,+iglesia-ayuntamiento+-+totana.es.jpg)
LAVERDAD/Totana* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy en Alcantarilla a J.A.A.M., de 52 años, presunto testaferro del ex alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, como continuación de las investigaciones realizadas en el marco de la operación 'Tótem'.
En estos momentos, se encuentra en las dependencias de la Benemérita de la capital murciana, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Según estas fuentes, tanto el presunto testaferro como el ex alcalde cobraban comisión por la recalificación de terrenos. Así, la forma que Morales tenía de llevarse el dinero procedente de estas recalificaciones era a través de la creación de una empresa tapadera.
Esta detención se suma a las realizadas anteriormente desde el pasado 26 de noviembre en el transcurso de esta operación, de los que sólo ha estado en prisión durante dos meses, de momento, el regidor de Totana, José Martínez Andreo, que quedó el libertad bajo fianza de 70.000 euros el 1 de febrero.
Asimismo, el pasado jueves el ex alcalde de Totana declaró, durante más de 12 horas, ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por su posible relación con el caso 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
La Sala está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.
El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM acordó, tras 12 horas de declaración de Morales, prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana. Para evitar la medida cautelar, el imputado tendrá que hacer efectiva la fianza antes de hoy a las 14.00 horas.
En el caso de hacerse efectiva, el diputado estará obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier salida al extranjero. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.
+ La Verdad - Europa Press - 14.04.08
Foto: Totana (Murcia), iglesia y ayuntamiento - totana.es
Detenido el presunto testaferro del ex alcalde Juan Morales en el marco de la operación 'Tótem'
El Gobierno de Canarias ha incumplido todos los plazos para desarrollar las Directrices
LAPROVINCIA* : La revisión de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo será uno de los principales retos del Gobierno en los próximos meses cuando se cumplen mañana cinco años de su entrada en vigor. Esta revisión no sólo se produce porque lo recoge la propia normativa, sino porque en estos cinco años su desarrollo ha sido muy escaso y el Ejecutivo ha incumplido prácticamente todos los plazos estipulados para poner en marcha los diferentes instrumentos y planes establecidos en el texto.
En este lustro el debate político sobre las Directrices ha estado centrado básicamente en la moratoria turística, quedando en un segundo plano el resto de la ley.
En la parte referida a la Directrices de Ordenación General, el Ejecutivo tenía el mandato de desarrollar "de forma inmediata" las directrices sectoriales de Calidad Ambiental, Infraestructuras, Energía, Paisaje, Suelo Agrario, Vivienda y Litoral. En el texto figura un plazo máximo de dos años, es decir, en 2005. En este año lo que se publicó fueron los avances de las directrices del Paisaje y de Recursos Forestales, mientras que del resto aún no se sabe nada.
Asimismo, se establecen plazos de entre seis meses y un año para desarrollar otro tipo de aspectos como un sistema de información territorial, inventarios sobre la situación del suelo, un sistema de indicadores o un programa de medidas económicas, fiscales y administrativas para cumplir los fines de las Directrices. Estos periodos también se han incumplido en su gran mayoría.
En la ley también se recoge la adaptación a las Directrices de los planes insulares de ordenación y del planeamiento de los ayuntamientos en unos plazos que oscilan entre los dos y tres años. Cinco años después, sólo dos planes insulares están adaptados a las Directrices (La Gomera y Tenerife) y la situación de los planes municipales es muy irregular y el Gobierno se ha dado un nuevo plazo hasta 2009.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 14 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Los parques temáticos de Gran Scala arrancan... con mil euros
,+vista+proyecto+Gran+Scala.jpg)
ELPERIÓDICO/Aragón* : Amusement Park Ventures (APV) fue constituida en septiembre del pasado año para ser el referente empresarial de los parques temáticos de Gran Scala Spyland y Aquántica. Pero Didier Rancher, el más visible de los promotores de este ambicioso complejo recreativo, ha batido el récord a la hora de desembolsar el mínimo capital posible.
En el estado norteamericano de Nevada logró inscribir su sociedad poniendo sólo mil quinientos dólares, algo menos de mil euros al cambio actual. APV, sin embargo, pretende construir en la hipotética neociudad de Los Monegros un inmenso espacio con castillos, canales, gigantescos acuarios, hoteles y atracciones de todo tipo cuyo coste es calculado en cientos de millones de euros.
APV no está en el accionariado de International Leisure Development, la promotora global de Gran Scala, sino que opera en paralelo al pool y se supone que en estos momentos es el principal (probablemente el único) operador reconocible que se ha vinculado formalmente al megaproyecto para Los Monegros. La sociedad se constituyó el 30 de septiembre del 2007 en Reno (Nevada) y dio como dirección local de la empresa y de sus responsables (el secretario, Bernard Censelme; el presidente, Patrick de Saint-Simon; y el director y tesorero, Didier Rancher) el de la oficina de una gestoría en la suite 110 del número 1005 de Terminal Way. Como para echarles un galgo.
En medio de esta aparente pobreza de recursos y de dinero, APV sí se permitió un lujo: dividir su capital de mil quinientos dólares en un millón y medio de acciones, cada una de las cuales tiene un valor nominal de 0,001 dólares. Parece una broma, pero así consta en los registros que emite la secretaría del Estado de Nevada.
CAMINO POR DELANTE Spyland y Aquántica surgieron, respectivamente, como ideas de un ex-agente de los servicios secretos franceses y de un arquitecto que durante años trabajó para el rey Hassán II de Marruecos. Se dice que ambos parques tématicos formarían una gran zona recreativa en Gran Scala. Además de canales navegables de ambiente veneciano, castillos, jardines, áreas hoteleras, dicha zona dispondría incluso de un acuario (de grandes dimensiones y agua salada) para albergar orcas y delfines amaestrados, así como un restaurante submarino. Se supone que en el interín APV debe encontrar financiación para un proyecto que habría de movilizar enormes sumas de dinero. Si parten de menos mil euros tienen desde luego un largo camino por recorrer.
La creación de APV en septiembre del pasado año, indica asimismo que Spyland y Aquántica no eran proyectos muy operativos antes de que apareciera la idea de impulsar Gran Scala. La pretensión de montar el primero de ambos parques en Dubai o Francia debe ser considerada una especie de elaborada fantasía fruto más del deseo que de la realidad. Los promotores de Spyland aseguraban en el 2006 estar a punto de concretar su opción francesa e incluso presumían en su página web de haber firmado protocolos con las autoridades locales de la zona de Valence. Sin embargo, estas mismas autoridades no dicen lo mismo a los medios de comunicación.
Didier Rancher (un ex-oficial del ejército francés) y el equipo de Spyland contactaron con Paul Stephan Ellegrini y Christian Colus, actuales cerebros de ILD, cuando en 2006 éstos se habían retirado a Avignon huyendo de la quema del casino virtual Goldenpot. Probablemente fue este encuentro uno de los desencadenantes iniciales de lo que luego sería el proyecto Gran Scala. Solo quedaba afinar la idea, buscar más compañeros de viaje, encontrar un territorio fácil cuyas instituciones pudiesen aportar un entorno legal adecuado y finalmente unos políticos prestos a dejarse deslumbrar.
* El Periódico de Aragón - 14/04/2008 JOSÉ LUIS Trasobares
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
NOTICIA RELACIONADA: Sociedades demasiado obvias - El Periódico de Aragón - 14/04/2008
180 euros por reclamar una vivienda digna
EUROPAPRESS/Sevilla* : El Ministerio Fiscal ha solicitado el pago de una multa de 180 euros para cada uno de los dos manifestantes que interrumpieron a Manuel Chaves para reivindicar "una vivienda digna" en su discurso del pasado Día de Andalucía.
El fiscal ha reclamado esta pena al considerar el gesto como una falta de respeto a la autoridad, y señala que "ésa no es la forma más adecuada de hacer una reivindicación". El Ministerio Público ha pedido como alternativa de 36 euros a cada uno de los acusados -en caso de que el juez desestime la primera acusación- por la falta de desorden público.
La defensa ha pedido la libre absolución de sus clientes apelando al "derecho de la libertad de expresión" y descarta una falta a la autoridad, "pues no hubo insultos, sino disconformidad con la política de vivienda actual".
El derecho a discrepar
En el turno de declaraciones, dos policías explicaron que los jóvenes, identificados como L.M. y F.M.S, fueron desalojados del Teatro de la Maestranza cuando interrumpieron al presidente de la Junta, aunque reconocieron que los acusados "tenían invitación" al acto.
Mientras en el juzgado de Instrucción 7 de Sevilla tenía lugar la vista oral, en la explanada de los juzgados vecinos de la calle Guadalcanal se han concentrado para apoyar a los dos jóvenes que irrumpieron en el patio de butacas del teatro con una pancarta en la que se leía Por una vivienda digna. No al desalojo.
"Me sorprende la celebración de este juicio, ya que simplemente reivindicamos el derecho a una vivienda digna y mantuvimos una actitud respetuosa en todo momento", ha señalado una de las acusadas después de rendir su declaración. "Parece que cuando se discrepa de las políticas de la Junta acabas en los juzgados porque en otro tipo de casos similares las protestas no han acabado en juicio", ha añadido Luis de los Santos, letrado de los acusados.
* ELPAIS.com - Europa Press - 14/04/2008
Foto: Vivienda es necesidad no negocio, cartel
Corrupción en Murcia
PÚBLICO/Reportaje* : Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos.
La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.
De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE.
Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:
Águilas: ‘caso Zerrichera’
Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.
Totana: ‘operación Tótem’
Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.
Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.
Los Alcázares: ‘operación Ninette’
Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.
Alcantarilla
Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.
Fuente Álamo y Torre Pacheco
En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.
Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.
Archena
El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.
Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.
Mazarrón
El alcalde del municipio, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia le denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista dirigido por Domingo Valera (ex miembro del PP) para que los ediles apoyaran al equipo de Gobierno popular. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El fiscal le pide seis años de cárcel.
Villanueva del Río
Actualmente se investiga la construcción de una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
Ulea
Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. Ulea es un municipio de unos cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de 4.000 euros mensuales, más dos pagas extras, por lo que percibe un salario neto, como alcalde, 3.000 euros.
San Javier
El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.
Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.
Puerto Lumbreras
Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.
Abanilla/Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel.
Ojós
El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, fue detenido por presunta corrupción de menores y recientemente, después de que se dictara contra él una orden de alejamiento de un menor del municipio, fue detenido por quebrantamiento de dicha orden judicial.
También en la Televisión Autonómica
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encargará de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.
El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.
Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era copropietario de Polaris World, que participa en GTM, resultó adjudicatario de la carísima televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.
* Público - CHEMA GIL - Murcia - 14/04/2008
Foto: Murcia, el mapa de la corrupción - publico.es
El Puerto: Primeras sentencias de demolición en Pinar de Coig
.+viviendas+ilegales+del+Pinar+de+Coig+-+diariodecadiz.com.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Los juzgados de lo Penal de Cádiz ya han emitido las primeras sentencias condenatorias contra los propietarios de viviendas del Pinar de Coig, un núcleo ilegal de El Puerto construido en un espacio protegido (un pinar).
Este medio tiene constancia, hasta el momento, de tres fallos condenatorios (con penas de prisión de un año y multas económicas), aunque todos ellos ya han sido recurridos a la Audiencia Provincial. No obstante, en las sentencias no hay uniformidad en lo que se refiere a las órdenes de demolición. Según explicó el abogado de los tres casos con sentencia, Abraham Perdigones, en dos se condena a derribar los chalés. Sin embargo, en un tercer caso, el Juzgado no decreta esta medida por entender que no servirá para restablecer la legalidad de la finca, que ya ha sido parcelada y edificada en gran medida. Según el letrado, el fallo señala que la demolición de una sola vivienda no supondrá que los terrenos vuelvan a su estado original ya que hay otros inmuebles construidos. No obstante, y al igual que los otros dos casos, al propietario se le ha condenado por un delito contra la ordenación del territorio, por lo que también se ha recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial.
A los juzgados se remitieron una veintena de denuncias realizadas en 2005 por parte del Ayuntamiento contra los propietarios. Precisamente ayer se celebró un juicio contra uno de los dueños al que acudieron como testigos el anterior concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el jefe del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell). Algunas ya se han resuelto con resultados bien distintos. Así este medio también tiene constancia de que hay dos propietarios que fueron absueltos ya que había prescrito el delito (construyeron las viviendas tres años antes de que lo denunciara el Ayuntamiento ante el Juzgado).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 11.04.2008
Foto: Varias de las viviendas ilegales del Pinar de Coig / diariodecadiz.es
Pontevedra: Solo cinco concellos de la comarca ordenan su urbanismo con PXOM
LAVOZDEGALICIA* : El urbanismo de la comarca si dibuja a brochazos. El tiralíneas con el que se trazan los planes generales está aparcado en el 60% de los ayuntamientos del área de Pontevedra. Bueu acaba de tumbar esta semana a su equipo redactor después de que emplease ocho años en una tramitación infructuosa de un PXOM que ahora deberá empezar de cero.
Pero Bueu no es la excepción. Más bien es la regla del urbanismo en la comarca. El grueso de los concellos del área de la capital, a excepción de Moraña, Poio, Sanxenxo, Barro y la propia Pontevedra, carecen del planes generales de ordenación. Así, las nuevas construcciones, los viales y las zonas verdes se ordenan a lo largo de la comarca con normas de quince años de antigüedad, aunque hay casos extremos, como el de Marín, que se rige todavía por unas normas de 1978. Y más grave aún es el caso del municipio de Portas, en el que ni siquiera hay unas normas a las que atenerse para el diseño urbanístico. Todo el crecimiento se hace allí atendiendo a la delimitación de los núcleos rurales tradicionales.
Las consecuencias se traducen en municipios superados por su propio crecimiento. Las tramitaciones de los nuevos planes tampoco son un camino de rosas. Los cambios en la legislación urbanística autonómica, el último con las nuevas normas de edificación, ha obligado a muchos ayuntamientos a realizar cambios sobre la marcha. Entretanto, los constructores piden seguridad jurídica para un sector económico crucial en la comarca.
* La Voz de Galicia - 13/4/2008
Foto: costa - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es
Lo que nadie explica de la burbuja inmobiliaria
VÍCTOR LUÍS ÁLVAREZ* : La aparición de la burbuja inmobiliaria es consecuencia de condiciones económicas (objetivas) y socioculturales (subjetivas). Las condiciones subjetivas no son económicas, son de origen cultural, y proceden, de la mentalidad que tenemos los actuales españoles frente a la propiedad de la vivienda. Esta posición procede de los primeros años sesenta, antes de esas fechas la opción del alquiler era la que estaba ampliamente generalizada en las capas medias y bajas de la sociedad española.
Esa mentalidad es la que impulsa a los españoles de nivel bajo y medio a la compra de una vivienda en cuanto opinan que tienen condiciones para ello, esa compra está acompañada en ocasiones con ribetes compulsivos de autoengaño sobre las propias posibilidades reales de acceder a la propiedad deseada.
Además el común de los españoles cree, aunque ahora ya un poco menos, en tópicos, como el de que la vivienda «nunca baja», ignorando experiencias recientes como la japonesa entre otras, y por ello la vivienda era vista como una inversión muy lucrativa y financieramente segura.
En las causas o condiciones objetivas de origen económico, un factor determinante fueron los bajos tipos de interés que permitieron a la oferta subir los precios hasta el nivel máximo que la demanda pueda abonar. Y este precio dependía de que las hipotecas fuesen o no accesibles, en muchas ocasiones nadie se preguntaba el valor del bien, si no por la cuantía de la hipoteca y si podía afrontarla.
Cuando no existe un gran stock de viviendas en venta, como ocurría hace unos años, la oferta de vivienda es inelástica, ya que el plazo de ejecución de las obras y urbanizaciones es de varios años por lo que la demanda se acumula sin ser satisfecha.
En esas condiciones de oferta rígida frente a una demanda en aumento y bajos tipos de interés, se disparan los precios, según algún experto bien documentado [1], se calcula que por cada 1% de descenso de los tipos de interés, la vivienda incrementa su precio en un 20%, lo que permite el florecimiento de la especulación y también del llamado «efecto riqueza» que incide en el incremento del consumo, como un efecto colateral de la burbuja inmobiliaria.
Esto acarrea un movimiento de arrastre especulativo sobre toda la cadena inmobiliaria desde el suelo hasta las agencias de compra-venta, esta situación es alentada por los políticos y los medios del sistema encantados de que «España vaya bien» según afirman ellos. ( Si los precios de la vivienda suben es por que la gente tiene dinero, Francisco Álvarez Cascos dixit)
Mientras tanto toda la peor fauna de los buitres ibéricos está revoloteando sobre esta especulación, desde los grandes del «ladrillo», las instituciones financieras y esos buitres de segunda categoría llamados coloquialmente «pasapiseros» que se dedican a la especulación «al por menor», a diferencia de los grandes del «ladrillo» que especulan con miles de millones.
En estas condiciones la construcción de viviendas se disparó hasta extremos nunca vistos. Las instituciones financieras ante la magnitud de la inversión inmobiliaria que se estaba efectuando en este país, no fueron capaces de afrontar su financiación con fondos propios y buscaron liquidez externa, el ahorro europeo vino a financiar a los compradores españoles de viviendas
¿Y las administraciones que hicieron entonces?, se dejaron llevar complacidas por la situación general de sensación de riqueza y consumo, hubiera sido muy fácil poner coto al disparate tomando ejemplos de otros países como Alemania, u Holanda, pero no interesaba, opinaron que no era liberal, y que era preciso dejar actuar al mercado libremente. Eso si, siempre dentro de los límites que los políticos marcaban con las recalificaciones del suelo.
Los políticos más honestos vieron una ocasión para llenar las arcas públicas y fueron ciegos sobre la trascendencia del problema que se podía generar, los menos honestos lo que vieron fue una gran ocasión para llenarse los bolsillos en compañía de los especuladores.
De esta forma no se hizo nada al respecto y la burbuja creció y creció, ahora ya nos encontramos en un punto de no retorno, el ahorro pasado y futuro de una gran parte de la sociedad española está invertido en unos edificios, en ocasiones vacíos, mediante unos créditos que han dejado a España seca de liquidez, y muy poco atractiva para la captación de crédito foráneo.
La crisis no es solo inmobiliaria y energética, es sistémica, la crisis de las hipotecas “subprime” en EEUU es de juguete frente a los tres déficit: federal, comercial y familiar que se acumulan en ese mismo país, por ello se atisban en el horizonte mundial fuertes convulsiones precedentes de un cambio de sistema.
Entonces si que vamos a sentir en nuestro país la falta del capital financiero que está enterrado en el ladrillo español, y que vamos a necesitar para otras carencias estructurales.
El estallido de la burbuja se esta produciendo porque la elevación de los tipos de interés puso al descubierto la sobrevaloración especulativa del precio de las viviendas.
También se puede enunciar que la oferta inmobiliaria es inelástica o rígida hasta que el stock de viviendas acumulado es de tales dimensiones que la vuelve elástica, incluso plástica.
Por deformación profesional usaré un símil de ingeniería, la ley de Hooke, que nos dice que cuando las tensiones son suficientemente elevadas se sobrepasa el límite elástico del material y se llega a la zona de fluencia, si la tensión persiste se produce una deformación plástica y el material se destruye.
O sea, que revienta la burbuja inmobiliaria y se destruye la economía, que es lo que está ocurriendo.
* La Democracia.es - 12 de abril de 2008
