ELPAÍS/Madrid* : Otra vez de noche, como no puede ser de otra manera cuando un gobierno que se pliega a los que quieren enterrar la memoria actúa de forma cobarde, cometiendo un grave atropello histórico, ha comenzado la demolición de la cúpula. El derribo se podría haber iniciado desde múltiples puntos, pero en apenas dos días han intentado derribar el elemento simbólico de la cárcel más importante de la represión franquista en este país.
Pero el tiro tampoco le salió bien al gobierno en esta ocasión. A las once y diez de la noche, dos horas después del inicio del ataque a la cúpula, una viga transversal golpeó a la máquina que realizaba los trabajos. Saltaron chispas y un gran estruendo anunciaba que el enorme brazo que destrozaba a dentelladas la memoria de Carabanchel, se venía abajo. Se escucharon sirenas de ambulancia, que presagiaban que nada bueno había ocurrido en el interior de la prisión, lo que no resultaría complicado dadas las lamentables condiciones de seguridad de los trabajos que se veían agravadas por la oscuridad de la noche.
El resultado será que con la luz del día quedará a la vista del mundo entero que la cúpula de Carabanchel aguanta, que no sólo no estaba en ruinas, sino que puede soportar los ataques de la maquinaria que durante dos horas la estuvo intentando destrozar. Las vergüenzas de un gobierno que prefirió especular y hacer pisos a recordar la memoria de todos los que sufrieron la represión por el simple hecho de oponerse a la dictadura, quedarán al descubierto para aquellos que todavía le otorgaban un mínimo de credibilidad.
Por la mañana, el PP se frotará las manos al ver como día tras día el Ministerio del Interior se enfanga más en su absurda lucha contra la historia. Ellos, que siguen sin condenar el levantamiento militar y que durante ocho años se opusieron a la construcción de un hospital en Carabanchel, sacarán todo el rendimiento político a las prisas del gobierno, que tan sólo obtendrá los beneficios de las plusvalías y cargará para siempre con el peso de ser el responsable de derrumbar la memoria de la prisión.
La Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la cárcel de Carabanchel continuará la lucha. No será posible en la cúpula, pero seguiremos exigiendo que se salve una parte de la cárcel de Carabanchel para la memoria, que no se especule con el suelo y que todos los terrenos se dediquen para equipamientos sociales y un hospital público con capacidad de atender a los vecinos de Latina y Carabanchel. Existen otros elementos simbólicos importantes, como la fachada principal o el antiguo hospital psiquiátrico, que podrían perfectamente ser habilitados para ubicar el centro para la paz y la memoria que venimos reclamando.
Por ello, no sólo continuaremos con la acampada que desde las seis de la tarde del viernes se mantiene en el parque anexo al edificio, sino que durante todo el fin de semana se están programando diferentes actividades históricas y culturales para que todo el mundo conozca lo que supuso la cárcel y los planes de futuro. También se espera la visita de históricos ex presos, de personas relacionadas con el mundo de la cultura, la universidad y el sindicalismo. Las actividades culminarán el domingo con una concentración a las 12 de la mañana en la puerta principal de la antigua cárcel de Carabanchel.
(fuente: http://salvemoscarabanchel.blogspot.com/2008/10/la-lucha-contina-pesar-del-derribo-de.html)
* ELPAIS.com - La Comunidad - 25.10.2008
Foto: Trabajos de demolición de la cúpula de la cárcel de Carabanchel, ayer. - EFE / ÁNGEL DÍAZ
Salvemos Carabanchel. La lucha continúa a pesar del derribo de la cúpula de la cárcel
La regularización urbanística no anula el delito, advierte el fiscal de Medio Ambiente
ABC/Sevilla* : Las regularizaciones de miles de viviendas ilegales en Andalucía utilizando para ello el procedimiento de la modificación de los planes urbanísticos, y de forma específica sustituyendo la calificación de los suelos, no lleva aparejado la anulación del delito cometido por quienes utilizaron terrenos no aptos para las construcciones.
Ésa es la opinión expresada por el coordinador de la Red de Fiscales de Medio ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, en declaraciones a ABC.
Señala el representante del Ministerio Público que a la hora de valorar las actuaciones que se están produciendo desde el punto de vista jurídico, «nosotros y los tribunales atendemos exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento en el que se construyó. Y aunque después se regularice, los hechos son constitutivos de delito».
No obstante, añade Ángel Núñez, sucede que si «durante el periodo de tramitación del procedimiento penal se produce la regularización, y el suelo pasa a ser urbanizable y la edificación pasa a tener carácter legal, más que nosotros, los tribunales entienden que en esos casos no procede acordar la demolición. Pero el hecho sigue siendo delictivo porque lo era en el momento que se cometió», subraya.
En este sentido, considera que «la condición de delito no se pierde nunca. Para la condición de delito se atiende exclusivamente a cuál era la clasificación del suelo en el momento de la construcción. Si cuando se construyó el suelo era no urbanizable, eso es delito, sin perjuicio de que después se regularice. No se produce—insistió— una destipificación del hecho si se regulariza el suelo».
* ABC - J.C. - 25.10.2008
Foto: Chiclana (Cádiz) - uca.es
El urbanismo, de espaldas a los vecinos
LASPROVINCIAS/Alicante* : Quién declarará hoy en los juzgados? Esta es la pregunta que desde hace unos días intentan responder los vecinos de San Fulgencio cuando se levantan por la mañana. La trama urbanística que se ha desatado en el municipio se ha cobrado ya tres detenciones: la del ex primer teniente de alcalde, el independiente Manuel Barrera, la del jefe de la Policía Local, Bernardo Cortijo, y la del concejal de Seguridad, el socialista José Antonio Gamuz.
Tres arrestos en poco más de una semana y la investigación no ha hecho más que comenzar.
El ladrillo ha vuelto a ser el protagonista de un caso de corrupción que ha conseguido acabar con la tranquilidad de un municipio de 10.583 habitantes -de los que el 76% son residentes europeos- y cuya principal fuente de ingreso ha sido la agricultura. Los extranjeros han traído las grandes urbanizaciones, el turismo, la aparición de un sinfín de partidos políticos y unas ganancias desorbitadas que han hecho ricos a más de uno.
"Algo olía mal". Este es uno de los comentarios que más se escuchan entre los vecinos cuando se reúnen en el bar a repasar la actualidad del día. El fútbol e, incluso, la crisis económica han quedado relegados a un segundo y tercer lugar ante el temor que existe a que esta pequeña localidad se convierta en el 'caso Marbella' de la comarca de la Vega Baja.
Dicen que los problemas en el Ayuntamiento se "veían venir" después de que hayan sobrevivido a tres mociones de censura contra la alcaldesa electa. La pasada legislatura se produjeron dos mociones de censura y pocos meses después de las elecciones de mayo de 2007 prosperó una tercera, que arrebató la Alcaldía al PP en favor del PSPV-PSOE, AIM Y APSFYU.
Mientras unos piden que se constituya una gestora para enderezar la política en el municipio hasta que concluyan las investigaciones, otros reclaman al Ayuntamiento que abra la caja de las cuentas para comprobar dónde ha ido destinado el dinero generado por el sector de la construcción. Pero, sobre todo, lo que quieren es justicia y que el nombre de San Fulgencio deje de ser protagonista en los medios de comunicación. Ahora sólo quedan por pronunciarse los miles de extranjeros que dieron su apoyo al edil independiente implicado en la trama.
* Las Provincias - 26.10.08 - R. A.
Foto: Unos vecinos de San Fulgencio conversan a las puertas de un céntrico bar del municipio. - lasprovincias.es
Prevaricación en Baiona
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : La acusación formulada por la Fiscalía de Pontevedra contra el alcalde y otros ediles de Baiona por una presunta prevaricación suscita una interesante cuestión en la interpretación de este delito. Tal cuestión -muy relevante en la lucha contra la corrupción urbanística- era reflejada acertadamente hace unos días en los titulares de este periódico: "El regidor de Baiona se ampara en los técnicos ante el juez"; "Ediles de Baiona también se escudan en los técnicos".
Y es que, en efecto, dejando ahora al margen el contenido de la resolución administrativa, esto es, el examen de su posible calificación como injusta y arbitraria, lo que me interesa analizar hoy es el problema de la autoría en sí mismo considerado, es decir, el problema de la imputación del delito de prevaricación a los miembros de un gobierno municipal que se amparan o se escudan en la existencia de unos informes técnicos previos que avalan la decisión administrativa. En esencia, en el caso de Baiona el fiscal sostiene que, apoyándose en el informe desfavorable de los técnicos, los miembros del gobierno municipal denegaron arbitrariamente y sin justificación una licencia a una promotora para construir en una parcela que el plan general cataloga como suelo urbano consolidado y que cumplía con todos los requisitos legales.
Ciertamente, con el doble fin de paliar las insuficiencias de que adolecía el tradicional delito de prevaricación genérica y de castigar más severamente las resoluciones injustas en materia urbanística, el legislador del nuevo Código Penal de 1995 creó un delito específico de prevaricación urbanística en el artículo 320, en el que se tipifican dos conductas diferentes: por un lado, la de la autoridad o funcionario que haya resuelto o votado a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, a sabiendas de su injusticia; por otro lado, la del funcionario que, conociendo también su injusticia, haya informado favorablemente la concesión de tales licencias. Así, a diferencia del Código Penal anterior, ahora el funcionario informante puede ser autor de esta nueva figura delictiva, incluso en el supuesto de que los ediles que después dicten la resolución queden exentos de responsabilidad penal, si éstos consiguen probar que, ante la complejidad del asunto administrativo y el consiguiente desconocimiento de la situación jurídica, condicionaron su decisión a lo que se reflejase en los informes de los técnicos del ayuntamiento.
Ahora bien, el nuevo delito de prevaricación urbanística sólo castiga los supuestos de informe favorable (y consecuentemente los de resolución favorable), pero no aquellos en los que el funcionario emite un informe desfavorable, pese a saber que la licencia se ajustaba a la legalidad urbanística; por tanto, en casos como el de Baiona este delito no podría ser aplicado. Aunque esta exclusión del informe desfavorable (y de la posterior resolución denegatoria) en el nuevo delito ha sido criticada en nuestra doctrina, tiene su explicación: en la prevaricación urbanística el legislador no sólo pretende proteger la legalidad administrativa, sino además la correcta ordenación del territorio, en el sentido de que la conducta prevaricadora haga posible la aparición de un delito contra la ordenación del territorio (a saber, alguno de los tipificados en el artículo 319); y cabe entender que esto último sólo sucede cuando se concede una licencia urbanística ilegal, y no cuando se deniega.
¿Quiere ello decir que en el caso de denegación de licencia, tras un informe desfavorable, los hechos deban permanecer impunes? La respuesta es obviamente negativa, dado que siempre cabrá recurrir a la prevaricación genérica del artículo 404. Eso sí, lo que sucede es que en este caso hay mayores dificultades probatorias para aplicar el delito, en la medida en que únicamente se castiga la conducta de la autoridad o funcionario que dicta la resolución injusta, pero no la de los técnicos que se limitan a emitir un informe. Por consiguiente, en tal supuesto únicamente cabría fundamentar una responsabilidad penal cuando pudiese demostrarse que existía una connivencia entre técnicos y ediles, y que estos últimos conocían la injusticia de la resolución denegatoria que dictaban. Así, no habría obstáculo para calificar a los ediles como autores de la prevaricación y a los técnicos como partícipes.
* ELPAIS.com - Opinión - 20/10/2008
