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RafaelMÉNDEZ* : "El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, pidió ayer al juez que declaren como imputados cuatro altos cargos del PP que impulsaron la urbanización en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila), según fuentes del caso. Entre los cargos implicados están el alcalde de Las Navas y el director general del Medio Natural de Castilla y León. El fiscal cree que en su actuación hay indicios de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ya que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento pactaron con el promotor la recalificación del pinar antes de pedir informes, y luego citaron como positivo el dictamen contrario a la recalificación.
En el escrito remitido ayer al juzgado, el fiscal pide que declaren como imputados el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, todos del PP.
No están todos los que son, pero, con este escrito, la fiscalía da el primer paso para depurar las responsabilidades por la Ciudad del Golf, la urbanización de 1.600 chalés, hotel y campos de golf en un pinar especialmente protegido. El Ayuntamiento de Las Navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León impulsaron la urbanización en contra de los informes técnicos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que la recalificación era ilegal y "vulneraba frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra. Tras la sentencia y a petición de ecologistas y la fiscalía se abrió la vía penal para buscar a los responsables, como ocurre con las licencias ilegales de Marbella.
El fiscal, tras analizar el expediente e informar al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, actúa contra estos cargos. "Éste es el primer paso porque este proceso será largo y puede haber más imputaciones", explican fuentes de la fiscalía.
Secretario del PP
Estas fuentes apuntan al ex presidente de la Diputación de Ávila Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. González es diputado y para pedir su imputación hay que lograr el visto bueno del Congreso. El escrito ecologista que abrió el caso incluía a González entre los denunciados y ahora es el único de ellos que no aparece en el escrito del fiscal.
Una de las claves de la acusación es que el director de Medio Natural, Mariano Torre, firmó el 13 de noviembre de 2003 un informe por el que desprotegía 11,6 hectáreas declaradas "área crítica para la cigüeña negra" y por lo tanto intocables, Torre firmó la desprotección citando como positivo un informe del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, firmado una semana antes y contrario a la desprotección. Yagüe había rubricado 10 días antes otro dictamen contrario y reiteró su oposición en 2004. Luego fue trasladado.
Fuentes del caso explican que esa manipulación es una de las principales pruebas en contra de Torre. Además, para desproteger esa parte del suelo era necesaria una orden publicada en el boletín de la comunidad, algo que nunca se hizo. Torre evitó el trámite y desprotegió el área crítica "de hecho" en ese dictamen.
El segundo punto por el que incidirá la acusación es que los altos cargos eran juez y parte. Torre, González, San Segundo, el alcalde de Las Navas y el secretario eran consejeros de la empresa pública Montes de Las Navas, creada oficialmente para proteger el monte que acababa de comprar. La empresa era del ayuntamiento (70%), la Junta (20%) y la Diputación (10%).
En noviembre de 2001, antes de que el terreno saliera a subasta, la empresa ya había encargado al constructor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, "los estudios topográficos y anteproyectos" de la urbanización. El acta del consejo de administración de 26 de noviembre de 2001 demuestra que ya entonces el constructor había pactado la adquisición de "95 hectáreas por 9,157 millones de euros". En 2002 el terreno salió a subasta y El Paloma fue el único en concursar. Ya no eran 95 hectáreas sino 215, aunque el precio apenas varió. El promotor, presidente del club de fútbol de Cartagena, se comprometió a pagar 9.953.971 euros en siete años.
El 14 de agosto de 2002 se firmó la escritura de compraventa y los altos cargos de Castilla y León firmaron que en dos años todo el terreno sería urbanizable o indemnizarían al promotor con 2.953.943 euros más IVA. Efectivamente, pese a los informes técnicos contrarios, a punto de cumplirse los dos años la recalificación estaba aprobada.
Con este escrito, el fiscal asume las tesis de la denuncia de los ecologistas que abrieron el caso y que pidieron investigar los delitos de falsedad (por la manipulación) contra la ordenación del territorio y la fauna (al aprobar la recalificación pese a los informes negativos), prevaricación (al permutar un monte público por otra parcela sin árboles), tráfico de influencias (por pactar la recalificación años antes de los trámites) y malversación de caudales públicos (al crear con dinero público una sociedad que impulsó la urbanización). La denuncia partió de las asociaciones ecologistas Centaurea, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Cantueso y Grama.
33.000 pinos a la espera
El pinar de Las Navas del Marqués está casi salvado. Pero no del todo. El Tribunal Superior de Castilla y León declaró en octubre ilegal la recalificación tras el recurso del constructor Francisco Correal, que se sintió perjudicado. Pese a que Correal estaba decidido a hacer cumplir la sentencia, cambió de opinión y no pidió ejecutar del fallo.
Por eso el constructor Francisco Gómez taló 2.243 pinos sin que la Guardia Civil le detuviera. El juzgado investiga ahora a petición de los ecologistas si esa tala fue delito ecológico. Además, los ecologistas han logrado personarse en el Tribunal Superior y han pedido la ejecución de la primera sentencia en lugar de Correal. Si el tribunal prohíbe definitivamente la tala, se habrán salvado los más de 33.000 pinos que aún podía cortar el promotor Francisco Gómez, El Paloma.
*ELPAIS,com, - 09/03/2007
Foto: Tala en Las Navas del Marqués- CRISTÓBAL MANUEL
El fiscal imputa a cuatro altos cargos que impulsaron la tala en Las Navas del Marqués
Los ecologistas reclaman a los partidos que limiten los planes urbanísticos
R.M.* : "Las principales organizaciones ecologistas presentaron ayer su llamamiento a los partidos políticos para que en las próximas elecciones municipales y autonómicas protejan el medio ambiente. Entre las propuestas para que asuman los grupos políticos destaca limitar el crecimiento urbanístico al 10% de aumento en cada plan, prohibir construir en los primeros 500 metros de costa o conseguir ahorro energético del 20% en la legislatura.
Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF/Adena y Amigos de la Tierra se han unido para hacer un llamamiento conjunto a los partidos. Lo llaman Programa por la Tierra. Propuestas de futuro sostenible y comienza señalando que "el actual modelo económico es social y ambientalmente insostenible". Por eso piden a los candidatos a las comunidades autónomas a que adopten 82 medidas "concretas, factibles y realistas".
Gran parte de las medias van destinadas al urbanismo. Los ecologistas proponen: "Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales de vivienda y equipamientos públicos. Estos crecimientos se harán siempre en torno al casco urbano y no supondrán más de un 10% sobre la superficie urbana y la población actuales".
Además, piden prohibir los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana. Jesús Gil fue el primero en abusar de estos convenios, pero en los últimos años han proliferado en todos los municipios ya que no son públicos y permiten autorizar muchas viviendas sin apenas trámites. Originalmente estaban pensados para pequeños cambios técnicos. Por último, reclaman "proteger los suelos no urbanizados situados a 500 metros del mar" y declarar esa franja "libre de cualquier infraestructura". Actualmente la Ley de Costas sólo protege los 100 primeros metros y no de todas las construcciones.
Principal transformación
El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, destacó la oportunidad de la cita electoral ya que "son las comunidades autónomas las que aprueban los planes urbanísticos municipales" y advirtió de que el desarrollo urbanístico se ha convertido en la principal actividad transformadora del territorio.
El segundo pilar de las peticiones ecologistas es el ahorro de energía y agua, el fomento del transporte público y el ahorro de agua. Para ello, proponen una "reducción del 20% en el consumo de energía al final de la legislatura"; "el cumplimiento de la normativa de calidad del aire en 2010" y reducir al menos un 10% la generación de basuras urbanas. Cumplir estos objetivos supondría un gran cambio, ya que actualmente todas las grandes ciudades (y muchas pequeñas) superan sistemáticamente los niveles de contaminación permitidos.
*ELPAIS.com, - Madrid - 09/03/2007
El 'boom' del ladrillo duplica la presencia de españoles entre los más ricos del mundo
SandroPOZZI* : "El mundo empresarial español cuenta con 20 multimillonarios en el listado anual que publica la revista Forbes. Son el doble que en la pasada edición y acumulan una fortuna de 88.400 millones de dólares (67.500 millones de euros). Este salto se explica por la efervescencia que se vive en España en el sector inmobiliario y de la construcción, con 11 representantes entre las 946 personas más ricas del mundo.
Pero la publicación neoyorquina duda de que esta situación sea sostenible y advierte de la volatilidad de varias de las principales fortunas españolas por su vinculación al mercado inmobiliario.
De los diez nuevos integrantes españoles de la lista, ocho están relacionados con la construcción o actividades inmobiliarias. Son, como dice Forbes, "los señores del ladrillo", que acumulan 25.000 millones de dólares (19.011 millones de euros), según los cálculos de la publicación. Entre los recién llegados a la lista de las mayores fortunas se incluyen algunas de fulgurante creación, al calor del boom inmobiliario y el tirón de estos valores en Bolsa. Es el caso de Enrique Bañuelos, presidente de Astroc (puesto 95) o Luis Portillo, máximo responsable del grupo Inmocaral (237), las dos incorporaciones españolas que han alcanzado puestos más altos en la estadística de la revista estadounidense.
Forbes, que dedica su portada a la figura del empresario italiano Flavio Briatore, presta especial atención a Bañuelos, que el pasado verano ofreció una gigantesca paella en Central Park para 20.000 personas. "Tiene muchas razones para celebrar la cultura española", afirma la publicación sobre el joven empresario valenciano, que a sus 41 años acumula una riqueza de 7.700 millones de dólares (5.850 millones de euros).
Pero en la revista se preguntan si todos estos millones que manejan "los Trump españoles" están dentro de una burbuja. Y para ello ponen como ejemplo que Bañuelos perdió un 30% de su riqueza en tres días, por un ajuste en el precio de las acciones de Astroc tras una subida vertiginosa desde su salida a Bolsa. Las dudas de Forbes tienen que ver también con cómo se elabora su ranking: las fortunas que se incluyen en su listado (sólo aquéllas que superan los 1.000 millones de dólares), se calculan a partir de información pública, lo que prima a las sociedades que cotizan en los mercados de valores.
Tres mujeres
Los únicos nuevos nombres españoles que no deben su fortuna a la construcción o al sector inmobiliario son los del empresario siderúrgico José María Aristraín y el inversor financiero Juan Abelló. Entre los que repiten, están Amancio Ortega, presidente de Inditex, Jesús de Polanco, presidente de PRISA (empresa editora de EL PAÍS) o Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y sólo hay tres mujeres: Esther Koplowitz (máxima accionista de FCC), Alicia Koplowitz (Omega Capital), y Rosalía Mera (cofundadora de Zara).
Steve Forbes, editor de la revista neoyorquina, no ocultó su impresión por el salto dado por los empresarios españoles, que calificó de "inesperado". Aunque como explicó a continuación, la lista que publica anualmente es un reflejo del boom económico que se vive en España y en el resto del mundo. Y en este sentido dijo que 2006 fue el más próspero en la historia de la humanidad. Aunque su asesora Luisa Kroll precisó que van a seguir muy de cerca la evolución de los señores del ladrillo, porque sus fortunas son muy volátiles.
Los números que presenta Forbes muestra esta realidad. El ranking de multimillonarios lo integran esta edición 946 nombres, de los que 83 (8,7%) son mujeres y 178 son nuevos integrantes, que manejan una fortuna acumulada de 3,5 billones de dólares (2,6 billones de euros), 900.000 millones más que en la pasada edición. El fundador de Microsoft, Bill Gates, es el hombre más rico del mundo por décimo tercer año consecutivo, seguido de cerca por el inversor Warren Buffet y el mexicano Carlos Slim. El más joven es el aristócrata alemán Albert von Thurn, de 23 años.
Hay un total de 53 países representados en la lista de Forbes, que identifica a 415 multimillonarios como de nacionalidad estadounidense, de los que 55 se estrenan. Entre las nuevas caras este año destaca la del gerente de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz, y el ex presidente de Disney, Michael Eisner. En total, amasan una fortuna de 1,36 billones de dólares, frente a los 2,1 billones del resto del planeta.
*ELPAIS.com - Nueva York - 09/03/2007
Viñeta: J.R.Mora
El alcalde de Arteixo votó a favor de conceder licencias a sus empresas inmobiliarias
EFE* : "El alcalde de Arteixo (A Coruña), Manuel Pose Miñones (PP), ha reconocido que votó a favor de la concesión de licencias a empresas de su propiedad y admitió que «no es ético», pero subrayó que, en su opinión, «no es ilegal». Así se defendió en un pleno extraordinario de unas dos horas de duración en el que compareció, a petición del BNG y del PSdG, para explicar sus actividades empresariales como constructor a través del Grupo Aluman y de la sociedad Inversiones Arteixo.
Pose Miñones sostuvo que «en ningún momento» se «aprovechó» del cargo de alcalde, que asumió en 1995, cuando poseía seis empresas, mientras que en la actualidad tiene 15 sociedades.
«Reconozco que no está bien que aparezca votando licencias a favor de empresas mías, pero confío plenamente en los técnicos que tengo y lo que dicen las actas es verdad y va a misa, no es cierto que haya habido un error informático», manifestó el alcalde en contra de lo dicho días atrás.
En esta ocasión afirmó haber votado en tres licencias para actividades en dos obras realizadas por sus empresas Bosques 26-28 y Bosques de Arteixo.
Afirmó que lo hizo «por inercia, le podía haber pasado a cualquiera» y porque «no se dio cuenta», afirmaciones que suscitaron risas y abucheos de los asistentes al pleno.
«En todo momento actué con toda la transparencia y la legalidad», defendió el que será de nuevo candidato del PP a la Alcaldía, quien apostilló que durante estos 12 años en el cargo ha logrado una gestión que cree «digna de elogio».
El primer edil negó haber adquirido propiedades en zonas como el parque industrial de Suevos o el puerto exterior después de su llegada a la Alcaldía y también que su empresa Carpintería Aluman se encargará de obras en varios edificios municipales
«Eran trabajadores de otras empresas que llevaban el buzo de la carpintería», esgrimió Pose Miñones, quien recibió peticiones de dimisión de los presentes tras esta afirmación.
Durante sus alocuciones fue interrumpido en multitud de ocasiones por vecinos que, tras escucharle decir «trataré al vecino como vecino y al cliente como cliente», le gritaron «Arteixo no es tuyo» y «Arteixo, Marbella city».
El alcalde reiteró la legalidad de sus actuaciones incluso después de que la secretaria del Ayuntamiento leyese el artículo que indica a los concejales «el deber de abstenerse» en votaciones de licencias a favor de empresas en las que tengan intereses personales, aunque establece que ello «no implica la invalidez» de ese acto.
A este respecto, manifestó que, en su opinión, este último punto del artículo le da la razón en que las votaciones de las licencias a su favor «no son ilegales».
Por su parte, la oposición aseguró que hasta en diez comisiones Pose votó a su favor de actividades de sociedades de su propiedad y citó casos de «irregularidades urbanísticas».
Así, la candidata del BNG a la Alcaldía, Silvia Seixas, aludió a la construcción de una «mansión con parqué y sillas tapizadas» que Pose defendió como una cuadra para caballos «de un formato muy digno».
El BNG, el PSdG y los seis ediles ex populares del grupo de los no adscritos reclamaron un informe jurídico sobre todos estos casos a la secretaria del Ayuntamiento y también que se conozca la evolución del patrimonio de Pose y de su grupo desde su llegada a la Alcaldía.
El portavoz de los no adscritos, José Márquez, aseguró que «no sabían nada» de todo esto, pero que «lo sospechaban y por eso abandonaron el PP».
lavozdegalicia.es, 08/03/2007
Foto: Arteixo, praia de Veha
¿Derecho a la vivienda: uso o propiedad?
ANTÓN COSTAS* : "Además de constituir una preocupación fundamental para muchas familias de rentas bajas y medias, la vivienda se está convirtiendo en una prioridad para los gobiernos. De ahí que hayan comenzado a incluir la vivienda entre las prioridades de su agenda política. Esta prioridad se manifestará de modo más intenso en los programas electorales de los próximos comicios locales. Esta mayor sensibilidad política al problema de la vivienda es, en gran parte, la reacción a dos tipos de movimientos sociales. Por un lado, la rebelión de los jóvenes mileuristas, quienes, incapaces de emanciparse y salir de casa de sus padres, han comenzado a movilizarse.
Por otro, al activismo de muchos actores sociales que llevan tiempo trabajando, tan afanosa como precariamente, en la búsqueda de soluciones concretas para grupos marginales y familias pobres con graves problemas de acceso a una vivienda digna. Al actuar como verdaderos empresarios altruistas de políticas públicas, estos activistas cívicos dan voz a colectivos sin capacidad por sí mismos para colocar sus necesidades en la agenda política de los gobiernos.
Una de las novedades que aportan estos movimientos es la reivindicación de un nuevo derecho a la vivienda, similar al derecho que se reconoce a la educación, a la salud o al acceso a servicios públicos básicos como la electricidad y el agua. O más recientemente, el derecho a la dependencia. Este derecho a la vivienda, una vez reconocido, obligaría a los poderes públicos a responsabilizarse de su provisión dando contenido jurídico y material al precepto constitucional del derecho de todo español a la vivienda.
Hay muchas razones para considerar que el acceso a un alojamiento digno y asequible es un elemento básico de la ciudadanía y de la cohesión social. Pero el camino hacia la formulación de la vivienda como un derecho universal será largo y difícil de construir.
Entre otras razones, porque exigirá llevar a cabo una operación de cirugía cultural, consistente en separar el derecho a un alojamiento digno y asequible de la aspiración a ser propietario de la vivienda. La cultura de propiedad de la vivienda, aunque reciente en el tiempo, es muy fuerte en la sociedad española. Más del 80% del stock de vivienda habitada en España lo es en régimen de propiedad, un porcentaje que está a mucha distancia de cualquier otro país desarrollado. Como señalé ayer, esa cultura de propiedad ha sido fuertemente incentivada por las políticas de vivienda que se han llevado a cabo en el último medio siglo.
Pero lograr que todo español sea propietario de su vivienda no puede ser una obligación de los poderes públicos. Sí lo es, en cambio, el asegurar el derecho ciudadano a acceder, en condiciones de precio asequible, al disfrute de los servicios de una vivienda que permita llevar una vida digna.
Cuando se habla de equiparar el derecho a la vivienda con el derecho a la sanidad, la educación, la dependencia, el agua o la electricidad, supongo que de lo que se está hablando es de los servicios que presta la vivienda, no de su propiedad.
Identificar el derecho a la vivienda con la propiedad da lugar a muchos agravios comparativos. ¿Qué sentido tiene financiar la propiedad a los jóvenes, y no el alquiler social asequible? La condición de joven no nos dice nada acerca de su situación económica en el futuro. Es muy posible que estemos proporcionando viviendas de protección oficial en propiedad a jóvenes que hoy son mileuristas pero mañana pueden ser ejecutivos con buenos ingresos. En todo caso, dado que no es posible tener una vivienda en propiedad de forma gratuita o a precios subvencionados para todo el que la necesite (habría que dedicar a vivienda todo lo que se gasta en educación, salud, pensiones, seguridad o infraestructuras), hay que seleccionar y sortear quiénes serán los agraciados. Pero la selección y el sorteo produce muchas injusticias comparadas, como se puede comprobar analizando con cuidado los actuales procesos de reparto de la vivienda de protección oficial, especialmente la de promoción privada.
El derecho a la vivienda tiene que descansar sobre algún criterio que permita guiar y evaluar las políticas. Ese criterio puede ser el concepto de precio asequible, entendido como aquel precio igual al porcentaje máximo de la renta (normalmente el 35%) que un hogar debería dedicar a la vivienda sin poner en riesgo todos los demás consumos que son necesarios para llevar una vida digna, además de reservar una parte para el ahorro. Esta noción de precio asequible debería incluirse y cuantificarse en todas las normativas sobre vivienda de protección oficial. Tendríamos de esa forma un criterio cuantitativo con el que medir y evaluar las políticas de vivienda.
Como señalé ayer en estas mismas páginas, los instrumentos actuales de las políticas de vivienda -las deducciones fiscales en el IRPF y la vivienda de protección oficial de régimen general- no tienen efectos sobre las familias de escasos recursos. Por tanto, se necesitan nuevas políticas públicas que vayan dando cuerpo a un futuro derecho al acceso a una vivienda asequible.
Esas nuevas políticas que garanticen a las familias pobres y de rentas bajas el derecho a acceder a una vivienda asequible necesitan apoyarse en dos pilares básicos. Por un lado, en ayudas públicas directas al alquiler o a la compra, y que permitan a las familias con escasos recursos situarse en ese umbral de asequibilidad. Por otro, en la promoción de vivienda social de alquiler protegido.
¿Cómo se financiaría esa nueva política de apoyo directo a la vivienda de las familias con menos recursos? Por parte estatal, con el aumento de ingresos presupuestarios que se lograría reduciendo el nivel actual de desgravación por vivienda en el IRPF, de acuerdo con las recomendaciones que de forma unánime hacen todos los expertos. Por parte autonómica y local, dedicando el suelo público existente, y el que se pueda obtener en el futuro, a la construcción de vivienda de protección oficial, de promoción pública o privada, de alquiler social. Ese es el camino. Aunque sea largo. Porque el derecho a la vivienda no puede depender, como ahora ocurre, de la suerte de un sorteo.
*Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
*ELPAIS.com, 08/03/2007
TRIBUNA: El problema de la vivienda / y 3 ANTÓN COSTAS
El urbanismo y la judicatura ¿Poder judicial?
MiguelFontRosell* : "Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.
Uno de los pilares de la democracia, sino el principal, lo constituye la teoría de los tres poderes del Estado y la independencia de los mismos.
En nuestro sistema, para que las cosas funcionen, en puridad, el Estado debe articularse a partir de un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial, absolutamente independientes uno del otro, sin jerarquías y autónomos en sus cometidos.
El Poder Legislativo lo constituyen el Parlamento y el Senado, donde se confeccionan las leyes, y en definitiva las reglas del juego por las que nos hemos de regir. El Poder Ejecutivo es el gobierno, desde el que partiendo de las leyes, se lleva el timón de la nave del país, tomando decisiones y ejecutándolas, mientras que el Poder Judicial es el que vela por el control de la legalidad, para que todo, y todos, actuemos en consonancia con las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La Constitución ordena toda la trama y el mas alto tribunal, el Tribunal Constitucional, funciona como garante de que el sistema se adapte a nuestra ley de leyes, la Constitución. Como jefe de todo el sistema, aunque en este caso, de forma únicamente representativa, en España, por ser una monarquía parlamentaria, está el Rey, que hace las funciones formales de Jefe del Estado y poco mas. Hasta aquí la teoría.
Considerando que según nuestra Constitución, el poder emana del pueblo y, que en nuestro caso, únicamente se llevan a cabo elecciones al poder legislativo, a través de partidos políticos y de forma poco participativa (listas cerradas, blindadas y organización interna de partidos ajena al procedimiento democrático); la torticera interpretación que en su momento se llevó a cabo sobre el particular, ha hecho que esas elecciones sean la base de la "designación" de los otros poderes, ajenos directamente a ningún tipo de voluntad popular. Así, finalmente, los partidos políticos, en función de la aritmética de los resultados y de una política de alianzas, nombran el poder ejecutivo, de forma totalmente ajena a ningún tipo de voluntad popular, que para nada se ha manifestado a la hora de nombrar al Presidente del Gobierno y en consecuencia a su equipo. "Designado" dicho poder, el judicial se acaba "designando" también en función proporcional al equilibrio o desequilibrio de fuerzas resultantes del poder legislativo, en lo que acaba siendo una mezcla, absolutamente dependiente (la dependencia deriva principalmente de los presupuestos) de la alianza de minorías en el poder legislativo.
En este marco de dependencia, el Poder Judicial, dispone únicamente del presupuesto que le asigna el poder ejecutivo, careciendo de capacidad de decisión en cuanto a su cuantía, presupuesto absolutamente disconforme con los objetivos y necesidades de funcionamiento que exige la independencia y la eficiencia del poder controlador que supone aquel que debería ser mas independiente para el buen funcionamiento del sistema.
Evidentemente, nuestra democracia está ordenada de una forma bastante chapucera y distante del ideal elaborado por Montesquieu, aunque lo peor de todo es que ese Poder, de cuyo buen funcionamiento más dependemos y que constituye la prueba evidente de la buena o mala salud del Estado de Derecho, muy interesado en "equilibrios" políticos, poco hace para que sus necesidades sean atendidas, sobre todo cuando el poder legislativo ha hecho de España un país enormemente garantista y consecuentemente de una burocracia abasalladora (pocos juzgados, pocos jueces, faltos de experiencia, alejados de la realidad, nada permeables, con obsoletas infraestructuras, etc.), limitándose a mendigar cada año, un poco mas de dinero del poder ejecutivo, consintiendo que el sistema sea alterado por el poder predominante (no elegido), y que ellos, y como consecuencia los ciudadanos, seamos los destinatarios de tamaño atropello al sistema.
Como consecuencia, todo el aparato montado para emitir justicia, que debería dar pronta respuesta a los problemas de los ciudadanos, se eterniza y cuando se manifiesta lo hace extemporáneamente, fuera de contexto y gran parte de las veces de forma injusta, desproporcionada, absurda a veces y ajena a las soluciones de los problemas de la vida real.
En esta situación, y con independencia de las realidades más o menos pintorescas de cada ciudad, es en la que hay que centrar los problemas del urbanismo y sus consecuencias.
Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.
En Vigo, las pruebas de ello son abrumadoras y los ejemplos abundantes. Como ilustración al caso, vamos a poner como ejemplo, uno de los que actualmente la prensa refleja con mayor asiduidad, los edificios de la calle Jacinto Benavente.
En aplicación del PGOU-93, una empresa solicita la construcción de un importante edificio, reordenando la edificabilidad permitida a través de un Estudio de Detalle, de manera que ocupe menos espacio de suelo a costa de construir mayores alturas, algo permitido por medio de un Plan Especial de Reforma Interior, pero no a través de un Estudio de Detalle, figura urbanística que el concejal de urbanismo de entonces, a través de un dictamen por él confeccionado (¿), recomendaba a los técnicos municipales que estos informasen a través de esa figura y no de la correcta (la inmensa mayoría de las sentencias son debidas a eso). Así las cosas, el recurridor de turno, ejerce su derecho y, con toda la razón del mundo, se opone a que se lleve a cabo tal edificio utilizando tal figura urbanística propuesta (con mayor ocupación y menor altura, pero con la misma edificabilidad, utilizando un PERI, no había problema). Si la justicia hubiese actuado en unos meses, posiblemente el edificio ni se hubiese comenzado, la única indemnización para el Ayuntamiento sería la de costear el proyecto presentado, pedir un proyecto nuevo, conceder una licencia correcta, sacarle los colores al concejal de turno, y aquí paz y después gloria. Al pronunciarse la justicia un porrón de años más tarde, y pedir la ejecución de sentencia el denunciante (¿con qué propósito?), el resultado es el siguiente: Derribo del edificio, 200 familias a la calle, una indemnización a pagar por los vigueses de varios miles de millones de las antiguas pesetas, amenaza de cárcel al alcalde si no ejecuta la sentencia, el causante de todo de rositas y el recurridor subido en un pedestal.
Pero, ¿quién le pedía eso a la justicia? ¿Porqué por la ineficiencia del Poder Judicial, los vigueses (Ayuntamiento), hemos de echar a la calle a cientos de nuestros vecinos y escudriñar en nuestros bolsillos para pagar errores ajenos (del concejal de turno, nadie se acuerda, ni de nada se responsabiliza), mientras que los jueces, en esto no sólo se lavan las manos, sino que si no se ejecuta algo que nadie les había pedido, amenazan incluso con la cárcel, sin responsabilidad alguna por su parte, aunque su decisión nada tenga que ver con lo pedido, mientras la cúpula de su organización, discute si tiene mayoría de conservadores o de "progresistas" en su seno, al amparo de la limosna que cada año le asigna el poder ejecutivo. ¿Hasta cuando?.
El PGOU-93 es un desastre, los responsables de su aprobación otro desastre, la aplicación que el Ayuntamiento ha hecho del Plan otro desastre, etc. Pero aun así, si la Justicia, lo hubiese sido, ahora Vigo sería otra ciudad, sin ilegalidades, sin indemnizaciones, sin derribos, sin irresponsables, sin chantajes, sin recurridores profesionales, sin concejales que se van de rositas, sin amenazas de cárcel a nuestros gobernantes, etc.
¿Poder Judicial?
*Gerente de Aproim
FarodeVigo.es, JUEVES 08 MARZO 2007
