puebla de anuncios del tipo "vente a Sanxenxo", o "vive Fisterra". Y parte de la demanda, efectivamente, se ha ido a esos lugares. "Desde luego, ahora, con el desbloqueo, ya no se van a vender más que pisos llave en mano, y así a los promotores les va a costar encontrar financiación", porque los bancos ya no fían, comenta el mismo encargado. "Pero la gente, antes de renegar de Barreiros, debería saber que, aquí, el agua del mar está a cinco grados más que esos sitios".
* ELPAIS.com - 14.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es
Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona
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LEVANTE/Valencia* : Tras décadas de permisividad urbanística, en los noventa la Universitat de València contabilizó en el Camp de Túria y Los Serranos unas 28.415 viviendas ilegales. La mayoría de municipios ha optado por obligar a los vecinos a urbanizar estos núcleos residenciales para intentar solucionar la falta de dotaciones.
Desde la década de los sesenta -mucho antes del primer PAI y de la primera denuncia por barbaridad urbanística-, las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos han sido un lugar preferido para el descanso dominical del atribulado habitante de la metrópoli valenciana. Suelo barato, aceptables comunicaciones, ayuntamientos poco preocupados en eso que después se llamó ordenación del territorio, y miles y miles de metros cuadrados de campo y monte a disposición del primero que quisiera hacerse una casita, ya sea con sus propias manos a modo de pasatiempo, o contratando a alguna de las cuadrillas de albañiles que surgieron en estas comarcas ante la creciente demanda.
Muchas de esas casetas de campo -en ocasiones, un terreno vallado con paellero, balsa y poco más- iban acondicionándose hasta que sus dueños decidían abandonar su casa en la ciudad para vivir allí a tiempo completo. Junto a ellas, se construían nuevos chalés y formaban entre todos núcleos residenciales que solían carecer de calles asfaltadas, alumbrado, alcantarillado o colectores de aguas. Años después, muchos de estos núcleos siguen teniendo el mismo aspecto.
En los setenta, l'Eliana -pionera en esto de la segunda residencia- decidió tirar por la calle de en medio y normalizar la situación declarando urbano casi todo su término municipal. Pero casi el resto de localidades de la zona ha esperado al cambio entre el siglo XX y el XXI para diseñar y aprobar planes generales o normas subsidiarias en los que muchos de estos núcleos residenciales que fueron surgiendo durante décadas quedaban legalizados al declarar su suelo urbanizable.
En 1992, un estudio del departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, dirigido por el profesor Jorge Hermosilla, señalaba que en el Camp de Túria el 60% de las residencias secundarias se encontraban en suelo rústico, y contabilizaba alrededor de 28.450 viviendas ilegales y cerca 76 de grandes núcleos residenciales de la misma condición en esta comarca y, en menor medida, en Los Serranos.
Llíria era el municipio con más chalés ilegales, unos 8.000 de los 9.000 con los que contaba en 1992, seguido en esas fechas por Riba-roja (5.000 de 7.000), Nàquera (4.000 de 8.000) y Vilamarxant (3.360 de 3.500). En este último municipio, la memoria de su actual concierto previo cuenta hasta 4.500 viviendas situadas sobre suelo rústico. De ellas, alrededor de 500 se quedarían dentro del suelo no urbanizable protegido por el Parc del Túria.
Los 9.000 "ilegales" de Llíria
El de la capital del Camp de Túria es un buen ejemplo de lo que desde entonces han hecho varias de estas localidades para dar una salida legal a estas miles de viviendas edificadas sobre suelo rústico. En casi 340 hectáreas de terrenos (el casco urbano tiene 66 hectáreas) Llíria contaba con 65 núcleos de población repartidos en 27 sectores, 9 de ellos urbanos desde el PGOU de 1985. Los 18 restantes eran urbanizaciones en suelo rústico hasta que el PGOU de 2005 también los declaró urbanizables. A partir de esos dos grandes planes urbanísticos y distintas modificaciones, el consistorio legalizó su situación. A cambio, sus vecinos tienen que constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) y ocuparse de iniciar los trámites de los PAI con los que urbanizar los núcleos. Pero no todos están dispuestos, y varias asociaciones vecinales exigen que sea el consistorio el encargado de dotar de servicios a sus urbanizaciones.
En los últimos siete años, se ha completado de esta forma en Llíria la urbanización por gestión directa de 5 de las 39 unidades de ejecución (además de una que se ha adjudicado de forma indirecta) para dotarlas de todos los servicios, lo que afecta a 450.000 m2 de terreno y a cerca de 400 viviendas. En esta legislatura se va a llevar a cabo el proceso de urbanización en otra unidad de ejecución con 80.000 m2 y se ha iniciado la regularización de otras cinco unidades de ejecución (unas 700 viviendas). Pero aún queda mucho por regularizar y no será tarea fácil.
Otros municipios del Camp de Túria, como Bétera, Riba-roja o Vilamarxant, también han optado por regularizar lo que la LUV califica como "áreas semiconsolidadas", tratando que sean los residentes quienes ejecuten la urbanización. En la Pobla de Vallbona, el ayuntamiento ha llegado a destinar las ayudas del Plan E para dotar de alcantarillado a dos de las urbanizaciones que surgieron hace años en suelo rústico.
Aún así, siguen produciéndose infracciones urbanísticas e incluso construyéndose nuevas viviendas en suelo no urbanizable y protegido a pesar de que los consistorios persiguen más que nunca las construcciones fuera de ordenación. En Bétera, por ejemplo, entre 2004 y 2010 se han abierto 243 expedientes sancionadores por edificaciones y obras sobre suelo no urbanizable. Y en Riba-roja, en 2007 se detectaron 177 infracciones por obra ilegal mayor o menor, en 2008, 125 y en 2009, 90. ¿Por qué ha descendido el número? El concejal de Urbanismo de Riba-roja, José Luis Folgado, lo tiene claro: la crisis urbanística hace que se construyan menos chalés y, por lo tanto, menos irregularidades.
Según su gravedad, este tipo de infracciones las sanciona el propio consistorio o se comunican a la Fiscalía, que en algunos casos ordenan la demolición del inmueble infractor. Pero hay casos tan graves que los ayuntamientos optan por acudir directamente a los juzgados.
Hace unas semanas, el juzgado número 1 de Llíria abrió diligencias contra el ex alcalde socialista de Olocau por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras una querella presentada por el actual gobierno municipal. Según esta querella, en 2006 el munícipe concedió una licencia de obras para instalar dos líneas de sumistro eléctrico y un centro de transformación para dar servicio a 18 viviendas construidas sobre suelo no urbanizable protegido en las zonas de Escopar y Pla de Horcan. Y lo habría hecho contra el informe del arquitecto municipal en el que se advertía que esta actuación era contraria a los usos reservados para este suelo.
En la comarca de Los Serranos, destaca el caso de Pedralba. Este municipio con menos de 3.000 vecinos censados en la actualidad, tenía en 1992 unas dos mil segundas residencias, todas ellas ilegales. Desde entonces, según fuentes del propio ayuntamiento, se han construido unas trescientas casas más, que siguen siendo ilegales. Y es que, excepto el casco urbano, gran parte del término municipal está calificado como suelo no urbanizable de protección agrícola.
El consistorio ya ha diseñado un nuevo plan general (que aún no está aprobado) en el que se regulariza la situación de algunos núcleos residenciales -como la urbanización Mallaes, con unos 800 chalés- cuyos vecinos, al igual que ocurre en Llíria, tendrán que desarrollar un PAI para poder tener alumbrado, alcantarillados y demás dotaciones. Pero otras muchas viviendas están desperdigadas en zonas de monte, e incluso algunas en la zona protegida del Parque del Túria. Estos chalés nunca podrán ser legales y algunos de ellas, tal como avisan fuentes municipales, tendrán que ser demolidos.
Un estudio encargado por el Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria a la Universitat de Valencia destaca la importancia de la proliferación de viviendas ilegales durante la década de los 70 en el actual aspecto de esta comarca. Según este estudio, el principal factor que ha contribuido al notable crecimiento del Camp de Túria han sido las migraciones de población desde el Área Metropolitana de Valencia hacia sus municipios. De esta forma, entre 1975 y 1999 en l'Eliana se incrementó la población en más de un 280%, en Nàquera, la Pobla, Riba-roja y Bétera en más de un 50%, y en Serra, Vilamarxant, Marines, Olocau, Llíria, Benisanó y Casinos entre un 10 y un 50%. En este periodo, el ritmo de crecimiento anual en la comarca fue del 2,21%, mientras que entre 2000 y 2008, coincidiendo con el proceso de legalización de muchos núcleos residenciales, el incremento anual ha sido del 6,8%. En estos 8 años la comarca adquirió más habitantes que en los 24 precedentes.v. c. m.llíria
* Levante-EMV - 14.03.10
Foto: Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona - cartociudad/fomento
Vigo: El Plan do Litoral deja en el aire la construcción de 10.000 viviendas programadas en el PXOM
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FARODEVIGO* : La Gerencia de Urbanismo prepara el informe sobre las repercusiones que tendrá en Vigo el Plan do Litoral, y los técnicos han confirmado que incluye en el área de protección 36 ámbitos de suelo en el que el PXOM permite edificar, según fuentes del departamento, cerca de 10.000 viviendas. El entorno de Samil es el que sufre las restricciones más severas.
Una de las grandes bolsas de suelo que quedarían dentro del perímetro del Plan que tramita la Xunta, la de Fontes-Pertegueiras, tiene edificabilidad para levantar más de 1.900. También hay terrenos con uso hotelero proyectado en las cercanías de la playa que estarían afectados. La costa de Teis recibe igualmente un serio tijeretazo, sobre todo en Ríos y Rotea, y entran además en la franja en la que se veta la construcción amplias zonas de San Miguel de Oia y Coruxo. En este último caso está incluido un ámbito industrial con 32.000 m2 útiles en los que se prevé, aparte de naves, la creación de un "punto limpio" de tratamiento de residuos. El valor del suelo edificable en todo el área que abarca el Plan superaría los 360 millones de euros.
Los 36 ámbitos, la inmensa mayoría de uso estrictamente residencial o combinado con comercial, están situados en zonas catalogadas como de "Mejora Ambiental Paisajística" en el documento que tramita la Xunta. En ellas se limitan las obras posibles, esencialmente, a rehabilitaciones, explotaciones acuícolas o marisqueras, actividades socioculturales y deportivas con "instalaciones mínimas imprescindibles", –reza el artículo del Plan–, o equipamientos que necesariamente tengan que estar en el medio rural. Los requisitos harían "inviable", señalan las fuentes municipales consultadas, desarrollar los ámbitos tal y como están recogidos en el PXOM. Para poder hacerlo los propietarios deben tener aprobado el proyecto de compensación antes de que entre en vigor el Plan autonómico. El calendario de la Xunta sitúa su aprobación definitiva en diciembre, ya que ha dado un mes más a los concellos para que lo estudien a fondo y emitan sus informes y observaciones. De cumplirse ese plazo no quedaría tiempo para que los promotores cubriesen los trámites necesarios en el Concello. En algunos casos no está afectada la totalidad del ámbito, lo que posibilitaría construir en una parte. Para ello sería necesario modificar el Plan Xeral, prosiguen las mismas fuentes.
El PXOM establece una nueva ordenación en Samil con la transformación de varias grandes áreas de suelo situadas detrás de la avenida, que se convertiría en un vial de servicio al vertebrarse toda la zona con nuevas carreteras, una de ellas de alta capacidad. Una docena de ámbitos quedarían dentro del espacio protegido por el Plan do Litoral, según los datos técnicos de la Gerencia, por lo que la edificabilidad no podría materializarse allí. Los más próximos a la costa suman más de 300.000 metros cuadrados de superficie, mientras que Fontes-Pertegueiras, Río, Viñagrande, Gándara, Redondo, Pertegueiras y Fonte, más alejados de la avenida, superan los 800.000 m2.
En la parroquia de San Miguel de Oia, con terrenos donde se programa vivienda unifamiliar combinada con bloques de pisos en algunos casos, hay también urbanizaciones proyectadas que quedan anuladas con el Plan do Litoral. Tres de ellas, situadas en las inmediaciones de Cabo Estai, reúnen más de 360.000 metros cuadrados de superficie en los que se podría edificar en torno a un millar de viviendas. Cerca de la playa de Canido hay otras dos con posibilidad de levantar 150.
Al otro lado del término municipal, en Teis, están afectados seis ámbitos en los que se prevén más de 2.000 viviendas. Una de las áreas es Gomesende, entre la cresta de A Guía y la ETEA, y las otras cinco se sitúan en la franja entre la antigua escuela militar y Chapela.
* Faro de Vigo - 13.03.10
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El vano intento de salvar el titanic inmobiliario
ADRIA ALEMANY* : El crecimiento económico de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción y a la concesión indiscriminada de crédito. Las políticas orientadas a promover el régimen de propiedad como único modo estable de tenencia, junto a la ausencia de alquiler asequible, empujaron a una parte importante de la población a sobreendeudarse para poder acceder a una vivienda. Hoy, el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha dejado al descubierto los frágiles cimientos sobre los que se asentaba el “milagro español”.
Con la depreciación de los inmuebles, parte de la población ha visto como su patrimonio se reducía sustancialmente. Para quienes compraron en pleno boom inmobiliario, el valor actual de sus bienes está muy por debajo incluso del valor de las deudas contraídas para adquirir dichos bienes, este hecho perjudica en mayor medida a las clases medias y populares, ensanchando la brecha de la desigualdad entre unos pocos que poseen mucho y unos muchos desposeídos.
Esta situación se torna dramática para quienes se han quedado en paro y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre, el banco interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que termina con la subasta del inmueble. Dada la devaluación de los precios, las subastas quedan desiertas. Entonces, de acuerdo con la legislación actual, las entidades bancarias se adjudican la vivienda por el 50% del valor de tasación y continúan reclamando el pago de la deuda restante, más intereses y costas judiciales, a la persona en situación de insolvencia mediante el embargo de nóminas y la enajenación de los bienes de los avalistas. No es una situación anecdótica: según el Consejo General del poder judicial, entre 2008 y 2010 se habrán iniciado más de 350.000 ejecuciones hipotecarias. Es decir, mas de 350.000 unidades familiares perderán su casa y además arrastrarán una deuda de cien, doscientos o incluso 300.000 euros.
La oferta de pisos en alquiler sigue siendo escasa en relación a una demanda que, a raíz de la crisis, se ha revitalizado. Las condiciones de acceso y las exigencias en forma de avales se han endurecido. Con una tasa de desempleo cercana al 20%, los ingresos por unidad familiar se han reducido, incrementando el esfuerzo que deben realizar las familias para pagar la vivienda. Con 1,22 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro, la amenaza del desahucio pesa sobre miles de familias. Mientras tanto, los pisos desalojados pasan a engrosar el parque de viviendas vacías, el más grande de la UE. Esta situación agudiza las contradicciones de un sistema que sobreprotege el derecho a la propiedad en detrimento de las necesidades más básicas.
La administración, con un parque publico de vivienda que no llega al 1% del parque total, parece poco dispuesta a dar respuesta a la situación de emergencia habitacional. A pesar de los cantos de sirena de apostar por el alquiler, las medidas impulsadas hasta la fecha van mayoritariamente dirigidas a reactivar el sector inmobiliario y detener la caída de los precios.
Atrapados en un bucle
En esta línea se enmarca el desarrollo de una normativa que permite reconvertir el stock inmobiliario invendible en una nueva figura de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de compra, a precio concertado.
Estas VPO gozan de ventajas fiscales, subvenciones directas a los tipos de interés y están garantizadas con avales públicos. De forma que se facilita el acceso de los particulares a la financiación y el riesgo que asume el banco en caso de impago es nulo. Así, se fabrica una demanda, de otro modo inexistente. Llama la atención que en muchos lugares el precio de este tipo de viviendas sea superior al de las viviendas del mercado libre.
Bajo la misma lógica operan las políticas sociales de ayuda a la vivienda. Cuando la política pública se reduce a una política de cheques y no se integra en un programa de reformas más amplio, las ayudas monetarias suponen un trasvase directo que beneficia a los propietarios y consume los presupuestos públicos. Igualmente reveladoras resultan las declaraciones de la ministra, Beatriz Corredor, cuando recomienda comprar aprovechando la coyuntura histórica de bajos tipos de interés a pesar de que las previsiones de los expertos coinciden en apuntar que los tipos empezaran a remontar a mediados de año. Del mismo modo, el anuncio de eliminar la desgravación fiscal por la compra de una vivienda en un plazo de dos años sirve para estimular la demanda a corto plazo. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado recientemente una normativa que agiliza los desahucios por impago en las rentas de alquiler. Así, en plena crisis y con 4,3 millones de personas en paro, muchas sin prestaciones sociales, se antepone la seguridad y los beneficios de los grandes propietarios por encima de la función social de la propiedad y la garantía del derecho a la vivienda. Pero, a pesar de las terapias de choque aplicadas por el Gobierno para reanimar la compraventa, la salida sistémica a esta crisis de sobreproducción no es realista. El mercado está saturado, la demanda efectiva agotada, las familias, endeudadas, y la inversión especulativa se ha pulverizado.
Pasarán años antes de absorber el stock y digerir tanta deuda y ladrillo. Los esfuerzos desesperados de la administración por reactivar la economía con el mismo guión de siempre representan un trágico intento por reflotar un Titanic que se hunde irremediablemente. Pero no todo son malas noticias. El mito de la propiedad se empieza a resquebrajar. El mercado ya no es intocable. La crisis y sus estragos han dinamitado el proyecto de una sociedad de pequeños propietarios que, concebida desde las esferas de poder, había funcionado como un mecanismo de control social alineándose con los intereses corporativos.
Con miles de familias desahuciadas, millones de pisos vacíos y una demanda social de alquiler en aumento, se abre un nuevo escenario político. Hasta ahora, las inyecciones de fondos públicos al sector bancario no han servido para que los bancos asumieran su parte de responsabilidad. Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con los 100.000 millones de euros del FROB, el Estado podría haber adquirido 700.000 pisos al precio por el que los bancos se los están adjudicando en el proceso de ejecución. Esta plataforma y otras voces críticas llevan tiempo exigiendo la reconversión del parque inmobiliario que atesoran los bancos en un parque público de alquiler. La batalla aún está por librar.
El papel de las entidades financieras
La acumulación de suelo y viviendas a manos de entidades financieras procedentes de ejecuciones y quiebras concursales, acentúa la concentración de la propiedad.
Con tanto ladrillo en sus balances, la gestión de los activos inmobiliarios se convierte en una prioridad. La restructuración del sistema bancario responde a esta nueva dimensión del negocio. La banca, convertida en la mayor inmobiliaria del país, ejercerá la presión necesaria para que las políticas que se adopten en materia de vivienda no contravengan sus intereses.
Por otro lado, la parálisis del sector inmobiliario amenaza seriamente la viabilidad de las entidades financieras. Se calcula que hay entre 0,8 y 1,2 millones de pisos en stock que no se pueden vender. Las inmobiliarias deben a los bancos 325.000 millones de euros y el saldo vivo hipotecario de las familias asciende a 675.288 millones.
Un reciente estudio de Pricewaterhouse señala que las refinanciaciones hipotecarias a particulares y empresas que se firmaron cuando estalló la crisis sólo han servido para comprar tiempo. Se avecina otra oleada de quiebras inmobiliarias que podría acabar arrastrando a las entidades financieras. Si esto ocurriera, los salvatajes bancarios dispararían la deuda pública.
Nos encontramos, así, ante un juego de suma cero, donde las ganancias de unos se obtienen en perjuicio de los otros. Cada vez resulta más difícil conjugar los intereses de las entidades financieras con las necesidades de la mayor parte de la población. Ante esta disyuntiva no se sabe hacia dónde basculará la administración.
* Periódico Diagonal - Opinión - 10.03.10
Resultados encuesta: ¿Cuál es la política de vivienda a seguir en esta crisis?
Resultados de la última encuesta realizada
Como era de preveer los números finales de vuestra votación son los lógicos que debería hacer una buena administración de vivienda en sus distintas funciones competenciales. Pero la realidad es tozuda y aquí parece que no haya pasado nada, que no haya habido (y haya) una inmensa burbuja inmobiliaria.
Las cifras no mienten y además del más de un millón de viviendas nuevas sin poder venderse, hay que añadir los tres y medio (cuatro) de millones de viviendas vacías anteriores. Así que el resultado es demoledor en todos los sentidos para un país como España, sobre todo en las zonas costeras y alrededor de las grandes capitales.
Del alquiler social se empieza a hablar en algunos círculos, viendo lo que hay en Europa, pero aquí todavía estamos con la política del antiguo régimen de vivienda en propiedad para tenerlo todo "bien atado". Ni siquiera se han dado facilidades para un alquiler libre asequible. Es una política absurda y dictatorial de la que se benefician sobre todo las grandes empresas y todo el sistema bancario (culpables además de la crisis existente).
Para finalizar, quiero comentaros que esta sección de "ENCUESTAS" va a desaparecer temporalmente ya que, visto el recorte de noticias del titular "BLOGGER" en la página principal (portada) y, dado que existen otras secciones más interesantes que no deben desaparecer, he optado por quitar ésta de momento. Una pena!
Gracias y un saludo
