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DIARIODESEVILLA* : La acusación particular ha pedido cuatro años de cárcel para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y dos años para su antecesor, José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir la instalación de varias industrias en un solar rústico no urbanizable.
Fuentes del caso han dicho a Efe que la acusación particular que ejercen los vecinos afectados ha pedido además 7 años de inhabilitación para cualquier cargo o empleo público para ambos, a los que acusan de haber permitido la instalación, en un terreno rústico, de un aparcamiento de camiones y varias industrias relacionadas con esa actividad.
Para Morilla, la acusación particular solicita un año de cárcel por cada uno de los tres delitos de prevaricación urbanística que le imputa y otro año de cárcel por un delito contra el medio ambiente.
Para Párraga, el letrado de la acusación, Francisco Vega, solicita un año de cárcel por un delito de prevaricación urbanística y otro año de prisión por un delito contra el medio ambiente.
El juzgado de instrucción 1 de Morón procesó a ambos alcaldes porque existen indicios de que "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias", según un auto al que tuvo acceso Efe.
En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves de reparación de neumáticos, pese a los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
Tras la calificación de la acusación que ejerce la asociación de vecinos "La Alameda", el fiscal especial de Medio Ambiente de Sevilla presentará su escrito de calificación, aunque las citadas fuentes recordaron a Efe que este proceso fue impulsado por denuncia de dicha Fiscalía.
Morilla es el actual alcalde de Morón, cargo para el que fue reelegido en mayo de 2007, y Párraga fue alcalde entre 1991 y 2003.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y que no recordar nada sobre su licencia.
Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia a la que entonces tuvo acceso Efe, dijo que "lo que primitivamente era un secadero de algodón" se había convertido en "un polígono industrial donde se ha instalado un establecimiento de engrase de vehículos, un taller de reparación de neumáticos y una industria de tapicería".
* Diario de Sevilla - EFE - 15.04.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
Piden cárcel para el alcalde y el ex regidor de Morón por prevaricación urbanística
Córdoba: La Fiscalía investigará si cinco policías falsificaron sanciones urbanísticas
DIARIODECÓRDOBA* : Cinco agentes de la Policía Local de Córdoba, entre ellos el jefe de Disciplina Urbanística, serán investigados por la Fiscalía por presunta falsificación de documentos públicos. En concreto, los policías locales podrían haber manipulado las actas de las sanciones urbanísticas interpuestas a unos agentes de la Policía Local por construir sin licencia en la parcelación cordobesa de Torreblanca.
En esta urbanización, en vías de regularización, está prohibido edificar de momento.
El equipo de gobierno municipal decidió encargar un informe tras salir a la luz pública la construcción ilegal por parte de varios agentes locales de una vivienda y de una pequeña edificación en Torreblanca, así como la actuación presuntamente irregular de la llamada Línea Verde, la unidad de disciplina urbanística de la Policía Local. La encargada de redactar el informe fue la Secretaría general del Ayuntamiento, María Isabel Alcántara; y el objetivo, conocer si el tiempo transcurrido entre el acta de denuncia y su tramitación a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) fue o no irregular. Al parecer, según las fuentes consultadas, la investigación apunta a que los agentes locales pudieron manipular la fecha de esas actas.
La alcaldesa de Córdoba. Rosa Aguilar, acompañada del concejal de Seguridad y Tráfico, José Joaquín Cuadra (IU), y la concejala de Vivienda, Victoria Fernández (PSOE), compareció ayer ante los medios de comunicación para dar a conocer muy grosso modo el contenido del expediente, puesto que se trata de "información reservada". Así Aguilar explicó sin entrar en detalles, que la secretaria del Ayuntamiento advierte en su informe de la existencia "de indicios de comisión de delito" por parte de varios agentes locales. Por este motivo, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las autoridades municipales tienen la obligación de llevar el caso ante la Fiscalía.
La alcaldesa avanzó además que, a pesar de que solo en tres de los expedientes investigados se observan indicios delictivos, al fiscal jefe le llegarán hoy todos los expedientes "por su interconexión" con el resto.
FUERA DE DUDAS. Aguilar destacó que en el informe municipal queda claro que en el ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "no ha habido trato de favor" en este asunto de Torreblanca y recalcó que la sanción administrativa que se imponga a los agentes implicados se ejecutará en "su grado máximo" precisamente por la responsabilidad extra de la policía.
Paralelamente a la investigación fiscal, la Junta de Gobierno Local se reúne hoy de manera extraordinaria para abrir seis expedientes disciplinarios a los agentes implicados. Según informó la regidora cordobesa, Rosa Aguilar, se procederá al traslado a otras unidades de estos policías. Hay que decir, sin embargo, que estas sanciones de índole administrativa quedarán suspendidas cautelarmente hasta que se hagan públicas las conclusiones del fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro. Es decir, los agentes se mantendrán en activo, aunque serán trasladados a otras unidades del cuerpo hasta que concluya sus pesquisas la Fiscalía.
El caso Torreblanca se ha cobrado ya su primera víctima: el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, quien presentó ayer su dimisión por ética y responsabilidad, y para no interferir en la investigación de la Fiscalía.
* Diario de Córdoba - 15/04/2008 IRINA MARZO
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - R.Alcaide, abc.es
Denia: Las entrañas de la urbanización fantasma del Montgó
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LEVANTE/Alicante* : En lo alto de la Lloma del Castanyar, en pleno corazón del Montgó, habita un fantasma. Es un fantasma de hormigón; ahora dormido, pero hace 30 años rugiente y poderoso. Un fantasma que, mientras no se borre por completo su rastro, seguirá mirando, desafiante, al Montgó y enseñándole los dientes del urbanismo salvaje.
La urbanización fantasma de El Greco es ahora noticia porque la conselleria de Medio Ambiente ya ha terminado el proyecto de demolición y le ha pasado la pelota al Ayuntamiento de Dénia. El consistorio, que hace más de 30 años dio licencia para construir aquí 600 chalés y luego, tras la declaración del Montgó como parque natural, la revocó, debe echar abajo las 111 casas adosadas que llegaron a construirse. El problema es el dinero. La demolición se presume muy costosa, y el ayuntamiento, por si solo, no puede asumirla.
Mientras tanto, la urbanización ilegal es, tras 30 años de abandono, una ruina en la que el viento, al colarse por puertas, paredes sin terminar y grietas, produce un sonido extraño y fantasmal. La naturaleza, que ya ha tapado prácticamente los caminos que se abrieron hace años y destrozaron la montaña, no puede con las ruinas. El hormigón es un mal enemigo.
Entre los chalés, cimentados en plena roca del Montgó, hay algunos cuya estructura está totalmente acabada, con los tejados todavía intactos. En el interior, a pesar del evidente deterioro, aún se pueden observar las dependencias y, en las paredes, hasta azulejos.
De hecho, estas casas han estado habitadas de manera ilegal durante algunos periodos de tiempo. En las paredes, se observan signos de las constantes visitas como los graffitis.
Desde la urbanización fantasma, la vista sobrecoge. Los chalés se alzan en la dorsal de la montaña, rodeados a ambos lados de profundos barrancos. La montaña del Montgó, el mar, la Torre del Gerro, el litoral de DéniaÉese es el paisaje que se divisa desde lo alto de la Lloma del Castanyar, desde esta ciudad silenciosa y fantasmal que es la urbanización de El Greco. Solo el graznido de las gaviotas o el canto de los pájaros rompen el silencio.
Cuando se pasea por la urbanización fantasma, aún parece que en cualquier momento se va a oir una máquina, el runrún del trabajo. Pero no. El silencio y la soledad estremecen. Además, el laberinto de casas y habitaciones parece una trampa de la que luego no se podrá escapar. Cuando el urbanismo salvaje con el paso del tiempo deviene ruina, el resultado es inquietante: una urbanización fantasma y deshabitada; casas en ruina y muertas.
+ Levante-EMV - 15 de abril de 2008
Foto: La urbanización ilegal El Greco se alza en la Lloma del Castanyar, sobre dos profundos barrancos, y, tras 30 años de abandono, se ha convertido en un fantasma en el parque del Montgó/ a. p. f, levante-emv.com
Un juez acaba con la persecución a los ediles 'díscolos' de Torrelodones
ELPAÍS/Madrid* : Jesús María Pacios y Reyes Tintó fueron destituidos como concejales del Ayuntamiento de Torrelodones en el verano de 2006. El alcalde, Carlos Galbeño (PP) los relevó porque se opusieron a uno de sus proyectos más polémicos: la recalificación del Área Homogénea Norte (AHN). Esta zona de 128 hectáreas forma parte del parque regional del Manzanares. Y allí, el alcalde pretendía construir un complejo residencial de 1.500 viviendas, campo de golf y un centro comercial.
Desde ese momento, los concejales destituidos denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran que los ediles "denunciaron los hechos irregulares de los que tuvieron noticia". El alcalde, el concejal de Urbanismo y el presidente del PP local Mario Mingo -diputado nacional- se querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de difamación. La audiencia ha desestimado la querella.
Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho, en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros concejales populares acusaron a los ediles díscolos de "defender intereses privados en lugar de los públicos".
Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron, en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas. Ambos ex ediles deslizaban en su escrito hechos como que el PP local cobraba dinero a un empresario a cambio de favores urbanísticos -revelan conversaciones con un constructor que asegura que le pidieron dinero a cambio de concederle el permiso para construir un aparcamiento subterráneo-. O que la concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de los parques se adjudicó supuestamente con presiones a un ex concuñado de Mario Mingo. El fiscal, sin embargo, archivó la causa por falta de pruebas.
La organización madrileña del PP no tardó en expulsarles del partido, pero los ediles no entregaron su acta de concejal hasta mayo del año pasado cuando se celebraron elecciones municipales. Pacios y Tintó han abandonado la vida política.
Pero el alcalde ha vuelto a la carga. En julio de 2007, Galbeño remitió el plan urbanístico de reclasificación del AHN a la Comunidad de Madrid. De este modo lanza la pelota al Ejecutivo regional gobernado por su mismo partido. Desde entonces, el plan duerme en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente. Mientras el silencio administrativo frena las voces en contra de la recalificación, una veintena de catedráticos e investigadores han presentado hasta cinco informes que defienden "los valores ambientales de la zona y la necesidad de preservarlo".
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 15/04/2008
Foto: Torrelodones - google
Ocho años de inhabilitación para el alcalde de Portillo por prevaricación urbanística
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EFE/Toledo* : El alcalde de Portillo, Luis Gómez Rodríguez (PP), ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la ordenación del territorio al aprobar por segunda vez un PAU que había sido anulado judicialmente por ilegal.
En la sentencia el juzgado de lo penal número 1 de Toledo también condena a siete años de inhabilitación a otros cinco concejales que formaban parte del equipo de Gobierno de la anterior corporación, entre ellos el responsable de Urbanismo, Alfonso Hernández Pérez.
En la misma resolución, también se condena a Juana López Gómez, Pablo Jesús Pérez de Arribas, María Paz Muñoz del Castillo y Oscar Alberto Nombela Rioja.
Asimismo, en la sentencia, cuya notificación se ha retrasado por al huelga en Justicia, también se le condena al alcalde, que resultó reelegido en las pasadas elecciones, a la pena de quince meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (3.600 euros), mientras que para cada uno de los otros cinco concejales condenados la pena de multa se eleva a los 2.880 euros.
En sus fundamentos jurídicos, el juez de lo Penal hace constar que los hechos juzgados el pasado mes de noviembre no tienen relación con un posible beneficio económico o de otra índole para los acusados, "siendo perfectamente posible que el único móvil que les guiase fuese el desarrollo de su pueblo y la mejora del bienestar de sus vecinos".
No obstante, señala en su sentencia el juez, la conducta es penalmente reprochable, ya que el delito de prevaricación en general y el del 320 en particular (decisiones urbanísticas arbitrarias) pretenden proteger el correcto ejercicio del poder público.
El caso arranca el 23 de diciembre de 2003 cuando el pleno de la corporación de Portillo aprueba el PAU-UE 18 con la adjudicación de la ejecución y la aprobación de un convenio urbanístico.
Cinco semanas después, el 29 de enero de 2004, la Junta de Castilla-La Mancha trasladó un requerimiento al alcalde y a la corporación para que anulase, en el plazo de un mes, dicho acuerdo plenario por ser contrario a varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La Mancha.
El PAU en cuestión no contaba con un Plan de Ordenación Municipal (POM) ni con el preceptivo informe técnico previo de la entonces consejería de Urbanismo y Vivienda.
La Junta de Comunidades instó a la anulación de dicho acuerdo municipal e interpuso un recurso el 27 de abril de 2004 ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que anuló dicho PAU.
El fiscal solicitó para el alcalde de Portillo diez años de inhabilitación y ocho para los cinco concejales acusados.
El juez explica que las penas impuestas están próximas al mínimo legalmente previsto por "la escasa repercusión del acuerdo injusto, que finalmente no tuvo ninguna trascendencia práctica y ante la ausencia de antecedentes penales de los encausados.
* ABC - EFE Toledo - 14 de abril de 2008
Foto: Portillo (Toledo), ayuntamiento - diputoledo.es
Roca abandona desafiante la prisión
ELPAÍS/Marbella* : Un pitido del fax del juzgado nº5 de Marbella alertó a las 11.48 de ayer de que Juan Antonio Roca, el principal imputado del caso Malaya, estaba a un paso de la calle. La máquina imprimió una copia del resguardo de ingreso de un millón de euros que hizo el entorno del ex asesor de Urbanismo en la cuenta del juzgado. La secretaria comprobó que el dinero estaba en el banco y añadió el papel a los más de 60.000 folios que contiene el sumario de la mayor trama de corrupción investigada en España.
Hechas las comprobaciones, el juez instructor, Óscar Pérez, redactó un auto de puesta en libertad en el que, de paso, defendía su independencia ante las críticas políticas y sociales que ha desatado la decisión de excarcelar al presunto cerebro de la trama corrupta. El próximo jueves, una concentración apoyada por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) protestará por la salida de prisión de Roca, en la que llevaba algo más de dos años.
El hombre fuerte de Marbella entre 1991 y 2006 franqueó la puerta de salida de la cárcel granadina de Albolote a las 18.55, tras 748 días en prisión preventiva. Una galería de cristal de la prisión granadina de Albolote dejó ver a los más de 40 periodistas congregados a un Roca sonriente que les dedicó un saludo. "Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, incluso Roca", dijo su abogado, José Aníbal Álvarez.
Una vez en la calle, Roca, de quien apenas se conocía la voz, rompió su silencio de años. "Hay vicios muy importantes en el caso, falsas acusaciones, durante dos años se ha vendido que tengo la culpa de todos los males", declaró. Sin atisbo de nerviosismo, incidió en que el proceso ha sido desproporcionado. "Se ha pretendido entrar en el Guinness de todo, de detenidos, de bienes incautados, de responsabilidad civil".
Antes de viajar a Marbella, reconoció que no sabía cómo iba a hacer para cumplir la medida cautelar impuesta por el juez Pérez de no acercarse a menos de 500 metros de ningún aeropuerto. "Para empezar voy a viajar en coche", dijo.
Según sus abogados, el dinero de la fianza se ha recabado entre amistades y bancos. Roca está procesado por cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros delitos. Con su salida no queda nadie en prisión preventiva por el caso Malaya.
El segundo instructor del caso, cuyas resoluciones suelen presentar un perfil más técnico que su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Torres, más dado a frases demoledoras, aprovechó el auto de libertad para salir al paso de las críticas que ha recibido desde que decretó la salida de Roca bajo fianza.
En un escrito de nueve páginas recordó que ha tomado esta decisión "en el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme a la Constitución, al principio de legalidad y de independencia judicial", y añadió que, en el camino ha sorteado "críticas, reacciones o valoraciones" e "incluso incomodidades o dificultades personales". Este auto desestima además los recursos interpuestos por Fiscalía, Ayuntamiento y Junta de Andalucía contra la excarcelación de Roca.
El magistrado se mostró especialmente crítico con la actitud del Ayuntamiento, al que acusa de verter "silogismos erróneos que no tienen cabida" en las actuaciones. Puso como ejemplo que concluyeran que Roca tiene dinero en paraísos fiscales porque "ha demostrado sus habilidades intelectuales y personales".
En el escrito, se queja de que se haya hecho "una lectura parcial" de su decisión y precisa que el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a Roca por el caso Saqueo fue "una sola de las circunstancias" que, entre otras muchas, tuvo en cuenta para dejarle en libertad.
Sobre el "elevado riesgo de fuga", otro de los aspectos más criticados, precisa que "es compatible con la exigencia de una fianza" y que "por sí solo no tiene que determinar necesariamente la prisión provisional incondicional".
"Una instrucción viciada"
A dos minutos de las seis y media de la tarde, Juan Antonio Roca saludaba a los periodistas desde el interior de la prisión de Granada, a través de una cristalera que no dificultaba intuir su actitud confiada. Después, ya en libertad, en una multitudinaria rueda de prensa improvisada, no dejó ningún tema sin tratar.
"En particular, no tengo una cosa más importante que hacer que demostrar mi inocencia y defenderme, ya que no he podido hacerlo en estos dos años", dijo. Roca se mostró indignado porque "todas las diligencias de pruebas" que ha solicitado "han sido denegadas sistemáticamente", lo que en su opinión demuestra que "se ha hecho una instrucción totalmente parcial y cargada de irregularidades y de vicios de derechos fundamentales muy importantes".
Sobre su salida de prisión dijo que "hay una serie de cosas que deberían salir a flote, como son la presunción de inocencia y el derecho de una persona a no estar en prisión más del tiempo necesario antes de ser juzgado y condenado". Tras negar la posibilidad de una fuga -"siento un gran arraigo a mi familia"-, explicó que se iba a dedicar a "trabajar para defender" sus empresas.
Animado por las preguntas de los periodistas, Roca no dejó títere con cabeza en los cerca de diez minutos que duró su intervención, mientras su abogado le susurraba "déjalo ya, que no vas a dejar nada por decir".
Sobre la imagen que se ha proyectado de él, Roca dijo: "Soy la persona que tiene la culpa de todos los males de este país, menos de los que tiene la culpa Zapatero, que son la mitad. Los otros los he creado yo".
Por último, quiso agradecer a sus abogados, "que llevan dos años trabajando" para conseguir su libertad". Además, no quiso olvidar a su familia y a sus amigos, "que han conseguido reunir una cantidad desorbitada para que hoy pueda estar aquí". Un especial recuerdo tuvo para su compañero de celda en Granada, Francis El Cateto, "como a él le gusta que le llamen". Deseó "que pronto recupere la libertad, porque es un fenómeno, y se lo merece".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. VALVERDE - Marbella / Granada - 15/04/2008
Foto: Marbella, Roca detenido - EFE
V de Vivienda denuncia el apaño entre las administraciones y los especuladores en el SIMA
Un grupo con decenas de activistas de V de Vivienda* Madrid ha realizado una acción de protesta esta mañana en el stand del Ministerio de la Vivienda en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) para denunciar el apoyo de todas las administraciones públicas, nacionales, regionales y autonómicas, a los constructores y promotores, a los que culpan de ser los causantes del estallido de la burbuja.
En el acto se leyó un comunicado en el que se denuncia que se siga bonificando la compra de vivienda a pesar de que muchas empresas del sector no tienen garantizada su solvencia financiera, y tienen muchas papeletas para acogerse a la suspensión de pagos en los próximos meses. V de Vivienda también exige a las administraciones públicas que no pongan al servicio de los especuladores los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el derecho a la vivienda, y que en estos momentos están siendo utilizados para salvar a quienes se han enriquecido durante los años del boom del ladrillo.
La asamblea lamenta que en estos tiempos de crisis se quiera salvar al empresariado, que se ha lucrado de forma escandalosa, socializando sus pérdidas, cuando en la época de la bonanza la vivienda se ha transformado, con la ausencia de vigilancia de las instituciones políticas que tendrían que haber defendido el bien social, en una mercancía exclusivamente privada, excluyendo de este modo a la inmensa mayoría de la población.
Después, los manifestantes abandonaron el stand del Ministerio, e iniciaron con las pancartas varios pabellones –como el de la Comunidad de Madrid dedicad a la Vivienda de Protección Oficial-, realizando en este trayecto una parada ante el stand de la Comunidad de Madrid, donde corearon consignas como “Madrid, capital de la especulación” y “Espe, espe, espe, especulación” o “Vosotros, también, estáis hipotecados”.
* V de Vivienda Madrid - 12 de abril de 2008
Foto: V de Vivienda
Investidura, ni una palabra sobre corrupción
JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ* : Con algún retraso, he recibido el Barómetro Global de la Corrupción 2007, de Transparency International (TI) y no he encontrado ninguna sorpresa agradable... La encuesta ha sido realizada, en 60 países, con un amplio espectro de información, de 63.199 ciudadanos. Las principales conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción, no difieren de las anteriores:
-Los partidos políticos, el poder legislativo-parlamento, congreso e instituciones con el poder de representar el interés público, continúan siendo considerados como las instituciones más corruptas.
-Los pobres, tanto de los países en desarrollo como en aquellos altamente industrializados, son las persona más perjudicadas por la corrupción e, incluso, los más afectados por la necesidad de recurrir a los pequeños sobornos para lograr servicios básicos.
- En muchos países, la policía y el poder judicial, forman parte del círculo de la corrupción, lo que significa que “la corrupción interfiere con el derecho básico de igualdad ante la ley”. TI, durante 2007, publicó un informe que afectaba a las cortes: “jueces y personal judicial aceptan sobornos para demorar o acelerar la resolución de los casos, para permitir o negar una apelación o para incidir en el veredicto final”.
-Las expectativa de los ciudadanos, sobre un descenso de los niveles de corrupción, ha empeorado. En 2003, el 43% de los encuestados manifestaba su esperanza en que la corrupción disminuyera. En 2007, solo un 20% de los entrevistados espera que descienda el nivel de corrupción, en un futuro cercano. Mas del 50% de los sondeados piensan que el nivel de corrupción se va a incrementar en los proximos tres años. Las mujeres son mas pesimistas que los hombres.
-El 50% de los encuestados considera que los esfuerzos de sus gobiernos por luchar contra la corrupción son ineficaces.
-Actualmente, aumenta la consideración del rol de las empresas privadas en los procesos de corrupción política.
Huguette Labelle, presidenta de Transparency Internacional, entiende que, “convertir las promesas en acciones es esencial si se pretende que los esfuerzos anticorrupción tengan algín impacto entre la gente común. Pero, los gobiernos no son los únicos responsables. Necesitamos tambien ver acciones concretas de la sociedad civil y del sector privado”.
Transparency Internacional España(TI), ha elaborado un informe, en el que se denuncia un aumento de la corrupción, como consecuencia de la multiplicación de escándalos, vinculados a la denominada especulación urbanística, incentivada, cuando el gobierno de Aznar, en 1998, declaró urbanizable todo el suelo, excepto, el expresamente protegido que, en buena parte, ha sido aligerado de protección real.
La corrupción adopta múltiples formas. Las más extendidas son la aceptación de sobornos, por la concesión de licencias comerciales; recalificaciones de terrenos rústicos, en urbanizables; privatización de servicios públicos o la concesión de campañas publicitarias a empresas cercanas al poder.
Para conseguir un trato privilegiado de los poderes públicos, muchos especuladores, no dudan en pagar sobornos, comisiones, regalar parcelas, apartamentos, pisos, chalets, plazas de garage, locales comerciales a políticos desvergonzados e indignos de representar a los ciudadanos, autenticas víctimas de esa política, donde el enriquecimiento de unos, por el sobrecoste de las obras públicas e infraestructuras, muchas veces, no prioritarias o innecesarias, diez veces mayor que el coste presupuestado, tienen desastrosas consecuencias en la calidad de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, seguridad en el trabajo, transporte público o medio ambiente. No pocas veces, importa más el negocio de construir grandes obras, para proporcionar multimillonarias ganancias a los constructores amigos, que los beneficios que, tales obras, puedan proporcionar a los ciudadanos.
Transparencia Internacional(TI), denuncia que, en España, “no existe una oficina o agencia especializada en el control y persecución de este tipo de actuaciones corruptas, aun cuando la Fiscalía Anticorrupción centraliza las investigaciones cuando los delitos tienen suficiente importancia. No obstante hay que reconocer que esta Fiscalía carece de medios suficientes para realizar este tipo de investigaciones.” Tampoco “existen sistemas de protección de los denunciantes de casos de corrupción, en España o en países extranjeros”. En consecuencia, “quien denuncia se puede ver sometido a represalias, sin que la Administración le proteja”…”Nuestro sistema es bastante exigente con la contabilidad empresarial y las auditorías”, pero, “no es nada exigente con la obligación de comunicar cuentas o movimientos sospechosos, con lo que España es un país donde el blanqueo de capitales es sencillo”.
De acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la OCDE, “las comunicaciones de operaciones sospechosas, en España, son de las más bajas de los países desarrollados y la colaboración de notarios y registradores, es prácticamente nula”. En concreto, de las 2296 comunicaciones sospechosas, en 2005, los notarios y registradores emitieron solo 9.
En España, la influencia política en la justicia es evidente. “Normalmente, los organos de gobierno judicial tienen influencia y/o composición política y están sometidos a la presión de quienes los nombraron para que actúen con criterios partidistas…Cuando existe corrupción política en puestos de responsabilidad, en la estructura de gobierno de los jueces, se ejerce presión sobre magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones”.
Por todo esto, en España, la corrupción relacionada con la especulación inmobiliaria, el enriquecimiento fácil y la complicidad de políticos deshonestos, se ha incrementado en niveles casi geométricos, sin una reacción adecuada del Gobierno y de la ciudadanía, la gran víctima. Se llega al extremo de, en muchos casos de corrupción, los cargos políticos imputados, concejales, alcaldes o presidentes de diputación o cabildos, son aplaudidos por los ciudadanos o reelegidos en nuevos procesos electorales, sin que los dirigentes autonómicos o estatales, de las formaciones políticas a que pertenecen, tomen ninguna medida disciplinaria, salvo acusar a jueces y fiscales de formar parte de una conspiración política.
Por eso resulta inconcebible que, en el Debate de Investidura de Rodríguez Zapatero, convertido en sucedáneo del Debate sobre el Estado de la Nación, no hubiera ni una sola alusión a la corrupción y mucho menos a medidas para corregirla, cuando mas de 700 cargos públicos, en su mayoría del Partido Popular, especialmente de Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Castellón, Baleares, León o Galicia, están imputados por distintos delitos de corrupción. En Gran Canaria y Tenerife, decenas de casos de corrupción, mantienen imputados a más de medio centenar de alcaldes, concejales y funcionarios públicos, en su gran mayoría del Partido Popular y Coalición Canaria.
Una gran parte de los ciudadanos de estas latitudes, acomodaticios con el poder establecido, no es consciente de las negativas consecuencias sociales de la corrupción política. No son pocos, los que llegan a decir, “Si estuviera en ese puesto, habría hecho igual”.
Todos somos responsables, en distinta medida, de los indeseables niveles de corrupción, consecuencia de la influencia de determinados sectores económicos en la acción de los dirigentes políticos de Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o gobiernos autónomos. Pero, también está en nuestras manos reconducir la actual situación. ¿Tenemos esa voluntad o preferimos integrarnos en la indeferencia suicida o en el fango clientelar de la corrupción?.
* Revista San Borondón - Voz del Pueblo - 14 de abril de 2008
