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ELCORREODEANDALUCÍA* : El juzgado penal 8 de Sevilla juzga el próximo lunes a Eustaquio Castaño (PP), ex alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a sus ocho concejales, para quienes el fiscal solicita 8 años de inhabilitación por dar una licencia de obras contraria al ordenamiento a una hermandad de Semana Santa.
Fuentes del caso han informado a Efe de que los nueve acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 8 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros, que la acusación particular, que ejerce un vecino afectado, eleva a diez años de inhabilitación y multa de 14.400 euros.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los imputados dieron la licencia de obras a la Hermandad de la Soledad en un pleno municipal celebrado el 16 de septiembre de 2002, con la mención expresa de que "superaba excepcional y puntualmente la altura prevista en las normas subsidiarias" del Ayuntamiento.
Precisa la acusación que la licencia de obras inicial fue concedida el 29 de abril de 2002, y según la misma el edificio no debía exceder de 7 metros, máximo permitido por la normativa municipal.
El 27 de agosto, el hermano mayor presentó un reformado del proyecto, en el que solicitaba una excepción de las normas subsidiarias y poder elevar el edificio hasta 9 metros, pese a que en esa misma comunicación "reconocía contraria a las normas de planeamiento vigentes", dice el fiscal.
Tal solicitud "fue informada negativamente por el arquitecto municipal, aunque, "excediéndose en su cometido técnico", afirma la Fiscalía, añadía que "debido al carácter social de las actividades a desarrollar, podría ser la Comisión de Gobierno la que valorara la procedencia de la excepcionalidad solicitada".
Poco después, la secretaria general de la corporación hizo un nuevo informe en el que exponía que la licencia era contraria al planeamiento urbano, que "no eran posibles reservas de dispensación", y que "la Administración carecía de libertad de acción y debía ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas aplicables".
El escrito de defensa solicita la absolución por falta de pruebas contra los acusados, que en fases anteriores del proceso han alegado que solo defendían el "interés religioso" del pueblo, pues las diez hermandades de Semana Santa de Sanlúcar se encuentran "fuertemente arraigadas" y de ellas forman parte miles de personas, entre ellas "la inmensa mayoría de sus habitantes".
Por ello, cuando el pleno municipal aprobó la ampliación de la sede de la hermandad no lo hizo en un "ejercicio arbitrario del poder" sino "para causar un bien, remover obstáculos y favorecer el interés social, cultural y religioso que subyace en la localidad", según los recursos planteados.
* El Correo de Andalucía - EFE - 11.06.09
Foto: Sanlucar_la_Mayor (Sevilla) - andaluciarustica.com
Juzgan a un ex alcalde y ocho ediles de Sanlúcar la Mayor por dar licencia a una hermandad
Castellón: El PP acata la anulación judicial del PGOU pero mantiene planes vinculados al mismo
LEVANTE* : El gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) anunció ayer que el próximo lunes acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 (PGOU) y que aún así pretende mantener la vigencia de los proyectos urbanísticos y de las modificaciones posteriores aprobadas gracias al polémico plan durante los últimos ocho años.
Así lo manifestó el vicealcalde y edil de Urbanismo, Javier Moliner, quien explicó que convocará un pleno extraordinario para que el plan se somete al periodo de exposición pública exigido por los tribunales con los mismos contenidos que en 1999 y sin las 11 modificaciones posteriores.
A juicio del gobierno local, este trámite será suficiente para cumplir el fallo judicial que anuló el PGOU en diciembre de 2009. Los magistrados del alto tribunal argumentan que en el año 2000 el Partido Popular introdujo modificaciones sustanciales en el documento aprobado en 1999 y privó a los vecinos afectados de su derecho a presentar alegaciones.
Una década después, el PP prevé exponer al público un plan que no se ajusta a la realidad actual porque obviará todos los cambios urbanísticos aprobados entre 2000 y 2009, algunos de los cuales hacen referencia a cuestiones tan polémicas como el PAI Mestrets, también anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las alteraciones urbanísticas no constan en la documentación sobre la cual podrán alegar los ciudadanos durante un mes. Pese a ello, el PP asevera que una vez se apruebe el plan de 1999 también volverán a entrar en vigor todos los planes y modificaciones posteriores basadas en un plan que a efectos jurídicos no existe. "Todas las modificaciones tienen carácter de firmeza salvo que las anule una sentencia", afirmó el concejal de Urbanismo.
Moliner también sostuvo que el ayuntamiento no está obligado a adaptar el nuevo PGOU a las leyes vigentes, lo cual exigiría importantes transformaciones en la distribución de las zonas verdes y del suelo protegido. "La sentencia ordena retrotraerse al momento posterior a la aprobación provisional del 31 de enero de 2000 y sacar de nuevo a exposición pública el plan. Y es lo que vamos a hacer, exactamente lo que dice la sentencia y lo que nos marca la Generalitat".
Dicho esto, el portavoz popular se negó a explicar cuál será el impacto de las alegaciones ciudadanas sobre aquellos ámbitos del PGOU de 2000 que posteriormente fueron modificados. Según Moliner, la orden del Supremo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a alegar "no afectará al fondo del documento porque es una simple cuestión formal".
Incertidumbre jurídica
A pesar de la simplicidad a la que alude Moliner, lo cierto es que la anulación judicial del PGOU de 2000 destaca por su complejidad jurídica y los propios técnicos del ayuntamiento plantean criterios y opiniones contrapuestas que sólo podrían dirimir los magistrados del Supremo. De hecho, el propio vicealcalde admite ser incapaz de dar un plazo para restablecer la legalidad urbanística de la ciudad.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 11.06.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Vecinos denuncian la ampliación de un hotel de Torremolinos para hacer nuevas viviendas
SUR/Málaga* : Los residentes de la urbanización La Roca, una de las colonias de veraneantes más antiguas de Torremolinos (Málaga), están molestos con el fuerte crecimiento del hotel Stella Polaris. Una de las alas de este establecimiento, construido a finales de los sesenta a 30 metros sobre el Mediterráneo, ha pasado de tener una planta a disponer de seis alturas, tapando unas casas bajas situadas detrás.
Un grupo de vecinos ha denunciado la obra de ampliación, al entender que atenta contra el PGOU de Torremolinos y que los promotores tratan de convertir el hotel de 76 habitaciones en 209 viviendas, mediante su paso previo por la categoría de apartahotel, lo que iría contra de la ordenanza hotelera de la ciudad.
La empresa que realiza la obra, TH Hoteles Spain, asegura, a través de su abogado, que su intención es edificar un apartahotel para explotarlo turísticamente y que el proyecto y la obra cuentan con todas las licencias y permisos municipales "en perfecto orden". El hotel, levantado por un pastor protestante escandinavo en la calle Brasil y destino de los primeros turistas de sol y playa de la Costa del Sol, fue comprado en el año 2000 por TH Hoteles.
Pocos meses después de la adquisición, la empresa presentó al Ayuntamiento un proyecto para pedir licencia de obras de reforma y ampliación del Stella Polaris previa completa demolición del ala que ahora ocupa seis plantas. Según los vecinos, "los técnicos municipales opusieron unos tímidos reparos técnicos", al igual que la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, cuyo informe en este caso no es vinculante.
La arquitecta del Colegio de Madrid Emma Lomoschitz, residente en la urbanización privada La Roca, pidió en septiembre de 2004 la impugnación de la licencia de obra ya que "se vulneraba la lógica constructiva del complejo", cuyos edificios altos se sitúan de forma perpendicular a la playa para reducir el impacto visual del pueblo hacia el mar.
"La mole del Stella Polaris se ha erigido paralelamente a la playa, tapando las vistas, y obligará a los vehículos a dar toda la vuelta por la urbanización", se queja Lomoschitz. Cuatro días después de que comenzaran las obras, el 20 de junio de 2005, los vecinos denuncian los trabajos ante el Ayuntamiento y ante la Inspección de Trabajo de Málaga por falta de medidas de seguridad. Ambas denuncias fueron archivadas. Lomoschitz asegura que de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos, de 1996, el Stella Polaris "está incluido en la relación de instalaciones hoteleras fuera de ordenación".
Ley de Ordenación
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en este tipo de edificios fuera de ordenación "sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad" y con carácter excepcional "podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación". Esto significa, según la arquitecta madrileña, que la licencia municipal que ampara las seis alturas "es nula de pleno derecho". El abogado de TH Hotels Spain niega que el establecimiento haya quedado fuera de ordenación.
Según Lomoschitz, "el 8 de junio de 2005, los nuevos propietarios presentaron en el Registro de la Propiedad número 3 de Málaga una escritura de división horizontal que segregaba 209 viviendas independientes más trasteros". Los vecinos denunciantes creen que esta maniobra es incompatible con la categoría urbanística de la parcela en que está enclavado el hotel, que estaba inscrita como hotelera.
Fue este uso el que invocó el propietario para realizar la ampliación acogiéndose a la modificación puntual de la Ordenanza Hotelera de Torremolinos, cuyo alcalde, Pedro Fernández Montes, denunció en septiembre de 2005 "las desinversiones en hoteles al mejor postor", es decir, "vender los hoteles para convertirlos en viviendas".
"Se autoriza, aunque lo prohíba el PGOU, la construcción de 209 viviendas en un complejo fuera de ordenación y absolutamente consolidado, y se causa un grave perjuicio patrimonial a los propietarios de las viviendas situadas en la calle Brasil, en la calle Skal y más atrás en el pueblo, que pierden sus vistas al mar, con la consiguiente pérdida de valor en venta y en renta", aseguran los vecinos en un recurso ante el Ayuntamiento. Esta pérdida se convierte en beneficio para los propietarios del hotel Stella Polaris "cuya inversión, pretendidamente hotelera, pero en realidad residencial", va a proporcionarles, según sus cálculos, unos 42 millones de euros.
* SUR- Foros - PABLO IGLESIAS 10 Junio 2009 - FERNANDO J. PÉREZ - 18/09/2006
Foto: torremolinos, vista aérea - SUR
El Ayuntamiento de Seseña dice que 'El Pocero' ha dejado un 'agujero' de 18 millones
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ELMUNDO/Toledo* : El constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero, anunció el miércoles por carta que no va a terminar las obras que le corresponde realizar en el residencial que lleva su nombre en Seseña, el mayor de toda España acometido por un solo promotor. La legalidad de la adjudicación sigue siendo investigada en un procedimiento en el que está imputado por sobornos el ex alcalde socialista José Luis Martín.
Fuentes del Ayuntamiento de Seseña estimaron en unos 18 millones de euros el coste de los tres proyectos que quedan por finalizar: la vía de servicio que conecte la autopista de Andalucía con la urbanización -en la que está previsto levantar 13.000 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000-; el desvío de la línea de alta tensión que atraviesa la nueva ciudad, y la infraestructura hidráulica que debe llevar el agua.
Además, el Consistorio advirtió de que debe ser la Comisión Regional de Urbanismo, organismo que depende de la Junta de Castilla-La Mancha, la que dé el visto bueno al abandono por el constructor de las obras que le corresponden.
El Pocero ya había anunciado hace meses su intención de dejar momentáneamente Seseña para centrarse en sus proyectos en Guinea, pero hasta ahora nada indicaba que tenía pensado incumplir su obligación de dejar terminadas las obras de urbanización (es decir, no propiamente las viviendas, sino sus calles e infraestructuras).
Fuentes de la familia Hernando responsabilizaron al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), de la decisión. Señalaron que ya ha vencido el plazo de cinco años que pactaron con el Ayuntamiento -desde el Consistorio se matiza que es prorrogable- para terminar la urbanización, y que si no se ha concluido es por las trabas administrativas que ha impuesto el primer edil que, según dijeron, no ha impulsado ningún avance desde 2005.
Además, recordaron que las obras de la infraestructura hidráulica fueron adjudicadas a la constructora Hispánica -que está siendo investigada en Gürtel-, que ha denunciado al Ayuntamiento por impedirle rematar la obra, a la que está condicionada la concesión de licencias de primera ocupación a las más de 2.000 viviendas que Francisco Hernando vendió a los bancos.
El Pocero presume en su carta de haber creado "años de riqueza y de prosperidad para Seseña y para las industrias de la región", además de "12.000 empleos directos". "A esa cifra hay que sumar los 18 millones de euros ingresados en las arcas municipales por proyectos y licencias", sostiene el constructor.
* El Mundo - Joaquín Manso - Madrid - 11.06.09
Foto: Varias promociones sin acabar en el residencial Francisco Hernando. | Chema Tejeda, elmundo.es
Yaiza: La Justicia anula la licencia de otro complejo turístico de Playa Blanca
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LAVOZ/Lanzarote* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado las resoluciones del Ayuntamiento de Yaiza que permitieron la construcción del anexo del hotel Gran Castillo, ubicado en el Plan Parcial de Las Coloradas.El complejo turístico, de 48 bungalows, ocupa la parcela número cinco de este plan, y está ubicado junto al Papagayo Arena, también con sentencia judicial en contra, al igual que el Gran Castillo.
Esta nueva sentencia eleva a 23 los hoteles cuyas licencias han sido anuladas por la Justicia, de los 27 que fueron recurridos por el Cabildo. De los cuatro restantes, tres están vistos para sentencia y uno en la última fase del procedimiento, la de conclusiones, por lo que es previsible que finalicen este mismo año.
“Acto presunto”
La licencia de obras fue solicitada en noviembre de 1998 por la entidad Jaberme S.L. y seis meses después, el Consistorio, presidido entonces por José Francisco Reyes, emitió una “certificación de acto presunto”. Este certificado es un documento que la Administración expide a petición del interesado, cuando la misma no ha dictado resolución a un procedimiento en el plazo legalmente establecido, y en la práctica tiene la misma validez que si se hubiese dictado resolución expresa.
Cuatro años después, en abril de 2003, se volvió a dar luz verde con un mecanismo similar. Esta vez, permitiendo que se prorrogara la licencia por silencio administrativo. Es decir, el Consistorio no respondió a la solicitud, pero la dio por autorizada, al no haber dado una respuesta en el plazo establecido.
Cuestión de plazos
Cuando el Cabildo recurrió las resoluciones del Ayuntamiento, porque entendía que las obras realizadas eran “incompatibles con las determinaciones establecidas por el PIOT de Lanzarote”, el Consistorio defendió la vigencia de las mismas y alegó, entre otras cosas, que el recurso debía ser rechazado porque llegaba “de forma extemporánea”. Es decir, que llegaba tarde.
Sin embargo, la respuesta del Juzgado es contundente, y afirma que “no fue hasta el 23 de julio de 2003 cuando se notificó de forma fehaciente al Cabildo el acto que se recurre”, por lo que “debe considerarse que el recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido legalmente”. En definitiva, lo que viene a poner sobre la mesa la sentencia es lo que el Cabildo llevaba años defendiendo: que el ex alcalde de Yaiza les ocultaba las licencias, pese a que tenía obligación de notificárselas, en un intento de evitar que fueran recurridas.
Precedente
Este fallo es el segundo que llega contra este complejo turístico, que también había sido recurrido en su día por la Fundación César Manrique. De hecho, la nueva sentencia cita los argumentos esgrimidos en la anterior resolución judicial, en la que también se acordó la anulación por carecer de informe de compatibilidad con el PIOT.
“No es el Ayuntamiento el que debe decidir si es o no necesario un informe de otra Administración que se configura como preceptivo, sino que lo que debe hacer es, simple y llanamente, cumplir la legalidad vigente y solicitar dicho informe”, sostenía la sentencia, que agregaba que “la licencia recurrida” se otorgó “como si no existiera el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote”.
Respecto al resto de causas de impugnación planteadas por el Cabildo, el Juzgado no entra a valorarlas, ya que considera que no es necesario buscar más motivos para la anulación, siendo suficiente con la ausencia del informe de compatibilidad con el PIOT.
* La Voz de Lanzarote - Isabel Lusarreta • 9 de junio de 2009
Foto: El complejo está ubicado junto al Papagayo Arena. - lavozdelanzarote.com
