ELPAÍS* : El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos. Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.
Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.
Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonensa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.
El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.
Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.
Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
* El País - 11.10.10
Foto: Álvaro Pérez atiende a los periodistas antes de entrar al tribunal. El Bigotes se ha negado a declarar ante el magistrado Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' - elpais.com
Un constructor de 'Gürtel' devuelve 20 millones al fisco y da un vuelco al caso
Murcia.- Investigan si la trama usó facturas falsas para hurtar 600.000 euros a las obras del Casino
LAVERDAD* : Los límites del 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística en Murcia nadie sabe realmente -salvo el fiscal jefe, Manuel López Bernal, y el juez David Castillejo- hasta dónde alcanzan, pero cada día que transcurre resulta más evidente que no se va a quedar en las tres detenciones practicadas hasta ahora: la del jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; la del abogado, profesor universitario de Derecho Administrativo y asesor de varios ayuntamientos, Higinio Pérez Mateos, y la del empresario italiano Renato de Noce. Estos tres imputados, que se encuentran en libertad bajo fianza de entre 70.000 y 120.000 euros, son sólo la primera parte, y quizás la más insignificante, de un asunto que aparenta ser mucho más complejo.
Para empezar, 'La Verdad' ha podido conocer que los interrogatorios a estas tres personas se han centrado exclusivamente, de momento, en sólo uno de los seis convenios urbanísticos que están bajo sospecha y que se circunscriben a la zona norte del término de Murcia.
En concreto, el citado convenio es el que suscribieron, en mayo del 2005, cuatro mercantiles y el Ayuntamiento de Murcia. Estas promotoras -Agrumexport SA, Ageco SL, Euroland SL e Inveralrahu SL-, se vieron favorecidas por un aumento del volumen de edificabilidad (de 0,09 a 0,25 m2/m2), lo cual les facultaba para construir 2.000 viviendas. A cambio de las plusvalías que iban a percibir, se comprometían a invertir 10 millones de euros en la reforma del emblemático edificio del Casino.
Es en esas obras de reforma donde aparecen dos de los detenidos este martes, el italiano Renato de Noce, que fue contratado como 'proyect management' o encargado general del proyecto, y el letrado Higinio Pérez Mateos, que se encargaba de llevar la dirección jurídica y la contabilidad. Este último, con un gran contacto en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director es amigo suyo y socio en algunas operaciones inmobiliarias.
Lo que la Fiscalía investiga ahora es la supuesta presentación de dos facturas falsas, ambas por importe de 300.000 euros, que habrían servido para justificar gastos que no se habrían hecho en la reforma; un dinero que se habría hurtado así a la rehabilitación del Casino y, en último término, a todos los vecinos de Murcia. El gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, negó haber fiscalizado las obras de ese inmueble.
Las sospechas sobre la validez de las dos documentos derivan de que fueron emitidos por una sociedad que, en apariencia, no tiene actividad alguna y que parece creada 'ex profeso' para comercializar ese tipo de facturas.
* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
Calp tasa en 53.500 euros el terreno por cuya ocupación ilegal ya ha pagado 700.000
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LEVANTE/Alacant* : Nunca un terreno yermo dio para tanto. El equipo de gobierno de Calp (Bloc, PP y PSD) aprobó ayer en pleno la tasación de 53.571 euros que sus técnicos han realizado de los 15.000 metros cuadrados de la partida Ràfol donde hasta mayo de 2008 estaba la carpa municipal de ferias y eventos. Ahora el ayuntamiento trasladará ese precio de expropiación a los propietarios, la familia Palomar, que ya se sabe que no lo aceptará, porque ha valorado la finca en 2,3 millones. Las tasaciones difieren tanto que parece seguro que, finalmente, será el Jurado Provincial de Expropiaciones en el que establezca el justiprecio.Pero, más que por lo que ahora pueda costar la expropiación, estos terrenos ya han salido caros porque por su ocupación ilegal el Tribunal Sup.de Justicia condenó al ayuntamiento a pagar a sus dueños una indemnización de 600.000 euros. Además, el concejal de Urbanismo, José Perles, del PP, desveló ayer en el pleno que a esa cantidad se han sumado 100.000 euros más que el consistorio ha desembolsado por intereses de demora.
El edil de Urbanismo precisó que los propietarios llegaron a pedir, en un primer momento, hasta 3,8 millones por la expropiación de esos 15.000 m2. Además, denunció que la cantidad que ahora reclaman se basa en "informes totalmente falsos". Criticó que los dueños quieren hacer creer que se trata del solar de un polígono industrial y que cuenta con infraestructuras de luz, agua y alcantarillado. "Nuestros técnicos demuestran que eso no es así. Allí no hay servicios urbanísticas. No hay derecho a que se intente engañar al pueblo de Calp con esos informes", aseguró Perles.
El alcalde, Joaquim Tur, del Bloc, apuntó que ese terreno está "totalmente yermo". También dijo que se ha tasado como rústico, porque esa es su calificación urbanística correcta. Sin embargo, Javier Morató, del PP, cuando era alcalde lo recalificó a dotacional al intentar sin éxito que sus propietarios lo cedieran al ayuntamiento. Morató creyó que el acuerdo estaba hecho y ordenó que se ocupara ese suelo y se construyera la carpa de ferias. El traspié fue gordo, ya que el terreno nunca dejó de ser de titularidad privada.
En el pleno de ayer, los concejales del PSPV insistieron en que el ex alcalde del PP "es el origen de este problema".
El actual munícipe, quien gobierna con el apoyo de Javier Morató, cuestionó una vez más que la indemnización por ocupar ilegalmente estos 15.000 m2 se fijara en 600.000 euros. Dijo que la sentencia que condena al ayuntamiento a pagar esa cantidad es "esperpéntica". Recordó que el perito que calculó el perjuicio para los propietarios consideró que en ese suelo podían haber explotado un lucrativo aparcamiento. "Es una sentencia injusta. Son 15.000 m2 de terreno rústico. Y por una finca agrícola de esta misma superficie y de la mayor calidad posible ahora se pagarían como mucho dos o tres millones de pesetas", sostuvo Tur.
* Levante - 9.10.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Sevilla.- ¿Podrán 43 murales cambiar un barrio?
PÚBLICO* : Un proyecto de la ONU inunda de color las fachadas de un barrio de Sevilla. Es como estar en Nueva York pero sin salir del polígono". Es lo que Carmen Bonilla, una vecina de San Pablo, en Sevilla, siente cuando ve los grandes murales que están pintando en su barrio. Ella, a sus poco más de 50 años, nunca ha estado en Nueva York, pero así se lo imagina. Tampoco ha visitado nunca un museo, pero sabe apreciar que lo que más de 40 muralistas de todo el mundo están realizando en su calle "tiene mucho arte".
Otra forma de resumir este proyecto de la ONU, que se llama Art for all (Arte para todos), es la de Juan Antonio Jara, promotor de la idea: "Situar el arte en el centro de la discusión para la transformación social". La igualdad de género, la lucha contra el SIDA o el medio ambiente son algunos de los temas, muy relacionados con los objetivos del milenio de la ONU, que están llenando de color las, hasta ahora, grises fachadas de este barrio obrero. Jara afirma que "San Pablo se va a convertir en el mayor museo al aire libre de Europa".
"Por fin le están dando color a esto, que falta le hacía", comenta un hombre mientras pasea su perro por la avenida del La Soleá, epicentro del barrio y de los murales. Como él, todos los vecinos se han habituado ya a caminar con la cabeza más alta que días atrás. Y es que, conforme han ido avanzando los dibujos, ha quedado al descubierto la calidad de los trabajos. "Al principio nos faltaban paredes, ahora nos sobran, porque todos los vecinos quieren un mural en su bloque", explica Peter Claesson, de Indigo Incoming and Incentives, empresa organizadora del proyecto en su dos ediciones. La primavera fue Tegucigalpa, Honduras, en 2004.
Arte como motor de cambio
"Esperamos que la gente se dé cuenta de que su barrio es bonito y así comience a cuidarlo", explica Claesson, que asegura que en tres años los murales recibirán "un millón de visitas".
Además, como ya pasó en Tegucigalpa, espera que los vecinos sepan sacarle algo más que provecho artístico: "Se pueden hacer camisetas de recuerdo y los voluntarios pueden convertirse en guías turísticos".
La idea puede sonar lejana, pero es cierto que las discusiones no se han hecho esperar entre los propios vecinos. "Seguro que la gente lo cuida, hay que ser positiva", intenta convencer una vecina a otra algo más pesimista, que cree "que habrá que esperar algún tiempo".
Lo cierto es que conforme los 43 dibujos han ido avanzando, tanto los vecinos como la propia ciudad de Sevilla han comenzado a prestar una atención diferente y especial al barrio.
Los artistas puertorriqueños Jaime y Javier Suárez están pintando uno de los murales más interactivos con la propia fachada, la única que no es lisa. Las ventanas de los pisos o los aires acondicionados están siendo integrados en su trabajo, en el que también ha participado el ecuatoriano Nelson Román. "Es una pintura muy dinámica y alocada", explica Jaime. Atentamente lo escucha Manuel Cabello, un joven grafitero de Sevilla que mira embobado los murales: "Es flipante".
Cada día pasa más de una hora observando el trabajo de los artista. La mayoría de ellos son de Suramérica, cuna del muralismo. También han llegado desde Ucrania, Noruega o Rusia, y han participado importantes muralistas como Josh Sarantitis o Sergio Vergara. El próximo martes, la mayoría se habrá marchado, pero quedarán sus pinturas y los vecinos, para decidir si estas cambiarán o no su barrio.
* Público - 9.10.10
Foto: Uno de los murales que decoran el barrio sevillano de San Pablo - publico.es
La defensa de Julián Muñoz cree que sería "el alcalde corrupto más barato de España"
20MINUTOS/Marbella* : El abogado del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, -imputado en el caso Malaya por varios supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo-, ha proclamado la inocencia de su cliente en la fase de cuestiones previas y ha centrado su discurso en la vulneración de derechos fundamentales. El letrado Javier Saavedra ha dicho, además, que de ser ciertos los delitos que se le atribuyen, Muñoz sería "el alcalde corrupto más barato de España" y "un hazmerreír".
La acusación "ofende al sentido común", según la defensa, quien ha aludido a un supuesto pago por parte del presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, después de preparar la moción de censura que desbancó a Muñoz de la alcaldía el 13 de agosto de 2003.
Roca y Muñoz "son unos malversadores, pero eso sí de una honestidad entre ellos entusiasmante", ironizó Saavedra, quien refirió que tras pelearse e insultarse y preparar una moción de censura contra el ex alcalde, Roca le abonó supuestamente 12.000 euros -de un total de 180.000 euros que presuntamente percibió- porque era "un caballero".
En este sentido, se ha preguntado si es creíble que en 2002 ambos suscribieran un convenio y Roca le pagara a Muñoz "a plazos", él último de estos pagos "cinco meses después" de que el primero preparara una moción de censura contra el ex alcalde.
Cree "en la inocencia de todos"
El letrado considera que con la "pelea política del calibre que había en Marbella en 2003", es imposible que se efectuara dicho pago, el cual "no está refrendado en absoluto por ningún movimiento bancario", y ha añadido que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía "se ha encargado de buscarlo por tierra, mar y aire".
En su exposición, Javier Saavedra ha afirmado que cree "en la inocencia de todos y cada uno de los que están presentes" en el juicio, pero "en particular" de su cliente. Y ha incidido en que el cohecho no queda claro en el escrito del fiscal.
El letrado ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinadoAsimismo, ha recordado que cuando trascendió la operación Malaya, al practicarse las primeras detenciones el 29 marzo de 2006, su cliente estaba en Argentina, un país, "con limitaciones en los tratados de extradición con España" pero volvió a España, por lo que ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinado.
Muñoz, que accedió a la alcaldía de Marbella en mayo de 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil y ostentó el cargo hasta agosto de 2003, ha estado encarcelado por varios procesos judiciales y se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión y ocho años de inhabilitación. En las cuatro sesiones celebradas de este juicio ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.
* 20 Minutos - EFE - 5.10.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Murcia.- El portero del ladrillo
LAVERDAD* : Tanto como que se cuestione su honradez y rigor profesional, el 'caso Umbra', en el que está imputado, le debe fastidiar a Fernando Berberena (59 años, Zaragoza) por la relevancia social que le ha dado y que siempre ha rehuido. Él, concejal de Urbanismo de Murcia, se siente más cómodo entre bambalinas y, a pesar de haber asumido un papel principal en el 'thriller' en que se ha convertido la política del ladrillo en Murcia, nunca ha aspirado a ser más que un técnico cualificado y eficiente. Ni siquiera, tras dos legislaturas con el PP en la corporación murciana, ha querido hacerse el carné del partido, en cuya actividad interna nunca ha participado. Aunque es obvio que comulga con el ideario popular, no se siente político y se ve más como un profesional independiente, con dotes para la organización.
Hijo de un médico forense que emigró a Murcia por razones laborales y segundo de cuatro hermanos (el mayor es notario y los dos más jóvenes, médico y graduada social), Berberena estudió Derecho en la Universidad de Murcia y ya entonces dio muestras de que no ambicionaba el estrellato. Hizo teatro universitario con el ahora catedrático César Oliva, pero nunca pasó de interpretar papeles secundarios.
Tras licenciarse, opositó a interventor militar y aprobó, pero, por suerte para la construcción murciana, no obtuvo plaza. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que ha marcado su vida. El malogrado Manuel Martínez, primer presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), les ofreció a él y a su compañero de carrera Francisco Moreno, ahora secretario general de la Consejería de Agricultura, que se unieran al por entonces balbuceante movimiento empresarial. Berbenera se hizo cargo de la asesoría jurídica y Moreno de la secretaría general de la patronal de la construcción.
Clases con Pedro Saura
Se especializó en derecho laboral y llegó a negociar, en representación de la patronal, hasta el 40% de los convenios colectivos firmados en la Región, entre ellos los de la construcción, del campo, del transporte. De esta etapa conserva buenas relaciones con los sindicatos y esgrime una cualidad que le ha sido muy útil en empresas posteriores: su capacidad para el diálogo y llegar a acuerdos.
Años después sucedió a Moreno en la secretaria general de la federación de la construcción y, además de dar clases de Derecho del Trabajo en la Universidad, fue acreditando su sapiencia urbanística. Tal es así que llegó a impartir magisterio en el Máster de Urbanismo de la Escuela de Negocios que dirigía a finales de los noventa el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, y de la colaboración de ambos nació el módulo inmobiliario, que en pocos años alcanzó un éxito considerable y por el que pasaron algunos de los principales promotores de la actualidad.
Durante 25 años trabajó en la patronal de la construcción, hizo muchos amigos que conserva (aún sale de viaje con ellos una vez al año; próximo destino: Emiratos Árabes) y se granjeó un respeto y prestigio profesional en el sector que llamó la atención de la política. Quizás fueron sus años más felices, en los que llegó a presidir la Agrupación Sardinera.
Algunos de sus compañeros y colaboradores de entonces le califican de «afable y generoso», de «metódico y eficaz», de «leal y servicial», y recuerdan que, de no haber abandonado su puesto, era el elegido en CROEM para sustituir al secretario general de la patronal regional, Clemente García.
Echa mano de palabras como «responsabilidad», «compromiso», «reto» para explicar cómo se dejó convencer en 2003 por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para cambiar su plácida vida por una ocupación sumida en la sospecha desde antes incluso de tomar posesión. Para la recelosa oposición, poner al frente del urbanismo municipal al ex secretario general de los constructores era como poner a la zorra a cuidar de las gallinas.
En los primeros años se esforzó por vencer todas las reticencias. Reordenó, agilizó, modernizó y profesionalizó las estructuras de la Gerencia de Urbanismo. Pero eran muchos los que esperaban con la escopeta cargada y en 2006, año preelectoral, se desbordaron todas las suspicacias. De entonces arrancan las polémicas con la remodelación del barrio de La Paz y con la promoción de Joven Futura y las acusaciones de un supuesto trato de favor a un ex socio. Aquel fue también el año en que aprobó cuadruplicar la edificabilidad en diversos convenios urbanísticos del norte de la ciudad, asunto que esta semana le ha llevado a declarar ante el juez.
En una entrevista en febrero de 2009, García Martínez le preguntó cuál era el adjetivo que mejor le cuadraba a Jesús Samper, con quien comparte imputación judicial en el 'caso Umbra'. Berberena estiró la cerviz y contestó serio: «Me resulta difícil. Ha cometido algunas equivocaciones. Y a mí se me conoce como el portero que debería parar cualquier tipo de gol». Es posible que hoy, como acostumbra los fines de semana, se encuentre en su casa de campo de Santomera cuidando de sus frutales y medite sobre los supuestos goles a la legalidad urbanística que el juez y el fiscal investigan y sobre si él pudo hacer algo más para evitarlos.
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia, manifa La Región de Murcia NoSeVende (archivo) - um.es
