ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.
* El Día - 5.07.09
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Lo que escondía la causa del "caso Arona"
150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP
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DIARIODECÁDIZ* : Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.
Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.
A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.
De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.
Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.
Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.
Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.
Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.
Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.
De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".
La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".
Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".
Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posibles infracciones urbanísticas".
La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".
El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.
Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.
Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.
Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.
Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.
En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 5.07.09
Foto: Un caso en Los Perales: en 2004 se certifica una casa en un solar vacío, en el medio; en 2007, se hacen 4 casas. - diariodecadiz.es
Entrar en coche a Madrid o a Barcelona es el doble de rápido que en transporte público
ELPAÍS* : Acceder a Madrid o a Barcelona en coche es, de media, casi el doble de rápido que hacerlo en transporte público. El vehículo privado es más rápido incluso en las horas punta, cuando el tráfico está más congestionado. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Anuario de la Movilidad del año 2008 que ha elaborado el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).
De media, entrar a los centros de Madrid o Barcelona en coche durante la hora punta supone 39 minutos, mientras que hacerlo usando el transporte público cuesta 72 minutos, es decir, prácticamente el doble. El RACC ha obtenido estos resultados midiendo el tiempo que supone de media llegar a ambas ciudades desde sus respectivas coronas metropolitanas empleando distintos medios de transporte.
Ante estas cifras, el RACC ha subrayado la necesidad de mejorar los transportes públicos para hacer su oferta más competitiva y así atraer a más usuarios que aún prefieren desplazarse en sus propios automóviles. Según el estudio, los conductores sólo estarían dispuestos a dejar sus coches en casa si el transporte público les garantizara unos trayectos de unos 31 minutos, menos de la mitad de lo que tarda ahora de media.
Según el citado dossier, la congestión de los accesos por carretera afecta diariamente a medio millón de usuarios de vehículos privados y autobuses en Barcelona y a un millón en Madrid. Esta congestión, que el informe califica como "una significativa pérdida de la calidad de vida para el ciudadano", supone una pérdida diaria de 11,9 minutos en la ciudad condal y de 14 minutos en la capital de España. Durante las horas punta, la pérdida es aún mayor: 18 minutos en Barcelona y 33 en Madrid.
El mayor colapso en los accesos a Madrid se explicaría por la "notoria diferencia" de la oferta de vías libres y de peaje, ya que mientras en Barcelona es más equilibrada, a Madrid sólo accede por vías de peaje el 3% del tráfico.
El RACC estima el coste de los atascos en cerca de 400 millones de euros anuales en el Área Metropolitana de Barcelona y alrededor del doble en Madrid, el equivalente a un 0,3% y a un 0,6% del Producto Interior Bruto de las respectivas Comunidades Autónomas.
La estrategia que propone el Real Automóvil Club para mejorar esta situación incluye varios puntos: homogeneizar la capacidad de las distintas vías para repartir el tráfico entre ellas, reforzar el transporte público dándole prioridad sobre el privado, estimular la alta ocupación de los automóviles privados y mejorar el funcionamiento de las zonas de aparcamiento de pago.
* ELPAIS.com - EGOITZ GAGO - Barcelona - 03/07/2009
Foto: Atasco AP-7 Tarragona - EFE
Vecinos de Navia rechazan que se triplique el número de viviendas
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FARODEVIGO* : La Asociación de Vecinos de Navia se opone al cambio de aprovechamiento de los terrenos del polígono propuesto por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que permitiría pasar de las 613 viviendas previstas en la última fase del Plan Parcial a el triple: 1.793. Los responsables vecinales critican este cambio, que el IGVS planteó ya a la Gerencia de Urbanismo.
“El nuevo planeamiento propuesto es radicalmente contrario al consenso; y un agravio comparativo con los aprovechamientos alcanzados por los anteriores propietarios de los terrenos, que en muchos casos fueron expropiados con un fin social y no especulativo”, argumentan.
Dentro del ámbito del PAU de Navia se concedieron hasta la fecha licencias para 3.732 viviendas, quedando por ejecutarse 613, de las que 149 serían de construcción colectiva en planta baja más tres alturas y 464 familiares, adosadas o pareadas. La propuesta del IGVS, que triplicaría el número, contempla la posibilidad de construir más alturas de las previstas.
“Rechazamos cualquier modificación del PAU de Navia que varíe en un sentido negativo el consenso alcanzado hace más de diez años por los vecinos de la parroquia”, advierten la junta directiva de la Asociación Vecinal de Navia.
Medios
Los responsables vecinales adelantan que pondrán “todos medios posibles” para que el proyecto planteado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo “no se lleve adelante”. La junta directiva anuncia que tratará este tema en la próxima asamblea vecinal.
Si la nueva ordenación se llevara adelante sólo podrá proseguir si se mantienen los usos ya previstos, con la única variación de que las viviendas unifamiliares pasen a ser colectivas. Asimismo, la modificación deberá justificar el cumplimiento de la normativa en materia de uso de vivienda, el Código Técnico de la Edificación y las normas generales contempladas en el Plan Xeral.
* Faro de Vigo - 5.07.09
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
