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ELPAÍS/Pontevedra* : La justicia anuló 21 licencias otorgadas con todas las de la ley por ocupar "suelo de protección paisajística". La orden de desalojo de las tres primeras viviendas unifamiliares de A Guarda, para proceder a su demolición, expira hoy. A partir de aquí actuará la piqueta, sin remisión. Sólo una de las viviendas está ocupada, pero, entre las 21 licencias de construcción anuladas hace tres años, otras cinco corresponden a casas habitadas, que correrán idéntica suerte.
Los afectados se reunirán hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, para pedir su mediación, aunque no creen que pueda ir más allá de un aplazamiento en la ejecución de los derribos.
Los afectados construyeron en las zonas de Loucenzas y Catanga con licencias concedidas entre 1999 y 2001. La denuncia de un particular contra los alcaldes que las concedieron llevó a un contencioso entre el Ayuntamiento y la Xunta que, después de sentencias con criterios distintos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), resolvió en enero de 2007 anulando las 21 licencias en aras de la "protección paisajística". El litigio se desarrolló al margen de los propietarios, que de súbito se encontraron con el pastel. Después, cada cual emprendió recursos personales que tampoco clarifican ni resuelven la situación en que se hallan.
"Esto es un atropello de los políticos", protesta ahora uno de los afectados, Luciano Vázquez, que compró la casa en 2005 "con todas las garantías legales". El caso del marinero Generoso Ameal, según opinión general, es el más dramático. La suya será la primera casa habitada a derribar, obviando que en ella vive con su mujer, dos hijas y la suegra. Todos los propietarios son gente humilde que afronta hipotecas para pagar las viviendas.
Apoyo municipal
Los grupos políticos municipales han proclamado la inocencia de los vecinos y les han ofrecido apoyo y solidaridad. "Todas las autoridades competentes actuaron dentro de la legalidad", asegura el actual alcalde, José Manuel Domínguez Freitas (PSOE). "En esa medida, somos responsables, pero no culpables".
Cuando el TSXG anuló las licencias ya había seis casas construidas y ocupadas. De las 21 licencias concedidas, sólo en cinco no se había pasado de la fase de proyecto. El resto paró las obras, desarrolladas ya en un 70% en la mayoría de los casos. El valor de las casas construidas se cifra entre 360.000 y 420.000 euros. El Ayuntamiento ha tasado el valor total en 7,5 millones de euros, mientras litiga contra la Xunta para dirimir a qué Administración corresponde pagar esas indemnizaciones. El alcalde piensa que a la Xunta, por omisión, ya que dio vía libre al plan general de urbanismo que ampara el desaguisado, tuvo conocimiento de las licencias otorgadas y no alertó de posibles irregularidades hasta que se presentó la denuncia. Sólo entonces ordenó la suspensión cautelar de la ordenanza que regula el urbanismo en esas zonas de "protección paisajística".
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 30/11/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org
Tanda de derribos de viviendas en A Guarda
Piélagos: El TSJC da 15 días al alcalde para que derribe los chalés de Cerrias
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacecho (PP), un "plazo improrrogable" de quince días para que haga cumplir la sentencia de derribo que pesa desde hace siete años sobre una urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres.
En un auto fechado el 26 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige además al alcalde que el derribo de esa urbanización esté completado antes de seis meses, con la advertencia de que, de lo contrario, será denunciado por un delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.
El TSJC aclara además que no procede suspender la ejecución de esta sentencia de derribo "a la espera de la evolución del Plan del Gobierno de Cantabria " sobre las urbanizaciones ilegales, ya que considera que "no contempla actuación válida alguna que permita la legalización de las referidas construcciones".
* El Diario Montañés - EFE - 30.11.09
Foto: magen de la urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres./ EFE
El fiscal pide que se inhabilite al alcalde de Redondela por presunta prevaricación
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FARODEVIGO* : La Fiscalía solicita una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el alcalde socialista de Redondela Xaime Rei por supuestas irregularidades en la contratación de unas obras que fueron ejecutadas en 2007 en varias calles de esta localidad pontevedresa obviando, sostiene el ministerio público, un informe del interventor municipal que advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho.
El fiscal considera al regidor responsable de un presunto delito de prevaricación, que también le imputa al concejal de Urbanismo, Emilio González Iglesias, para el que pide la misma pena. El juicio todavía no tiene fecha.
El delito del que acusa la Fiscalía se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con inhabilitación "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Así, los hechos a los que se refiere el ministerio público tienen su base en la aprobación en un pleno municipal de diciembre de 2007 de un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 799.531 euros correspondientes a diversas obras ejecutadas ese año sin disponer de consignación presupuestaria. Los gastos fueron autorizados con los votos favorables de PSOE y BNG –el PP se posicionó en contra– pese al informe del interventor municipal Modesto Solla Sanz que advertía de su ilegalidad. La acusación del fiscal se refiere concretamente a unas partidas incluidas en ese gasto global –la más alta de 124.320 euros– que se destinaron a la reforma de las calles Alfonso XII, Ribeira y Xeneral Rubín, donde se renovaron redes de saneamiento y abastecimiento.
La ejecución de los trabajos que se incluyen en esos gastos fueron encomendadas como adjudicataria a una empresa y la acusación pública entiende que tanto Xaime Rei como Emilio González habrían prescindido en esta contratación del procedimiento que establece la ley para ello pese a las advertencias del interventor. En un informe de este profesional del 21 de diciembre de 2007 se alertaba de que se utilizó un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos y que se acudió a una contratación verbal –y no a un procedimiento público de adjudicación–, que está prohibida por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, el mismo documento, considera la acusación, señalaba que las obras fueron realizadas sin proyecto, sin expediente de contratación y sin que concurriesen otras empresas.
La Fiscalía enumera unas cantidades que se habrían pagado a la adjudicataria de estas obras en la calle de forma irregular. Entre ellas están los 124.320 euros de gastos generales derivados de un procedimiento de licitación que el fiscal estima que no existió; así como facturas de 5.403 o 3.000 euros, entre otras. Unas cantidades que considera no deberían ser cobradas y que ahora pide que sean devueltas al concello de Redondela por los acusados.
* Faro de Vigo - M. FONTÁN - 30.11.09
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com
"Es más fácil acabar con la corrupción que lograr la independencia judicial"
HUELVAINFORMACIÓN* : Aunque asegure que el mérito de la operación Malaya se debió al concienzudo trabajo del fiscal y de la Policía, lo cierto es que Miguel Ángel Torres fue el juez que tuvo los redaños suficientes para destapar en Marbella una corrupción que había extendido sus tentáculos por todos los estamentos de la administración local. El hoy magistrado juez de lo Penal número cinco de Granada desembarcó en Almonte para inaugurar el Observatorio Social Virgen del Rocío, con una soberbia ponencia que encandiló al público y retrató las miserias de la Justicia.
-En Huelva actualmente hasta diez concejales se encuentran imputados por diversos delitos de corrupción ¿Esto pone de relieve la podredumbre de la clase política?
-Lo que creo es que en los últimos años se han producido un sinfín de cambios sociales. Un bienestar económico que ha florecido al calor de la construcción y el urbanismo desaforado, del cual un buen número de personas ha querido sacar tajada. Por otra parte, a la luz de esta nueva realidad económica muchos municipios, que hasta entonces no tenían la posibilidad de corromperse, optaron por seguir estas prácticas delictivas. No obstante, y quizás lo más preocupante, es detectar que en ocasiones la corrupción contaba con el beneplácito de la ciudadanía, la cual justifica el que los políticos roben siempre y cuando realizasen una buena gestión al frente de una institución.
-Un amplio sector de la ciudadanía considera que si mirásemos con lupa todas y cada una de las administraciones se podría sacar a flote un sinfín de delitos...
-Es cierto que las investigaciones abiertas conforman sólo una efímera parte de la corrupción en España, si bien ello no implica necesariamente que sea algo generalizado en todas las administraciones. Lo que no deja de ser cierto es que si la Justicia contara con más medios humanos y técnicos tendríamos más posibilidades de luchar contra esta lacra y florecerían más casos de corrupción. Si bien este aumento en las cifras de casos abiertos no es más que la constatación de que se está actuando contra ella.
-No me negará que existen casos clamorosos donde las retribuciones de los políticos no concuerdan con el patrimonio que ostentan ellos o sus cónyuges.
-Es cierto. Pero en España el mero hecho de tener un patrimonio económico injustificado no da lugar a ser condenado por delitos penales. En países como Colombia, Francia o Ecuador, cuando un responsable político tiene un patrimonio que no puede justificar, en virtud de su sueldo anual y su régimen de incompatibilidades, puede ser procesado penalmente. En España no, ya que para ello es necesario vincular ese patrimonio a un hecho delictivo.
-¿Me está diciendo usted que un alcalde puede tener 500 millones de euros en patrimonio que, mientras no se le pueda vincular con un delito penal, será inmune a la Justicia?
-Exacto. Ese patrimonio sólo es punible a efectos fiscales y siempre que sea con anterioridad a los últimos cuatro años, si no el delito prescribiría.
-En Huelva las construcciones en rústico se han multiplicado y es ahora cuando se ha iniciado una retahíla de multas a los afectados, sin que la orden de derribo sea una prioridad. ¿Cree que se articula o aplica la legislación únicamente con afán recaudatorio?
-En esta problemática haría una diferenciación entre dos tipos de construcciones: aquellas erigidas por personas sin licencia, es decir ilegales; y aquellas llevadas a cabo con el amparo de determinados ayuntamientos que han incitado a la proliferación de viviendas en rústico con fines recaudatorios y con el fin de que, posteriormente, ese suelo se consolidara. Por tanto, creo que en este campo no se ha combatido adecuadamente, si bien he de añadir que por el lastre de no contar con la capacidad legislativa necesaria ni con los órganos judiciales para atajar esos delitos.
-Otra de las grandes preocupaciones sociales es el enchufismo que se percibe en administraciones fundaciones y mancomunidades. ¿Existe alguna legislación en la materia que pueda poner coto a estas prácticas?
-La legislación española ofrece una gran profusión de recursos para combatir el enchufismo. Otro cantar es la convocatoria de plazas directamente para tal persona. Otro fenómeno que a mí me parece especialmente preocupante es la creación o la sustitución de cargos técnicos por cargos políticos, lo que da lugar a que muchas personas sean contratadas meramente por ser familiar de o pertenecer a algún partido. En la raíz de todo el problema subyacen las lagunas legislativas que permiten el nombramiento indiscriminado de cargos en las administraciones.
-¿Es usted partidario del aumento de las penas para luchar contra la corrupción?
-Sí. Personalmente considero que los funcionarios públicos, y aquí nos incluimos todos de algún modo, estamos entre comillas privilegiados por los delitos que podamos cometer.
-En tal caso, ¿comparte la opinión de que la tibieza con la que se castigan determinados delitos de corrupción incita a vulnerar la ley?
-A día de hoy los delitos de prevaricación y tráfico de influencia son castigados con penas que oscilan entre los seis meses y el año de prisión, mientras que el cohecho sube de dos a cuatro, siempre y cuando no se cuente con antecedentes penales. La percepción es que sale rentable correr el riesgo, porque en caso de que tengas mala suerte y te investiguen sabes que no tendrás mucha pena.
-Los juristas denuncian la carencia de medios de la que adolece la justicia. ¿Qué se necesita para mejorar su eficiencia?
-En primer lugar, remodelar a fondo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1981 y va camino de cumplir 30 años. Por otra parte necesitamos de más jueces, fiscales y órganos especializados en los distintos tipos de delito.
-Hablando de reformas, ¿cuándo dejará de doblegarse la Justicia al gobierno de turno, tal como se comprueba al analizar la composición del Tribunal Constitucional?
-Es más fácil que acabemos con la corrupción a que logremos la independencia de la Justicia. Por desgracia todos los gobiernos tratan de legislar en función de sus intereses y no parece que sea una tónica que tenga visos de cambiar.
-Dicen que una Justicia lenta no es Justicia. ¿Se puede agilizar su denso proceso burocrático sin perjuicio de los derechos que asisten a los ciudadanos?
-Sin duda. En los procesos penales una justicia que valla rápida no supone menos garantías. De hecho si se trata de una persona inocente y se acortasen los plazos en los que se ejecuta la sentencia implicaría una mayor garantía para el ciudadano. Personalmente no entiendo el porqué no se podrían acelerar o agilizar los trámites, ya que no llevaría implícito un menor rigor y, por ende, no se lesionarían los derechos de los ciudadanos.
* Huelva Información - Carlos López - 30.11.09
Cantabria: Arca acusa al Gobierno de "intentar legalizar" las "ilegalidades urbanísticas"
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EUROPAPRESS* : El presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, acusó este domingo al Gobierno de Cantabria de "intentar legalizar como sea" las "ilegalidades urbanísticas", como en el caso de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
En una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, Canales consideró que no hay "ningún plan" del Gobierno regional ante el problema de las sentencias de demolición "sino algo tremendamente descarado" como es "intentar legalizar como sea todas esas ilegalidades urbanísticas", denunció.
"Que desde la administración que tiene que defender el interés general se esté sólo a evitar la ejecución de las sentencias, que es algo primordial para el ordenamiento y el sistema democrático, es algo tremendamente negativo", opinó Canales.
En este sentido se preguntó para qué se hacen las leyes "si la gente ve que las sentencias no se cumplen y que todo se puede legalizar", por lo que calificó como "una barbaridad" que la administración "intente evitar" el cumplimento de los derribos. "Sabemos que a través del PORN de Santoña va a intentar legalizar todo lo que se pueda", pero, advirtió, "van a tener el PORN en los tribunales".
Sí se ha cumplido uno de los derribos, el de la urbanización de El Encinar, en la playa de La Arena, en Arnuero, que, en opinión de Canales, ha sido "demasiado interesado para ser aleccionador" porque las viviendas no estaban habitadas "y las ha tirado la misma empresa que las construyó porque le beneficiaba: así podía conseguir la indemnización", declaró.
No obstante, advirtió que Arca "seguirá ahí, los años que haga falta, para conseguir el derribo de todas las viviendas" y entonces sí será "aleccionadora" la medida.
En relación al hecho de que un millar de viviendas hayan sido declaradas ilegales por recursos de Arca, Canales confesó que los ecologistas no se sienten responsables de esa situación. De hecho, manifestó que les da "bastante pena" que los afectados les señalen "como un enemigo a batir" cuando "todas estas ilegalidades que dictaminan los tribunales las cometen los políticos, alcaldes y consejeros, y a ellos no se les señala".
"Nosotros no hacemos las leyes ni las sentencias; nos limitamos a intentar que la legalidad aflore por encima de todo, y que las ilegalidades que se cometen no destruyan el medio ambiente", subrayó.
URBANISMO, EN LA "PREHISTORIA"
Por otra parte, Canales denunció que el urbanismo en Cantabria ha dado "un salto para atrás" con el consejero José María Mazón, con el que "hemos vuelto a la Prehistoria". "Es bochornoso y lamentable lo que está haciendo este consejero, de ahí que le hallamos pedido su dimisión de forma reiterada", comentó, y contrapuso su actuación a la del anterior consejero de Urbanismo, Vicente Mediavilla, con quien, "por primera vez en muchos años" se dio "un paso extraordinario en ordenación del territorio".
El presidente de Arca explicó que el actual consejero de Presidencia demostró, cuando estaba al frente de Ordenación del Territorio, "sensibilidad y sobre todo, tener muy claro qué es el interés general y en función de ello legislar y actuar". Para Arca fue, dijo, "la única ocasión que nos ha parecido satisfactoria la actuación del Gobierno", porque el resto de Ejecutivos han sido "nefastos" en esta materia. "No hay más que ver cómo está la costa de Cantabria en algunas zonas y quiénes han sido los responsables", manifestó, y por ello insistió en que el balance urbanístico ha sido "muy negativo, salvo en la etapa de Mediavilla".
TEMOR, FINANCIACIÓN E INDEPENDENCIA
En otro orden, Canales señaló que a Arca, que ahora celebra su 25 aniversario, se le tiene en cuenta desde las instituciones y reconoció que las administraciones "temen en cierta manera" a la asociación por su "capacidad e independencia", especialmente por la segunda.
En este sentido, explicó que Arca se financia "únicamente por cuotas de socios", que son entre 600 y 800, y que pagan entre 40 y 85 euros. Al respecto, rechazó la "percepción" de que la asociación "pleitea contra todo", y precisó que al año entabla "dos o cuatro pleitos", pero como la justicia es "lenta", las consecuencias de éstos "van aflorando" con el tiempo.
Además, Canales rechazó que afecte a la independencia de Arca el hecho de que él sea hermano del director general de MARE, como demuestra que la asociación da "toda la caña posible" al "jefe" de su hermano, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, porque "la gestión del agua en Cantabria nos parece lamentable". Asimismo, vaticinó que su hermano y él se acabarán "viendo en los tribunales" a causa del vertedero de residuos industriales que promueve MARE y una empresa privada en Castañeda.
No obstante, Canales confesó que se ha planteado "personalmente" renunciar a su cargo, cuestión que se ha abordado en la asociación, pero, dado que se presenta al cargo "todos los años", consideró que los socios le "echarían" si "vieran la mínima connivencia entre lo que hace la Consejería y yo por causa de mi hermano".
* Europa Press - 29.11.09
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
El laberinto urbanístico en la Axarquía atrapa a diez mil propietarios
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SUR/Málaga* : Las anulaciones por vía judicial de licencias de obras concedidas por los ayuntamientos ponen en marcha los procesos de demolición. «Lo hemos vendido todo en Inglaterra y nos vinimos a la Axarquía para invertir los ahorros de toda nuestra vida en realizar la casa de nuestros sueños. Los ayuntamientos nos dieron las licencias y nadie nos dijo que no podíamos construir. Por eso nos preocupa cuando vemos que esas mismas licencias están siendo anuladas y que se están iniciando expedientes para demolerlas».
Con estas palabras el británico Phillip Smally, presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía), expresa la enorme preocupación que la situación del urbanismo está provocando en los propietarios de las más de 10.000 viviendas -22.000, según los ecologistas- fuera de ordenación que salpican los campos de la comarca oriental malagueña.
Y tienen motivos para estar preocupados, porque aunque la Dirección General de Inspección Territorial de la Junta de Andalucía no ha concluido todavía el inventario de las edificaciones que existen en el suelo no urbanizable de la Axarquía para decidir el futuro de cada una de ellas, la realidad es que continúan produciéndose sentencias de lo contencioso administrativo en respuesta a recursos planteados por el Gobierno andaluz contra la aprobación de muchas de las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos.
En la lista de pueblos con autorizaciones anuladas están Salares, Alcaucín, La Viñuela, Comares y Canillas de Aceituno, entre otros.
Estos fallos judiciales no sólo anulan las licencias, sino que además obligan a la Administración local a iniciar los procedimientos para restituir la legalidad urbanística, o lo que es lo mismo proceder a la demolición de las construcciones.
El Ayuntamiento de Comares, que tiene interpuestos 45 contenciosos por parte de la Junta solicitando la revocación del mismo número de licencias de obras, acaba de aprobar por acuerdo plenario la demolición de dos edificaciones en el campo.
Otros municipios en la misma situación tienen paralizadas más de una decena de órdenes de demolición al recurrir las sentencias.
La Viñuela, que aprobó en 2007 a la desesperada su PGOU por silencio administrativo de la Junta en un intento de regularizar la mayor parte de las viviendas que están fuera de ordenación, tiene 89 recursos contra autorizaciones para construir. La aprobación del documento urbanístico ha sido anulada por el TSJA.
«A mi vecino le han anulado la licencia y el Ayuntamiento de La Viñuela ya ha iniciado el proceso para demolerla. Desde entonces su esposa tiene problemas de corazón», relata Smally, para quien el proceso que encabeza la Junta para decidir cuál es el futuro de las casas que está inventariando es demasiado lento.
En Alcaucín, donde hay unas 1.800 viviendas irregulares, muchos titulares de construcciones empiezan a pensar que la única posibilidad de evitar una posible demolición es que la irregularidad urbanística prescriba.
* SUR - 28.11.09
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
