Desde el año 2005, nuestra entidad cívica y socio-cultural CERCLE OBERT DE BENICALAP* – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro,ha presentado numerosas denuncias al Fiscal General del Estado, al Ministerio de Justicia, Congreso de los Diputados... sin que se activen los mecanismos normales y lógicos que procedan a investigar a los que especulan y se apropian de terrenos y bienes públicos.
Excepto el concejal socialista Rafael Rubio, nadie del PSOE se ha tomado en serio investigar y denunciar pública y oficialmente, la apropiación indebida de terrenos municipales por parte del propietario absoluto de la empresa privada, denominada Valencia, SAD, el Sr. Bautista Soler.
El antiguo club de fútbol valenciano, atraviesa una situación financiera gravísima, dado que no tiene liquidez para afrontar la terminación del Nuevo Mestalla.
La enorme pasividad, cuando no complacencia, de toda la sociedad y de las instituciones ante la enorme corrupción urbanística y financiera que padecemos en Valencia, permite y alimenta todo tipo de situaciones irregulares e ilegales como la que desarrollan los actuales gestores del Valencia, SAD.
El Nuevo Mestalla es un caso destacado de corrupción que no ha sido debidamente investigado por las autoridades judiciales, a pesar de las innumerables denuncias y documentos remitidos por diversas organizaciones, personas, colectivos...
A pesar del enorme silencio y de la manifiesta incapacidad para atender y canalizar las iniciativas cívicas de la que hacen gala los dos partidos políticos y el resto de instituciones, medios de comunicación…la entidad "Cercle Obert de Benicalap", promotora y pionera de las denuncias contra el ya famoso “Pelotazo del Mestalla”, vuelve a solicitar la intervención urgente del Fiscal General del Estado, del Congreso de los Diputados, del Ministro de Justicia y del Defensor del Pueblo... para que los derechos de los vecinos de Benicalap no se vulneren.
Conviene insistir en la inexistencia de la permuta de terrenos, tal y como se han comprometido formalmente el Ayuntamiento y el Valencia, SAD.
También volvemos a recordar la existencia de un Plan Director de Instalaciones Deportivas, aprobado por la actual alcaldesa de Valencia en el año 2000 que no se ha cumplido ni ejecutado nunca.
La zona donde actualmente se construye el Nuevo Mestalla, tiene enormes y preocupantes carencias de todo tipo, dada la elevada población residente.
A continuación, incorporamos algunos documentos de interés para dar apoyo a nuestra nueva petición de investigación judicial contra los abusos e irregularidades urbanísticas, administrativas y financieras cometidas por empresas privadas e instituciones valencianas contra el bienestar general de los ciudadanos de Valencia.
Para “Cercle Obert de Benicalap”, el ejercicio privado del deporte futbolístico, así como los negocios de un reducido grupo de especuladores urbanísticos y financieros, no pueden estar por encima de la ley y del derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir con dignidad.
Esperamos y deseamos que el Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia, el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados... procedan a iniciar, con la debida urgencia y rigor, las acciones y diligencias pertinentes, dado que la empresa denominada Valencia, SAD, construye un estadio privado en una zona municipal. El mencionado espacio, sito entre Doctor Nicasio Benlloch y Cortes Valencianas, fue expropiado a sus legítimos dueños con el objetivo exclusivo de crear equipamientos y servicios públicos, para uso y disfrute de los numerosos residentes de la zona de Benicalap, Campanar, Beniferri.
Los ciudadanos nos sentimos profundamente indefensos ante la falta de rigor que demuestran nuestros representantes e instituciones ante casos tan graves de corrupción urbanística.
Es urgente y necesario que las instituciones judiciales, administrativas y políticas, tomen y apliquen medidas eficaces y reales, para acabar con la enorme cantidad de abusos e irregularidades urbanísticos y ambientales, procediendo a escuchar y canalizar las iniciativas y propuestas de los ciudadanos y colectivos que intentamos hacer de nuestro entorno urbano, espacios dignos y amables para la convivencia armónica.
http://www.annanoticies.com/
* Kaos en la Red - Antonio Marín Segovia | Cercle Obert de Benicalap | 18-3-2009
Foto: El Nuevo Mestalla es uno de los casos más graves de especulación - kaosenlared.net
Denuncia al Fiscal General del Estado contra el Valencia SAD, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento
El juez envía a juicio a seis imputados del ´caso eólico´ y pide fianzas millonarias
LAPROVINCIA/Las Palmas* : Seis imputados a juicio y fianzas que suman 1,4 millones de euros es el resultado del auto de apertura de juicio oral dictado ayer por el juez instructor del caso eólico. A ello hay que añadir que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta siete años de cárcel y que los acusados tendrán que verse las caras con un Tribunal del Jurado dentro de un año aproximadamente.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, dio carpetazo ayer al caso eólico con un contundente auto que acuerda la apertura de juicio oral contra el que fue director general del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo (Partido Popular), su compañera sentimental, Mónica Quintana, el funcionario de Industria Honorato López y los empresarios Alfredo Briganty, Enrique Guzmán y José Ignacio Esquível. El juez instructor se mostró contundente en el relato de hechos y ofrece a los imputados un plazo de 24 horas para presentar fianzas millonarias: 400.000 euros para Perdomo, 300.000 para Honorato López, 200.000 para los tres empresarios y 100.000 para Mónica Quintana.
Según el auto, el juez Parramón considera acreditado que Celso Perdomo, del Partido Popular, en la época en que ocupaba el cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias y ante la convocatoria del concurso para la adjudicación de parques eólicos en Canarias, "valiéndose de su cargo facilitó información que no debía ser divulgada a perso- nas que tenían interés en el mencionado concurso", lo que supuso que "el resto de empresas, que no obtuvieron esa información, quedaran en situación de clara desventaja en el referido concurso".
Además, siempre según el contenido del auto difundido ayer, Perdomo, "con la intención de obtener un beneficio económico, mantuvo contactos con personas que representaban a diversas sociedades para favorecerlas en la adjudica- ción de parques eólicos a cambio de determinadas cantidades de dinero".
De esta forma, el ex director general del PP contactó con los empresarios Enrique Guzmán (Grupo Hidrocantábrico), Alfredo Briganty y José Ignacio Esquível (Promotora de Recurso Eólicos) para pactar con ellos unas situaciones ventajosas en el concurso eólico a cambio de comisiones ilegales.
El juez explica que Perdomo contó en todo momento con la colaboración de su novia, Mónica Quintana, también afiliada al PP. Ambos abrieron una cuenta corriente en el Fortis Bank (Luxemburgo) en la que se documentan dos ingresos de Enrique Guzmán por valor de 14.052 y 9.400 euros.
También consta acreditado que Promotora de Recursos Eólicos pagó una reforma en la casa de Perdomo y Quintana por valor de 12.700 euros. Una vez que Perdomo fue destituido como director general de Industria, siempre según el auto judicial, se sirvió de la colaboración del funcionario Honorato López para conseguir información sobre el concurso eólico y pactar condiciones en las futuras adjudicaciones de potencia. El caso eólico pasa ahora a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por un Tribunal del Jurado.
* La Provincia - 20.03.09
Foto: Gran Canaria, parque eólico - canarias7.es
Un litigio mantiene 50 pisos municipales vacíos en Vigo
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ELPAÍS* : Un litigio urbanístico mantiene en el centro de Vigo 50 viviendas de propiedad municipal vacías desde que se construyeron, hace 13 años. El alcalde, Abel Caballero, anunció el año pasado su inmediata puesta en alquiler. Pero sólo fue una optimista y ligera declaración de intenciones que choca con una realidad espesa.
La Xunta de Goberno local tuvo que nombrar hace mes y medio una comisión de expertos para desenmarañar las implicaciones de las diversas sentencias que pesan sobre esa actuación urbanística y buscarle una salida. Pero esta comisión también parece haberse atascado y aún no avanzó nada.
El conflicto se origina con el plan general de urbanismo de 1993, aprobado por unanimidad y vigente hasta el año pasado. En el centro de la ciudad, entre las calles Areal y García Barbón, había una bolsa de suelo de aspecto impresentable, con garajes, chabolos, muros y vegetación asilvestrada. En total, un polígono de 25.400 metros cuadrados que finalmente se clasificó como suelo urbano de ordenación directa y, para actuar en él, se adoptó el sistema de compensación. En un tramo del eje central de la ordenación, la calle Rosalía de Castro, se autorizó la construcción de un aparcamiento subterráneo, aún hoy el más grande de Vigo, de 700 plazas, para ser explotado por la junta de compensación, y ésta fue la primera bomba de relojería que colocó el programa.
Las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en junio de 1996. Cinco días después de esa formalidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló los acuerdos municipales que habían aprobado el estudio de detalle del ámbito y el proyecto de compensación, ya que se habían construido viviendas sobre una gasolinera, pese a estar prohibido.
La gasolinera sigue funcionando con las viviendas encima y, aunque esto podría encontrar salida en el nuevo plan general, que sitúa la estación de servicio fuera de ordenación (a extinguir), la ejecución de la sentencia contradiría otras leyes posteriores que prohíben aprobar cualquier nuevo proyecto de compensación en sustitución del anulado. Es uno de los aspectos jurídicos que tendrá que lidiar la comisión municipal de expertos, con un añadido extra de complicación: una junta de compensación actualizada tendrá que incluir a los centenares de compradores de viviendas como propietarios interesados en el asunto.
El TSXG anuló también, en enero de 1997, el proyecto de urbanización del ámbito por haber permutado el aprovechamiento municipal (10%) por "viviendas futuras" (las 50 que no han llegado a ocuparse); por la "inaceptable cesión [municipal] de la propiedad del subsuelo" para construir el aparcamiento y, finalmente, porque no podía obligarse a los miembros de la junta de compensación, como había sucedido, a costear la construcción de este aparcamiento y a explotarlo.
Otros procesos judiciales posteriores han instado la ejecución de esas sentencias, que son firmes, ratificadas por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna, salvo el cierre, por denuncia de un particular, de seis negocios en uno de los edificios del ámbito.
El aparcamiento, que sigue funcionando pese a que los tribunales han ordenado reiteradamente su cierre, parece predeterminado a pasar a titularidad municipal, con la complicación de que hay particulares que compraron y son propietarios de algunas plazas. También se ha instado el desalojo de las más de 500 familias que habitan las viviendas del ámbito hasta que se resuelvan los desafueros, ya que todas ellas, aunque hayan sido compradas con todas las de la ley, carecen de licencia de primera ocupación.
Las 50 viviendas vacías -de 80 a 100 metros de superficie- se encuentran en los edificios números 12-14 de República Argentina, de interior un tanto fantasmal. El Ayuntamiento paga por ellas 6.000 euros anuales en cuotas de comunidad, pero el deterioro, por falta de ocupación, va ganando progresivamente mayores espacios. No se pueden alquilar ni hacer nada con ellas hasta que no esté definitivamente sentada su titularidad, en la que Renfe también mantiene abierto otro litigio colateral: reclama al Ayuntamiento 10 de esas viviendas o 2,5 millones de euros por la edificabilidad que le correspondía en los solares que se urbanizaron.
La comisión de expertos nombrada por la Xunta de Goberno está formada por dos jurídicos, un técnico que combina los conocimientos urbanísticos con los económicos, el secretario de la Xerencia Municipal de Urbanismo y otro técnico de Planeamiento. Todos, funcionarios municipales que deberían conocer ya el asunto. Se les ha encomendado la elaboración de una memoria o propuesta final de resolución de todas las cuestiones, lo que no es precisamente sencillo. En el expediente -aun liberado de otros avatares judiciales históricos, como una ruidosa imputación de prevaricación a toda la corporación que aprobó el plan- concurren cuestiones de orden privado, patrimonial y urbanístico que lo convierten en un galimatías. Y a la comisión que debe resolverlo no se le impuso ningún plazo.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 20/03/2009
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El juez imputa al subdirector de Urbanismo de la DGA en Zaragoza
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ELPERIÓDICO* : Agentes de la Policía Judicial entregaron ayer por la mañana una citación al subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón en Zaragoza, Carlos Martín Rafecas, para que comparezca hoy en la Jefatura Superior como imputado en la Operación molino. La citación le fue entregada con carácter particular, no como funcionario de la administración autonómica.
Algunas fuentes apuntaron a que podría tener relación con las propiedades de familiares suyos en La Muela o sus alrededores.
Martín Rafecas es uno de los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano que tramita las propuestas de recalificaciones y los desarrollos urbanísticos de los municipios de la provincia de Zaragoza. Su cometido en ella consiste en efectuar informes técnicos.
Rafecas, que ocupó varios cargos en la DGA en los años 90 con los gobiernos PP-PAR, ocupa un puesto de carácter administrativo equiparable al de un jefe de servicio.
LA SILLA DE PINILLA En la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza también se sienta, desde hace varias legislaturas, María Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela y detenida el miércoles por orden del juez de La Almunia, que le imputa nueve delitos presuntamente vinculados con una trama de corrupción urbanística por la que han sido detenidos dos familiares de la edil, un concejal, empleados del consistorio y empresarios de la construcción.
Pinilla, que gobierna el consistorio desde 1987 y milita en el PAR, está en ese organismo como parte de la cuota que le corresponde a los aragonesistas. La edila integra la comisión como representante de los municipios de menos de 5.000 habitantes, cifra de vecinos que el municipio de La Muela superó hace unas semanas.
Fuentes del Gobierno de Aragón hicieron ayer hincapié en que la comisión es un órgano de carácter técnico en el que las decisiones se adoptan por mayoría de sus miembros.
La alcaldesa de La Muela no asistía a muchas de las sesiones del organismo, explicaron otros de sus integrantes, que añadieron que sí solía estar presente cuando el orden del día incluía asuntos relativos a su municipio. No era infrecuente, apuntaron, que intentara reforzar la defensa de posturas opuestas a las de la DGA alegando que ella estaba allí para representar a los municipios de pequeño tamaño.
Por otro lado, en la administración comienza a extenderse la sospecha de que la operación iniciada en La Muela pueda destapar líneas de trabajo que dirijan las investigaciones hacia otros municipios del área metropolitana, la mayor parte de los cuales han experimentado grandes desarrollos urbanísticos en los últimos años.
Uno de los detenidos como presunto integrante de la trama corrupta, el arquitecto Francisco Núñez Castillo, lleva trabajando para el Ayuntamiento de La Muela desde principios de los años 90. Y también lo ha hecho en los últimos años para otros municipios zaragozanos como La Puebla de Alfindén, donde hace tres años diseñó el nuevo consistorio y el pasado la reforma del campo de fútbol, y Ricla, para quien elaboró en el 2006 el proyecto básico del Museo Paleontológico. Los aragonesistas llevan varias legislaturas gobernando en La Puebla y lo hicieron hasta mayo del 2007 en Ricla, localidad en la que fueron desplazados por CHA tras el episodio del empadronamiento masivo de inmigrantes.
* El Periódico de Aragón - 20/03/2009 E. B. D.
Foto: Parque eólico en La Muela (Zaragoza)- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
El TSJA ordena un nuevo frenazo al plan del parque de Cabo de Gata
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ELPAÍS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado otro revés a la Junta al tumbar de forma cautelar una nueva parte del nuevo plan de ordenación del parque natural Cabo de Gata-Níjar. Este plan fue aprobado en febrero de 2008 y el TSJA entiende que puede suponer la "legalización de obras ilegales", según el plan de 1994.
El tribunal también aprecia que la nueva norma amplía el suelo urbano que el plan de 1994 no contemplaba en los núcleos de San José, La isleta del moro y Agua Amarga. El auto judicial alerta de que se amplían los cultivos bajo plástico y la extracción de áridos.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, dictada el pasado día 10, basa su decisión en las pruebas aportadas en un recurso presentado el pasado enero por las organizaciones ecologistas Grupo Cóndor, Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas.
El citado auto considera que no paralizar estos puntos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) ahora -hasta que dictamine si vulnera la ley- "podría causar perjuicios irreparables".El Cabo de Gata es un quebradero de cabeza para la Junta. Durante años defendió el hotel del Algarrobico era legal. Sin embargo, en 2008, un juez de Almería lo declaró ilegal y acusó a la comunidad de manipular "de forma burda" los planos oficiales del parque para legalizar el hotel.
La sentencia llegó después de que, el año pasado, la Junta presentase el plan de ordenación de los recursos naturales con el que, señaló, quería salvar el paraje del ladrillo. La entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó que el cambio de clasificación del suelo del Algarrobico demostraba su "clara voluntad" por regenerar la zona. Coves destacó que los terrenos del hotel pasaban de urbanizables a "terrenos construidos que hay que recuperar".
En noviembre de 2008, el Tribunal Superior andaluz ya suspendió de manera cautelar la aplicación del nuevo plan para el sector sobre el que se alza el polémico hotel del Algarrobico, al considerar que el cambio de uso podría conllevar la reactivación del complejo, lo que podría suponer "gravísimos e irreparables" perjuicios para el medio ambiente. Ése fue el segundo varapalo.
El tercero es el auto que la asociación Salvemos Mojácar hizo público ayer. La sección primera de lo contenciosos dictó el pasado 10 de marzo una resolución de dos folios en la que paraliza el cambio de planeamiento en Níjar y Carboneras en las zonas que pasan a estar clasificadas como "de mayor intervención urbana", ya que ese cambio de suelo puede suponer "la legalización de obras ilegales".
El nuevo auto del TSJA se basa en las pruebas aportadas por las organizaciones ecologistas Cóndor, Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas el pasado enero. Los conservacionistas adjuntaron un informe redactado por un equipo de topógrafos que comparaba el plan de 1994 con el actual así como planos de cómo está la zona en la actualidad.
Los ecologistas argumentaban en su recurso que el plan de ordenación legalizaba cerca de 1.000 viviendas existentes, recalificaba suelo para otras tantas y legalizaba más de 500 hectáreas de cultivos de invernadero. En el auto, el tribunal señala que el plan reconoce como suelos urbanos núcleos de San José, La Isleta del Moro y Agua Amarga que en 1994 no tenían tal consideración y en los que se han construido "viviendas y urbanizaciones ilegales". También constata que "se amplían los cultivos bajo plástico así como la cantera de extracción de áridos Argamasón".
El TSJA accede a la suspensión cautelar del plan en estas zonas al considerar que se abre la vía a autorizar edificaciones en suelos que, en principio, "no deberían albergarlas".
En el informe presentado, los conservacionistas ofrecen detalles por núcleos: Rodalquilar pretendía legalizar viviendas junto a la carretera; San José quería duplicar el casco urbano al hacer legales "cientos" de viviendas, circunstancia que también ocurría con La Isleta del Moro.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ / R. MÉNDEZ - Almería / Madrid - 20/03/2009
Foto: Cabo de Gata (Almería), parque - ideal.es
